La renuncia

Está claro que en los últimos años la calidad de las operaciones de prensa ha mermado. Las sutilezas han dejado lugar a lo grotesco y una prueba de ello puede ser la vergonzosa campaña lanzada por Clarín el último domingo en la que se afirma en tapa que la tensión entre CFK y Cobos es “máxima” y que en el entorno del mendocino estudian la posibilidad de promover un plebiscito que determine si él debe renunciar a su cargo en el poder ejecutivo.
Parece que, terminado el “tema AFJP” con una votación que acabó con los 2/3 de ambas cámaras apoyando la propuesta del ejecutivo y digiriéndose de a poco el pavor de la crisis financiera, el acento estará puesto espasmódicamente en las internas del gobierno. Si bien la propuesta del plebiscito es descabellada y tanto Clarín como Cobos y el resto de los ciudadanos pensantes y no pensantes saben que nunca se llevará a cabo, podríamos jugar al contrafáctico “qué pasaría si se hiciera el plebiscito”. Digamos que cualquier resultado sería interpretado a favor del hombre que tomó notoriedad a partir de su “voto no positivo”: si la gente decide que no renuncie se dirá que la ciudadanía valora a un hombre como Cobos que puede expresar la diversidad al interior del gobierno y puede equilibrar la irritabilidad y la compulsión de CFK. Si el resultado se inclina mayoritariamente hacia el pedido de su renuncia, se afirmará que la gente valora tanto a un hombre como Cobos que no desea que se inmole en tanto rehén del grupo de psicópatas que ocupa el gobierno nacional.
Pero más allá del plebiscito, lo que sí resulta obvio es que existe tensión entre Cobos y el resto del Gobierno. Más bien, uno debería decir, que la relación está rota. Presidente y vice no tienen ningún diálogo y resulta llamativo registrar las intervenciones de Cobos en las que él comenta las acciones que impulsa el poder ejecutivo en el que interviene, como si fuera un observador externo que generalmente acuerda, aunque con reservas y desconocimiento de los detalles de los proyectos. Vista así la situación parece ser insostenible con lo cual cabe preguntarse por qué no renuncia.
Para hacer frente a este interrogante hay muchas posibles respuestas: podemos pensar como opción que tal vez Cobos no renuncia porque especula con que la gobernabilidad de los Kirchner está resquebrajada y más temprano que tarde, pegarán un portazo o se irán en helicóptero. En ese sentido, él no quiere cometer el error de Chacho Álvarez y aguantará todo tipo de desaire y agravio con encomiable paciencia digna de Oriente.
Otra opción es que él apueste a un proceso de victimización y que busque irritar “desde adentro” haciéndose relativamente prescindente en 2009 y preparando el desembarco en el 2011 apoyado por la UCR y la Coalición Cívica.
La última es que sea más pusilánime que especulador y que en realidad no sepa bien qué hacer.
Otra pregunta que uno podría hacerse es por qué CFK no le pide la renuncia. Aquí también hay varias respuestas.
Podría ser que los K hayan interpretado que el precio de exigirle la renuncia será mucho más alto ante la opinión pública, que el hecho de, simplemente, “invisibilizarlo” y someterlo al desgaste del poder y a la incomodidad que le acarrearía presentarse como oposición habiendo sido parte del gobierno. Otra es que simplemente no han encontrado aún el momento adecuado y que la “ejecución del traidor a la causa” haya sido aplazada hasta nuevo aviso.
La gran paradoja es que, desde mi punto de vista, Cobos le ha hecho, sin desearlo, un grato favor al Gobierno pues de haber renunciado el mismo día de la caída de la 125 la hecatombe política hubiera sido total, el Gobierno K estaría más tambaleante y encerrado sobre sí y el nombre de Cobos sería indiscutiblemente el del Jefe opositor. Si bien aún es posible que renunciando o “renunciado” Cobos se victimice, cada día que pasa su situación es más incómoda para su futuro puesto que resultará difícil justificar que se ha quedado unos meses más sólo porque creía que en el Gobierno iba a ver espacio para el disenso. Restará, para los que nos interesa conceptualmente la política la discusión en torno a qué votamos cuando votamos. Si votamos un Programa en el que los candidatos son meros ejecutores, resulta claro que Cobos debió renunciar por no haber llevado adelante el mandato que el pueblo le exigió al manifestarse en las urnas. Si, por el contrario, al votar votamos, más que Programas, la capacidad y la idoneidad del representante para poder decidir sobre los asuntos de la cosa pública, existe la posibilidad de que aceptemos que una misma lista pueda llevar candidatos al ejecutivo que no funcionan de manera homogénea y que lejos de dejarse llevar por ideologías y programas, apelan a ese ámbito especial que es la libertad de conciencia. Esta última visión, más aristocratizante, supone que el representante está más capacitado que el pueblo mismo para saber qué es lo que hay que hacer y cómo debe hacérselo. De aquí que el representante tenga plena independencia en sus decisiones aún si éstas van en contra de aquello por lo que el pueblo lo eligió.
Pero este tipo de discusión, la más interesante y la menos coyuntural, hoy sucumbe ante los operadores berretas, los editorialistas interesados y las variables del periodismo de espectáculos aplicadas al análisis político.

La caja, el Estado y la carga de la prueba

Siempre existe la sensación de que los sucesos de la política se dan cada vez más rápido pero lo que ha ocurrido en el último mes tal vez sea demasiado: crisis internacional con derrumbe financiero que no cesa; caída en el precio del petróleo y los comoditties; fin de las AFJP; reagrupamiento y alianzas electorales con miras al 2009 (léase Carrió-UCR; Solá-De Narváez); pronunciamiento de la Corte en torno de la “libertad” sindical; presión alcista sobre el dólar y presión sindical ante la posibilidad de despidos, etc.
De la inflación y del precio del tomate ya no se habla más. Tampoco se habla de la siempre anunciada crisis energética ni se hablará de la inseguridad hasta tanto no maten a algún vecino de la zona norte. Por suerte De Angeli volvió con su mujer quien deberá tolerar la libido contenida del toro de su marido. Ahora los vaticinios tienen que ver con la amenaza de recesión (según Broda llegará al 4% en 2009) y los despidos. Todo esto pasó en un mes a punto tal que si las empresas quisieran despedir gente no han tenido tiempo aún de mandarle el telegrama.
Intentaba pensar alguna variable que pudiera contener todos estos fenómenos y sin ninguna originalidad, encontré que, como casi siempre, está en juego el rol del Estado. Ya se ha mostrado hasta el hartazgo la forma en que los países del primer mundo sugieren recetas liberales para las crisis del tercer mundo y aplican canones keynesianos para las crisis puertas adentro. Asimismo los países más importantes del planeta han hecho gala del Estado más bobo: el que sale al salvataje de los grupos financieros. Ahora se discute, como en la reunión del G20, ya no si el Estado debe intervenir sino cuánto debe hacerlo. La disputa es ahora si interviene muchísimo o un poco menos que muchísimo.
En el ámbito vernáculo, las disputas entre el gobierno y la oposición tienen mucho que ver con la concepción que se tiene del Estado. La discusión en torno de las AFJP es sintomática en ese sentido y quienes insólitamente defendían el mantenimiento del sistema mixto público y privado, enmascararon la discusión en torno de “caja para el gobierno versus ahorros privados”. En el medio de esa discusión aparecieron una cantidad de afirmaciones irresponsables y demagógicas. De todas ellas, la mayor fue la de la aparente necesidad de intangibilidad de los depósitos para dar transparencia a la operatoria de traspaso de esos fondos. Esto lo exigió desde Lozano hasta Pinedo con una manifiesta dosis de ignorancia. Sin embargo, primó la cordura y las alianzas más o menos naturales entre cierto costado progresista del gobierno, los socialistas y los bloques unipersonales para sacar con holgura la ley en diputados. Pero me quiero detener en el punto central del debate. El tema de “la caja”. Con otros términos, este tema estuvo en medio de la discusión en torno de la resolución 125. Se afirmaba “le sacan la plata a los trabajadores del campo para quedársela los Kirchner”. Detrás de esta afirmación está la clásica idea argentina de que el Estado es sinónimo de robo y malgaste de fondos. Si luego se realiza la operatoria conceptual de homologar Gobierno/corporación política y Estado, la ecuación esta resuelta: lo público y estatal es sinónimo de robo mientras que lo privado es equivalente a la meritocracia, el control y el esfuerzo.
Esta homologación opera también en el plano discursivo en algo que me resultó llamativo en los últimos días. Me refiero a las charlas de café que salen por la radio y se escriben en columnas de diarios que afirman que los Kirchner quieren la plata porque necesitan pagar deuda. Esa es una muy buena razón pero uno puede preguntar, ¿la deuda es de los Kirchner o es del Estado? Claro que el gobierno necesita plata para pagar la deuda. Si no lo hiciese, veríamos desfilar a los economistas de siempre, afirmando que estamos “afuera del mundo”. Pero la deuda es un problema del país, no de los Kirchner. Uno podrá discutir si esa deuda es legítima, etc. Pero por lo pronto habrá que pagar o transformarse en pseudoparias del mercado.
Si triunfa esta cosmovisión que describe al Estado como el foco de toda corrupción, volveremos a ser testigos de la constante oscilación argentina por la cual pasamos de políticas de un Estado activo y motor a un Estado mínimo. Debo confesar que iba a terminar la nota afirmando que probablemente esta idea volviera a instalarse pero hubo un hecho que me genera esperanza para que no sea así: el gobierno de Macri intenta establecer un impuesto a los pagos con tarjeta de crédito, algo que sin duda, afectará el consumo, y que se suma a la suba de los impuestos de ABL, a la instalación de miles de parquímetros, etc. En este caso, la discusión solamente transcurrió por la vía razonable de si esta medida es necesaria, si afectará mucho al consumo o si es o no un impuestazo. Esta vez se interpretó que el Estado quiere recaudar impuestos no por “la caja”, tampoco por el hecho de que el año que viene hay elecciones. En el caso de la Ciudad la discusión no presupuso que el Estado sea esencialmente corrupto y que el gobierno de turno esté compuesto por una runfla de ladrones. Macri afirmó, como lo hizo CFK, que con el dinero recaudado hará obras y en el caso de la Ciudad no se interpretó a esto como un intento de crear guiños electorales ni mecanismos clientelísticos. De esta manera, respecto del Gobierno de la Ciudad, no está invertida la carga de la prueba: éste no tiene que demostrar a priori, como sucede con el de CFK, que no va a robar (como insólitamente lo exige el fotogénico juez Griesa en Estados Unidos). Tal vez la era K deje un tendal de corrupción pero todavía no consta que esto sea así y tampoco consta que el gobierno de Macri termine impoluto en este sentido. Pero sería bueno, tratarlos con igualdad y darles al menos el beneficio de la duda. No por el bien de ellos, sino por el bien de nosotros y de las instituciones.