A menos de un mes de las
elecciones, prácticamente la totalidad de las encuestas habla de un triunfo de
Daniel Scioli que no llegaría al 45% pero superaría por 10% a su inmediato
perseguidor, Mauricio Macri. En general, el resultado de estas consultas arroja
la cristalización de los votos de las PASO y apenas un reacomodamiento que, en
este caso, le permitiría al FPV alzarse con el triunfo sin tener que recurrir a
una segunda vuelta. Estos números indican que Sergio Massa resiste la
polarización y que, incluso, puede haber capitalizado algo del voto que se le
habría escurrido al PRO tras el “Niembrogate”, más allá de que todavía no le
alcance para desplazar al ex presidente de Boca del segundo puesto.
Dicho esto, me quiero detener
precisamente en la relación entre el escándalo que le costó al PRO la renuncia
del primer candidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires y la merma en
el apoyo de los electores. Dicho más fácil, todos los encuestadores coinciden
en que las groseras irregularidades de la empresa fantasma de Niembro le han
quitado votos al PRO. Entonces la primera pregunta es por qué el votante
macrista le quitó el apoyo a la escudería amarilla tras el escándalo público. ¿Usted
tiene la respuesta? Piénselo bien porque no creo que el interrogante planteado
pueda ser respondido cándidamente afirmando que, naturalmente, cualquier caso
de corrupción o incorrecto accionar de un funcionario público quita votos. La
prueba de ello es que el propio Mauricio Macri se encuentra procesado y sin
embargo ha ganado elecciones y se ha posicionado como un candidato con
posibilidades de alcanzar la presidencia. ¿Entonces por qué le quito el apoyo a
mi partido si se sospecha que uno de los candidatos recibió dinero de forma
irregular y no se lo quito si el principal referente se encuentra procesado por
escuchas ilegales?
Es muy tentador responder que a
una parte del votante PRO le indigna más que le quiten dinero de sus impuestos
que el hecho de que lo espíen aunque esa respuesta puede ser equivocada ya que
muchos de esos votantes, por ejemplo, están preocupados por la posibilidad de
que el gobierno nacional los espíe a través de la tarjeta SUBE. Al menos así lo
expresan a través de las redes sociales y sus celulares mientras dan
información y aportan selfies que
muestran desde qué lugar del país o del mundo expresan su preocupación.
Digamos entonces que es un
misterio o que probablemente haya otro montón de factores en juego. A primera
vista se me ocurre pensar que el PRO y los medios opositores, por razones
personales y de enemistad construida durante décadas, le “soltaron la mano” a
Niembro como no se la soltaron a Macri en su momento a pesar de que su
situación es infinitamente más grave que la del relator de los partidos de
fútbol y los indultos a los genocidas. En segundo lugar, los momentos son distintos
y lo que puede indignar en un determinado contexto puede no hacerlo en otro más
allá de que eso hable de cierta incoherencia. Pero como estas líneas no
intentan juzgar a nadie sino solamente explicar podemos tomar este punto como
variable. Por último, puede ser que, aunque resulte insólito para una
administración que subejecutó presupuestos de diversas áreas durante años y
tiene la decisión política de ir debilitando todo aquello vinculado a lo
público, se creó el mito de que la administración PRO en la Ciudad ha sido una
buena administración y a una buena administración le podemos permitir que espíe
pero no que robe. La protección mediática sin duda ha ayudado a construir este
“relato PRO” que se apoya en dos presupuestos del sentido común bastante
zonzos: si es ingeniero y empresario debe administrar bien y si es rico
entonces no va a robar porque no le hace falta.
Sin embargo, no se necesita realizar
ni siquiera una breve historia de la casta de empresarios que crecieron en la
Argentina a costa de los negociados con un Estado cómplice ni rebatir con
decenas de ejemplos cómo el hacerse de lo ajeno es un atributo transversal a
todas las clases sociales y está lejos de ser exclusividad de los que menos
tienen. Con todo, sin que ninguna de estas variables pueda explicar por sí
mismo el fenómeno electoral, lo cierto es que parecería que, esta vez, el PRO,
la nueva política, ha perdido votos por las mismas razones que los perdía la
vieja política, lo cual en un sentido debería preocuparnos porque hablamos de
un electorado que aparentemente avalaría un modelo de ajuste neoliberal en la
medida en que, a diferencia de lo ocurrido en los años 90, no se robe.
Pero quisiera agregar una segunda
faz del “Niembrogate” vinculado a la estrategia de esmerilar políticamente a
partir de las denuncias de corrupción. En este sentido, la oposición argentina
ha tenido algo de su propia medicina, o dicho en otras palabras, el
kirchnerismo y sus medios afines han machacado, aparentemente, con razón, sobre
la vergonzosa cadena de irregularidades alrededor de “La Usina” y luego
avanzaron hacia lo que serían otros casos de desvíos de fondo o formas
corruptas de financiar la política partidaria a través de los dineros públicos.
Sin embargo, el “denuncismo
mediático” no es propio de un kirchnerismo que apuesta a resolver
políticamente, y no judicialmente, los problemas políticos. Sí, en cambio, se
ha transformando en un modus operandi de una oposición que actúa en tándem
uniendo operaciones mediáticas realizadas por periodistas inescrupulosos,
abogaduchos de “denuncia fácil” y políticos antipolíticos que separan y luego
subordinan el Estado al Poder Judicial y sueñan con un gobierno liderado o
seleccionado por la Corte Suprema.
¿Cuánto es capaz de horadar este “denuncismo”
a un partido o a un gobierno? Es difícil saberlo pues más que hechos hay
interpretaciones. ¿Acaso el descenso desde un 54% obtenido por CFK en 2011, a
este 40% con pretensiones de 45% del FPV se explica a partir de la,
literalmente, catarata de denuncias que en los últimos 4 años han lanzado los
medios opositores? Puede ser, si bien, a juzgar por la imagen positiva que
tiene hoy, en el caso de que pudiera volver a presentarse, CFK estaría cerca
del resultado histórico de 2011. A su vez, las compulsivas denuncias, casi
todas ellas, por cierto, desestimadas por la justicia, habían empezado bastante
antes y sin embargo no impidieron aquella paliza electoral. Sí, en cambio, este
“denuncismo” es capaz de lograr dos cosas: en primer lugar, si bien todos los
casos son distintos, es capaz de dejar una mácula en el denunciado. Dicho más
específicamente, independientemente de si resulta o no culpable, Niembro habrá
quedado asociado a la corrupción de la misma manera que buena parte de la
sociedad afirma que el vicepresidente Amado Boudou es corrupto a pesar de que
la justicia no se ha expedido al respecto aún y que se encuentra en la misma
instancia judicial que Mauricio Macri, alguien que, evidentemente, no es
asociado con la corrupción. En segundo lugar, la lógica de la denuncia fácil es
efectiva en cuanto a que, a fuerza de repetición, y a fuerza de atacar a
determinadas figuras, logra que se asocie la corrupción a un partido. En otras
palabras, si el referente máximo y todos los funcionarios de un gobierno, por
ejemplo, son mediáticamente denunciados constantemente es probable que se logre
que en una parte de la población se vincule naturalmente al partido x con la corrupción. En ese sentido,
repito, el “denuncismo” es efectivo. Sin embargo, también es verdad que el
precio que se paga por la denuncia constante es, paradójicamente, la
desinformación y la impermeabilización de la audiencia pues el efecto de la
denuncia número 100 es nulo comparado con el efecto de la denuncia número 1.
Claro que a quien hace de la denuncia una estrategia política, poco le importa
este particular efecto pues de lo que se trata es de lograr una asociación
inconsciente entre el partido adversario y la corrupción. Pero lo cierto es
que, en Argentina, las denuncias obedecen no solo a necesidades políticas si no
también al sistema de producción, al formato de los medios y a la continuidad de
los programas. En este sentido, la cuenta es bastante simple: si hago un programa
de TV semanal que pretende ser de periodismo (opositor) de investigación,
necesito sostener, como mínimo, 53 denuncias por año, lo cual, sin duda,
implica que, cuando no haya nada que denunciar, habrá que inventar. Y si tengo
un diario con gente trabajando 40 horas por semana imagínese usted. Hay que
producir y la producción puede ser realidad o ficción, lo mismo da.
La consecuencia de ello es una
audiencia indignada que necesita de la denuncia diaria o semanal pero que, a su
vez, consume la denuncia como espectáculo y, en tanto tal, la consume como
puede consumir cualquier otro producto (y como contrapartida, genera “otra
audiencia” que, una vez probada la falsedad de alguna de esas denuncias, ya no
cree en ninguna). Asimismo, la maraña del presuntamente serio periodismo de
investigación, con papeles, nombres particulares, etc. hace difícil seguir la
saga. Haga la prueba y, por ejemplo, pregúntele a quien cree que Boudou es un
corrupto si sabe de qué se lo acusa y seguramente no sabrá responder.
Ya sabemos que hacer énfasis en
la corrupción es la mejor manera de no discutir modelos de país y el
kirchnerismo, que siempre se ha jactado de interesarse por esta discusión, esta
vez, se ha servido de las armas del adversario en un caso que ha horadado al
PRO, no, justamente, por la (inexistente) potencia mediática del oficialismo
sino por lo escandaloso de la irregularidad y por el nombre propio en cuestión.
Denunciadores denunciados y afectados electoralmente por la denuncia.
Paradojas, sorpresas y perplejidades del “denuncismo”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario