Desnaturalizar el matrimonio (publicado originalmente el 22/11/09 en Miradas al Sur)

La Argentina se encuentra ante la posibilidad histórica de posicionarse como el primer país en Sudamérica en promulgar una ley nacional a favor del matrimonio entre homosexuales. En este contexto, como era de suponer, la respuesta de los sectores que se oponen no se hizo esperar aunque difícilmente sus razones puedan presumir ser originales. Generalmente, estos grupos, que para evitar ser tildados de retrógrados afirman respetar (aunque no compartir) la orientación sexual de un amigo gay, esgrimen diversos argumentos entre los cuales podemos enumerar razones procreativas, semánticas, tradicionalistas y naturalistas, las cuales, en todos los casos, se solapan con dogmas religiosos. En cuanto al primer conjunto de razones, se dice que el matrimonio tiene como función la procreación algo que obligaría a prohibir la unión de hombres y mujeres que por razones de edad o disfunciones sean incapaces de concebir, y a anular aquellos matrimonios que hayan fracasado en su intención de seguir trayendo niños al mundo.
Por otra parte, el argumento semántico, se ciñe sobre la letra de la ley argentina y la Biblia misma, para afirmar que el matrimonio es estrictamente la unión de un hombre y una mujer, lo cual es complementado con razones tradicionalistas a partir de las cuales nuestra historia como país y la de Occidente, como mínimo, se erigen a partir del núcleo familiar padre-madre-hijos, algo que, a su vez y como si esto fuera poco, tendría carácter natural.
En conjunto, lo que estos argumentos dejan de soslayo es el carácter histórico de la institución matrimonial. No hace falta leer la Historia de la sexualidad de Foucault para poder darse cuenta que el matrimonio en la antigua Grecia no tenía las mismas características que en el Imperio Romano. Ni siquiera hace falta remontarse tanto tiempo atrás para recorrer las transformaciones pues recordemos el cambio que significó, por caso, que en la Argentina a fines del siglo XIX el Estado haya podido instaurar el matrimonio civil resaltando el aspecto legal del mismo. Asimismo, también podemos ver cómo la evolución de la institución matrimonial en Occidente permitió que la mujer, en un principio una suerte de mercancía que pasaba de manos de un hombre (el padre) a otro (el marido), se transforme paulatinamente en una contrayente en pie de igualdad en lo que respecta a derechos y obligaciones.
Pero no sólo la institución matrimonial tiene una historia, la sexualidad misma también la tiene. Así, caería en un torpe anacronismo quien considere que los griegos eran una suerte de degenerados homos y bisexuales que permitían legalmente la pederastia. Aunque resulte difícil para cualquiera de nosotros comprender ese contexto, debemos esforzarnos en entender que la homosexualidad como la entendemos hoy no existía en Grecia, es decir, las variables para definir las relaciones no tenían que ver con el género de mi objeto de deseo sino con la belleza en general. En otras palabras, los griegos se sentían atraídos por lo bello y resultaba indiferente si esta belleza se manifestaba en un cuerpo de hombre o de mujer, con 12 años recién cumplidos o 25. Más allá de que el carácter pasivo y el afeminamiento no eran bien vistos, antes que tomar en cuenta si el objeto deseado era del mismo sexo, lo repudiable tenía que ver con no poder dominar la pasión por el objeto deseado, estar a merced de un eros descontrolado.
En cuanto al amor por los muchachos, también sabemos que el vínculo entre el pedagogo y el joven iba mucho más allá de lo sexual. De hecho, la relación entre el discípulo venerado en demasía hasta el crecimiento de su primera barba, tenía carácter educativo, se apoyaba en instituciones militares y era parte de ritos y fiestas religiosas.
En síntesis, una vez que se desnuda el carácter histórico de la sexualidad y de instituciones como el matrimonio, los argumentos naturalistas quedan desenmascarados y expuestos a la posibilidad de modificaciones acordes a la cosmovisión de la sociedad y su época. No caerán sobre nosotros plagas, ni moriremos todos por un odio divino que nos arrojará un virus conformado por la gripe A del mosquito del dengue encarnado en un menor delincuente que mata por la sequía. Tampoco se desintegrará el ser nacional argentino ni nuestros placares serán testigos de una ola masiva de muchachos que deciden abandonarlos simplemente porque un fallo obliga a que hablemos de “contrayentes” en vez de “hombre” y “mujer”. De hecho, una ley que refuerce la protección hacia un grupo históricamente discriminado antes que ir en contra de nuestra identidad, parece ser un paso más hacia el afianzamiento de los valores característicos de Occidente: libertad, igualdad y fraternidad.

El ingreso por niñez: entre la focalización y la universalidad (publicado originalmente el 9/11/09 en www.lapoliticaonline.com)

Con el nuevo plan de ingreso por niñez, el gobierno no sólo ha logrado dar un salto cuantitativo en lo que respecta a combatir la pobreza y la indigencia sino que ha obtenido un triunfo en el plano discursivo instalando que es universal aquello que no lo es. En otras palabras, el ingreso a la niñez propuesto por el Gobierno, sumado al resto de los planes que directa o indirectamente benefician a los niños, incluye a millones de menores pero no a todos. Esta diferenciación entre un plan que beneficie a todos sin ningún tipo de exclusión y uno que beneficie sólo a aquellos que lo necesitan, generalmente es representado como la discusión en torno a una política pública universal o focalizada.
En este caso puntual, el modelo universal de ingreso a la niñez, abarcaría a todos los menores de 18 años independientemente de su contexto económico y social. El focalizado, en cambio, apuntaría a que el beneficio llegue “sólo” a los hogares pobres. Si bien uno y otro modelo son apoyados por actores de ideología disímil, de buena parte de los debates suele seguirse que el ingreso universal se caracterizaría por ser una política progresista, frente a la focalización clientelística que estimularía el Gobierno. Considero que esta es una simplificación propia de cierta visión demasiado lineal de las cosas.
Conceptual e históricamente, la visión universalista es el correlato de las ideas emergidas en el siglo de las luces y que han tenido su complemento político necesario a lo largo del siglo XX con la inclusión plena de las mujeres a la ciudadanía. Que jurídicamente todos seamos iguales, a pesar de nuestras diferencias físicas, es una conquista contra todo tipo de discriminación. Sin embargo, diferentes comunidades en el contexto de las problemáticas específicas de cada sociedad han denunciado que la igualdad de oportunidades es solo presunta. De esta manera, grupos étnicos y religiosos, minorías sexuales, mujeres y desclasados en general, han levantado la voz exigiendo algún tipo de política específica focalizada en el grupo en cuestión para que aquella igualdad ideal se transforme en un hecho. Esta política focalizada, conocida como discriminación positiva o affirmative action, es la que introdujo el cupo femenino en la legislatura de una decena de países; el otorgamiento de la propiedad colectiva de la tierra a comunidades indígenas de buena parte de Sudamérica; el cupo especial para estudiantes negros en las universidades de Brasil y Estados Unidos entre otros y diferentes derechos especiales para determinadas comunidades en el ámbito educativo a lo largo de todo el planeta. Sin dudas, todas estas medidas focalizadas son profundamente progresistas y quedó de manifiesto el beneficio producido frente a una universalidad que en su recelo hacia la diferencia a veces resulta incapaz de dar cuenta de la diversidad. En el caso específico del ingreso por niñez en Argentina hay un sinnúmero de razones a favor y en contra de cada modelo además de elementos técnicos muy puntuales que no pueden pasarse por alto. Por ejemplo: la política focalizada del Gobierno, a través de los diferentes planes sociales, ya cubría, antes del anuncio, de alguna manera, a casi el 80% de los menores de 18 años, con lo cual se trataba de una “focalización casi universal”. Con la novedad de la propuesta del ejecutivo alcanzaríamos un número todavía superior con lo cual llegaríamos a una suerte de universalización como suma de focalizaciones, lo cual, por cierto, como se verá a continuación, aunque no parece la mejor opción en tanto no comprende que el salto del “foco” al “universo” es cuali antes que cuantitativo, supone una mejora relevante al menos en el corto plazo además de operar como un buen incentivo para inyectar pesos en el mercado interno.

Como varios estudios lo demuestran, que todos los niños puedan recibir una suma fija por mes supone una erogación inmensa por parte del Estado. Esta dificultad puntual se complementa con otras propias del modelo y que, en este caso, supone que apoyados en la universalidad, el dueño de un country reciba por su hijo lo mismo que recibe el padre indigente por cada una de sus 6 criaturas. Sin embargo, la universalización tiene a favor un ahorro importante en burocracia y la posibilidad de eliminación de las mediaciones, a veces clientelares, que suelen necesitar los planes focalizados. Por su parte, el modelo focalizado, aun cargando sobre sus espaldas el costoso gasto en cuadros técnicos de todo tipo, puede resultar más justo en tanto permite un seguimiento de las diversas problemáticas de cada uno de los casos. Asimismo, si bien pueden propiciar relaciones clientelares, también puede no hacerlo cuando está a cargo personas honestas que conocen el barrio y a las familias que necesitan ayuda, algo que al Estado le resulta casi imposible. Son estas mismas redes las que también pueden permitir que niños que ni siquiera tienen documentación y que resultan “invisibles” para las políticas universales del Estado, realicen los pasos necesarios para alcanzar los beneficios.
En síntesis, la propuesta del gobierno es una medida importantísima en pos de crear derechos allí donde parecía no haberlos. Que este tipo de ayuda se naturalice sería el mejor legado que el plan puede dejar y más allá de que la medida tenga también la lectura política de haberle quitado a la oposición una propuesta “políticamente correcta” incluso sostenida por sectores de derecha que “corrían al Gobierno por izquierda”, el ejecutivo debiera tomar conciencia que resulta falso adscribir al modelo de la universalidad un carácter progresista en sí puesto que ambos modelos tienen elementos a favor y en contra. Descansar abstractamente en las bondades de un modelo u otro, sería un error producido por el soslayo de las particularidades de sus entornos de aplicación.

Pensando la reforma política (publicado originalmente el 30/10/09 en www.lapoliticaonline.com)

Tras la sanción de la Ley de Medios, el gobierno ha enviado el proyecto de Reforma Política al Congreso. Si pudiera resumirse, la iniciativa propone un sistema de internas abiertas simultáneas y obligatorias tanto para partidos como para los ciudadanos, un nuevo modo de financiamiento de la propaganda y un umbral más exigente de afiliados para que los partidos no caduquen y estén en condiciones de presentarse a una elección.
Expuesta así, la reforma tiene varias consecuencias si bien en general hay buenas razones para indicar que se trata de una reforma que favorecería a los partidos grandes. Tal afirmación se sustenta en el mínimo de afiliados permanentes exigidos (5 por 1000) y en la “alta” cantidad de votos que debiera sacar un candidato en las “primarias” para poder presentarse en los comicios generales (más del 3% del distrito en disputa). Esto es lo que hace que los ansiosos de títulos rimbombantes afirmen que se trata de una nueva negociación entre PJ y UCR para lo que sería una reedición del pacto de Olivos. Está claro que, entre otras concesiones, Menem le otorgó a Alfonsín la introducción de la figura del senador por minoría como forma de eternizar el bipartidismo y garantizar alternancia y un mínimo de representatividad para ambos partidos. Sin embargo, debemos matizar la idea de que la reforma que propone el gobierno de CFK sea enteramente a medida de los partidos tradicionales. Esto tiene que ver con que, al someterse a una votación abierta y obligatoria disminuye la capacidad de los aparatos de los grandes partidos para determinar “a dedo” sus candidatos. Además, permitiría que la ciudadanía no se vea expuesta a dirimir en los comicios generales la interna de los grandes partidos desmembrados como viene sucediendo con el PJ últimamente. Por otra parte, una distribución por parte del Estado del dinero a utilizarse en las campañas (50% igual para todos y el otro resto distribuido proporcionalmente en función de los votos obtenidos en la última elección) favorece a los partidos chicos en dos sentidos. Por un lado, ningún partido pequeño había contado antes con un presupuesto que sea, digamos, como máximo la mitad del de uno grande. En otras palabras, cada dos afiches de Kirchner, tendríamos como mínimo uno de Altamira. En segundo lugar, que sea el Estado el que maneje esos recursos pondría coto a la vehemencia dilapidadora de los candidatos magnates. De esta manera, en un enfrentamiento de la Selección Argentina, deberían mostrarnos la cara de Luis Zamora o los pectorales de Cherasny casi tanto como el tatuaje de De Narváez.
Además, cabe hacerse una pregunta más general y es: si fuese verdad que favoreciera a los partidos grandes, ¿es esto pernicioso para nuestra democracia? La crisis de la UCR y del PJ, la cantidad de dirigentes corruptos e ineptos que llevaron a una crisis de representatividad del sistema mismo, bien podrían ser indicios de una respuesta afirmativa. Sin embargo también es verdad que el único mérito de la nueva política, (salvo contadas excepciones) fue peinar menos canas, es decir, un mérito estrictamente cronológico (o un milagro capilar) y que la multiplicidad de partidos emergentes tras la crisis de 2001 no generó ni propuestas ni cambios demasiado sustanciales. Más aún, en un informe de la cámara Nacional electoral de agosto de 2008, se indica que existen 703 agrupaciones a lo largo de todo el país, de las cuales sólo 219 cumplen con el requisito mínimo de afiliados. A esto agreguemos que en la Ciudad de Buenos Aires hay 15 agrupaciones que ni siquiera suman 10 afiliados (SIC) y que, sin embargo, reciben dinero por parte del Estado.
Para decirlo de otra manera, no resulta esencialmente mala la idea de una reforma en el sistema electoral que ayude a detener la atomización y promueva partidos institucionalmente más fuertes, especialmente, si, como parecemos suponer, consideramos que una democracia de partidos es el sistema menos peor en el que preferiríamos vivir. Lo otro es coyuntura, periodismo de espectáculos aplicado a la política puesto que si bien los sistemas electorales son muchas veces determinantes, como en el caso de la Ley de Lemas en Santa Fe, hasta ahora no han podido por sí solos ganar una elección. Si esto llevará a que Cobos deba resolver la interna en la UCR y si Kirchner tendrá la capacidad de poder doblegar la oposición al seno mismo del PJ para domeñar la tropa díscola debajo del tradicional verticalismo peronista es un asunto bastante menor ya que especialmente resulta claro que la reforma propuesta deberá lidiar con las otras variables que juegan en política, como mínimo a la par, de la determinación de un sistema electoral, esto es: clivajes, sistema de partidos preexistente, etc.
Probablemente no sea esta la reforma profunda que nos merecemos pero resulta sin duda menos trivial que las propuestas de los candidatos de los Medios que, siguiendo los juegos de palabras de la Escuela del Rabino Bergman y Raúl Portal, parecen ser más bien “Medio-candidatos”. En otras palabras, ¿la democracia argentina puede tener un punto de inflexión una vez instaurado el voto electrónico y la boleta única? ¿O se trata simplemente de los dos grandes problemas que tienen los candidatos que saben que Bonelli y Silvestre son útiles para prestar micrófono pero no para llevar las boletas y fiscalizar el Segundo Cordón de Buenos Aires? Por otra parte, ¿resulta admisible el argumento por el cual se indica que esto no es prioridad y que en tanto tal, debiera tratarse después del 10 de diciembre? Es decir, ¿resulta menos importante el contenido de la ley que el hecho de quién levante la mano para votarla?
Así, mientras el oposicionismo se debate en una frivolidad autointeresada, CFK parece decidida a emular la hiperkinética y compulsiva necesidad de imponer la agenda, algo que caracterizó buena parte del gobierno de su marido. En esta coyuntura y para esta oposición, un gobierno decidido a tomar la iniciativa, mal o bien, acertando o no, incluso equivocándose mucho, resulta, de por sí, demasiado.

La pan-succión y el Cleto Verón

La exhortación maradoniana a una suerte de pan-succión, o succión generalizada, dirigida a buena parte del periodismo deportivo recibió, como era de esperar, un fuerte rechazo corporativo. Sin embargo a diferencia de otras situaciones, no dejó de ser llamativa la forma desencajada en la que se recibió las igualmente desencajadas declaraciones del Director Técnico ex Dios.
La particularidad de tal recepción puede obedecer a múltiples factores: en primer lugar, la alusión específicamente genital resulta particularmente enervante para espíritus conservadores que en varios casos canalizan buena parte de sus perversiones con prácticas muy poco amables para las virtudes cívicas del buen ciudadano; en segundo lugar, resultó obvio que Maradona está pagando caro menos su impericia como Director Técnico que su apoyo a la Ley de Medios y al “Fútbol para todos”. Por último, quizás sea un momento de extrema sensibilidad para buena parte de la corporación monopólica periodística tras la aplastante votación en el Senado.
Ahora bien, más allá de la nueva Ley, lo que el debate sobre los medios puso sobre la mesa fue la explicitación de elementos que la teoría de la comunicación ya había encarado y demostrado hace tiempo. El más insólito, es la revitalización de la discusión en torno a si los medios muestran o no la realidad. En este sentido, paradójicamente, las voces que poco inocentemente defienden una visión ingenua de correspondencia total entre Medios y Realidad y sueltos de cuerpo indican que la gente no es tonta y no se deja llevar por lo que dice la TV, fueron las mismas que indicaban que la nueva Ley ponía a los Medios en poder de un Gobierno que los iba a utilizar para engañar a la ciudadanía e inculcarles la visión setentista y revanchista de la crispación cristinista. De este modo, sólo el interés del Gobierno de turno promueve con éxito el engaño a la ciudadanía, no así el interés del privado.
Por otra parte, y sin aventurarme a asegurar que estamos frente a un punto de inflexión, bien podría decirse que, al menos en parte, la credibilidad del periodismo está puesta en tela de juicio como nunca antes. Los programas de archivo, las operaciones de prensa burdas, los videograph insólitos, el despreciable nivel de noteros y máximos responsables de informar, el “PagniGate” y la continua confusión entre libertad de expresión e impunidad de la pluma y el micrófono, hace que difícilmente hoy se pueda comprender una noticia sin leer entrelíneas la conjugación de una red inmensa de intereses contrapuestos.
De aquí que éstos no sean tiempos para la inocencia pues en los momentos donde se tocan intereses, mal o bien, la pretendida objetividad no es ni siquiera un fantasma que merodea nuestro costado culpógeno. Hay una explicitación obscena de los intereses: ya sabemos que Clarín y La Nación no van a mencionar nada del escándalo del espía vinculado a Montenegro, Macri y el Fino Palacios; también sabemos que esa será la tapa de Página 12 aun cuando por primera vez en la historia un plato volador aterrice en la Cancha de Boca y nos dirija un mensaje sorpresa a través de una nueva señal de Cable cooperativa.
También sabemos que en la cobertura de cualquier noticia se construirán personajes estereotipados que representen la maniquea distinción entre “el presidente que quiere la gente” y Kirchner. En este sentido, en cualquier tipo de controversia se privilegiará la versión “moderada”: Así, el Alfonsín muerto, de repente se transformó en un hombre de diálogo; así también, Verón, aquel acusado de traicionar a nuestro país en el mundial de 2002, ahora es la voz del consenso, el que quiere construir la “Selección Argentina de La Moncloa” para así poder mirar hacia adelante, en contraposición a Maradona, ese hombre que lo tuvo todo, pero ahora sólo reproduce en sus dichos la revancha, el odio y un aspecto privado que corresponde a la orientación sexual y la profundísima intimidad del periodista “Toti” Passman.
En este contexto, sin un nuevo manual de ética que devuelva la credibilidad al periodismo no debería sorprender que los argentinos profundicemos la atomización producto de leer y escuchar sólo lo que deseamos y que una vez consumada la próxima derrota de la Selección se convoque a través de SMS a un cacerolazo pidiendo la renuncia de aquel tipo cuyo único mérito ha sido engañar a todo el mundo convirtiendo un gol con la mano frente a los ingleses.

¡Viva la huelga! (publicado originalmente el 7/10/09 en www.lapoliticaonline.com)

En ocasión del conflicto por los despidos en Kraft, firmado por diversas agrupaciones de izquierda, aparecieron una serie de carteles en varias dependencias de la Universidad de Buenos Aires afirmando “Viva la huelga”. Asimismo, desde hace unos días, por otras razones, los grandes Medios comenzaron a cubrir todas las protestas existentes, especialmente aquellas que afectan el tránsito de la Ciudad. La confluencia no debe sorprender puesto que, una vez más, ambos sectores se benefician con la hipótesis del caos. Por izquierda, porque insólitamente se sigue descansando en la idea de que es necesario agudizar las contradicciones; por derecha, porque el caos genera miedo y el miedo, que muchas veces es zonzo, es el principal fundamento para propiciar excepciones que van, casi siempre, en contra de las libertades individuales.
Y sin embargo, ambos enfoques no están totalmente equivocados.
¿Cómo lograr visibilidad si no se molesta? Si no hay “protestódromo neustadtiano”, ¿qué otro lugar mejor que la calle para hacer conocer un reclamo?
Por otro lado, ¿es posible que el pensamiento progresista y de izquierda tenga un desprecio tan profundo por el espacio público? Más específicamente: ¿es posible que no haya clases en el Buenos Aires porque 12 chicos fueron castigados por irse sin permiso o que se tomen las facultades en apoyo a la huelga de Kraft? ¿Los cientos de miles de personas que viajan en el subte todos los días pueden ser rehenes de la interna gremial? Sin ánimo de ofender: ¿Puede ser que 20 tarados se arroguen el derecho de apropiarse de una avenida, un puente o cualquier espacio perteneciente a todos, por cualquier razón?
Los dos grupos de preguntas, los de una visión “más de izquierda” y los de una visión “más de derecha”, están conformados por preguntas retóricas. Sin embargo, resulta obvio que en la práctica hay colisión de intereses y derechos si se sigue al pie de la letra lo que estas preguntas suponen y, para escándalo de los amantes del consenso fácil, (aquellos que afirman que la mejor manera de resolver entre dos extremos, es eligiendo el medio), resulta imposible hallar una solución que “beneficie a todos”. En la práctica “el medio de los extremos” es inasible y más bien el péndulo oscila de izquierda a derecha y viceversa dependiendo el color del gobierno, la sociedad y la época.
Sin embargo, lo que cabe plantearse es cuál es la razón de este regocijo por el caos; regocijo que, como indiqué al principio, beneficia las hipótesis conspirativas tanto del taxista que escucha AM como del estudiante de Ciencias Sociales. Una vez reflexionado el tema, aun admitiendo la misma cantidad e intensidad de conflictos, probablemente el taxista apagará la radio para dejar de oír los “¿Hasta cuándo?” y el cartel de la Facultad que decía “Viva la huelga” indicará “Viva el trabajo”.

La ley Guantánamo del control remoto

En un momento donde todos los Medios, los opositores al gobierno y los pocos aliados, libran su batalla de manera grosera, resulta cada vez más dificultoso encontrar palabras que ayuden a pensar. Probablemente tampoco sea esta columna el espacio donde usted las encuentre, pero bien vale el intento. Digamos, como primera medida que si bien el gobierno tiene razón en suponer que esta es, si no la madre, la “tía de todas las batallas”, muchas veces exagera con darle a cada acto de gobierno un cariz épico y sin antecedentes. Así suele abusar generalmente de incluir todas sus acciones dentro de un gran plan libertario que rescata parte de la liturgia peronista además de seguir la línea de la retórica binaria del “ellos y nosotros”. En esta línea, los K son injustos cuando buscan erigirse como los únicos que han hecho algo contra la dictadura. Como parte de esta visión y quizás también como estrategia, se dice que la actual ley de radiodifusión debe ser reemplazada por ser de la dictadura. Presentado así el argumento K tiene al menos 2 flancos: por un lado, existen otras leyes de la dictadura que el gobierno no tiene apuro en derogar y al mismo tiempo, por oposición, es falso que toda ley de la democracia sea buena; por otro lado, que sea de la dictadura no supone necesariamente que estemos obligados a tratarla antes del 10 de diciembre.
Al exponer las cosas de este modo el gobierno se equivoca pues olvida que lo central es que además de no tener la legitimidad, el contenido de la ley actual es nocivo para la democracia. En otras palabras, venga de donde venga, el problema de la ley actual es menos su origen viciado que su contenido.
Y si de orígenes hablamos, los argumentos de la oposición cometen la misma falacia: no importa el contenido de la nueva ley. Lo que importa es que es kirchnerista y, en tanto tal, estaría viciada, otra vez, desde un principio. En esta línea es que debe entenderse la lógica del mensaje de Vila equiparando la nueva ley con la última dictadura.
El resto de la discusión es pura negociación, en el peor y en el mejor de los sentidos: así resulta insólito escuchar a buena parte de los opositores afirmar que si, en vez de otorgar sólo un año para desprenderse de los multimedios, la ley diera tres, podría apoyarse. Así, todo el despotrique de la supuesta amenaza a la libertad de prensa queda completamente desdibujado. Es decir, si en vez de un año damos tres, ¿la libertad de prensa estaría garantizada? En esta misma línea, el diputado radical Oscar Aguad, en diálogo televisivo con Agustín Rossi, tampoco tuvo empacho en afirmar públicamente que la ley podría ser aprobada siempre y cuando se respeten los contratos vigentes cuya duración es de diez años. Así, anteponiendo la seguridad jurídica a la libertad de expresión, Aguad sigue la propuesta rabinobergmaniana de priorizar la seguridad aun cuando esto vaya, en algunos casos, en detrimento de la libertad.
Por último, aparece una confusión bastante usual entre lo que entendemos por “garantía” y lo que entendemos por “obligación”. Este error subyace a los argumentos de aquellos que afirman que la nueva ley de medios nos va “a obligar” a escuchar determinadas voces (y ya no sólo “A dos voces”) y, ante todo, nos va a impedir escuchar los temas musicales que elegimos (especialmente los de FM 100). Expuesto así, lo que es una garantía es visto como una obligación: que el Estado asegure espacio para una pluralidad de voces de repente se transforma en una regulación de los contenidos y en controles remoto que han perdido su autonomía. Este salto no encuentra ninguna justificación en una ley cuya única referencia a contenido está en la obligación de que un porcentaje importante de la pantalla sea de producción local. No habla, como sí lo hace la propuesta de Giúdici, del deber periodístico de información veraz, algo que seguramente Reutemann, calificaría entre monosílabos como “muy chavista”.
Abusando de esta confusión, con mucha mala intención, se quiere instalar la idea de que no vamos a poder elegir más los culos de Tinelli y que, como contrapartida, deberíamos contentarnos con los culos de pueblos originarios del nuevo canal “Hot wichi TV” en el 9854 de la pantalla de Direct TV. De hecho, probablemente suceda que los ratings no varíen pues no habrá nunca una novela de un canal cooperativo que pueda competir con “Valientes”.
Más allá de esto no faltará tiempo para que TN hable de que la ley de Medios K será “la Guantánamo del control remoto” y alguna ONG que viva de los subsidios estatales lance una campaña en este sentido a través del Facebook. Lo bueno de todo esto es que, con la nueva ley, tanto TN, como la ONG tienen garantizados por el Estado una señal para poder decir lo que piensan aun cuando esto sea estúpido y ni siquiera verosímil.