En la medida en que me doy cuenta que el pueblo argentino podría, al menos por ahora, eliminar de su dieta habitual rica en frutas y verduras, al tomate y mientras reflexiono acerca de la campaña iniciada por algunos multimedios a partir del mundial de rugby en la que un deporte elitista, misógino, de un nacionalismo rayano en el chauvinismo, violento y con un alto porcentaje de lesiones irreversibles en la columna, se nos intenta imponer como filosofía de vida (ver, por ejemplo, las tapas del diario Clarín o la revista Noticias por citar sólo algunos ejemplos), noté que faltan apenas 21 días para las elecciones y decidí investigar este dicho popular que afirma que “los mensajes de campaña nunca dicen nada”.
Resulta claro, que con la caída del muro de Berlín y la descomposición de los partidos políticos se ha producido un vaciamiento ideológico que se trasluce en los discursos y slogans de campaña. Sin embargo, en otro sentido, las campañas dicen mucho y lo que me propongo hacer es analizar algunas de estas estrategias.
Por ejemplo, en el oficialismo, imagino, los asesores de campaña se enfrentan al gran dilema: ¿cómo hacer que Cristina se presente como una continuidad sin sobresaltos que acapare los aciertos del gobierno para generar un clima de confianza y estabilidad, y, al mismo tiempo, no aparecer como parte de una estructura oficialista que sobrelleva algunos costos políticos a partir de los errores cometidos y que se encuentra algo desgastada como cualquier gestión?
La respuesta a tal interrogante fue “el cambio recién comienza”. De este modo, el oficialismo se apodera de la idea de “cambio y renovación” siendo status quo. La estrategia me parece inteligente pero me lleva a preguntarme por qué es tan importante ser los agentes del cambio. En otras palabras, ¿por qué la novedad es intrínsecamente buena? Verdaderamente es algo que me lo pregunto desde el 2001. Allí empezó a florecer la siguiente taxonomía disyuntiva: “vieja política o nueva política”. Parecía claro que la vieja política había fracasado pero qué garantía había de que lo nuevo fuera mejor. Me llamaba la atención cómo términos descriptivos como “viejo” y “nuevo” escondían el juicio valorativo “malo” y “bueno” respectivamente. Así no resultaba sorprendente que desde el socialista Roy Cortina hasta Macri, se disputaran el espacio de la nueva política sin darnos buenos argumentos acerca de su superioridad. En principio, su único mérito parecía generacional: o eran más jóvenes o había llegado después a la política. Habría que indagar en las razones culturales que hacen que consideremos que la novedad es siempre algo mejor, pero es un prejuicio que lo tenemos incluso hasta cuando nos cortamos el pelo o nos compramos una nueva camisa y decimos “Me renové, ¿no me ves mejor?” Por suerte, la gente que nos responde nos aprecia y nos dice que sí pero en política, cuando lo que está en juego es el futuro de un país, deberíamos ser algo más críticos para no caer en esto que bautizaré la “falacia de la novedad”.
En cuanto a la oposición, un análisis de todos los mensajes conllevaría una extensión incómoda para el lector. Dejando de lado las tristes escenas de candidatos con zapallitos, tomates y papas en la mano denunciando el bochornoso índice del INDEC, me centraré en las publicidades que más me llamaron la atención por diferentes razones. Una publicidad que me resultó curiosa y hasta me despertó una mueca irónica fue la de Melconián. El candidato a senador por el PRO en Capital, con buen tino, trata de sacar rédito del caudal de voto macrista obtenido hace poco tiempo y su estrategia es similar a la que el partido utilizó inteligentemente y que tan buenos resultados le dio.
Allí, tanto en TV como en radio se puede oír y ver “Con Mauricio y Gabriela, Carlos Melconián Senador”. Es famoso el discurso en que hasta el propio Presidente de la nación se ocupó de señalar que la estrategia del PRO en la campaña para la Jefatura de Gobierno hacía hincapié en el nombre de pila del candidato para desligarlo de un apellido vinculado con un pasado oscuro de filiación menemista, negociados con el Estado y contrabando. Todavía resuena el “¡Recuerden! Mauricio es Macri”. El spot de Melconián me resultó curioso y lo pensé como en aquellos juegos en donde ponen a prueba el ingenio a través de ejercicios de inferencias o analogías. En este caso, se trata de un juego de analogía: si de las primeras dos personas (“Mauricio” y “Gabriela”) sólo se menciona el nombre de pila, análogamente debería hacerse lo mismo con la tercera persona en cuestión (“Carlos Melconián”). De este modo, el spot quedaría así: “Con Mauricio y Gabriela, Carlos senador”. Expuesto así me acabo de dar cuenta por qué los publicitarios del PRO no fueron precisos con la analogía puesto que de haberlo hecho hubieran logrado que la ciudadanía trajera a su mente al “Carlos” más famoso de los últimos tiempos (Menem) lo cual podría a su vez recordarle que fue precisamente Melconián el que hizo campaña junto al riojano en 2003 y quien iba a ser, cosa que finalmente tras la derrota en manos de Kirchner no sucedió, su ministro de economía.
Siguiendo con estos detalles curiosos del lenguaje de la campaña, noté que detrás de una parada de colectivo había un cartel de lo que, creo, es la Juventud comunista revolucionaria (JCR) que decía “No votes, impugná o ni vayas”. Resultaba claro que por el tipo de expresión se dirigía a una población joven más dispuesta a la desobediencia civil (recordemos que el voto es obligatorio en Argentina). Pero lo que más despertó mi curiosidad fue que por esas casualidades que a veces uno se resiste a creer como tales, al lado de ese cartel había uno del ya mencionado Carlos Melconián en el que simplemente figura su nombre, su filiación y el número de la lista. Si hay algo de lo cual nunca me percaté es el número de las listas pero éste me llamó la atención: no se trataba de la lista 1, 2 o 3 sino de la 503. Número raro, difícil de recordar para una lista. Pero allí establecí un vínculo con el cartel de la JCR y tuve un súbito recuerdo, de aquellos tan inútiles como un número de teléfono de una ex novia que ya no vive más en su antigua casa. Recordé (que alguien me lo haga saber si mi memoria me engaña) que la lista de Macri para la jefatura de gobierno era un número parecido a este: era el 502. Y por esos mecanismos absurdos e insondables de mi cabeza me retrotraje a ese movimiento que en plena crisis de credibilidad de los cuadros políticos se autodenominó “Movimiento 501”. El movimiento 501 proponía, ya que no ir a votar está prohibido, viajar más de 500 kilómetros (es decir 501km) como señal de protesta ante la calidad de nuestros políticos. El movimiento fue minoritario y duró lo que un suspiro de pánico (es decir, un poco más que un suspiro normal) pero me ayuda a entender todo lo dicho hasta aquí: tras la crisis de credibilidad de los políticos, algo que algunos ingenuos y otros maliciosos intentan endilgar a la política como actividad, forma de gestión, participación y condición necesaria para ser libres, lo que viene es el PRO. De este modo, el paso posterior a la debacle de los partidos (el 501, el 502, el 503), lo que está más allá de la política, es la falta de participación ciudadana, la administración neutral de un ingeniero gerente y la fantasía de muchos economistas de que los problemas de los países se resuelven con una calculadora. De este modo, la conjunción de apatía y desidia ciudadana, pulcritud, cálculo y criterio empresarial, es lo que está más allá de la política y lo que parece perfilarse como el deseo de algunos argentinos. Así, la Argentina no parece ser la excepción al fenómeno propio de muchos países sudamericanos que, en las últimas décadas, en vez de resolver los problemas de la política con más política, deja espacio al surgimiento de magnates “apolíticos” de derecha centrados en un discurso en el que la eficiencia y la seguridad parecen las únicas virtudes ciudadanas a tener en cuenta.
Ahora que ya sabemos que después del 500 venía el 501 libertario, el 502 gerencial y el 503 de la calculadora de suma, resta y, por sobre todo, de división, no quiero imaginar qué nos deparará el destino con el 504, el 505 y el 506. Para averiguarlo, tal vez haga falta prestar atención a algunos mensajes de la campaña que, al fin de cuentas, parecen decir, implícita o explícitamente, mucho más de lo que creemos.
lunes, 8 de octubre de 2007
viernes, 28 de septiembre de 2007
Fisuras
Una de las corporaciones más monolíticas es la que rodea al mundo del fútbol: jugadores, periodistas, empresarios, dirigentes y árbitros podrán discrepar sobre algunos asuntos menores pero hay determinados límites, muchas veces expresados de manera eufemística como “códigos”, que nunca son sobrepasados. Entre los actores mencionados existe una compleja red de vínculos económicos, negociados y prebendas donde generalmente los más perjudicados son la mayoría de los clubes y de los jugadores. Como suele ocurrir en otras actividades, la gran paradoja es que aquellos actores que son la condición de posibilidad del negocio, esto es, clubes y jugadores, son los que se llevan la menor tajada. En este sentido el irrisorio monto del contrato televisivo firmado por la AFA y la grosera iniquidad con la que se distribuye entre los clubes ese dinero, tiene como consecuencia un fútbol colapsado y pauperizado que no puede mantener a una joven promesa más de 20 partidos en primera. Este proceso no irrumpió de repente en la escena sino que más bien fue gestado a lo largo de la presidencia de Julio Grondona en los 28 años que lleva ya su mandato. La lógica clientelar que Grondona mantiene con los dirigentes de los clubes con favores que se cobran in eternum, el manejo discrecional y despótico de los árbitros a partir del obsecuente SADRA, el sistema de votación de la AFA y una lógica proclive al manejo desaforado del capital empresarial, ha hecho que a lo largo de las casi tres décadas nadie osara poner en tela de juicio la continuidad del reinado. Solamente Raúl Gámez en el ámbito dirigencial y el equipo de Víctor Hugo Morales en la radio parecen ser los únicos que vienen denunciando este entramado cuya consecuencia es el desguace y posterior destrucción del fútbol. Sin embargo, en las últimas semanas entraron a jugar un papel importante y un rol crítico actores impensados que desde dentro de la corporación hacen valer una voz disonante generando algunas fisuras.
De este modo, casi paralelamente y ante la inminente renovación del mandato de Grondona, tanto en el ámbito del referato como en el dirigencial, se dejaron entrever opiniones que, por supuesto, no fueron amplificadas como correspondía por los principales medios. Así, en el medio de una ola terrible de malos arbitrajes y el patético comunicado de denuncia de complot que la dirigencia de San Lorenzo, presionado por el grupo inversor liderado por Tinelli, esbozó, los árbitros salieron al cruce y comenzaron hacer uso y abuso de las cámaras (como lo hace Lunati quien, por cierto, fue “destrozado” por los medios por decir una gran verdad: “la mayoría de los periodistas no conocen el reglamento”). Entre toda la maraña de declaraciones apareció una sorprendente: por primera vez en la historia, un árbitro, Pompei, recusaba a un par, el juez de línea, Rebollo (por si usted no lo recuerda, aquel que hizo patear de nuevo el tiro libre del “Cata” Díaz el día en que Boca, con ese gol, venció a Vélez en Liniers por 3 a 2 y avanzó hacia el campeonato). Pompei envió una carta al colegio de árbitros en la que pide no dirigir más junto a Rebollo. Como si esto fuera poco, el ahora retirado del arbitraje “sargento” Giménez, con la libertad que le da su condición, declaró a Clarín que “que Pompei haya pedido no dirigir más con el asistente Rebollo estuvo bien. Nadie lo quiere, hace muchas macanas y siempre a favor de los mismos clubes” (Clarín, 16/9/07). (El resaltado es mío)
Estas declaraciones me impactaron: por primera vez alguien (y en este caso un ex árbitro) afirma que los malos arbitrajes no son sólo producto de errores humanos. Por primera vez alguien duda de la honestidad moral de un árbitro. Era hora ya. Como comenté en un artículo anterior, siempre me pareció sospechoso que nunca se pusiera en tela de juicio la calidad moral de un árbitro. Estos siempre son presentados como demasiados humanos, nunca corruptos. Ahora, un ex compañero lo afirma.
En el ámbito dirigencial, el presidente de independiente, Julio Comparada, tuvo las agallas que otros no tienen, pegó un portazo y anunció que no votará por la reelección de Grondona. Está claro que Grondona ganará igual porque no hay candidato opositor pero más allá de eso, sentar precedente en contra es un paso importante (la única vez que Grondona tuvo un rival a la presidencia de la AFA fue en 1991. Allí los resultados arrojaron 39 votos para Grondona y 1 para Nitti).
En esta línea, el técnico campeón del mundo, Bilardo, deslizando la posibilidad de presentarse como candidato a la presidencia de la AFA, algo que luego desestimó, también salió al cruce de Grondona y aseveró: “la solución de la AFA es que Grondona (Julio) se vaya de la conducción (…) los clubes están fundidos, no tienen plata ni para comprar pasto (para las canchas). El día que se vaya Grondona se solucionarán muchos problemas del fútbol argentino. Si no hay un cambio pronto, el fútbol se va a la m... Es una vergüenza (…) Los 20 clubes más fuertes apoyan esta conducción. Todos son un voto cantado. Intentar ser presidente (de ese organismo) es como darse contra la pared. (…) Si votarán los 2.800 clubes del país no habría problemas, gano... Pero solamente votan 49. Los de Primera están todos comprometidos con la AFA, porque temen que el Tribunal de Penas los pueda perjudicar; tienen miedo que les pongan los árbitros que no quieren, prefieren cuidar los gerenciamientos. Todo un ’viva la pepa’". (La nación, 26/9/07)
Tal vez yo sea algo ingenuo pero todas estas declaraciones me sorprenden. Es de las pocas veces que tantas voces propias del fútbol coinciden, y desde dentro de la corporación, se animan a decir lo que uno, claro, suponía: hay arreglos con árbitros, una política de favorecimiento de los gerenciamientos, se beneficia a determinadas camisetas y existe una estructura mafiosa que asfixia al fútbol.
Para ser honesto, yo no creo que estemos en un estadio prerrevolucionaro donde el pueblo del fútbol, con una bandera roja de Comparada con una boina y liderado por un ex sargento saque a Grondona de la AFA y lo cuelgue en la plaza, pero, estas fisuras en el bloque homogéneo que protege el negocio del fútbol, al menos son señales de cambio que permiten observar el futuro con una pequeña, pero cuota al fin, de optimismo.
De este modo, casi paralelamente y ante la inminente renovación del mandato de Grondona, tanto en el ámbito del referato como en el dirigencial, se dejaron entrever opiniones que, por supuesto, no fueron amplificadas como correspondía por los principales medios. Así, en el medio de una ola terrible de malos arbitrajes y el patético comunicado de denuncia de complot que la dirigencia de San Lorenzo, presionado por el grupo inversor liderado por Tinelli, esbozó, los árbitros salieron al cruce y comenzaron hacer uso y abuso de las cámaras (como lo hace Lunati quien, por cierto, fue “destrozado” por los medios por decir una gran verdad: “la mayoría de los periodistas no conocen el reglamento”). Entre toda la maraña de declaraciones apareció una sorprendente: por primera vez en la historia, un árbitro, Pompei, recusaba a un par, el juez de línea, Rebollo (por si usted no lo recuerda, aquel que hizo patear de nuevo el tiro libre del “Cata” Díaz el día en que Boca, con ese gol, venció a Vélez en Liniers por 3 a 2 y avanzó hacia el campeonato). Pompei envió una carta al colegio de árbitros en la que pide no dirigir más junto a Rebollo. Como si esto fuera poco, el ahora retirado del arbitraje “sargento” Giménez, con la libertad que le da su condición, declaró a Clarín que “que Pompei haya pedido no dirigir más con el asistente Rebollo estuvo bien. Nadie lo quiere, hace muchas macanas y siempre a favor de los mismos clubes” (Clarín, 16/9/07). (El resaltado es mío)
Estas declaraciones me impactaron: por primera vez alguien (y en este caso un ex árbitro) afirma que los malos arbitrajes no son sólo producto de errores humanos. Por primera vez alguien duda de la honestidad moral de un árbitro. Era hora ya. Como comenté en un artículo anterior, siempre me pareció sospechoso que nunca se pusiera en tela de juicio la calidad moral de un árbitro. Estos siempre son presentados como demasiados humanos, nunca corruptos. Ahora, un ex compañero lo afirma.
En el ámbito dirigencial, el presidente de independiente, Julio Comparada, tuvo las agallas que otros no tienen, pegó un portazo y anunció que no votará por la reelección de Grondona. Está claro que Grondona ganará igual porque no hay candidato opositor pero más allá de eso, sentar precedente en contra es un paso importante (la única vez que Grondona tuvo un rival a la presidencia de la AFA fue en 1991. Allí los resultados arrojaron 39 votos para Grondona y 1 para Nitti).
En esta línea, el técnico campeón del mundo, Bilardo, deslizando la posibilidad de presentarse como candidato a la presidencia de la AFA, algo que luego desestimó, también salió al cruce de Grondona y aseveró: “la solución de la AFA es que Grondona (Julio) se vaya de la conducción (…) los clubes están fundidos, no tienen plata ni para comprar pasto (para las canchas). El día que se vaya Grondona se solucionarán muchos problemas del fútbol argentino. Si no hay un cambio pronto, el fútbol se va a la m... Es una vergüenza (…) Los 20 clubes más fuertes apoyan esta conducción. Todos son un voto cantado. Intentar ser presidente (de ese organismo) es como darse contra la pared. (…) Si votarán los 2.800 clubes del país no habría problemas, gano... Pero solamente votan 49. Los de Primera están todos comprometidos con la AFA, porque temen que el Tribunal de Penas los pueda perjudicar; tienen miedo que les pongan los árbitros que no quieren, prefieren cuidar los gerenciamientos. Todo un ’viva la pepa’". (La nación, 26/9/07)
Tal vez yo sea algo ingenuo pero todas estas declaraciones me sorprenden. Es de las pocas veces que tantas voces propias del fútbol coinciden, y desde dentro de la corporación, se animan a decir lo que uno, claro, suponía: hay arreglos con árbitros, una política de favorecimiento de los gerenciamientos, se beneficia a determinadas camisetas y existe una estructura mafiosa que asfixia al fútbol.
Para ser honesto, yo no creo que estemos en un estadio prerrevolucionaro donde el pueblo del fútbol, con una bandera roja de Comparada con una boina y liderado por un ex sargento saque a Grondona de la AFA y lo cuelgue en la plaza, pero, estas fisuras en el bloque homogéneo que protege el negocio del fútbol, al menos son señales de cambio que permiten observar el futuro con una pequeña, pero cuota al fin, de optimismo.
domingo, 16 de septiembre de 2007
El Estado, el gasto público y la inflación
Mientras aguardo desde hace ya unos meses el cumplimiento de la, por definición, siempre pasible de ser corroborada profecía de accidente aéreo de Piñeiro y temo que unas valijas voladoras implosionen la tensa calma de nuestro país generando un nuevo 20 de diciembre, previo a mi llegada al kiosco de diarios donde Perfil seguramente señalará un presunto hecho de corrupción del gobierno y antojado como estaba de almorzar una ensalada mixta, caigo en la cuenta del precio del tomate perita: 8 pesos. Para corroborar mi percepción no tuve mejor idea que postergar mi antojo y llegar hasta el kiosco para llevarme la edición dominical del 16/9/07 de Clarín. Ahí me di cuenta que el tema de la semana era la inflación. No hace falta ser muy observador para darse cuenta de ello. Basta simplemente hacer un repaso por el cuerpo principal del diario y sus títulos. Así, en la tapa puede leerse: “También el Estado siente una mayor inflación al comprar”; en la página 8 “La oposición pegó por el alza de precios”; en la 9, unas declaraciones de Lavagna que indican “Hay que desplazar del INDEC a los políticos” y unas de Prat Gay que atacan el desmedido crecimiento del PBI por el riesgo de inflación que éste acarrea ; en la 11, una nota sobre el presupuesto 2008 donde Sarghini, Melconián y otros señalan que el principal problema del presupuesto es que prevé una inflación por debajo de la real; en la 19 una nota cuyo título es “Estatales o privados, los jubilados pierden contra la inflación”; en la 23 otra nota que indirectamente apunta al tema de fondo: “Duro ataque de Greenspan a Bush por su indisciplina fiscal”; en la 28, el editorial cuyo título reza “La inflación y la responsabilidad compartida” y en la 32-33 el desarrollo de la nota de tapa cuyo título resulta sutilmente diferente: ya no se dice que el Estado también gasta más sino que “Al comprar, el Estado sufre más inflación de la que admite”.
Lo que desarrollaré a continuación no tiene como eje principal la forma en que los medios resultan formadores de opinión e instaladores de agenda (especialmente los medios gráficos). Eso resultaría una obviedad. Se trata más bien, simplemente, de hacer algunos comentarios acerca del tema de la semana, simplemente para estar en sintonía con la realidad.
Más allá de la contienda electoral en la cual oficialistas y opositores intentan sacar tajada, existe, claro está, un elemento ideológico conceptual detrás de la discusión sobre la inflación. Al fin de cuentas, tanto en los años previos a la crisis del año 29 como a partir de los 90, la idea libertaria plasmada por Williamson en el “Consenso de Washington” de un Estado mínimo cuya intervención en el mercado es siempre dañina, estuvo a la orden del día. Claro está que las crisis mexicana, la de los tigres asiáticos, la de Rusia y la de Brasil y el aumento de la conflictividad social en los países emergentes produjo un viraje hacia políticas algo menos optimistas respecto de la globalización y con un perfil, presuntamente, más redistributivo. Más allá de ello, ha quedado en el imaginario popular y dirigencial tras las políticas que hicieron eclosión a fines de los 60 (lo cual tal vez sea bueno) la idea de que los Estados deben mantener los superávit gemelos de cuenta corriente y fiscal. Si bien en Argentina las importaciones están creciendo, la ventaja competitiva hace que todavía no se haga hincapié en la cuenta corriente. De aquí que todo recaiga en el gasto fiscal y el aparente riesgo de un ensanchamiento del Estado. Cabe mencionar por cierto, que detrás de esta alarma existe un presupuesto discutible acerca de que el gran causante de inflación es el déficit fiscal. Pero aún concediendo eso, ¿es tan preocupante la inflación como dejó entrever Redrado hace unos días? Tal vez la respuesta sea sí y no. Por un lado, está claro que la inflación es el precio que se debe pagar por un crecimiento fenomenal como el que ostenta nuestra economía. A su vez, si bien la inflación afecta a los ciudadanos deteriorando su poder de compra real, la reactivación ha hecho que, desde la devaluación, al menos los sectores de trabajadores “en blanco”, hayan conseguido aumentos que se encuentran por encima del índice de inflación. Sin embargo, también debería decirse que una inflación que supere el 20 % anual licuaría los aumentos de sueldos (además de afectar a la gran porción de los trabajadores en negro) y las ventajas competitivas de las exportaciones lo cual conllevaría la necesidad de subir el dólar obligando al BCRA a seguir comprando dólares para disminuir la oferta al precio de una mayor emisión de pesos y la creación de bonos. A su vez, como ya sabemos, un elemento que escapa al análisis macroeconómico tiene que ver con la idiosincrasia propia de un pueblo como el argentino que ante cualquier mínima suba del precio del dólar estalla en histeria generalizada y estampida.
Si a este contexto le sumamos el dato de que en el primer semestre de 2007 el gasto público aumentó un 43% y la recaudación sólo un 32%, parece haber razones para preocuparse más allá de que el superávit sigue otorgando un amplio margen de maniobra.
Pero me gustaría traer a colación algunos datos que Roberto Navarro recoge de la CEPAL y que son publicados en el suplemento Cash de este mismo domingo (16/9/07). Estos datos resultan interesantes para, como indica la nota, derribar algunos mitos, a saber: El Estado argentino es un monstruo gigante, amorfo y despilfarrador de recursos. Frente a esto notamos que salvo Chile, un país con una sostenida política neoliberal a lo largo de décadas, el Estado argentino es, en Latinoamérica, el que menos gasta en relación a su PBI. Así, el gasto público en Argentina en 2006 fue de 19,3 del PBI frente al promedio de la región que es de 25,2. Asimismo, si algún malicioso quisiera notar que los países de Latinoamérica no son justamente ejemplos de prosperidad, pongamos el acento en Europa. Allí el promedio del gasto público es de 40% del PBI y en Francia, Italia y Alemania llega al 53%, 50% y 45% respectivamente.
Por otra parte, otro mito que suele esgrimirse y que puede ser derribado por los datos, refiere a la cantidad de empleados públicos. Se dice, a veces con verdad, que al menos en muchas provincias, no hay inversión privada y existe una gran masa de empleados públicos que en tanto tales son dependientes y pasibles de sufrir una relación clientelar con el gobierno de turno. En este sentido, debería decirse que en Argentina sólo el 4,9% de la población es empleado del Estado. Se trata, claramente, de un porcentaje mucho menor en comparación con países como Noruega, Estados Unidos o Brasil que ostentan un 16,7%, un 12,1% y un 7,7% respectivamente.
Lamentablemente, la torpeza del gobierno al intervenir el INDEC y al dar a conocer números que no sólo resultan falsos sino que dan lugar a que cualquier consultora poco seria construya números también falsos acordes al candidato contratante, ha desviado el foco de atención que más que entrar en la batalla técnica acerca de cómo medir un índice, debería estar puesto en el debate en torno a la importancia del rol protagónico del Estado a la hora de la reactivación de la economía y la redistribución de la riqueza.
Lo que desarrollaré a continuación no tiene como eje principal la forma en que los medios resultan formadores de opinión e instaladores de agenda (especialmente los medios gráficos). Eso resultaría una obviedad. Se trata más bien, simplemente, de hacer algunos comentarios acerca del tema de la semana, simplemente para estar en sintonía con la realidad.
Más allá de la contienda electoral en la cual oficialistas y opositores intentan sacar tajada, existe, claro está, un elemento ideológico conceptual detrás de la discusión sobre la inflación. Al fin de cuentas, tanto en los años previos a la crisis del año 29 como a partir de los 90, la idea libertaria plasmada por Williamson en el “Consenso de Washington” de un Estado mínimo cuya intervención en el mercado es siempre dañina, estuvo a la orden del día. Claro está que las crisis mexicana, la de los tigres asiáticos, la de Rusia y la de Brasil y el aumento de la conflictividad social en los países emergentes produjo un viraje hacia políticas algo menos optimistas respecto de la globalización y con un perfil, presuntamente, más redistributivo. Más allá de ello, ha quedado en el imaginario popular y dirigencial tras las políticas que hicieron eclosión a fines de los 60 (lo cual tal vez sea bueno) la idea de que los Estados deben mantener los superávit gemelos de cuenta corriente y fiscal. Si bien en Argentina las importaciones están creciendo, la ventaja competitiva hace que todavía no se haga hincapié en la cuenta corriente. De aquí que todo recaiga en el gasto fiscal y el aparente riesgo de un ensanchamiento del Estado. Cabe mencionar por cierto, que detrás de esta alarma existe un presupuesto discutible acerca de que el gran causante de inflación es el déficit fiscal. Pero aún concediendo eso, ¿es tan preocupante la inflación como dejó entrever Redrado hace unos días? Tal vez la respuesta sea sí y no. Por un lado, está claro que la inflación es el precio que se debe pagar por un crecimiento fenomenal como el que ostenta nuestra economía. A su vez, si bien la inflación afecta a los ciudadanos deteriorando su poder de compra real, la reactivación ha hecho que, desde la devaluación, al menos los sectores de trabajadores “en blanco”, hayan conseguido aumentos que se encuentran por encima del índice de inflación. Sin embargo, también debería decirse que una inflación que supere el 20 % anual licuaría los aumentos de sueldos (además de afectar a la gran porción de los trabajadores en negro) y las ventajas competitivas de las exportaciones lo cual conllevaría la necesidad de subir el dólar obligando al BCRA a seguir comprando dólares para disminuir la oferta al precio de una mayor emisión de pesos y la creación de bonos. A su vez, como ya sabemos, un elemento que escapa al análisis macroeconómico tiene que ver con la idiosincrasia propia de un pueblo como el argentino que ante cualquier mínima suba del precio del dólar estalla en histeria generalizada y estampida.
Si a este contexto le sumamos el dato de que en el primer semestre de 2007 el gasto público aumentó un 43% y la recaudación sólo un 32%, parece haber razones para preocuparse más allá de que el superávit sigue otorgando un amplio margen de maniobra.
Pero me gustaría traer a colación algunos datos que Roberto Navarro recoge de la CEPAL y que son publicados en el suplemento Cash de este mismo domingo (16/9/07). Estos datos resultan interesantes para, como indica la nota, derribar algunos mitos, a saber: El Estado argentino es un monstruo gigante, amorfo y despilfarrador de recursos. Frente a esto notamos que salvo Chile, un país con una sostenida política neoliberal a lo largo de décadas, el Estado argentino es, en Latinoamérica, el que menos gasta en relación a su PBI. Así, el gasto público en Argentina en 2006 fue de 19,3 del PBI frente al promedio de la región que es de 25,2. Asimismo, si algún malicioso quisiera notar que los países de Latinoamérica no son justamente ejemplos de prosperidad, pongamos el acento en Europa. Allí el promedio del gasto público es de 40% del PBI y en Francia, Italia y Alemania llega al 53%, 50% y 45% respectivamente.
Por otra parte, otro mito que suele esgrimirse y que puede ser derribado por los datos, refiere a la cantidad de empleados públicos. Se dice, a veces con verdad, que al menos en muchas provincias, no hay inversión privada y existe una gran masa de empleados públicos que en tanto tales son dependientes y pasibles de sufrir una relación clientelar con el gobierno de turno. En este sentido, debería decirse que en Argentina sólo el 4,9% de la población es empleado del Estado. Se trata, claramente, de un porcentaje mucho menor en comparación con países como Noruega, Estados Unidos o Brasil que ostentan un 16,7%, un 12,1% y un 7,7% respectivamente.
Lamentablemente, la torpeza del gobierno al intervenir el INDEC y al dar a conocer números que no sólo resultan falsos sino que dan lugar a que cualquier consultora poco seria construya números también falsos acordes al candidato contratante, ha desviado el foco de atención que más que entrar en la batalla técnica acerca de cómo medir un índice, debería estar puesto en el debate en torno a la importancia del rol protagónico del Estado a la hora de la reactivación de la economía y la redistribución de la riqueza.
miércoles, 5 de septiembre de 2007
Oposiciones
El domingo 2 de septiembre se eligió gobernador en dos provincias que sumadas representan el 20% del electorado nacional. En este sentido, Córdoba y Santa fe son los distritos más importantes después de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. De aquí que el resultado de la elección fuese observado con especial atención por la ciudadanía, los medios y los políticos a menos de dos meses de una elección presidencial.
Tanto en las elecciones de este último fin de semana como en las que se desarrollaron a lo largo del año en las diferentes provincias la ecuación parecía ser “¿gana o pierde Kirchner?” y planteado en esos términos podría decirse que los resultados muestran una leve supremacía del sector kirchnerista y sus aliados: radicalismo k en Catamarca y Río Negro; Kirchnerismo en Entre Ríos, San Juan, La Rioja, Tucumán y Córdoba; Movimiento Popular Neuquino en Neuquén; PRO en Ciudad de Buenos Aires; ARI en Tierra del Fuego; Saáismo en San Luis; Socialismo en Santa fe.
Una lectura optimista de la oposición sería que el Frente para la Victoria (o su sello equivalente) sólo triunfó en 5 provincias y que para ganar otras dos tuvo que aliarse con el radicalismo. De aquí se sigue que en una matemática algo simple se pueda oír a algún comunicador o a algún político decir que “la cosa viene pareja”.
Sobre este punto quiero señalar dos errores bastante obvios: el primero es suponer que los votos obtenidos por candidatos opositores al gobierno en una elección provincial para gobernador se trasladan automáticamente al candidato presidencial de la fuerza en cuestión sea Lavagna, López Murphy o Carrió. El segundo error, por su parte, supone que la oposición es un todo homogéneo y que la elección presidencial se resuelve entre kirchneristas y antikirchneristas.
Resultan casi torpes los errores señalados sin embargo, interesada o ingenuamente, con distintos formatos, se repiten en analistas y políticos (Recordemos, por ejemplo, que el triunfo del “No” a la reforma en Misiones se lo quiso hacer ver como el comienzo de la debacle kirchnerista en manos de una robusta oposición encabezada por un cura).
Respecto del primer error, debemos señalar más que nunca que las últimas elecciones muestran que existe un microclima regional que generalmente se encuentra desvinculado de la elección nacional. De hecho incluso en las elecciones en los territorios más grandes y, por ello, aparentemente más comprometidos con la elección nacional, resultó claro el modo en que, por ejemplo, tanto Binner como Macri apuntaron a “no nacionalizar la elección”. En esta línea no debe sorprender la aparición, en la retórica discursiva de los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires, del término “vecino” cuyo particularismo parece profundamente contradictorio con la idea de ciudad cosmopolita y anónima con la que comúnmente se señala a Buenos Aires.
Este acento en la particularidad de la región y la imposibilidad de traccionar votos es la que permite entender por qué López Murphy, el candidato apoyado por PRO tras obtener 61% en el ballotage de Capital, apenas tiene el 3% de intención de voto (por cierto llama la atención la exposición mediática que posee un candidato con tan poco apoyo de la ciudadanía).
Si bien, como indiqué antes, resulta demasiado claro este fenómeno, los candidatos parecen disputarse el capital simbólico de los triunfadores. Así, Cristina ha apoyado a más de uno de los candidatos en una estrategia pocas veces vista y los opositores se encuentran deseosos de ser “los padres de la criatura” de cualquier buen desempeño electoral . Así resulta que ahora el triunfo de Binner en realidad le corresponde a Carrió a pesar de que hasta hace poco realizó un infructuoso intento de alianza con López Murphy (personaje que está dentro de los “límites morales” de la Coalición, algo que no sucede con Macri quien aparentemente estaría del otro lado del límite a pesar de haber formado alianza con el ex Jefe de FIEL) y a pesar de las vinculaciones con el cardenal Bergoglio cuyo pensamiento se encuentra reñido con el socialismo en varios aspectos. De nada parece haber servido las excelentes administraciones del socialismo en la Ciudad de Rosario ni el trabajo de años llevado a cabo por el partido en la provincia que sólo pudo ser neutralizado por las injusticias que reinaban con el antiguo sistema electoral santafesino reformado para esta ocasión. Incluso Lavagna, algún radical y hasta la defensora de los intereses del campo, Alarcón, quisieron subirse y adjudicarse parte del triunfo socialista en Santa Fe. Así ha sucedido con el resto de las provincias: cualquier migaja es bienvenida especialmente en un contexto donde la oposición hace un papel patético en que desfilan candidatos que no superan el 5% y luego buscan aliarse y negociar un espacio en las listas de diputados y senadores.
En cuanto al segundo error, esto es, la suposición de que la oposición es un todo homogéneo que permite interpretar los resultados eleccionarios en clave “kirchneristas vs antikirchneristas” algunas cosas ya se han dicho en el párrafo anterior pero podemos profundizar algo más. Por lo pronto, afirmar que, como indican todas las encuestas, la candidata oficialista ganará en las elecciones apoyada también, evidentemente, por sectores que en la elección provincial votaron por un candidato no oficialista. Esto muestra que no sólo desde algunos sectores políticos sino desde la propia ciudadanía se impulsa y se ejerce una transversalidad de hecho lo cual resulta positivo. Esto abre un espacio interesante porque, sea desde la ciudadanía sea desde el plano de la dirigencia política, se comienza a entender que ser oposición no significa ser anti oficialista recalcitrante al estilo de ciertos sectores de una derecha rezongona que aglutina sectores tan diversos como la iglesia, el campo, varios multimedios, cierta clase alta, algunos profetas de la mano dura y desangelados revolucionarios trasnochados. En este sentido celebro la actitud del socialismo de buscar transformarse en una oposición crítica y reflexiva que en algunos casos se acerca al gobierno como es el ejemplo de la estratégica posición cercana al Jefe de Gabinete que ocupa el recién asumido Rivas. En esa línea también es para rescatar el discurso de Binner que sin decir “eso no es PRO” se opuso a los silbidos que sus partidarios le profesaban a Obeid y a Kirchner.
El triunfo de Binner, entonces, muestra que más que “oposición” existen “oposiciones” que, por suerte, no son lo mismo. En este sentido, frente a la mezquindad de los opositores que buscan sacar rédito político de cualquier hecho, parece haber otros que prefieren mantener una actitud crítica basada en convicciones, algo que, a veces, supone, a pesar de tener un costo político, acompañar las políticas o decisiones del gobierno que se considere acertadas.
Tanto en las elecciones de este último fin de semana como en las que se desarrollaron a lo largo del año en las diferentes provincias la ecuación parecía ser “¿gana o pierde Kirchner?” y planteado en esos términos podría decirse que los resultados muestran una leve supremacía del sector kirchnerista y sus aliados: radicalismo k en Catamarca y Río Negro; Kirchnerismo en Entre Ríos, San Juan, La Rioja, Tucumán y Córdoba; Movimiento Popular Neuquino en Neuquén; PRO en Ciudad de Buenos Aires; ARI en Tierra del Fuego; Saáismo en San Luis; Socialismo en Santa fe.
Una lectura optimista de la oposición sería que el Frente para la Victoria (o su sello equivalente) sólo triunfó en 5 provincias y que para ganar otras dos tuvo que aliarse con el radicalismo. De aquí se sigue que en una matemática algo simple se pueda oír a algún comunicador o a algún político decir que “la cosa viene pareja”.
Sobre este punto quiero señalar dos errores bastante obvios: el primero es suponer que los votos obtenidos por candidatos opositores al gobierno en una elección provincial para gobernador se trasladan automáticamente al candidato presidencial de la fuerza en cuestión sea Lavagna, López Murphy o Carrió. El segundo error, por su parte, supone que la oposición es un todo homogéneo y que la elección presidencial se resuelve entre kirchneristas y antikirchneristas.
Resultan casi torpes los errores señalados sin embargo, interesada o ingenuamente, con distintos formatos, se repiten en analistas y políticos (Recordemos, por ejemplo, que el triunfo del “No” a la reforma en Misiones se lo quiso hacer ver como el comienzo de la debacle kirchnerista en manos de una robusta oposición encabezada por un cura).
Respecto del primer error, debemos señalar más que nunca que las últimas elecciones muestran que existe un microclima regional que generalmente se encuentra desvinculado de la elección nacional. De hecho incluso en las elecciones en los territorios más grandes y, por ello, aparentemente más comprometidos con la elección nacional, resultó claro el modo en que, por ejemplo, tanto Binner como Macri apuntaron a “no nacionalizar la elección”. En esta línea no debe sorprender la aparición, en la retórica discursiva de los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires, del término “vecino” cuyo particularismo parece profundamente contradictorio con la idea de ciudad cosmopolita y anónima con la que comúnmente se señala a Buenos Aires.
Este acento en la particularidad de la región y la imposibilidad de traccionar votos es la que permite entender por qué López Murphy, el candidato apoyado por PRO tras obtener 61% en el ballotage de Capital, apenas tiene el 3% de intención de voto (por cierto llama la atención la exposición mediática que posee un candidato con tan poco apoyo de la ciudadanía).
Si bien, como indiqué antes, resulta demasiado claro este fenómeno, los candidatos parecen disputarse el capital simbólico de los triunfadores. Así, Cristina ha apoyado a más de uno de los candidatos en una estrategia pocas veces vista y los opositores se encuentran deseosos de ser “los padres de la criatura” de cualquier buen desempeño electoral . Así resulta que ahora el triunfo de Binner en realidad le corresponde a Carrió a pesar de que hasta hace poco realizó un infructuoso intento de alianza con López Murphy (personaje que está dentro de los “límites morales” de la Coalición, algo que no sucede con Macri quien aparentemente estaría del otro lado del límite a pesar de haber formado alianza con el ex Jefe de FIEL) y a pesar de las vinculaciones con el cardenal Bergoglio cuyo pensamiento se encuentra reñido con el socialismo en varios aspectos. De nada parece haber servido las excelentes administraciones del socialismo en la Ciudad de Rosario ni el trabajo de años llevado a cabo por el partido en la provincia que sólo pudo ser neutralizado por las injusticias que reinaban con el antiguo sistema electoral santafesino reformado para esta ocasión. Incluso Lavagna, algún radical y hasta la defensora de los intereses del campo, Alarcón, quisieron subirse y adjudicarse parte del triunfo socialista en Santa Fe. Así ha sucedido con el resto de las provincias: cualquier migaja es bienvenida especialmente en un contexto donde la oposición hace un papel patético en que desfilan candidatos que no superan el 5% y luego buscan aliarse y negociar un espacio en las listas de diputados y senadores.
En cuanto al segundo error, esto es, la suposición de que la oposición es un todo homogéneo que permite interpretar los resultados eleccionarios en clave “kirchneristas vs antikirchneristas” algunas cosas ya se han dicho en el párrafo anterior pero podemos profundizar algo más. Por lo pronto, afirmar que, como indican todas las encuestas, la candidata oficialista ganará en las elecciones apoyada también, evidentemente, por sectores que en la elección provincial votaron por un candidato no oficialista. Esto muestra que no sólo desde algunos sectores políticos sino desde la propia ciudadanía se impulsa y se ejerce una transversalidad de hecho lo cual resulta positivo. Esto abre un espacio interesante porque, sea desde la ciudadanía sea desde el plano de la dirigencia política, se comienza a entender que ser oposición no significa ser anti oficialista recalcitrante al estilo de ciertos sectores de una derecha rezongona que aglutina sectores tan diversos como la iglesia, el campo, varios multimedios, cierta clase alta, algunos profetas de la mano dura y desangelados revolucionarios trasnochados. En este sentido celebro la actitud del socialismo de buscar transformarse en una oposición crítica y reflexiva que en algunos casos se acerca al gobierno como es el ejemplo de la estratégica posición cercana al Jefe de Gabinete que ocupa el recién asumido Rivas. En esa línea también es para rescatar el discurso de Binner que sin decir “eso no es PRO” se opuso a los silbidos que sus partidarios le profesaban a Obeid y a Kirchner.
El triunfo de Binner, entonces, muestra que más que “oposición” existen “oposiciones” que, por suerte, no son lo mismo. En este sentido, frente a la mezquindad de los opositores que buscan sacar rédito político de cualquier hecho, parece haber otros que prefieren mantener una actitud crítica basada en convicciones, algo que, a veces, supone, a pesar de tener un costo político, acompañar las políticas o decisiones del gobierno que se considere acertadas.
lunes, 13 de agosto de 2007
La ciudad autónoma y la policía. Acerca de la relación entre derecho, moral y política
A lo largo de toda la campaña para la elección de Jefe de gobierno porteño y legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los puntos salientes de la agenda era la necesidad de derogar la ley Cafiero y hacer que la policía pase a manos de la Ciudad. Se decía, seguramente con razón, que una ciudad, para ser efectivamente autónoma, tiene que disponer un poder de policía propio. Todos los candidatos exigían al gobierno nacional este traspaso (incluso el candidato del gobierno nacional, Daniel Filmus) y hasta el jefe de gobierno en ejercicio, Jorge Telerman, había propuesto un referéndum no vinculante a realizarse el mismo día del ballotage.
Creo estar en condiciones de afirmar que no existía ni existe un clamor popular de la ciudadanía a favor del traspaso de la policía. Sin embargo, todos los gobiernos que habían gobernado la ciudad, es decir, tanto de De la Rúa como Ibarra, habían hecho, con mayor o menor énfasis, está reivindicación. Ibarra llegó incluso a crear una suerte de órgano paralelo llamado “Guardia Urbana” que nunca tuvo en claro cuáles eran ni sus atribuciones ni sus límites. Así la Guardia Urbana fue sólo un conjunto de muchachos voluntariosos que se paraban en las esquinas del centro de la ciudad para sugerirle a la gente que cruce por la senda peatonal.
Pero tras años de desaires y evasivas de los gobiernos nacionales respecto a las exigencias de los Jefes de gobierno de la Ciudad, Kirchner asumió durante la campaña y refrendó algunos días después en una reunión con un Macri ya electo, la decisión política de otorgarle la policía a la Ciudad. Claro está que resta definir un detalle no menor, esto es, ¿se traslada la policía con o sin el presupuesto? El PRO cree que constitucionalmente lo correcto sería el traspaso de la policía con el presupuesto pero representantes de las provincias argentinas (especialmente los oficialistas) no están dispuestos a ello ya que afirman que de este modo éstas estarían subsidiando un gasto que es de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, estos episodios desvían la atención hacia la que, considero, es una pregunta anterior que se debe hacer. Esta es: ¿para qué sirve que la policía pase a manos de la Ciudad? Está claro que el requerimiento tiene que ver con la autonomía y con la idea de que ésta es al menos insuficiente si el poder coercitivo se encuentra comandado por el gobierno nacional sea del partido que sea. Pero más allá de esta atendible razón, ¿debemos suponer que cuando, de repente, la policía con o sin presupuesto, pase a manos de la ciudad, se transformará en una buena policía? ¿Disminuirán los delitos? ¿Será una policía menos corrupta? En síntesis, ¿el problema de la policía es jurisdiccional? Honestamente creo que no y quizás, esta vez, el sentido común y el escepticismo de la gente haya acertado al suponer que difícilmente las cosas cambien porque la policía federal pase a llamarse “De la ciudad”. En este sentido, si Macri decide llamar a un plebiscito como forma de presión o convocar una marcha, como ha amenazado, creo que el resultado va a ser como mínimo la apatía y el desinterés.
Pero el hecho de hablar en términos jurisdiccionales y plantear la pregunta acerca de qué tipos de cambio pueden darse en la policía, nos deja abierto el camino para tematizar el vínculo entre el derecho y la política.
Tomaré un ejemplo para ganar en claridad: en los últimos años una de las frases más repetida por la clase política es “las leyes ya están, sólo hay que hacerlas respetar”. Generalmente es un eslogan de candidatos de derecha pero podemos hacerlo extensivo a la gran mayoría de la clase política. Tanto se ha generalizado esta idea que incluso candidatos a legisladores la repiten y la hacen eje de campaña desconociendo que si así fuese no tendría sentido votarlos porque no habría razón para formar parte de un cuerpo legislativo con dotes divinos que ya ha sancionado “todas las leyes necesarias”.
Seguramente hay leyes que están y otras que se irán creando conforme las necesidades de la ciudadanía. De cumplir las leyes que ya están se ocupan los jueces tomando decisiones que nunca se encuentran desvinculadas del poder político de una u otra forma. Con esta afirmación no quiero decir que el sistema judicial argentino está cooptado por el gobierno de Kirchner sino que hay un elemento inherente a las decisiones judiciales en cualquier sistema jurídico del mundo vinculado a la moral y a la política. De este modo las leyes están pero algunos jueces las interpretan según su canon de moralidad (pensemos cuando un juez impidió que una retrasada mental violada se hiciera un aborto); y las leyes están pero la decisión política del gobierno de turno las impulsa o las archiva en un cajón (pensemos en la decisión de este gobierno de avanzar contra la ley de punto final y contra el indulto)
Existe una vasta bibliografía académica que da cuenta de este debate pero por lo pronto diremos que parece difícil defender una postura estrictamente positivista que desvincule absolutamente al derecho de la moral y la política.
Sobre este punto quiero detenerme porque uno de los políticos que más ha repetido la frase “las leyes ya están, sólo hay que hacerlas respetar” es el futuro secretario de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el macrista Eugenio Burzaco. Éste no se cansó de repetir esta frase ante la insistencia de periodistas que necesitaban saber qué iba a hacer el gobierno frente a los piqueteros. “¿Qué va a hacer el gobierno de la Ciudad frente los piqueteros?”, preguntaban los incisivos periodistas. “Respetar la ley existente” repetía Burzaco.
La pregunta que yo haría entonces es ¿cuál de las leyes existentes se va a respetar? ¿La que garantiza a los ciudadanos el libre tránsito o la que garantiza el derecho a la protesta y la manifestación?
Una vez que reconozcamos que la respuesta a este tipo de preguntas excede los límites del Derecho, y se resuelve también desde la moral pero, especialmente, desde el poder político, podemos encontrar alguna buena razón para discutir cuán beneficioso será y cuáles serán las consecuencias que traerá el traslado de la policía a la Ciudad.
Creo estar en condiciones de afirmar que no existía ni existe un clamor popular de la ciudadanía a favor del traspaso de la policía. Sin embargo, todos los gobiernos que habían gobernado la ciudad, es decir, tanto de De la Rúa como Ibarra, habían hecho, con mayor o menor énfasis, está reivindicación. Ibarra llegó incluso a crear una suerte de órgano paralelo llamado “Guardia Urbana” que nunca tuvo en claro cuáles eran ni sus atribuciones ni sus límites. Así la Guardia Urbana fue sólo un conjunto de muchachos voluntariosos que se paraban en las esquinas del centro de la ciudad para sugerirle a la gente que cruce por la senda peatonal.
Pero tras años de desaires y evasivas de los gobiernos nacionales respecto a las exigencias de los Jefes de gobierno de la Ciudad, Kirchner asumió durante la campaña y refrendó algunos días después en una reunión con un Macri ya electo, la decisión política de otorgarle la policía a la Ciudad. Claro está que resta definir un detalle no menor, esto es, ¿se traslada la policía con o sin el presupuesto? El PRO cree que constitucionalmente lo correcto sería el traspaso de la policía con el presupuesto pero representantes de las provincias argentinas (especialmente los oficialistas) no están dispuestos a ello ya que afirman que de este modo éstas estarían subsidiando un gasto que es de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, estos episodios desvían la atención hacia la que, considero, es una pregunta anterior que se debe hacer. Esta es: ¿para qué sirve que la policía pase a manos de la Ciudad? Está claro que el requerimiento tiene que ver con la autonomía y con la idea de que ésta es al menos insuficiente si el poder coercitivo se encuentra comandado por el gobierno nacional sea del partido que sea. Pero más allá de esta atendible razón, ¿debemos suponer que cuando, de repente, la policía con o sin presupuesto, pase a manos de la ciudad, se transformará en una buena policía? ¿Disminuirán los delitos? ¿Será una policía menos corrupta? En síntesis, ¿el problema de la policía es jurisdiccional? Honestamente creo que no y quizás, esta vez, el sentido común y el escepticismo de la gente haya acertado al suponer que difícilmente las cosas cambien porque la policía federal pase a llamarse “De la ciudad”. En este sentido, si Macri decide llamar a un plebiscito como forma de presión o convocar una marcha, como ha amenazado, creo que el resultado va a ser como mínimo la apatía y el desinterés.
Pero el hecho de hablar en términos jurisdiccionales y plantear la pregunta acerca de qué tipos de cambio pueden darse en la policía, nos deja abierto el camino para tematizar el vínculo entre el derecho y la política.
Tomaré un ejemplo para ganar en claridad: en los últimos años una de las frases más repetida por la clase política es “las leyes ya están, sólo hay que hacerlas respetar”. Generalmente es un eslogan de candidatos de derecha pero podemos hacerlo extensivo a la gran mayoría de la clase política. Tanto se ha generalizado esta idea que incluso candidatos a legisladores la repiten y la hacen eje de campaña desconociendo que si así fuese no tendría sentido votarlos porque no habría razón para formar parte de un cuerpo legislativo con dotes divinos que ya ha sancionado “todas las leyes necesarias”.
Seguramente hay leyes que están y otras que se irán creando conforme las necesidades de la ciudadanía. De cumplir las leyes que ya están se ocupan los jueces tomando decisiones que nunca se encuentran desvinculadas del poder político de una u otra forma. Con esta afirmación no quiero decir que el sistema judicial argentino está cooptado por el gobierno de Kirchner sino que hay un elemento inherente a las decisiones judiciales en cualquier sistema jurídico del mundo vinculado a la moral y a la política. De este modo las leyes están pero algunos jueces las interpretan según su canon de moralidad (pensemos cuando un juez impidió que una retrasada mental violada se hiciera un aborto); y las leyes están pero la decisión política del gobierno de turno las impulsa o las archiva en un cajón (pensemos en la decisión de este gobierno de avanzar contra la ley de punto final y contra el indulto)
Existe una vasta bibliografía académica que da cuenta de este debate pero por lo pronto diremos que parece difícil defender una postura estrictamente positivista que desvincule absolutamente al derecho de la moral y la política.
Sobre este punto quiero detenerme porque uno de los políticos que más ha repetido la frase “las leyes ya están, sólo hay que hacerlas respetar” es el futuro secretario de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el macrista Eugenio Burzaco. Éste no se cansó de repetir esta frase ante la insistencia de periodistas que necesitaban saber qué iba a hacer el gobierno frente a los piqueteros. “¿Qué va a hacer el gobierno de la Ciudad frente los piqueteros?”, preguntaban los incisivos periodistas. “Respetar la ley existente” repetía Burzaco.
La pregunta que yo haría entonces es ¿cuál de las leyes existentes se va a respetar? ¿La que garantiza a los ciudadanos el libre tránsito o la que garantiza el derecho a la protesta y la manifestación?
Una vez que reconozcamos que la respuesta a este tipo de preguntas excede los límites del Derecho, y se resuelve también desde la moral pero, especialmente, desde el poder político, podemos encontrar alguna buena razón para discutir cuán beneficioso será y cuáles serán las consecuencias que traerá el traslado de la policía a la Ciudad.
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