viernes, 2 de octubre de 2015

"Denuncismo" para todos (publicado el 1/10/15 en Veintitrés)

A menos de un mes de las elecciones, prácticamente la totalidad de las encuestas habla de un triunfo de Daniel Scioli que no llegaría al 45% pero superaría por 10% a su inmediato perseguidor, Mauricio Macri. En general, el resultado de estas consultas arroja la cristalización de los votos de las PASO y apenas un reacomodamiento que, en este caso, le permitiría al FPV alzarse con el triunfo sin tener que recurrir a una segunda vuelta. Estos números indican que Sergio Massa resiste la polarización y que, incluso, puede haber capitalizado algo del voto que se le habría escurrido al PRO tras el “Niembrogate”, más allá de que todavía no le alcance para desplazar al ex presidente de Boca del segundo puesto.
Dicho esto, me quiero detener precisamente en la relación entre el escándalo que le costó al PRO la renuncia del primer candidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires y la merma en el apoyo de los electores. Dicho más fácil, todos los encuestadores coinciden en que las groseras irregularidades de la empresa fantasma de Niembro le han quitado votos al PRO. Entonces la primera pregunta es por qué el votante macrista le quitó el apoyo a la escudería amarilla tras el escándalo público. ¿Usted tiene la respuesta? Piénselo bien porque no creo que el interrogante planteado pueda ser respondido cándidamente afirmando que, naturalmente, cualquier caso de corrupción o incorrecto accionar de un funcionario público quita votos. La prueba de ello es que el propio Mauricio Macri se encuentra procesado y sin embargo ha ganado elecciones y se ha posicionado como un candidato con posibilidades de alcanzar la presidencia. ¿Entonces por qué le quito el apoyo a mi partido si se sospecha que uno de los candidatos recibió dinero de forma irregular y no se lo quito si el principal referente se encuentra procesado por escuchas ilegales?
Es muy tentador responder que a una parte del votante PRO le indigna más que le quiten dinero de sus impuestos que el hecho de que lo espíen aunque esa respuesta puede ser equivocada ya que muchos de esos votantes, por ejemplo, están preocupados por la posibilidad de que el gobierno nacional los espíe a través de la tarjeta SUBE. Al menos así lo expresan a través de las redes sociales y sus celulares mientras dan información y aportan selfies que muestran desde qué lugar del país o del mundo expresan su preocupación.
Digamos entonces que es un misterio o que probablemente haya otro montón de factores en juego. A primera vista se me ocurre pensar que el PRO y los medios opositores, por razones personales y de enemistad construida durante décadas, le “soltaron la mano” a Niembro como no se la soltaron a Macri en su momento a pesar de que su situación es infinitamente más grave que la del relator de los partidos de fútbol y los indultos a los genocidas. En segundo lugar, los momentos son distintos y lo que puede indignar en un determinado contexto puede no hacerlo en otro más allá de que eso hable de cierta incoherencia. Pero como estas líneas no intentan juzgar a nadie sino solamente explicar podemos tomar este punto como variable. Por último, puede ser que, aunque resulte insólito para una administración que subejecutó presupuestos de diversas áreas durante años y tiene la decisión política de ir debilitando todo aquello vinculado a lo público, se creó el mito de que la administración PRO en la Ciudad ha sido una buena administración y a una buena administración le podemos permitir que espíe pero no que robe. La protección mediática sin duda ha ayudado a construir este “relato PRO” que se apoya en dos presupuestos del sentido común bastante zonzos: si es ingeniero y empresario debe administrar bien y si es rico entonces no va a robar porque no le hace falta.
Sin embargo, no se necesita realizar ni siquiera una breve historia de la casta de empresarios que crecieron en la Argentina a costa de los negociados con un Estado cómplice ni rebatir con decenas de ejemplos cómo el hacerse de lo ajeno es un atributo transversal a todas las clases sociales y está lejos de ser exclusividad de los que menos tienen. Con todo, sin que ninguna de estas variables pueda explicar por sí mismo el fenómeno electoral, lo cierto es que parecería que, esta vez, el PRO, la nueva política, ha perdido votos por las mismas razones que los perdía la vieja política, lo cual en un sentido debería preocuparnos porque hablamos de un electorado que aparentemente avalaría un modelo de ajuste neoliberal en la medida en que, a diferencia de lo ocurrido en los años 90, no se robe.
Pero quisiera agregar una segunda faz del “Niembrogate” vinculado a la estrategia de esmerilar políticamente a partir de las denuncias de corrupción. En este sentido, la oposición argentina ha tenido algo de su propia medicina, o dicho en otras palabras, el kirchnerismo y sus medios afines han machacado, aparentemente, con razón, sobre la vergonzosa cadena de irregularidades alrededor de “La Usina” y luego avanzaron hacia lo que serían otros casos de desvíos de fondo o formas corruptas de financiar la política partidaria a través de los dineros públicos.
Sin embargo, el “denuncismo mediático” no es propio de un kirchnerismo que apuesta a resolver políticamente, y no judicialmente, los problemas políticos. Sí, en cambio, se ha transformando en un modus operandi de una oposición que actúa en tándem uniendo operaciones mediáticas realizadas por periodistas inescrupulosos, abogaduchos de “denuncia fácil” y políticos antipolíticos que separan y luego subordinan el Estado al Poder Judicial y sueñan con un gobierno liderado o seleccionado por la Corte Suprema.      
¿Cuánto es capaz de horadar este “denuncismo” a un partido o a un gobierno? Es difícil saberlo pues más que hechos hay interpretaciones. ¿Acaso el descenso desde un 54% obtenido por CFK en 2011, a este 40% con pretensiones de 45% del FPV se explica a partir de la, literalmente, catarata de denuncias que en los últimos 4 años han lanzado los medios opositores? Puede ser, si bien, a juzgar por la imagen positiva que tiene hoy, en el caso de que pudiera volver a presentarse, CFK estaría cerca del resultado histórico de 2011. A su vez, las compulsivas denuncias, casi todas ellas, por cierto, desestimadas por la justicia, habían empezado bastante antes y sin embargo no impidieron aquella paliza electoral. Sí, en cambio, este “denuncismo” es capaz de lograr dos cosas: en primer lugar, si bien todos los casos son distintos, es capaz de dejar una mácula en el denunciado. Dicho más específicamente, independientemente de si resulta o no culpable, Niembro habrá quedado asociado a la corrupción de la misma manera que buena parte de la sociedad afirma que el vicepresidente Amado Boudou es corrupto a pesar de que la justicia no se ha expedido al respecto aún y que se encuentra en la misma instancia judicial que Mauricio Macri, alguien que, evidentemente, no es asociado con la corrupción. En segundo lugar, la lógica de la denuncia fácil es efectiva en cuanto a que, a fuerza de repetición, y a fuerza de atacar a determinadas figuras, logra que se asocie la corrupción a un partido. En otras palabras, si el referente máximo y todos los funcionarios de un gobierno, por ejemplo, son mediáticamente denunciados constantemente es probable que se logre que en una parte de la población se vincule naturalmente al partido x con la corrupción. En ese sentido, repito, el “denuncismo” es efectivo. Sin embargo, también es verdad que el precio que se paga por la denuncia constante es, paradójicamente, la desinformación y la impermeabilización de la audiencia pues el efecto de la denuncia número 100 es nulo comparado con el efecto de la denuncia número 1. Claro que a quien hace de la denuncia una estrategia política, poco le importa este particular efecto pues de lo que se trata es de lograr una asociación inconsciente entre el partido adversario y la corrupción. Pero lo cierto es que, en Argentina, las denuncias obedecen no solo a necesidades políticas si no también al sistema de producción, al formato de los medios y a la continuidad de los programas. En este sentido, la cuenta es bastante simple: si hago un programa de TV semanal que pretende ser de periodismo (opositor) de investigación, necesito sostener, como mínimo, 53 denuncias por año, lo cual, sin duda, implica que, cuando no haya nada que denunciar, habrá que inventar. Y si tengo un diario con gente trabajando 40 horas por semana imagínese usted. Hay que producir y la producción puede ser realidad o ficción, lo mismo da.
La consecuencia de ello es una audiencia indignada que necesita de la denuncia diaria o semanal pero que, a su vez, consume la denuncia como espectáculo y, en tanto tal, la consume como puede consumir cualquier otro producto (y como contrapartida, genera “otra audiencia” que, una vez probada la falsedad de alguna de esas denuncias, ya no cree en ninguna). Asimismo, la maraña del presuntamente serio periodismo de investigación, con papeles, nombres particulares, etc. hace difícil seguir la saga. Haga la prueba y, por ejemplo, pregúntele a quien cree que Boudou es un corrupto si sabe de qué se lo acusa y seguramente no sabrá responder.                      
Ya sabemos que hacer énfasis en la corrupción es la mejor manera de no discutir modelos de país y el kirchnerismo, que siempre se ha jactado de interesarse por esta discusión, esta vez, se ha servido de las armas del adversario en un caso que ha horadado al PRO, no, justamente, por la (inexistente) potencia mediática del oficialismo sino por lo escandaloso de la irregularidad y por el nombre propio en cuestión. Denunciadores denunciados y afectados electoralmente por la denuncia. Paradojas, sorpresas y perplejidades del “denuncismo”.