viernes, 30 de noviembre de 2012

Revisitando a los nuevos censores (publicado el 29/11/12 en Veintitrés)


Apenas dos meses atrás, en ocasión de una suerte de gran puesta en escena realizada por Eduardo Feinmann quien durante algunas horas dio a entender que el gobierno buscaba censurarlo, escribí en esta revista una nota que hacía referencia a lo que, desde mi punto de vista, eran “los nuevos censores”. Y si bien no es mi objetivo endilgarme ninguna visión profética, esta semana, lamentablemente, fuimos testigos de una prueba a favor de la que había sido mi hipótesis en aquel momento, a saber: a diferencia de la censura clásica realizada por los gobiernos utilizando el aparato estatal, los principales sujetos que llevan adelante hoy los ataques contra la libertad de expresión, son las corporaciones mediático-económicas.
En aquella nota trataba de profundizar de qué manera una corporación mediático-económica podía atentar contra la libertad de expresión y señalaba que la respuesta es bastante más compleja de lo que imaginaba. En este sentido, los intentos de acallar opiniones o expresiones disidentes respecto de los intereses de estos grupos, están dados, desde el vamos, por la posición dominante que hace que quien ose disentir con la línea editorial vea vedada la posibilidad de trabajar no sólo en la señal en cuestión sino en todas las empresas de la corporación, sea que vengan en forma de Radio, TV o Gráfica. Pero además, el poder de un grupo dominante en los medios puede ahogar la opinión diversa a través del monopolio en la producción del papel o presionando a las empresas privadas para que no inviertan publicitariamente en medios alternativos. Sin embargo, lo ocurrido apenas algunos días atrás da cuenta de que este tipo de estrategias no han sido suficientes pues insólitamente, a través de su “ejército” de abogados, el Grupo Clarín ha denunciado penalmente a funcionarios del gobierno y a periodistas por incitación a la violencia colectiva y, eventualmente, coacción agravada. El primero de los delitos tiene penas de entre 3 y 6 años; el segundo puede alcanzar un castigo de hasta 10 años. De más está decir que ninguno de ellos es excarcelable.
Los periodistas denunciados han sido el ex director del diario Tiempo Argentino, Roberto Caballero, los panelistas de 678, Sandra Russo, Orlando Barone y Edgardo Mocca, y el relator de Fútbol para Todos, Javier Vicente. Se trata, sin duda, de figuras de espacios desde los que se critica duramente a Clarín. Roberto Caballero, era el director del humilde Tiempo Argentino cuando su grupo de periodistas investigó y aportó pruebas para denunciar a Héctor Magnetto por delito de lesa humanidad en el caso de la apropiación de Papel Prensa; Sandra Russo, por su parte, es junto a Orlando Barone, la cara más representativa de 678, programa que ha incluido a Edgardo Mocca entre sus panelistas y que marcó un punto de inflexión que fracturó a la corporación periodística; por último, Javier Vicente es sólo uno de los tantos relatores de las transmisiones de fútbol en manos estatal, es decir, alguien que le pone la voz a los partidos que, en momentos de monopolio privado, sirvieron para que el grupo Clarín aniquilará la competencia del resto de los cableoperadores a lo largo del país. ¿Por qué Vicente y no otro? Porque Vicente es abiertamente kirchnerista y hasta es apodado, en su programa de radio, “el relator militante”.
Si bien la denuncia es tan descabellada que difícilmente pueda prosperar y en las horas en las que escribo esta nota se dice que, ante la reacción transversal de referentes periodísticos, los abogados del Grupo rectificarían la denuncia para incluir a los periodistas sólo como testigos, lo que hay que analizar es la carga simbólica de la acción de acusar a comunicadores por el simple hecho de verter una opinión. No me refiero solamente al carácter disciplinador y al efecto de autocensura que pueden tener este tipo de acciones cada vez que un periodista decida criticar al grupo Clarín (pues, por más que la denuncia no avance, a nadie le gusta ir a tribunales, perder tiempo, dinero y encima, al menos remotamente, tener la posibilidad de ir preso hasta 10 años). Me refiero especialmente a aquel modo mucho más solapado en la que una corporación privada de medios es capaz de censurar, en este caso, con complicidad de abogados y, eventualmente, fiscales y jueces. Ya comentaba en aquella nota de hace algunas semanas que la noción de “censura democrática” que el especialista en comunicación, Ignacio Ramonet, creara, debía profundizarse para mostrar aspectos ocultos. En otras palabras, no es simplemente que la censura ya no se hace a través de los cortes, las interrupciones y las prohibiciones sino a través de la abundancia de una información trivial que repetida hasta el hartazgo oculta la información relevante. Sin dudas esto es así. Pero hay algo más interesante aún y es que de ello se sigue que el sujeto que realiza la censura ya no es más el Estado con sus gobiernos de turnos sino los grandes grupos empresarios dueños de medios de comunicación con posición dominante. En el siglo XXI, entonces, los periodistas deben luchar mucho más contra la censura de las corporaciones hegemónicas de las cuales, generalmente, son empleados, que con las fantasías panópticas “granhermánicas” que contraponen el Estado a la libertad.
Dicho esto, como se adelantaba algunas líneas atrás, en las últimas horas varios periodistas del Grupo Clarín o medios afines ideológicamente esbozaron una declaración, no de repudio, pero al menos de desacuerdo. Celebro esta actitud. Otros ni siquiera tuvieron, ya no la dignidad, sino aunque sea la inteligencia estratégica de salir a fingir algo de independencia, condenando una acción de una torpeza flagrante. Ni eso se animaron a hacer los pusilánimes que chapotean en salmos republicanos cada vez que se ven afectados los intereses de su jefe. Seguramente son muchos de los que apoyan aquel inolvidable cartel que Magdalena Ruiz Guiñazú sostenía en el programa de Lanata aquel 13 de Mayo del “queremos preguntar”, y que rezaba “No al escrache a periodistas no oficialistas” (SIC). Evidentemente, toda una declaración de principios, y, como diría una colega, casi una manifestación de salvaje pre-freudianismo que le hizo pasar por alto que, en todo caso, ningún periodista merece escraches ni persecuciones. No importa si es  oficialista u opositor.                  
Los que hicieron mutis por el foro fueron los políticos de la oposición, salvo algunas excepciones que, también, por supuesto, son de celebrar. Por último, lamentablemente, algunos periodistas del diario La Nación vía twitter, o bien afirmaron que la denuncia tenía sentido porque los señalados no son periodistas sino meros propagandistas, o bien repudiaron la denuncia para ponerla en pie de igualdad con aquella otra denuncia que ha procesado a Roberto García y Carlos Pagni, entre otros, por espionaje.
Frente a semejantes delirios, sendos atentados de lesa lógica, cabe señalar que nadie debe ir preso por verter las opiniones que se señalan en la denuncia. Esto incluye a periodistas y a propagandistas pues lo que está en juego es el contenido de las afirmaciones y no la profesión del que las profiere. Frente a la segunda argumentación, no se trata de darle inmunidad a los periodistas per se. Pues libertad de expresión no es libertad de espionaje. Bien lo indicaba Horacio Verbitsky en la conferencia del CELS cuando afirmó que no se busca una despenalización de la incitación a la violencia o la coacción agravada puesto que pueden existir periodistas cuyas declaraciones en un futuro puedan encuadrarse en esa figura. Lejos estoy, entonces, de ofrecer una versión inmaculada del periodista. Simplemente se trata de mostrar que, en este caso, la denuncia es, como mínimo, risible.
Para concluir, volviendo a la hipótesis original, lo ocurrido esta semana no es más que una de las tantas formas en las que se ejerce la censura en estos tiempos. Una censura que ya no recorta y que no es dirigida desde un gobierno que, en el caso argentino por ejemplo, ha despenalizado el delito de calumnias e injurias. Se trata más bien de una censura que opera por saturación de información irrelevante y que es ejercida desde los directorios ejecutivos de los pulpos mediáticos privados. Este es el corazón del asunto. Todo lo demás es mera hojarasca.