El referendo en Venezuela y el concepto de democracia

Este 15 de febrero se realizó en Venezuela un nuevo referendo, esta vez, vinculado a la aceptación o no de una enmienda constitucional que permite la reelección de cargos en diferentes niveles del Estado. Desde diputados regionales y nacionales pasando por alcaldes y gobernadores, la reforma alcanza al Presidente de la Nación lo cual hace que, en estas circunstancias, se le abra la puerta a Chávez para seguir en el cargo más allá de 2012. Escrutadas la totalidad de las mesas, el triunfo del “Sí” fue contundente con más de 54% de los votos.
Independientemente del resultado, como ha sucedido en los últimos años, a una oposición chabacana, perezosa e inepta se le ha sumado el estilo confrontativo de Chávez, para hacer que en las elecciones y los referendos poco se tenga en cuenta lo que se está votando y todo se dirima en un “Sí” o un “No” ni siquiera a la gestión sino más bien a la figura del líder bolivariano. Sin duda esto no es deseable a tal punto que en la única derrota sufrida por el chavismo en el referendo constitucional de 2007, el carisma de Chávez sumado a su pretensión reeleccionista relegó a un segundo plano las reformas profundas y progresistas que se intentaban implementar.
Pero más allá de estos errores de coyuntura y estrategia política, este referendo permite encarar temáticas más conceptuales. Específicamente el del concepto de democracia y sus límites. En este punto la pregunta debería ser, ¿la reelección indefinida atenta contra la democracia o, por el contrario resulta una reforma necesaria que la profundiza? Probablemente no haya una respuesta única.
Por un lado, la tradición liberal republicana ha planteado reparos, muchos de los cuales se han comprobado históricamente, en lo que respecta a la propensión hacia el autoritarismo que promueven los sistemas que permiten la reelección indefinida. De fondo está la idea de que la alternancia y la diversidad son buenas en sí mismas (algo que, por cierto, puede ponerse en tela de juicio). Además se supone que quien está al frente del Gobierno tiene la capacidad de hacer uso y abuso de los mecanismos estatales de manera tal que posee una ventaja comparativa que le permitiría ganar indefinidamente las elecciones para perpetuarse en el cargo.
Asimismo, se debe tener en cuenta que las repúblicas liberales establecen sistemas de contrapeso de poder en diferentes niveles. Sea entre los poderes ejecutivos, judicial y legislativo, sea entre el gobierno nacional y las provincias, etc., el hecho de que nadie tenga el poder total resulta una salvaguarda ante las pretensiones autoritarias. Pero en el caso de los regímenes presidencialistas, se suele decir, que el poder del ejecutivo muchas veces sobrepasa el de sus pretendidos contrapesos. En este sentido, si el argumento de Chávez es que existen países europeos (como Inglaterra, por ejemplo) en los que hay reelección indefinida del primer ministro, no se puede dejar de soslayo que se trata de regímenes parlamentarios donde un cambio en el equilibrio de fuerzas o nuevas alianzas al interior del parlamento pueden devenir en la inmediata renuncia o destitución del Primer Ministro, algo que no sucede con los regímenes presidencialistas en los que se debe cumplir un mandato de x cantidad de años aun cuando se tenga minoría en las cámaras.
Estas parecen ser buenas razones para oponerse a la reforma que impulsa Chávez pero, por otro lado, también hay elementos para mostrar que impedir la posibilidad de reelección indefinida supone un límite a la democracia. En otras palabras, la Constitución estaría oponiéndose a una decisión democrática, en este caso, reelegir a Chávez o a cualquiera de los funcionarios elegidos por voto popular. Si es el pueblo el que gobierna y éste quiere elegir a Chávez nuevamente, resulta un claro recorte a su voz que la Constitución se lo impida.
No es este el lugar para discutir la compleja relación entre las decisiones del pueblo y la Constitución, sólo agregar que lejos está quien escribe esta nota de suscribir a una suerte de idílico jardín democrático en el que las masas deliberan constantemente sin límite alguno y cuentan los minutos para reconocer a su Robespierre. Sin embargo, esto no implica que los límites constitucionales a la democracia no sean variables, contingentes y situados en contextos y coyunturas ligadas a la historia de cada Estado.
En este sentido, no es una verdad absoluta, sino más bien relativa, la que afirma que las reelecciones indefinidas necesariamente se dan de bruces con los ideales democráticos.
En el medio de este debate, el más interesante, es posible preguntarse muchas cosas. Una pregunta puede ser: ¿por qué los que están a favor de la reelección de Chávez se opusieron a la de Menem si lo que están en juego es una reforma constitucional independiente de los hombres de carne y hueso? En esta línea también se puede preguntar por qué los que acusan a Chávez de intentar perpetuarse en el poder y suponen que la megalomanía es una consecuencia exclusiva del pensamiento de izquierda, no critican con la misma vehemencia a las intentonas reeleccionistas de los candidatos de las derechas moderadas neoliberales desde Menem hasta Uribe. También podría discutirse acerca de la gran paradoja del gobierno de Chávez, esto es, si la revolución es profunda no necesita de un hombre y si lo necesita tal vez no sea tan profunda (al menos todavía). Dicho de otra manera, en el pedido de reelección indefinida está la propia debilidad de Chávez que no es otra cosa que la falta de un sucesor que pueda garantizar la profundización de las transformaciones.
Pero ninguna de estas preguntas interesantes coyunturalmente debe opacar la discusión conceptual que el referendo en Venezuela abrió. Pues al mostrarnos que la relación entre la democracia y la Constitución aun sigue siendo asunto de debate y que no existe un único formato institucional a través del cual se manifiesta la voz del pueblo, lo ocurrido en tierras bolivarianas obliga a quitarnos los prejuicios naturalizados para repensar cuáles son los límites y qué entendemos por democracia.

Votar a Dios

Si bien Dios está incluido en la política desde tiempos inmemoriales, tras la caída de las Torres Gemelas, la religión resurgió como variable explicativa de los enfrentamientos económicos y sociales. Al discurso terrorista de los Osama Bin Laden que se refiere a “los otros” como infieles, se le confrontó con toda una verba maniquea que incluía misiones encomendadas por el Dios cristiano y ejes del bien y del mal. Esta radicalización de los discursos religiosos, es decir, aquellos discursos que son esencialmente irreductibles, están siendo llevados al extremo especialmente desde un Papado como el de Ratzinger que lejos de profundizar algunas líneas de apertura y aggiornamiento, recurre a la más recalcitrantemente rancia herencia inquisitorial de la curia. Sin duda el epicentro de estas controversias se encuentra bastante lejos de Latinoamérica y de Argentina. Sin embargo, los ecos de este resurgimiento religioso imbricado sobre la política tienen su propia lógica vernácula.
En este sentido, según el contexto propio de cada territorio, las últimas semanas tuvieron a la religión, tanto en Bolivia como en Venezuela y Argentina, cerca del arco opositor a los Gobiernos llamados “progresistas” o “neopopulistas” que llegaron en el último decenio.
En el marco del referéndum constitucional en Bolivia, tomó estado público un cartel que parecía sintetizar buena parte de la lógica del costado más reaccionario de la Media Luna: “Elija a Dios. Vote No”. Este insólito Dios candidato fue utilizado también como fundamento para adjudicar idolatría y ateísmo racista a la propuesta Constitucional del MAS.
En el caso de Venezuela y Argentina, en las últimas semanas, la tensión entre el poder político y la religión se relacionó con las manifestaciones en torno al conflicto de Gaza. Si bien los casos de Bolivia y Venezuela por un lado y el de Argentina por el otro, son distintos, a punto tal que los gobiernos de Morales y Chávez expulsaron a la diplomacia Israelí de su territorio mientras que el gobierno de CFK guarda una relación al menos no conflictiva con las instituciones judías, hubo dos hechos cuya reacción pareció emparentada. El ataque a una sinagoga en Venezuela y manifestaciones contra la embajada de Israel en Argentina a cargo de grupos de izquierda y de dirigentes cercanos al oficialismo, tuvo como consecuencia una desproporcionada reacción de los medios interrogando acerca de un supuesto rebrote antisemita. En esta línea, en ambos casos se culpó a los gobiernos de manera directa e indirecta por estos actos y por fomentar una ola persecutoria hacia el pueblo judío.
En el caso de la Argentina, la tirantez entre el oficialismo y la Iglesia ha estado circunscripta al plano discursivo puesto que en la práctica no se han dejado ver grandes cambios en la relación. CFK se encargó de aclarar que está en contra de la despenalización del aborto; el Estado sigue pagando los sueldos de los obispos y subsidiando las escuelas confesionales; un gobernador oficialista (Urtubey) apoya en su provincia (Salta) el dictado de religión (católica) en las escuelas públicas, etc. Por ello, los roces con el gobierno parecen estar más vinculados al atavismo ideológico y cuasi mitológico de la mayoría de los representantes de la curia vernácula que a un ataque sistemático a los valores cristianos. Lo mismo sucede con los gobiernos considerados progresistas de Brasil y Uruguay que dejaron bien en claro no sólo que no intentarán ganar terreno a la Iglesia, sino que, en algunos casos, serán los vehículos mismos de nuevas conquistas.
En Argentina no hay manera de hacer entender que una crítica a la política exterior del Estado de Israel no es una manifestación discriminatoria. De hecho, resulta insólito que para poder criticar los bombardeos en Gaza y no ser acusado de antisemita, haya que declarar un apellido judío o una mamá sobreprotectora. Es más, aun los judíos críticos de la política de Olmert como León Rozitchner, Jorge Halperín o Pedro Brieger son acusados de falsos judíos o traidores puesto que algunos consideran que portar un apellido vinculado a algún tipo de etnia conlleva una suerte de imperativo ideológico vinculado verticalmente y sin matices con las acciones políticas del Estado representante de ese grupo social.
Dicho esto, tampoco se puede dejar de soslayo las imperceptibles pero manifestaciones al fin de grupos de izquierda que en su afán antiimperialista adoptan la causa de cualquier minoría amenazada sin importar si ésta resulta antidemocrática, sectaria y fundamentalista. El falso dilema “Israel o Hamas” es una simplificación producto de cierta pereza intelectual. La misma que opera cuando se intenta inferir de algunos exabruptos de D´elia, un componente antisemita en el gobierno K. Nuestro país tendrá una historia en muchos aspectos funesta pero resulta un ejemplo en lo que asimilación cultural refiere. No hace falta sobreactuar como Rodríguez Larreta y salir con una brigada a tapar unas pintadas ofensivas hacia el pueblo judío obviando el sinfín de paredes que han recibido, aerosol mediante, mensajes discriminatorios tales como “negros de mierda” o “Boca puto”.
Está claro que las repúblicas occidentales son lo que son, en buena medida, por esa conquista innegociable que es la separación del Estado de la Iglesia. Si Dios quiere ser candidato antes de votarlo no olvide fijarse qué piensan y cuáles son los hombres de carne y hueso que ocupan el resto de la lista.