El otro índice (publicado el 20/2/14 en Veintitrés)

Llegó la nueva medición del índice de precios al consumidor del INDEC con una diferencia muy importante respecto a la de años anteriores. Para ser más precisos, el índice debutó con un 3,7% de aumento y de ese modo el gobierno decidió ponerle fin a una situación que horadaba su credibilidad mes a mes. Porque sea por una intervención con “dibujo” de los números, sea porque la metodología no era la adecuada para reflejar un índice representativo, lo cierto es que la falta de credibilidad del INDEC había dado rienda suelta a los deseos cuantificados de todos los opositores que instalaban números que tampoco daban cuenta de lo que sucedía con los precios. Y aun cuando los índices privados o los índices mensuales que expresaban una decena de diputados opositores tuvieran buena fe (soy escéptico al respecto), resulta imposible comparar la capacidad logística de un organismo como el INDEC con la de cualquier consultora. En este sentido, aunque resulte increíble, medidoras privadas tomaban como indicadores los precios de un par de supermercados de la zona céntrica de la Capital y con esos datos decían representar el número de la inflación nacional.

Pero desde ahora, el nuevo IPC adopta una perspectiva federal y se extiende más allá del radio de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Esto significa que el relevamiento incluye alrededor de 13.000 comercios de todo el país y toma nota de unos 200.000 precios. Para ello utiliza 290 agentes que cubren el modo en que fluctúan los precios de los bienes y servicios de consumo de alrededor de 36.000.000 de argentinos, esto es, casi la totalidad de población urbana de nuestro país.   

Ahora bien, ¿la decisión de avanzar en una nueva metodología es una decisión estrictamente económica? Desde mi punto de vista, no. Porque todos los actores económicos se manejaban con un índice reflejado en otras variables que arrojaba el último año una inflación de entre un 20% y un 25%. Lo hacían los sindicalistas y lo hacían los empresarios fijando los precios y lo reconocía implícitamente el gobierno al avalar los números de las paritarias. Claro que un número oficial más representativo ayuda a discutir con más precisión y, sobre todo, es una señal para seducir inversiones extranjeras y tener más herramientas en las arduas negociaciones que este gobierno lleva adelante para acabar con las consecuencias heredadas del default. Todo esto es relevante. Pero más importante es su aspecto político en el sentido de la necesidad de recobrar la confianza de una buena parte de la sociedad. Y hablo de “confianza popular” y no de “confianza de los mercados”, distinción que algunos omiten. Porque la confianza de los mercados es un eufemismo para no hablar de rentabilidad. La rentabilidad es lo único que da confianza. No es el clima de negocios ni la seguridad jurídica: es la rentabilidad. Pero la confianza popular tiene una lógica que no es estrictamente la del bolsillo sino que incluye otros valores, otros deseos y otras angustias. Porque aún cuando se votasen programas y no personas, existe un sinfín de circunstancias no previstas sobre las que la ciudadanía no tiene opinión formada y simplemente deposita su confianza en el representante suponiendo que tomará la decisión correcta. Pero cada vez que un gobierno miente su credibilidad se va horadando puesto que actúa como una pendiente resbaladiza, algo que la oposición sabe muy bien. Por ello, de las “mentiras del INDEC” pasaban en un salto “sinecdótico” a hablar de un gobierno mentiroso y a poner en tela de juicio todos los números del gobierno y toda palabra oficial. Y eso es injusto más allá de que una nueva medición del IPC afectaría, claro está, otros números como el de la medición de la pobreza y la indigencia.

La importancia de este nuevo índice es, entonces, menos económica que política dado que  supone haber comprendido que la credibilidad es central en la relación entre el gobernante y el pueblo. Lo sabían los sofistas, esos injustamente vilipendiados pensadores que reivindicaban la democracia, en la antigua Grecia. Y lo sabía el propio Perón cuando parafraseaba a Alberdi y decía “gobernar es persuadir”. Dicho esto, no tenía sentido que el gobierno se expusiese mes a mes a que los que verdaderamente mienten sistemáticamente en la Argentina, lo acusen de falsear la realidad con datos que eran fácilmente verificables en los supermercados. Y no alcanzaba con que se repita una y otra vez el dato real pero contraintuitivo y esquivo a la memoria de que el poder adquisitivo es infinitamente mayor que el de hace años y que las paritarias han estado siempre por encima de la inflación o, como mínimo, (y solo en los últimos dos años quizás) a la misma altura. Porque a muchos sectores populares y medios lo que les aflora no son las mejoras que han recibido sino esa suerte de chip de pánico e indignación que se activa cuando los alimentos aumentan. Cuando esa lucecita se prende no hay pedido de racionalidad que pueda ser bien recibido.    

Después podremos discutir las razones de la inflación, cuánto se debe a factores externos, cuánto a presiones internas y cuánto a errores no forzados del gobierno. Allí habrá que tomar en cuenta, por ejemplo, el cambio en la política de la Reserva Federal estadounidense que, con moderación de la emisión y paulatina suba en las tasas de interés, afecta claramente a mercados emergentes de los cuales la Argentina es muy dependiente. De hecho, aunque sólo se diga por debajo, Brasil estaría entrando en recesión técnica y China crece menos de lo que se esperaba. Y si de inflación hablamos, y queremos compararnos, el siempre reverenciado modelo uruguayo tuvo un alza en su índice de precios de 2,44% en el mes de enero, un cuarto del total de lo que había crecido en todo 2013. Ninguna de estas novedades explica por sí mismas los problemas de la Argentina pero no pueden ser pasadas por alto con liviandad. Respecto de lo que sucede adentro ya lo sabemos: los poderes económicos que también se han beneficiado con este gobierno no cesan en sus presiones y la administración kirchnerista tiene menos espaldas para hacer frente a las corridas dado un déficit importante originado especialmente en la importación de energía (algo provocado principalmente por el vaciamiento de YPF que produjo REPSOL pero que está en proceso de plena recuperación desde que el 51% de la empresa volvió a manos estatales) y por el pago de la deuda externa que ha disminuido enormemente pero implica erogaciones y liquidez en dólares que en Argentina no abundan.       

Se ha dado, entonces, un paso adelante no sólo económico sino político. Sin duda, es un punto a favor del nuevo equipo económico de Kicillof, Fábrega, Costa y en el que se puede incluir a Capitanich también. Porque sostener una intervención o una metodología obsoleta incapaz de reflejar un índice adecuado podía tener una finalidad originaria vinculada a la necesidad de alcanzar una menor erogación de intereses de aquellos bonos que se ajustaban por el CER. Pero esa ganancia material no es nada comparable con la pérdida simbólica a la que se sometía el gobierno mes tras mes para disfrute de todo un arco de voces para los cuales la credibilidad es un tesoro que han perdido hace mucho tiempo y que todavía no pueden comprar en el mercado.