viernes, 18 de septiembre de 2015

Deslegitimar de origen (publicado el 17/9/15 en Veintitrés)

Con la nota publicada el domingo 13/9/15, “¿Y si Zamora es presidente?”, el columnista Joaquín Morales Sola explicitó el plan que algunos veníamos denunciando desde el mismísimo día de la elección PASO. Por si usted no lo recuerda, aquel 9 de agosto, políticos, periodistas y cuentas de twitter de la oposición buscaron instalar que el triunfo del FPV obedecía a un fraude y, de ese modo, el gran simulacro mediático transformaba en obsoleto y antidemocrático un sistema electoral que no era ni obsoleto ni antidemocrático en las elecciones en las que triunfó la oposición. Asimismo, la vergonzosamente judicializada elección tucumana, con un pedido de no declarar ningún ganador hasta nuevo aviso, llevó al extremo el modus operandi opositor que implica utilizar jueces cómplices para dificultar el avance de las decisiones de la voluntad popular y sus representantes. Y como si esto no alcanzara, lo mismo harán con la elección chaqueña que tendrá lugar en septiembre a pesar de que en las PASO provinciales de mayo de este año, el FPV venció a toda la oposición junta por una diferencia de 23% obteniendo el apoyo de 6 de cada 10 chaqueños.
Este ataque obedece a una estrategia de esmerilamiento en aquellos distritos donde el FPV ha obtenido la diferencia clave. Pues si comparamos de dónde salieron los votos de las principales fuerzas notaremos que la Provincia de Buenos Aires y el Norte Grande le aportaron al oficialismo el 70% de su caudal y al Frente Cambiemos solo el 51%. Frente a estos datos duros, no debe extrañar que, mágicamente, desde el 9 de agosto hasta la fecha, los medios opositores no hagan otra cosa que atacar uno por uno a los gobiernos peronistas de cada uno de esos distritos. Si bien nadie puede sostener que aquellas provincias estén exentas de problemas, llama la atención que algunos medios los hayan descubierto ahora y que los distritos donde la oposición ganó, o hizo elecciones más equilibradas, no sufran denuncias ni reciban la visita de algún grupito de periodistas citadinos que utilizan “sinecdóticamente” una imagen para que el porteño medio nunca se indigne por muertes en Soldati sino por todo aquello que suceda lejos de su casa.       
Pero resulta claro que el objetivo no es Tucumán (donde tarde o temprano los republicanos que han perdido la elección deberán aceptar la evidencia de los hechos), ni Chaco. Tampoco es Formosa ni Jujuy. El objetivo es llegar a la elección nacional en un clima de sospecha y deslegitimación de un ganador que, todo indicaría, sería Daniel Scioli. 
Si bien no había que ser Sherlock Holmes para darse cuenta de tal operación, la mencionada nota de Morales Solá explicita pornográficamente el escenario que se intenta montar. Expresado con sus propias palabras: “Envuelto en la sospecha y el descrédito, el viejo sistema electoral podría dejar a los argentinos sin un presidente nuevo el 10 de diciembre. Habrá un presidente electo, sin duda, pero nadie sabe ahora cuándo estará en condiciones de asumir. La estrechísima diferencia que señalaría un triunfo en primera vuelta o la necesidad de una segunda ronda abrirían un período de alta conflictividad política y electoral (…) ¿Qué sucedería si fuera necesario esperar el escrutinio definitivo para saber si habrá segunda vuelta? Entre la primera y la segunda vuelta habrá sólo 27 días. Si Tucumán lleva escrutando 20 días y no terminó, ¿cuántos días consumiría el escrutinio definitivo de todo el país? (…) El cuadro se agravaría aún más si hubiera segunda vuelta. Entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre habrá sólo 18 días. Las encuestas que han medido una segunda vuelta (relativas todas en las condiciones actuales) señalan triunfos por uno, dos o tres puntos, cuando mucho. Así como Scioli es el candidato más votado en las mediciones de primera vuelta, Macri lo es en las encuestas sobre el ballottage. ¿Qué sucedería si cualquiera que saliera segundo planteara la necesidad del escrutinio definitivo o la revisión de muchas urnas en todo el país para aceptar su derrota? ¿Cuándo los argentinos (y el próximo presidente) sabrán quién ganó definitivamente? Un cuadro de extrema conflictividad podría llevar la definición hasta más allá del 10 de diciembre. Cristina Kirchner y Amado Boudou deberán irse a sus casas el 10 de diciembre, pase lo que pase. Su mandato constitucional concluirá indefectiblemente ese día. La única alternativa posible sería que Cristina le entregara el gobierno al presidente provisional del Senado, el radical K Gerardo Zamora, uno de los peores líderes feudales del país, hasta que la Justicia proclame al nuevo presidente. Una fuente inmejorable de la justicia electoral, consultada sobre la posibilidad de que Zamora termine siendo presidente provisional del país, contestó con una frase corta, seca: No es imposible y ni siquiera improbable. Todo dependerá del grado de los litigios políticos y judiciales".
Seguramente usted estará sorprendido por el hecho de que la principal nota de opinión de unos de los diarios de mayor tirada de la Argentina se pronuncie en estos términos pero es notorio que hay sectores de la sociedad argentina que son capaces de hacer todo lo posible para generar incertidumbre en la población. Se trata de instalar la idea de un vacío de poder y, como todos sabemos, cuando eso sucede el poder no se ausenta sino que queda en manos de aquellos que no se someten a la voluntad popular y, gracias a que enfrente tienen un gobierno débil, son capaces de sortear una y otra vez los mecanismos de control que le impone el Estado.
Como sucedió en otros países latinoamericanos donde triunfaron gobiernos populares, los sectores liberales conservadores buscaron instalar la idea de fraude y si lograron instalarlo en una elección como la tucumana donde la diferencia fue de 15%, ¿cómo se van a perder la posibilidad de hacerlo en una elección que, como bien indica Morales Solá, tiene en 2 o 3 puntos la llave para que la Argentina tenga un presidente en primera vuelta?
La mención a los actos eleccionarios en países de la región no es casual porque el giro discursivo que se viene dando es común a estas latitudes. Más específicamente, tanto en el caso de Chávez/Maduro como en el de Correa y Evo Morales, la oposición afirmaba que se trataba de gobiernos elegidos democráticamente que, una vez en el poder, devinieron dictaduras. En otras palabras, se trataba de gobiernos con legitimidad de origen pero no de ejercicio. En Argentina, con el mismo sistema electoral desde el regreso de la democracia, más allá de algún episodio o algún lloriqueo puntual, ganara el peronismo o ganara la oposición, nunca se puso en tela de juicio la legitimidad de origen. De hecho existen comunicadores y políticos que, muy sueltos de cuerpo, llegan a comparar a este gobierno con la última dictadura argentina o incluso con el nazismo pero solo por la forma en que el kirchnerismo, legitimado en las urnas, se habría comportado en el ejercicio del poder.
Sin embargo, hoy la situación es otra y, tal como sucedió en Venezuela, carente de resultados la estrategia de la deslegitimación de ejercicio, se apunta a una deslegitimación más severa que es la de afirmar que quienes ocupan la actual administración están utilizando distintos tipos de mecanismos fraudulentos ilegales e inmorales para que el resultado de la elección no refleje el deseo del pueblo. Las consecuencias institucionales, políticas y hasta psicológicas de un gobierno sin la legitimidad de origen son harto evidentes como también es harto evidente quiénes serán los principales beneficiarios de un gobierno que asuma con esa debilidad.