Los procesamientos masivos que, en algunos casos, vinieron
acompañados de prisiones preventivas, desplazaron los temas económicos de la
agenda y volvieron a posar la atención sobre la relación entre algunos jueces y
el gobierno. Si bien todo se confunde, la causa en cuestión no podría incluirse
en una presunta corrupción k sino que la figura que aparece allí es la
acusación temeraria de “Traición a la patria” que mediáticamente es defendida
solo por los sectores que nuclean referentes fanáticamente antikirchneristas, y
que, en algunos casos, defienden intereses geopolíticos que van bastante más
allá de las fronteras argentinas.
Con la ex presidente a la cabeza, el kirchnerismo denunció a
Bonadío y al mismísimo Macri como parte de un entramado que esconde una
persecución política. En lo personal, creo que el asunto es algo más complejo
porque el gobierno tiene incidencia directa en el poder judicial, pero también
juegan allí otros objetivos y otros vínculos que en algunos casos le dan
autonomía al poder judicial respecto de lo que quisiera Macri. Por supuesto que
por autonomía aquí no se entiende ecuanimidad, asepsia o inmunidad a presiones
de poderes fácticos. Solo indico que si bien el gobierno no hace nada para
frenarlos (como sí hace para impulsar acciones en otros casos), algunos jueces
persiguen una agenda que abre una caja de Pandora en lo social y lo político. Y
para un gobierno que acaba de triunfar y que tiene espalda para patear cualquier
crisis económica allende 2019, una caja de Pandora agrega un nivel de
incertidumbre indeseado.
Sin embargo, en lugar de indagar en ese aspecto, preferiría
profundizar en otras aristas. Para ello parto de la siguiente afirmación: la
decisión de Bonadío es persecutoria y arbitraria basada en interpretaciones
sesgadas de los hechos pero de ahí no deviene que su accionar sea ilegal. Esto,
más que suponer un guiño hacia un juez en particular, que en este caso cuenta
con una enorme cantidad de pedidos de juicio político en el Consejo de la
Magistratura, debería funcionar como una advertencia hacia el sistema todo.
Dicho en otras palabras, es el derecho en Argentina el que permite que acciones
injustificables como las de Bonadío puedan realizarse en nombre de la ley.
El asunto puede enfocarse desde diferentes tradiciones de la
filosofía del derecho para discutir, por ejemplo, la problemática de la
discrecionalidad de los jueces. ¿Por qué dejamos en manos de la valoración de
un juez cuándo una persona, sin condena firme, puede ir preso? Hay muchas
posibles respuestas a este punto desde los que consideran que el sistema de
derecho perfecto sería aquel en el que el juez fuera un simple ejecutor de
leyes capaces de dar respuesta a todos los conflictos, hasta los que consideran
que, finalmente, el sesgo subjetivo del juez es inevitable pues una ley siempre
está sujeta a interpretación. Con todo, aquella máxima que Carlos Fayt vertiera
algunos años atrás y que hablara de que los hechos son sagrados y lo que es
libre es el comentario (o las interpretaciones) hoy parece haberse invertido.
De aquí que podamos concluir que, en la Argentina de 2017, las interpretaciones
son sagradas pero los hechos son libres.
El punto, claro está, y esto ya lo decía F. Nietzsche, quien
en la línea de lo recién indicado afirmaba “No hay hechos, solo
interpretaciones”, es que es el poder el que determina cuál de esas
interpretaciones prevalece sobre las demás para convertirse en “verdadera”.
Y allí deberíamos mencionar que ni siquiera hace falta un
juez con sesgo o mala fe sino que el propio sistema del derecho es permeable al
poder real (de hecho hay quienes dicen que el derecho mismo es la manifestación
máxima del poder real).
Dicho esto, entonces, y si bien no hay espacio aquí para
desarrollar temas tan complejos, deseo advertir dos cosas. Por un lado, la
aparición de una justicia posverdadera o una verdadera posjusticia con jueces
que arbitrariamente son capaces de fallar, no solo según sus broncas personales
y sus vínculos con determinados sectores del poder, sino también a favor del
deseo de venganza y el estado de emoción violenta de un sector de la sociedad
que cree, por derecha pero también por izquierda, que la única Justicia es
aquella que confirma sus prejuicios. Asimismo, por otro lado, algo que se
expone y que sería deseable que en algún momento se examine, es el modo en que
el poder mismo, prescindiendo de un juez venal en particular, está presente y
constituye el sistema mismo del derecho.
Sobre este último aspecto, probablemente no sea una discusión
para tiempos urgentes pero indagar en este punto no invalidará a las
tradiciones, movimientos y minorías que en las últimas décadas han decidido dar
la disputa en el terreno de los derechos pero sí, al menos, permitirá realizar
un diagnóstico acerca de los límites y de las posibilidades que ese terreno
brinda.
En lo que respecta a una Posjusticia que, a diferencia de la
posverdad, no solo puede manipular y dañar públicamente sino utilizar el poder
del Estado incluso contra la propia libertad de los ciudadanos, solo resta
preocuparse.
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