sábado, 3 de enero de 2015

Desafíos de la democracia (II): isegoría (publicado el 2/1/15 en Veintitrés)

En ocasión de un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia, la semana pasada, les proponía una mirada acerca de los desafíos que tenemos como sociedad en relación a un principio esencial: la igualdad ante la ley (isonomía). Si bien casi siempre se pone el acento en la creciente desigualdad material de la Argentina, consideré necesario reflexionar acerca de la distancia existente entre la letra del derecho y los hechos a partir de algunos ejemplos bastante concretos. Más precisamente me referí a la población carcelaria, una obscena muestra de la selectividad con que diversas instancias del Estado, que incluye jueces, fiscales y policías, actúan sobre determinados sectores de la población, y a la otra cara de la misma moneda: la impunidad con que ricos y famosos apadrinados por abogados con enorme capacidad de lobby sortean una y otra vez las instancias judiciales o reciben tratos diferenciados.
El poder político casi siempre fue parte de ese entramado de impunidad pero en los últimos años el enfrentamiento entre el gobierno y ciertos sectores del establishment desnudó que las redes de complicidad eran más bien las del poder judicial con el poder económico que venía acostumbrado a brindar los cuadros técnicos (cuando no, directamente, los principales referentes de un gobierno) para ocupar los distintos niveles del Estado.
Así, entonces, lo que algunos catalogan como una simple pelea de la corporación política y la corporación judicial es, en realidad, la demostración de que las democracias modernas siguen, paradójicamente, presas de una casta aristocrática que no se somete nunca a la voluntad popular y que sin embargo ocupa el poder del Estado al que, para colmo, rebautizan como un valor: la “justicia”. Se trata de una de las trampas del sistema de pesos y contrapesos en el que el control de constitucionalidad está en manos de un Tribunal que en nombre de una esencia contramayoritaria puede actuar discrecionalmente independientemente de los intentos transformadores de una mayoría del pueblo que busca, justamente, que todos seamos un poquito más iguales.   
Aclarado el déficit de isonomía de nuestras democracias, cabe dirigirse a otro de los principios esenciales de la democracia que florecía allá por el siglo V AC: la isegoría. Este término refería al uso libre de la palabra en el marco de la asamblea, uso libre al que todos tenían derecho y era una de las conquistas igualitarias de esa democracia que, tras un paulatino proceso, llegó a su más acabada expresión durante el gobierno de Pericles. Como usted puede imaginar, existe una conexión entre la isonomía y la isegoría pues la única manera de garantizar que haya igualdad ante las leyes es que todos los ciudadanos participen con su palabra en las decisiones que se tomaban en la asamblea, y puedan ocupar indistintamente diversos cargos algunos de los cuales se elegían a través del sistema más democrático que hay: el sorteo.
Pero, claro está, en veinticinco siglos pasaron algunas cosas. Por lo pronto, nuestras democracias, por diversas razones, se transformaron en indirectas, es decir, son gobernadas por el pueblo a través de sus representantes, algo que no ocurría en Atenas donde la democracia era directa y no hacía falta nadie que nos “(re)presente” porque cada uno, directamente, se “(re)presentaba”.
Esta delegación en un cuerpo de representantes ha acompañado el proceso que durante siglos transformó al ciudadano preocupado por lo público en un individuo que circunscribía sus intereses a su esfera privada apoyándose en una concepción individualista que aborrecía de la política entendida como participación colectiva. Ese retirarse de lo público supuso también resignar el uso de la palabra y depositarlo en otra casta de representantes: los periodistas. Dicho de otro modo, una nueva capa de intermediarios, ya no elegidos a través del voto popular sino elegidos en tanto objetos de consumo, se transformó en “la voz del pueblo”, en los transmisores aparentemente fieles de la expresión que cada uno de nosotros hubiera llevado a la asamblea. Así, parece que ya no hace falta participar pues por suerte hay unos individuos que hablan por nosotros y tienen los mismos intereses que nosotros. Sin duda, si fuese verdad, sería maravilloso: ¿a quién no le gustaría delegar con plena confianza su palabra, y con ella, sus intereses, para ocuparse enteramente de los “asuntos privados”? Sin embargo, del mismo modo que los siglos han demostrado que los representantes que elegimos para que nos gobiernen muchas veces acaban persiguiendo intereses contrarios a los de sus votantes, con la prensa comienza a vislumbrarse el mismo fenómeno de manera más clara que nunca seguramente por, entre otras cosas, la fuerza inusitada que tienen los medios de comunicación en sociedades como las nuestras.    
Pero lo más perverso es el mensaje que esos medios instalan pues se presentan como los únicos garantes de la isegoría, cuando son, en realidad, los administradores del uso libre de la palabra. Esa administración que le da la palabra a ciertos sectores en detrimento de otros y sin embargo dice ser la reserva moral de los ideales democráticos.      
De aquí que sea tan importante la regulación, no de los contenidos, sino de la propiedad de las licencias de medios de comunicación si es que queremos que nuestra democracia sea sustantiva y no una mera formalidad. Tal necesidad no ha sido una ocurrencia de un gobierno ni de un país en vías de desarrollo. Más bien es una problemática que atraviesa todo el mundo occidental y que tiene mayor visibilidad en la medida en que hay gobiernos que toman la decisión política de avanzar contra estos censores privados que muestran que la conquista de derechos civiles y políticos, por momentos, parece meramente formal.      

Para finalizar, entonces, no se trata aquí de reivindicar el ideal asambleario ni eliminar todo tipo de intermediación. Tampoco se pretende el regreso a un pasado ideal (que nunca existió) en el que los hombres eran enteramente públicos y deliberaban razonablemente en la plaza de la ciudad. Simplemente se trata de pensar que la mejor manera de garantizar que nuestras sociedades sean menos desiguales es recuperando algunos de los principios caros a la democracia siempre readaptándolos a las enormes complejidades de los tiempos y las comunidades en las que nos toca vivir. Nadie dice que sea inmediato pero han pasado más de treinta años de la recuperación democrática y tengo la esperanza de que algunas cosas como sociedad hemos aprendido. Ahora es más fácil que en 1983 porque buena parte del camino ya se ha hecho. El desafío, ahora, es profundizar el mismo camino.