martes, 23 de agosto de 2016

La Casandra invertida (publicado el 18/8/16 en Veintitrés)

Los cruzados de la antipolítica han encontrado en el discurso moral y ético su refugio. Esto no es ninguna novedad y fue expuesto explícitamente hace casi ya una década cuando Elisa Carrió proponía sustituir el contrato político por un contrato moral. En esta línea, con ligereza posmoderna hoy escuchamos decir que la gran discusión de la sociedad y la política argentina no es entre ideologías sino entre honestos y corruptos, aunque, claro, luego nos hacen una trampita y nos quieren hacer creer que, casualmente, los que tienen una determinada ideología son corruptos y quienes tienen otra son honestos. El mejor ejemplo lo vimos aquí con el caso López. La sociedad argentina estaba de acuerdo en sancionar ese accionar pero los que lo repiten una y otra vez quieren otra cosa: quieren presentar el caso López como símbolo de un proyecto político y te quieren hacer creer que una política de Derechos humanos, Justicia social, Independencia Económica y Soberanía política es equivalente a un tipo afanando guita en un bolso.
Con todo, como les decía al principio, no hay novedad respecto a esto y siempre ha habido un sector de la sociedad que se ha visto identificada con los políticos que, en nombre de una presunta ética desideologizada, son reconocidos menos por su labor que por las denuncias mediáticas que realizan. De hecho, en general, se trata de legisladores que no legislan sino que pretenden desempeñar un rol de “fiscales”. Asimismo, con este tipo de políticos se da una particularidad: sus denuncias, ayudadas por los medios de comunicación, pueden tener cierta llegada en la opinión pública pero al momento de ir a las urnas, el electorado no suele inclinarse por ellos. Así, si por cada denuncia que hicieran recibieran un voto, seguramente serían más competitivos electoralmente.
Sin embargo, una novedad está en que quienes se creen fiscales de la República no se ocupan de denunciar al gobierno de turno, como siempre lo hicieron, sino al gobierno anterior. De hecho, salvo alguna excepción, los denunciantes forman parte de la administración Macri. La pionera ha sido la ya mencionada Elisa Carrió, pero también podemos ubicar allí a Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña y Mariana Zuvic. Todas mujeres con altísima exposición mediática. Habría que indagar si el hecho de ser mujer no peronista acerca más a la verdad o a Dios pero quiero detenerme en lo original del momento que nos toca vivir porque las fiscales de la República son fiscales desde el poder y Stolbizer, si bien no es parte de Cambiemos, aparece coqueteando con Massa en el intento de reproducir el mismo esquema que realizó Cambiemos con Carrió. Pues ni Stolbizer ni Carrió suman votos pero, en este particular vendaval de ética antipolítica, se pretende dar la imagen de transparencia y en este sentido, la estrategia de Cambiemos es arriesgada y coyuntural pero inteligente pues las operaciones de la ex diputada radical y sus aprietes incluso contra decisiones u hombres del oficialismo, son presentadas, por ese mismo oficialismo, como ejemplo de aceptación de la crítica interna e institucionalidad. “Hola, soy Macri, tengo un prontuario por delitos contra el Estado pero Carrió me acompaña y me controla”, parecería ser el mensaje subyacente. Algo parecido podría suceder con Massa quien terminaría afirmando: “Hola, soy Sergio y si bien soy peronista, me acompaña la fiscal impoluta Stolbizer”.
Si nos posamos en Carrió, la compulsión a la denuncia siempre vino mezclada de una igualmente compulsiva propensión a la profecía a tal punto que nunca se ocupó de distinguir bien una cosa de la otra. Porque la profecía era también denuncia y muchas de esas profecías se transformaron en presentaciones ante un juez. Naturalmente, quien ha hecho decenas de denuncias sin fundamento, en un determinado momento, pierde credibilidad frente a la opinión pública. No es este el espacio para hacer la lista pero si tiene acceso a una computadora haga el ejercicio de poner en Google “Desestiman denuncia de Carrió” y allí encontrará al menos las desestimaciones más resonantes. Sin embargo, hoy escuchamos en buena parte de la corporación mediática, desde el Grupo Clarín hasta el Grupo dueño de América TV, comentarios tales como “al final Carrió tenía razón”. Y francamente no tuvo razón en más del 90% de sus denuncias y menos aún en sus profecías. De hecho es casi un desafío al azar pensar que alguien puede acertar tan poco. Pero resulta que ahora nos quieren hacer creer que Carrió es una suerte de Casandra. ¿Quién era Casandra? Cuenta la leyenda que esta princesa de Troya, hija de Príamo y Hécuba, tenía una belleza tal que cautivó al mismísimo dios Apolo quien le ofreció a Casandra el don de profetizar a cambio de aceptar unirse a él en el amor. Aparentemente, en un primer momento Casandra habría aceptado, pero al recibir el don de la profecía, no quiso corresponderle amorosamente a Apolo. El dios, preso de la ira ante el desengaño, ideó el plan más perverso pues no le quitó la capacidad de poder vislumbrar el futuro sino que le quitó para siempre la capacidad de persuadir. De esta manera, ella podía ver lo que iba a suceder y, de hecho, advirtió la trampa del Caballo de Troya, pero como era incapaz de convencer, nadie le creyó.
Elisa Carrió siempre añoró ser Casandra pero su incapacidad para convencer no se la adjudicó a la enorme cantidad de mentiras y despropósitos vertidos durante años ni a un dios, sino a una ciudadanía que “no quería ver” e incluso a cierta parte del mismo periodismo a pesar de que la prensa hegemónica, desde hace un tiempo ya, viene reivindicando los dislates casquivanos de la doctora para adoptar una agenda de radicalización inverosímil que hasta nos llegó a decir que el fiscal Nisman fue asesinado por un comando venezolano-iraní adiestrado en Cuba.
Llegados a este punto es fácil observar lo enormemente benévolo que es el periodismo con Carrió y con el “denuncismo”, ejes fundamentales de la campaña antipolítica. Esto, más que hablar bien de las candidatas a profetisas habla mal del periodismo que en tanto pretende erigirse en una nueva divinidad capaz de poder presentar los hechos tal como son, reivindica a un personaje como Carrió en algo que debe leerse en el marco de esta nueva tendencia de destrucción de la autoestima de una sociedad a la que no solo se le dice que no merecía vivir bien y que debe pagar una supuesta fiesta, sino que ahora se la acusa de no haber prestado atención a la profetisa.
A su vez, jugando con la desmemoria, la confusión y el ocultamiento de la información, lo que se busca es construir la falacia de autoridad, es decir, dotar a Carrió, y a las representantes del “denuncismo”, de un halo de credibilidad porque en el profeta, el pronóstico es menos importante que la credibilidad; o en todo caso, la credibilidad da lugar a que cualquier profecía instale realidad y prejuicios, lo cual a veces no alcanza para que la profecía se cumpla pero sí alcanza para instalar un sentido común base desde el cual tergiversarlo todo.

Podría decirse, entonces, que el mito de Casandra hoy está invertido porque la princesa podía ver lo que iba a ocurrir pero no era capaz de convencer. Por el contrario, las presuntas profetisas actuales, fiscales de la república, no ven el futuro y mienten sobre él pero se les ha dado, gracias a una campaña de instalación mediática, el don de la persuasión. Y naturalmente, en una sociedad donde todos están convencidos de una mentira, los nuevos dioses exigen sacrificar solamente una cosa. ¿Saben cuál? La verdad.               

jueves, 18 de agosto de 2016

Hostigamiento personal y persecución política

Estimados amigos: cuando en el mes de febrero comenzó, a través de las redes sociales, el hostigamiento sistemático de una ex pareja con el fin de dañar mi imagen pública, opté por no ingresar en el circo mediático al que se me invitaba. Toleré las injurias más aberrantes porque desde una primera carta en Facebook en la que se me atribuía haber ejercido violencia psicológica por, presuntamente, sugerirle a mi pareja que se depile y que no eructe, y, presuntamente también, burlarme de una amiga y de una abuela y haber hecho que se retirara antes de su cumpleaños (SIC), la mala fe y la ignorancia del enjambre cibernético y de redactores de portales de tercera línea que no podrían aprobar un examen de lectocomprensión, transformó aquella carta donde se me imputan hechos falsos, en un testimonio por el cual yo, de repente, me habría transformado en un abusador, un violador, un acosador, un golpeador y hasta un pedófilo. Quien haya seguido el desarrollo de la noticia dará cuenta de lo que aquí menciono.
Como lo que se buscaba era mi destrucción psicológica y tal destrucción no se efectivizó, la hostigadora, muy bien asesorada, decidió llevar el asunto a mi lugar de trabajo, la Universidad de San Martín y la UBA. Y allí el acoso personal que había empezado a producirse exactamente un día después de que yo decidiera finalizar la relación con mi ex pareja por las razones normales por las cuales uno suele terminar sus relaciones, se transformó en persecución política de agrupaciones de ultraizquierda de la Universidad y de los medios hegemónicos. Naturalmente, haber trabajado en 678, haber publicado libros críticos hacia el periodismo y haber hecho política en la Universidad iba a tener sus costos, así que nada de esto me sorprendió pero nunca imaginé un montaje tan artero basado en una mentira flagrante y detrás de una bandera encomiable por la que siempre milité desde el territorio y desde la academia. Me refiero, claro está, a los derechos de las minorías y a las políticas de género, temas que abordé en cursos de posgrado y en mi tesis de doctorado.
En ambas universidades, por la violenta presión de algunas agrupaciones de ultraizquierda, se me iniciaron informes sumariales, es decir, investigaciones (cabe aclarar que un informe sumarial no es una prueba en contra ni una sentencia sino simplemente un pedido de información el cual puede arrojar indicios hacia la culpabilidad o la inocencia). ¿Por qué sucedió esto? Porque la hostigadora, bien asesorada y más de 40 días después de comenzar su acoso en las redes, hizo una denuncia civil en la Oficina de Violencia Doméstica cuya carátula es Violencia familiar (aclaro todas estas cosas porque la imprecisión de las redes y de algunos medios es alarmante). En denuncias de ese estilo, el juez (o la jueza) pregunta a la denunciante qué desea y si ésta afirma tener miedo es natural que se imponga lo que se conoce como una cautelar de restricción que, en este caso, fue por 60 días (entre abril y junio). Una vez más, por ignorancia o por mala fe, la existencia de una orden de restricción fue presentada como una “prueba” en mi contra cuando de ninguna manera lo es. ¿Por qué? Porque la ley es clara en eso e indica que se trata de una cautelar, esto es, una medida que se toma “por las dudas” hasta que se investigue y que no supone ningún indicio de culpabilidad sobre la persona a la que se le aplica (en palabras de la propia jueza y basándose en la ley 24.417: “el dictado de tales medidas [cautelares] de ningún modo implica un decisorio de mérito que declare a alguien como autor de los hechos que se le atribuyen”). Está muy bien que la justicia adopte esas medidas porque mientras se investigan denuncias de ese tipo es importante proteger a quien dice ser víctima. Si los hechos denunciados se confirman la víctima estuvo protegida; y si los hechos denunciados son falsos, una orden de restricción de 60 días no genera mayores inconvenientes para el apuntado, salvo que, por mala fe o por ignorancia, intente presentarse esa restricción como prueba en su contra. Y esto último fue lo que ocurrió pues esa orden de restricción fue presentada ante las autoridades de ambas universidades como prueba y vino acompañada del pedido de separación del cargo o, en su defecto, suspensión preventiva. El pedido era insólito no solo porque de lo que se me acusa es falso, sino porque existe el principio de inocencia y porque la persona que me hostiga no es alumna ni de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA ni de la UNSAM. A su vez, los hechos que narra, los cuales, insisto, son absolutamente falsos, aun si hubieran ocurrido, no habrían sucedido en un ámbito donde la Universidad sea competente (en UBA la hostigadora fue acompañada por una ex pareja mía con la que tuve un noviazgo allá por 2008. En todos estos años nunca manifestó ninguna acusación contra mí y hasta soy amigo de parte de su familia; es más, en diciembre de 2015 me presentó a su marido y a su hijo y hasta se preocupó por el destino del programa de TV en el que yo participaba. ¿Qué fue lo que hizo que, de repente, lanzara, en la Universidad, acusaciones tan graves? Lo desconozco. Con todo, tales acusaciones, según ella misma manifestara, fueron rechazadas de plano en la Justicia).

Tras actos violentos y amenazas de las cuales hay testimonio fílmico y que constan en actas, ambas universidades decidieron adoptar para conmigo la figura de una “eximición” de dar clases. Ni me echaron, ni me suspendieron, como se encargan de propagar los medios hegemónicos y medios menores que publican como noticia las gacetillas de prensa de las agrupaciones de ultraizquierda. Simplemente dijeron que hasta que se terminen los informes sumariales lo mejor era eximirme de la responsabilidad de estar al frente de un curso sobre todo por las amenazas públicas que venía recibiendo (amenazas de impedirme ingresar a la Facultad, de escracharme y de golpearme). Mi intención era continuar dando clases porque quitarme la posibilidad de ejercer el laburo que realicé durante 17 años era un triunfo de la barbarie y de los violentos pero quizás haya sido la mejor decisión. En el caso de la UBA la eximición llegó en agosto, una semana después de que apareciera el dictamen del Asesor legal de la Facultad, quien, habiendo analizado el expediente, los testimonios de las denunciantes y mi descargo, determinara lo que transcribo a continuación: 

  De dichas copias surge que existe un órgano judicial que se encuentra juzgando la conducta de Dante Palma, vinculada con su relación de pareja con J. M. G.
         Entiende esta Asesoría Legal que no pareciera jurídicamente viable que esa conducta sea juzgada por organismo administrativo alguno de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ya que se trata de cuestiones, se reitera, vinculadas con la relación de pareja citada.
         En caso de que la Justicia encuentre responsable al Profesor Palma de algún tipo de violencia de género cuya víctima haya sido J. M. G. será viable el análisis de una sanción académica contra el dictado docente.

3-       En cuanto a los hechos denunciados por S. C., no surge del expediente administrativo prueba alguna que posibilite la investigación sobre conductas del Prof. Palma que pudieran no estar prescriptas.
         Es decir, si surgieran de alguna investigación conductas sancionables, no pueden ser las relacionadas con lo expuesto por S. C., debido a que son hechos que acaecieron antes del año 2011.
         Más allá de eso, debe tenerse presente que la denunciante no es ni ha sido alumna de esta Facultad, el Profesor Palma informa que nunca fue alumna de él en institución alguna y los hechos narrados por la denunciante no sucedieron en sedes de esta Facultad.

4-       Finalmente, se remarca que no constan en el expediente denuncias y/o testimonios sobre situaciones de abuso de poder y/o violencia de género que pudieren haber sido desarrolladas por Palma en su condición de docente en períodos no prescriptos, pese a que el inicio de la investigación sumaria fue decidida por el Consejo Directivo en sesión pública, que dicho inicio fue ampliamente publicitado en medios gráficos y virtuales y que la Decana, tanto en la sesión del Consejo Directivo del 5 de Abril del 2016 como en el Comunicado de Decanato N° 2 del 6 de Abril de 2016 (publicado en la pagina web de la Facultad), informó la dirección de mail en la que pueden realizarse las denuncias sobre violencia de género.[El subrayado es mío y, para proteger la identidad de las denunciantes, reemplacé sus nombres por sus iniciales]



El dictamen es tan claro que me exime de cualquier comentario. Sin embargo, miembros del Consejo Directivo de la Facultad siguieron sosteniendo que debía apárteseme del cargo. Después de leer esto: ¿hay alguna duda de que se trata de una persecución política?
Pero déjenme contarles una cosa más: cuando la persona que me hostiga presentó su denuncia civil que derivó en la automática cautelar de restricción, con mis abogados mostramos el modo en que quien decía tener miedo realizaba todo tipo de acciones para inducirme a que viole la restricción, algo que hacía arrobándome y amenazándome en redes sociales, llamando por teléfono a mi casa y presentándose a mis lugares de trabajo. Es raro que una persona que dice tener miedo intente contactar a quien dice temer y que el supuesto monstruo que la atemoriza no haga nada para contactarla, ¿no? Ese mismo razonamiento debe haber hecho la jueza de la causa civil pues en un principio la intimó a que dejara de intentar contactarse conmigo y a realizar publicaciones que afectaran mi intimidad. Como eso no sucedió, hizo algo que sucede muy pocas veces. ¿Saben qué? Le impuso una orden de restricción a ella. Sí, leyeron bien: la misma jueza que me había impuesto la restricción a mí le impuso una restricción perimetral a ella. La propia hostigadora lo reconoció en Facebook pero luego borró todo pues el hecho no la dejaba bien parada. Por suerte y tal como debe ser, por cierto, no hubo una campaña en redes contra ella, ni las agrupaciones de ultraizquierda la fueron a escrachar ni nadie le impidió cursar su CBC en la Facultad de Sociales ni nadie pidió que se le inicie un sumario en su Facultad o se la apartara de su condición de alumna hasta que el sumario finalice.
Por último, les cuento que desde febrero hasta hoy recibí, como les decía, amenazas de todo tipo incluso de muerte; escraches; perdí un trabajo en un portal de noticias por el acoso sistemático de cuentas bastante particulares; hasta el día de hoy se acosa incluso  telefónicamente a los responsables de la radio en la que trabajo exigiendo que se me quite del aire, lo que configura un flagrante caso de atentado contra la libertad de expresión. Asimismo, la persona que me acosa se ha encargado de hostigar incluso a amigos míos vía redes y telefónicamente; ha habido sugestivas cadenas de whattsap en las que se intentó difundir las barbaridades que se me endilgan y se publicó el teléfono de mi casa y mi celular al igual que el de mi madre. No conforme con ello se crearon cuentas en Twitter exclusivamente para difamarme así como páginas de Facebook y eventos en los que muy republicanamente se invita a “pegar una patada en el orto colectiva a Dante Palma” (SIC); la misma hostigadora, que brindó su testimonio a paladines del periodismo independiente como Eduardo Feinmann, Ángel de Brito y Ari Paluch, afirmó que un familiar directo mío tenía antecedentes de abuso en la Universidad, lo cual es, nuevamente, una enorme mentira. Sin embargo, la calumnia de la hostigadora fue levantada por el diario Clarín quien al lado de ello publicaba una dirección de mail donde denunciarme. Creo que no hace falta continuar y la extensión seguramente disuadirá a los que leen y acusan a través de información fragmentaria. Lo siento pero a veces la verdad es compleja y merece un desarrollo. Entonces, soy inocente; no existen decenas de denuncias penales como dicen agrupaciones de ultraizquierda ni la persona que obsesivamente me persigue hace 6 meses:  hasta el día de hoy solo fui notificado de una denuncia civil en la que la denunciante acabó teniendo una orden de restricción por la que no puede acercarse y aun cuando no existiera esa restricción contra ella, es la denunciante quien tiene la carga de la prueba y quien debe demostrar que soy culpable de lo que se me endilga; no me echaron de ninguna Universidad; seguiré defendiendo mis ideas aunque me cueste persecuciones como éstas y seguiré defendiendo a muchos de los que piensan como yo aunque, por miserabilidad o por ignorancia, elijan juzgarme mediáticamente. En cuanto a los que se encargan de difamarme arteramente por su incapacidad al momento de enfrentar una discusión política, no les deseo lo mismo que me están haciendo a mí sino, simplemente, la condena de convivir con un espejo que les devuelva su imagen. Por último, como en su momento prometí, hablaré del tema solo cuando haya novedades en el terreno jurídico e institucional que es donde este tipo de acosos y persecuciones basados en mentiras, finalmente, caen. Los quiero mucho. Gracias por estar allí y les pediría que hagan circular esta carta porque ni Clarín ni los youtubers de alguna patrulla fascista de ultraizquierda que se encarga de perseguirme y hasta de editarme la biografía en wikipedia, lo hará. Hasta pronto.            

     


viernes, 12 de agosto de 2016

Tester de violencia (publicado el 11/8/16 en Veintitrés)

No quiero un valle de catacumbas nunca más,
no quiero que me llenen de sal
jugando hasta no poder.
Bajo la herencia la inmortalidad
 "cultura y poder" son esta "porno bajón".
 Por un "color", solo por un "color"
 no somos tan malos, todo va a estallar
 ondas en aire (Luis Alberto Spinetta)

El episodio del intento de detención de Hebe de Bonafini no puede reducirse a una discusión legal ni política más allá de que, por supuesto, se puede decir mucho al respecto tanto legal como políticamente. Creo que se trata, más bien, de un test social, una medición en una suerte de gran experimento. La pregunta que da origen al experimento es: ¿qué tipo de reacción social habría ante la detención de una figura emblemática de la lucha por los DDHH, claramente identificada con la política de Estado que, en esa materia, llevaran adelante los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK? Introduciendo una nueva variable para especificar un poco más el experimento agrega: ¿qué tipo de reacción social habría si esa detención se diera con decenas de policías en la puerta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, un jueves y en el horario en que las Madres realizan sus habituales rondas hace casi cuarenta años? ¿Habría un repudio masivo o no? ¿Habría violencia? ¿Quiénes acompañarían? ¿Cómo se tomaría la noticia en el ámbito internacional?
Asimismo, este test es parte de un experimento mayor que es el de poder identificar cuál sería la reacción ante una eventual detención de CFK. En este sentido, podría decirse que los resultados pueden ser interpretados de diversos modos. En Jujuy, por ejemplo, donde comenzó el experimento, Milagro Sala lleva ya siete meses presa. Hubo y hay protestas pero lo cierto es que el gobernador Morales tiene bien controlado al poder judicial de su provincia y, con la inestimable campaña de los medios nacionales, el proceso de estigmatización en la opinión pública fue efectivo: la jujeña sigue presa y la reacción popular ha sido sosegada. En cambio, en el caso del intento de detención a Hebe de Bonafini, la reacción fue inmediata y se dio, además, en plena Capital Federal, lo cual siempre supone una mayor repercusión. A su vez, tuvo el apoyo también inmediato de políticos y referentes de peso lo cual obligó a la policía y al juez a dar marcha atrás. Pero así son los experimentos y las pruebas. Con un tester medís la tensión, probás. Podés probar, incluso, una y otra vez, en distintos momentos, hasta que consideres que es el momento de actuar.
¿Con esto estoy diciendo que hay una especie de gran conspiración perfectamente aceitada por una única cabeza? Creo que no. Más bien, como muchos otros han dicho, el mapa del poder en la Argentina desde el 10 de diciembre de 2015 ha tomado la forma de una troika que, a su vez, no está exenta de tensiones internas. Las tres patas del poder hoy son un gobierno atendido por los CEO de las grandes empresas, un sector del poder judicial y el Multimedio Clarín. Esa troika actúa en tándem aunque muchas veces las acciones de una parte pueden afectar a la otra. Para ejemplificarlo, pensemos si al Gobierno le conviene, políticamente hablando, la detención de CFK. Habrá hombres del macrismo que consideren que sí pero, seguramente, los más astutos entenderán que esa acción es una verdadera “Caja de Pandora” que augura un final abierto por más testeo, prueba y contraprueba se haga. En otras palabras, los experimentos sociales siempre cuentan con la dificultad de la imposibilidad de poder reproducir fielmente en un laboratorio la dinámica de las relaciones y las reacciones que se dan en “la vida real”. En este sentido, podés hacer un encuesta que arroje que un porcentaje de la población quiere a CFK presa, “bombardear” a diario con el mantra de la corrupción, hacerle decenas de denuncias a ella, su familia y sus funcionarios pero lo cierto es que nadie sabe cómo va a reaccionar un sector importante de la población acostumbrado a salir a la calle. De aquí que los más prudentes entiendan que avanzar contra CFK supone exponerse al peligro de lo desconocido y lo inmanejable. Sin embargo, la sensación es que es un sector del poder judicial el que, autonomizado, persigue encarnizadamente al kirchnerismo. Esto no exculpa al gobierno ni a todo lo que hace en pos de transformar la adscripción a un movimiento político en una imputación. Pero mucho de lo que sucede a nivel judicial está impulsado por un sector recalcitrantemente anti kirchnerista obsesionado con una revancha social. Y lamentablemente ese revanchismo es el que parece estar ganando la pulseada al interior del gobierno también y, ni que hablar, en las empresas periodísticas y en los cómplices que ponen la cara en favor de ellas. En este último caso, hay periodistas que tienen poluciones nocturnas imaginando que se visten de policías y se llevan a la rastra a Hebe de Bonafini mientras gritan “todos somos iguales ante la ley”, precepto que se cumple para todos los casos, salvo para los poderosos que, en muchos casos, son dueños de los multimedios para los que los periodistas polucionados trabajan.
En lo que respecta al gobierno, la variante de derecha moderna, republicana, ecológica, snapchatiana, pokemoniana y ravishankariana está perdiendo terreno ante la variante autoritaria, violenta y cínica que no te desaparece pero te amedrenta y te persigue con las armas más arteras y con claro afán disciplinador. Finalmente cuando al pikachu amarillo se lo sorprende se lo ve tal como es, en blanco y negro; y curiosamente los ataques en las redes, las persecuciones judiciales, los sugestivos robos y los escraches los sufren quienes se oponen al gobierno.
La tensión sube. El experimento promete nuevas pruebas a la brevedad.   

  

viernes, 5 de agosto de 2016

Twitter también puede mentir (publicado el 4/8/16 en Veintitrés)

De los ataques cibernéticos contra Tinelli a la detención de dos jóvenes que, todo haría suponer, no tuvieron mejor idea que, con mucho tiempo libre, bromear acerca de la posibilidad de un atentado terrorista en nombre de Alá con frases escritas en árabe y con la gramática tosca del traductor de google. Efectivamente, estos últimos días estuvieron atravesados por el fenómeno de las redes sociales aunque no precisamente por la interpretación virginal que ve en ellas el sinónimo de democratización de la información y acceso libre al conocimiento. A decir verdad, a internet y a las redes sociales vistas como espacio de interacción horizontal, libre y desjerarquizado se le agrega ahora una noción emparentada que suele ser utilizada recurrentemente por comunicadores. Me refiero a la suposición de que lo que sucede en las redes sociales es representativo y es un termómetro de lo que sucede en la sociedad. Es más, incluso comunicadores del establishment, en su mayoría jóvenes, más por candidez que por maldad, reivindican las redes como una suerte de ágora moderna en la que cualquiera es capaz de instalar una agenda. Incluso hay quienes creen que desde esas redes es posible disputar con los medios tradicionales.
Si bien hay muchos ejemplos de una agenda impulsada desde las redes (algunos, incluso, virtuosos) y también hay ejemplos del modo en que las redes son capaces de desmontar una operación de prensa, lo cierto es que, en general, redes sociales como Twitter, no hacen más que amplificar la agenda impuesta por los medios tradicionales que, como muchas veces hemos citado aquí, y como han probado numerosos estudios, no son capaces de determinar exactamente cómo deben pensar las audiencias pero sí son capaces de imponer sobre qué deben hablar esas audiencias. Los ejemplos darían lugar a un libro entero pero para no salirnos de la coyuntura vayamos a lo ocurrido en los últimos días a partir de la entrevista que CFK otorgara a Roberto Navarro en el C5N. Promediando la charla, la expresidente afirma “Si además de lograr buenos salarios, un sistema jubilatorio excepcional, computadoras para los chicos, pagar la deuda que nos dejaron otros, lograr hacer obra pública por Uss 107.000.000 (…) [nos dicen que robamos todo], más que perseguirnos judicialmente deberían darnos el Premio Nobel de Economía”. Naturalmente, un diario como Clarín, que debe alimentar la furia de los lectores que supo construir, tituló la nota que daba cuenta de la entrevista del siguiente modo: “CFK: Deberían darnos el premio Nobel de Economía”. 
Si bien ya había algunos trolls (esas cuentas creadas para difamar, injuriar e instalar agendas en las redes) que habían hecho el mismo recorte con afán descontextualizador en la red, lo cierto es que, a partir de esa nota, “las redes” comenzaron a hablar del tema. Sin embargo, hay que aportar algunos números pues en general a veces basta con que una misma palabra se repita mil veces para que se transforme en lo más mencionado. Entonces cabe preguntar: ¿mil menciones son representativas de una sociedad con 40 millones de habitantes?
A su vez, ¿cómo culmina el círculo vicioso de la operación? El diario Clarín publica, unas horas después, una nueva nota en la que afirma que las redes, es decir, supuestamente, la sociedad, está hablando de la barbaridad que habría dicho CFK. O sea, instalan sobre qué deben hablar las redes a partir de un recorte malicioso, luego esas mismas redes, ayudadas por trolls e idiotas útiles replican y, finalmente, el diario omite la controversia en torno al recorte malicioso, selecciona los comentarios acordes a su línea editorial y presenta las palabras de las redes como confirmación transformando al recorte malicioso en “lo verdadero”. Asimismo, párrafo aparte para lo que antes mencionábamos como “idiotas útiles”, quizás, con una carga demasiado agresiva porque en realidad no son otra cosa que signo de los tiempos. Efectivamente, el promedio de los jóvenes, no solo los de clase baja sino especialmente los de clase media y alta, se informan a través de las redes y de esa manera se les presenta con una misma jerarquía un video de un blooper de un esquiador, la foto del culo o de los abdominales del objeto de deseo correspondiente y los dólares que tiene Florencia Kirchner en una caja fuerte. Todo al mismo tiempo, en una conversación con un amigo digital o en un cruce al azar con lo que el amigo del amigo del amigo compartió en el muro de Facebook. Muchas veces en esta columna nos hemos referido a este fenómeno posmoderno de la ausencia de conexión entre las noticias, la deshistorización de las mismas que opera por la velocidad y la falta de sentido que impera en el poscapitalismo y que ha constituido lectores de títulos para los cuales cualquier análisis que exceda los 20 renglones supone un esfuerzo que no vale la pena llevar adelante. Pero la situación es dramática si tenemos en cuenta, como ya vienen observando distintos pensadores de la comunicación, que internet no es una actividad más como podía ser mirar la TV sino un hecho inescindible de nuestras vidas. Porque nuestra relación con la Radio y con la TV, por más importante y adictiva que sea, es una relación con un exterior: nos sentamos a ver el televisor o nos dedicamos a oír la radio pero con internet no hace falta “sentarse a” porque ya es parte de uno y las redes de amistades, el trabajo, la información y la conexión con el mundo exterior, pasa a través de esa extensión tecnológica de nuestra mano que es el celular.        
Asimismo, ya que esta semana se volvió a hablar de terrorismo en Argentina, las redes son el vehículo a partir del cual éste se distribuye capilarmente y da lugar a la conformación de células terroristas o lobos solitarios influenciados por lo que leen en alguna página de internet. Esto es estrictamente cierto tanto como el hecho de que un enemigo invisible, ubicuo, individual y sin fronteras es el enemigo ideal para un sistema que, en nombre de la seguridad, avanza sobre los derechos individuales por los que tanto patalean los mismos que luego, asustados, son capaces de entregar su libertad a cambio de la seguridad física y de sus bienes materiales. Dicho en buen criollo, si cualquier pelotudo desde una computadora en Villa Urquiza puede hacer un atentado criminal, todos somos sospechosos y en tanto tal, dignos de ser vigilados. Es más, el hecho de que en Europa o en Estados Unidos, los que cometen los atentados no son señores barbudos y con turbantes sino ciudadanos que no tienen un rasgo físico distintivo que los diferencie, es funcional tanto a los extremistas como a los que con la excusa del extremismo desean militarizar la sociedad y nuestras vidas. Para el terrorismo, no hay mayor terror que el de vivir suponiendo que tu vecino, que es igual a vos, es capaz de asesinarte; y para los que en nombre de la seguridad irán por tu libertad, el hecho de que el asesino sea “como uno” permite justificar todo tipo de violación a los derechos básicos.No es interés de esta columna plantear un regreso hacia vaya a saber uno qué pasado idílico como una nostalgia de lo que nunca jamás sucedió. Tampoco se trata de mirarle con gesto adusto y decirle que cuide a su hijo porque las redes están llenas de gente dañina si bien es verdad que la misma capacidad asociativa para fines loables tiene también como contracara la facilidad con que se puede difamar, calumniar o arruinarle la vida a personas a través de la multiplicación casquivana y descompuesta de la información. En todo caso, por ahora, me alcanzaría con que de manera urgente comencemos a poner en tela de juicio algunas nociones básicas acerca de qué patrones de consumo tenemos, qué tipos de subjetividades estamos creando y cuál es la funcionalidad de las redes sociales. No para renunciar a la tecnología y a las posibilidades que ella nos brinda sino para advertirles, a muchos de los que ya se dieron cuenta que Clarín miente, que Twitter también puede mentir.         

jueves, 28 de julio de 2016

Niños con hambre y fútbol para mozos (publicado el 28/7/16 en Veintitrés)

La discusión que se viene dando en los últimos días en torno a la gratuidad de las transmisiones de fútbol exuda todos los vicios que una discusión pública puede tener: lugares comunes, mentiras, manipulaciones, ausencia de lógica comparativa y, sobre todo, enorme demagogia. ¿Debería sorprender? No. Pero igual me sorprende.
Para ordenar la exposición comencemos con la discusión de fondo: ¿ver el fútbol por TV es un derecho? Recuerdo que, en su momento, cuando el gobierno de CFK decidió intervenir y acabar con el insólito monopolio que nos obligaba a ver tribunas, a esperar a las 22hs del domingo para que los que no somos de River o Boca veamos un miserable compacto de goles, y a tener que consumir en un bar si queríamos ver en vivo a nuestro equipo, dudé acerca de si la televisación gratuita debía interpretarse como un derecho. Eran tiempos de un “Fútbol para Mozos” y no “para Todos”. Con el tiempo, la duda se me disipó y entendí que si estamos comprometidos con una agenda de ampliación de los derechos culturales, las transmisiones de Fútbol no podían estar ausentes. Porque, no hay que olvidar, frente al ideario liberal que restringe la lista de derechos a los civiles y políticos, la tradición del constitucionalismo social, ya en la década del 40, mostró que los derechos sociales, económicos y culturales son también esenciales.
Asimismo, las divergencias y la aparición de nuevas necesidades, nuevas exigencias y nuevos derechos, muestra que la lista de éstos no es estática sino que es un producto histórico fruto de disputas y contingencias varias. Con todo, más allá de ese carácter histórico los derechos suelen naturalizarse pronto a tal punto que, durante la campaña, Cambiemos tuvo que prometer que las transmisiones de Fútbol continuarían siendo gratuitas pues la mayoría de la población ya lo entendía como un derecho adquirido.  
Tal promesa, claro está, aparentemente, no durará ni ocho meses de gestión más allá de que el gobierno le quiera cargar a la AFA la responsabilidad de la decisión de volver al viejo esquema de Fútbol pago. La estrategia es bastante obvia: el gobierno, de manera oculta, le pide a la AFA que públicamente pida un aumento millonario, funcionarios del gobierno comienzan a instalar que tal aumento es desmedido, la AFA dice que no le alcanza y que necesita que se rompa el contrato, y el gobierno dice que ha hecho todo lo posible por sostener la gratuidad pero ha sido una decisión de la AFA. Luego agrega que los 2500 millones que se iban a gastar en el Fútbol se van a destinar a otras prioridades y fin del asunto: negocio redondo para todos.
Si bien es verdad que hay innumerables derechos que el Estado debe brindar y no brinda, incluso derechos constitucionales, la aceptación de que las transmisiones de Fútbol gratuita son un derecho, sería un paso importantísimo como base para el debate, pues aceptado ese piso no se puede, tan suelto de cuerpo, afirmar que el dinero se usará para otra cosa. Sin embargo, esto suele pasarse por alto y los que pretenden el regreso de las transmisiones pagas, ofrecen distintas argumentaciones. En primer lugar, el año pasado, cuando el candidato Macri no podía aceptar públicamente su intención de acabar con la gratuidad para que el negocio lo hagan los privados, decían que el Fútbol gratuito estaba bien pero que no había que politizarlo. ¿Por qué decían que el Fútbol estaba politizado? Porque en los entretiempos aparecía pauta oficial. Fenómeno extraño: si esa misma pauta iba a los medios privados que apretaban al gobierno para que anunciara, no se producía la politización del medio en cuestión. Pero si esa pauta iba al Fútbol, el Fútbol se politizaba. Dejando la ironía de lado, digámoslo con claridad: el gran conflicto con el Fútbol para Todos era que el gobierno lo pagaba con partidas destinadas a la pauta oficial, lo cual era doblemente virtuoso porque, por el mismo dinero, el gobierno cumplía con un derecho cultural y a su vez lograba que sus actos fueran visualizados por audiencias enormes. ¿Dónde estaba el conflicto entonces? En que la pauta oficial con que se pagaba el Fútbol no iba a los medios privados.
Pasados los meses, apareció un segundo argumento que se basa en la idea de que era falso que las transmisiones de Fútbol fueran gratis porque mucha gente debía tener Cable para ver la TV y porque, finalmente, el dinero que se le daba a la AFA provenía de nuestros impuestos. No dicen que un porcentaje importante de ciudadanos veía los partidos por TDA, aquel sistema que el gobierno está vaciando para que, justamente, no quede otra salida que abonarse a alguna empresa si es que deseamos ver, incluso, canales de aire. Pero, por sobre todo, cometen una falacia enormemente peligrosa porque ese mismo argumento es el que se utilizó siempre, por ejemplo, para intentar arancelar la Universidad. En este caso dicen: “los que van a la Universidad la podrían pagar o ya lo están haciendo con sus impuestos de lo cual se sigue que deberían pagar un arancel”. Como argumento es bastante particular porque en el fondo indica algo así como “ya lo está pagando así que puede pagar más”. ¿Se imagina yendo a comprar unas zapatillas y que el vendedor le diga “este calzado cuesta $1000 pero, ya que lo va a pagar, pague $1500”?        
Una última curiosidad la aporta el más demagogo de los argumentos. Es curioso porque los republicanos e institucionalistas acuden a los sofismas que pertenecerían presuntamente al populismo para convencer a la ciudadanía de que el dinero debe invertirse en otras cosas. Así, nos interpelan diciendo: ¿sabe cuántos hospitales se podrían construir con la plata que se le da al Fútbol? ¿O cuántas AUH se podrían otorgar? Para ser justos, habría que decir que este argumento es un clásico de una tradición liberal que tampoco se ha privado de apelar a la demagogia. Se trata de un argumento igualmente peligroso porque en nombre de la necesidad podría reducir el Estado a una función básica de seguridad y alimentación. En otras palabras, si el argumento es que no se puede gastar en Fútbol mientras haya un niño con hambre, habría que cerrar el Ministerio de Cultura, el de Ciencia y Tecnología e incluso el de Educación porque al fin de cuentas siempre es más urgente un pedazo de pan que un libro, al menos hasta que los libros se puedan comer. Pero vayamos a los números finos: ¿sabe qué porcentaje del presupuesto nacional se destinó a Fútbol para todos en el año 2015? Apenas algo más del 0,1. Sí, leyó bien. Por supuesto que ese dinero puede ayudar a muchos niños con hambre pero ¿sabe qué? La decisión de quitar las retenciones al campo significó una transferencia de ingreso para los sectores agroexportadores que se calcula en 60000 millones de pesos, esto es, veinticuatro veces más que lo que el gobierno dice haber ofrecido a la AFA en 2016. ¿Sabe cuántos hospitales se podrían construir con esos 60000 millones destinados a gente con niños que no tienen hambre sino 4X4? ¿Sabe cuántas facturas de gas se podrían pagar?    

En lo personal, siempre consideré un error del gobierno anterior no abrir más el espacio de las trasmisiones a la pauta privada porque las transmisiones de Fútbol son un derecho pero también pueden ser un negocio. El punto aquí es de cuántos va a ser el negocio. Si me pregunta a mí, y que me perdonen los pocos y los mozos, mientras el Estado cumple con mi derecho, prefiero que el negocio sea para todos.