En una muestra de puro estilo K, el gobierno sorprendió con el fin del régimen de capitalización y el regreso al sistema de reparto. Así, tras la derrota de la 125, Cristina busca emular la “muñeca” de su marido y marcar agenda, una costumbre que parecía estar agotándose incluso en los últimos meses de la gestión anterior. En este caso, esta medida cuenta con mayor sustento teórico y práctico, en todo sentido, que las retenciones móviles y la estatización de Aerolíneas. Francamente parece difícil oponerse: con el traspaso al Estado las jubilaciones serán más altas y el Estado dejará de cubrir al 41% de los jubilados que con el régimen de capitalización no alcanzan la mínima. En este sentido el Estado se evitaría poner los 4000 millones de pesos que tuvo que desembolsar este año para rescatar a estos jubilados y se ahorraría en total unos 25000 millones de pesos en los próximos 5 años. En los últimos doce meses, las AFJP perdieron casi 13.300 millones de pesos de sus afiliados y la crisis financiera internacional agudizaría esta pérdida. Por si esto fuera poco una parte importantísima de las inversiones de las aseguradoras está en los bonos del Estado argentino, bonos que vienen “sufriendo” la subestimación de la inflación y que han perdido buena parte de su valor. Pero podríamos agregar algunos puntos más: con el nuevo proyecto se acabará con las exorbitantes comisiones que cobraban las AFJP por recibir nuestro dinero y el Estado argentino, es decir, todos nosotros, terminará con la sangría de 100.000 millones de dólares que viene padeciendo en los últimos 14 años por haber dejado de recibir los aportes previsionales (esta cifra es, justamente lo que creció la deuda pública en este período. (Ver la nota de Cufré en el página 12 del 26/10/08) http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-114019-2008-10-26.html
Por último, ni siquiera es de prever que aparezca una ola de juicios al Estado puesto que aquellos que éste y pretendan que se les “restituya” cash lo aportado individualmente a las AFJP fracasarán en su intento puesto que los aportes no son de disponibilidad inmediata; por su parte aquellos que exijan que sus aportes vuelvan a las AFJP argumentando que se ven perjudicados por el sistema solidario de reparto que le quita a algunos para darle a otros, probablemente reciban una respuesta positiva de la justicia pero dado que en el futuro perderán los años de aporte (puesto que de aquí en más deben empezar a aportar al Estado), tendrán que pagar de su propio bolsillo la comisión a las aseguradoras y a su vez aportar paralelamente al Estado, probablemente, harán bien las cuentas y notarán que ganar el juicio sería peor que perderlo. (Ver la nota de Gustavo Arballo, “Hacerle juicio al Estado, en Página 12 del 26/10/08)
Con algo menos de tecnicismos podemos decir que el sistema de capitalización falló en lo que eran sus aparentes dos pilares fundamentales: el fin de las jubilaciones de miseria que pagaba el Estado y un respiro inmenso en la espiral de déficit fiscal en la que parecía entrampado. Por lo dicho anteriormente, el sistema privado ha fracasado en ambos puntos de lo cual se sigue que no tendría sentido mantener el régimen mixto de la actualidad.
Si bien se trataba de un tema que no estaba en la agenda y que no generaba mayores preocupaciones en la medida en que los jubilados por el régimen privado eran pocos y sus haberes eran, en muchos casos, complementados por el Estado, existía cierta desconfianza mayoritaria hacia un régimen establecido compulsivamente en medio de la fiebre privatizadora. De aquí que no sorprendiera el traspaso de 1.300.000 trabajadores al sistema de reparto en 2007 con la apertura de la opción.
Pero más allá de estos datos está el juego de la política: por un lado el gobierno parece muchas veces preso de su propio estilo y el afán de repentización y establecimiento de agenda se traduce muchas veces en apuro e imprevisión. Pasó con la 125, pasó con Aerolíneas y puede pasar ahora. En los 3 casos los proyectos eran, en general, buenos, y sin embargo, con diferentes resultados, sufrieron (o van a sufrir) numerosos embates que desnudan que su bondad no los exime de errores e imprecisiones a punto tal que puede darse el caso que, aún ganando, el proyecto recibiera tantos cambios que acabe transformándose en “otro” proyecto y redunde en un fracaso político o una victoria pírrica para el oficialismo.
Asimismo vuelve a fallar la comunicación: lo que debió ser una campaña de desprestigio contra las AFJP en los meses previos comienza ahora, una vez que el proyecto tomó estado público. Así, el gobierno realiza un movimiento paradójico: parece muy hábil para sorprender pero una vez publicitadas las medidas, sus falencias técnicas y comunicacionales lo obligan a establecer estrategias ad hoc que no han demostrado ser efectivas. Por otra parte se presta a la suspicacia el hecho de que el año pasado se haya abierto la posibilidad de elegir a qué régimen aportar y un año después se realice este traspaso compulsivo. Esto no hace más que agitar los fantasmas de “la necesidad de la caja” más allá de que no resulta menor tener en cuenta que el contexto internacional pos crisis financiera es muy distinto al de hace un año.
Por el lado de la oposición, lo de siempre. Aun a riesgo de repetirme, encontramos la gran mayoría del arco político opositor agitando el lema “no sé de qué se trata pero me opongo“. Si bien esta vez uno supone que los ex ARI del SI y algunos radicales van a acompañar el proyecto en ambas cámaras, Carrió, Macri y una parte importantísima de los multimedios, al no tener argumentos contra el proyecto cambiaron el eje de la cuestión e hicieron hincapié en que se trataría de una maniobra de los K por “la caja”. Como hemos visto en los últimos meses, existen grados de odio visceral hacia el gobierno K. Estos odios van desde manifestaciones timoratas de moda y de rezongo berreta hasta campañas más robustas como la que se puede observar en el grupo Clarín con la inclusión permanente en TN del número de baja del Merval al costado derecho de la pantalla; los agresivos comentarios de los editorialistas del diario Clarín y de los programas de TN; los títulos del diario de, por ejemplo, el domingo 26/10 que afirman que la mitad de los legisladores que anticiparon su voto votaría en contra; que los ejecutivos son “todo” preocupación; que la mayoría de la gente quiere que coexistan ambos sistemas, es decir, se oponen al proyecto del gobierno; y que el gran problema de la gente ahora ya no es la inflación sino los despidos. Por si todo esto no alcanza, estemos atentos a la pretensión destituyente que sobrevuela la redacción del diario La Nación y el grupo Perfil. No resulta casual que en los últimos dos días Morales Solá haya afirmado que de no aprobarse el proyecto de reestatización de las jubilaciones, tiene la información precisa de que la presidenta renunciará; o que la tapa de Noticias indique que los K se irían del gobierno si pierden las legislativas de 2009. En esta misma línea Mariano Grondona llamó hoy desde la radio a pensar el poskirchnerismo puesto que los K se van a ir “en un mes, un año o a más tardar tres años”.Más allá de estos exabruptos, la denuncia de la oposición parece hacer justicia con la historia argentina, esto es, una historia de saqueos de los aportes previsionales. En este sentido, el proyecto oficial debería establecer la mayor cantidad de posibilidades de control: desde la autarquía del ANSES, pasando por un comité de seguimiento, hasta la restitución del 82% móvil. En cuanto a la cuestión de la intangibilidad de los depósitos, asumiendo el riesgo de introducirme en fangosos tecnicismos que me exceden, parece más un espasmo demagógico que otra cosa. Esto se debe a que el cambio al sistema de reparto implica más allá de todo un cambio conceptual. Se trata de pasar de la capitalización individual al sistema de reparto solidario y de compromiso intergeneracional. Esto supone que ya no existen más cuentas individuales y que el dinero que uno aporta puede ir a cubrir a otros que aportan menos o no han aportado por permanecer parte de su vida en el plano informal. Asimismo, ¿supone la intangibilidad que los aportes se guardan en una caja fuerte envueltos con un papel y una etiqueta que diga “no tocar”? Sería absurdo inmovilizar 30.000 millones de dólares y no invertirlos con lo cual cabe preguntarse qué estamos diciendo cuando hablamos de intangibilidad. En todo caso habrá que encontrar la forma adecuada para evitar que este y los gobiernos que vengan no utilicen ese dinero con una finalidad, llamémosle, ilegítima o “antipopular”. Si este gobierno encontrará la forma a través de piruetas legales o corrupción flagrante para hacerse de parte de esos recursos es algo que no se puede saber de antemano. Lo que sí resulta llamativo es que tanta gente permita que las aseguradoras le cobren comisiones vergonzosas y que tomen el dinero que uno aporta para su jubilación utilizándolo para transacciones financieras que pueden salir tanto bien como mal. Es como que yo le fuera dando todos los meses parte de mi sueldo a un señor para que lo juegue a la ruleta. Por hacer esto, él me cobra 3 de cada 10 pesos que le doy y asume el compromiso de devolverme en cuotas dentro de 30 años lo que haya quedado de sus triunfos y pérdidas en sucesivas apuestas. Si a los 30 años a este señor le ha ido mal en la ruleta vendrá el Estado y me pagará lo que me falta para vivir con la mínima. No hay saqueo probable del Estado que pueda ser peor que el robo del sistema de capitalización. Sin embargo, hay quienes tienen en las AFJP a sus ladrones preferidos.
Por último, ni siquiera es de prever que aparezca una ola de juicios al Estado puesto que aquellos que éste y pretendan que se les “restituya” cash lo aportado individualmente a las AFJP fracasarán en su intento puesto que los aportes no son de disponibilidad inmediata; por su parte aquellos que exijan que sus aportes vuelvan a las AFJP argumentando que se ven perjudicados por el sistema solidario de reparto que le quita a algunos para darle a otros, probablemente reciban una respuesta positiva de la justicia pero dado que en el futuro perderán los años de aporte (puesto que de aquí en más deben empezar a aportar al Estado), tendrán que pagar de su propio bolsillo la comisión a las aseguradoras y a su vez aportar paralelamente al Estado, probablemente, harán bien las cuentas y notarán que ganar el juicio sería peor que perderlo. (Ver la nota de Gustavo Arballo, “Hacerle juicio al Estado, en Página 12 del 26/10/08)
Con algo menos de tecnicismos podemos decir que el sistema de capitalización falló en lo que eran sus aparentes dos pilares fundamentales: el fin de las jubilaciones de miseria que pagaba el Estado y un respiro inmenso en la espiral de déficit fiscal en la que parecía entrampado. Por lo dicho anteriormente, el sistema privado ha fracasado en ambos puntos de lo cual se sigue que no tendría sentido mantener el régimen mixto de la actualidad.
Si bien se trataba de un tema que no estaba en la agenda y que no generaba mayores preocupaciones en la medida en que los jubilados por el régimen privado eran pocos y sus haberes eran, en muchos casos, complementados por el Estado, existía cierta desconfianza mayoritaria hacia un régimen establecido compulsivamente en medio de la fiebre privatizadora. De aquí que no sorprendiera el traspaso de 1.300.000 trabajadores al sistema de reparto en 2007 con la apertura de la opción.
Pero más allá de estos datos está el juego de la política: por un lado el gobierno parece muchas veces preso de su propio estilo y el afán de repentización y establecimiento de agenda se traduce muchas veces en apuro e imprevisión. Pasó con la 125, pasó con Aerolíneas y puede pasar ahora. En los 3 casos los proyectos eran, en general, buenos, y sin embargo, con diferentes resultados, sufrieron (o van a sufrir) numerosos embates que desnudan que su bondad no los exime de errores e imprecisiones a punto tal que puede darse el caso que, aún ganando, el proyecto recibiera tantos cambios que acabe transformándose en “otro” proyecto y redunde en un fracaso político o una victoria pírrica para el oficialismo.
Asimismo vuelve a fallar la comunicación: lo que debió ser una campaña de desprestigio contra las AFJP en los meses previos comienza ahora, una vez que el proyecto tomó estado público. Así, el gobierno realiza un movimiento paradójico: parece muy hábil para sorprender pero una vez publicitadas las medidas, sus falencias técnicas y comunicacionales lo obligan a establecer estrategias ad hoc que no han demostrado ser efectivas. Por otra parte se presta a la suspicacia el hecho de que el año pasado se haya abierto la posibilidad de elegir a qué régimen aportar y un año después se realice este traspaso compulsivo. Esto no hace más que agitar los fantasmas de “la necesidad de la caja” más allá de que no resulta menor tener en cuenta que el contexto internacional pos crisis financiera es muy distinto al de hace un año.
Por el lado de la oposición, lo de siempre. Aun a riesgo de repetirme, encontramos la gran mayoría del arco político opositor agitando el lema “no sé de qué se trata pero me opongo“. Si bien esta vez uno supone que los ex ARI del SI y algunos radicales van a acompañar el proyecto en ambas cámaras, Carrió, Macri y una parte importantísima de los multimedios, al no tener argumentos contra el proyecto cambiaron el eje de la cuestión e hicieron hincapié en que se trataría de una maniobra de los K por “la caja”. Como hemos visto en los últimos meses, existen grados de odio visceral hacia el gobierno K. Estos odios van desde manifestaciones timoratas de moda y de rezongo berreta hasta campañas más robustas como la que se puede observar en el grupo Clarín con la inclusión permanente en TN del número de baja del Merval al costado derecho de la pantalla; los agresivos comentarios de los editorialistas del diario Clarín y de los programas de TN; los títulos del diario de, por ejemplo, el domingo 26/10 que afirman que la mitad de los legisladores que anticiparon su voto votaría en contra; que los ejecutivos son “todo” preocupación; que la mayoría de la gente quiere que coexistan ambos sistemas, es decir, se oponen al proyecto del gobierno; y que el gran problema de la gente ahora ya no es la inflación sino los despidos. Por si todo esto no alcanza, estemos atentos a la pretensión destituyente que sobrevuela la redacción del diario La Nación y el grupo Perfil. No resulta casual que en los últimos dos días Morales Solá haya afirmado que de no aprobarse el proyecto de reestatización de las jubilaciones, tiene la información precisa de que la presidenta renunciará; o que la tapa de Noticias indique que los K se irían del gobierno si pierden las legislativas de 2009. En esta misma línea Mariano Grondona llamó hoy desde la radio a pensar el poskirchnerismo puesto que los K se van a ir “en un mes, un año o a más tardar tres años”.Más allá de estos exabruptos, la denuncia de la oposición parece hacer justicia con la historia argentina, esto es, una historia de saqueos de los aportes previsionales. En este sentido, el proyecto oficial debería establecer la mayor cantidad de posibilidades de control: desde la autarquía del ANSES, pasando por un comité de seguimiento, hasta la restitución del 82% móvil. En cuanto a la cuestión de la intangibilidad de los depósitos, asumiendo el riesgo de introducirme en fangosos tecnicismos que me exceden, parece más un espasmo demagógico que otra cosa. Esto se debe a que el cambio al sistema de reparto implica más allá de todo un cambio conceptual. Se trata de pasar de la capitalización individual al sistema de reparto solidario y de compromiso intergeneracional. Esto supone que ya no existen más cuentas individuales y que el dinero que uno aporta puede ir a cubrir a otros que aportan menos o no han aportado por permanecer parte de su vida en el plano informal. Asimismo, ¿supone la intangibilidad que los aportes se guardan en una caja fuerte envueltos con un papel y una etiqueta que diga “no tocar”? Sería absurdo inmovilizar 30.000 millones de dólares y no invertirlos con lo cual cabe preguntarse qué estamos diciendo cuando hablamos de intangibilidad. En todo caso habrá que encontrar la forma adecuada para evitar que este y los gobiernos que vengan no utilicen ese dinero con una finalidad, llamémosle, ilegítima o “antipopular”. Si este gobierno encontrará la forma a través de piruetas legales o corrupción flagrante para hacerse de parte de esos recursos es algo que no se puede saber de antemano. Lo que sí resulta llamativo es que tanta gente permita que las aseguradoras le cobren comisiones vergonzosas y que tomen el dinero que uno aporta para su jubilación utilizándolo para transacciones financieras que pueden salir tanto bien como mal. Es como que yo le fuera dando todos los meses parte de mi sueldo a un señor para que lo juegue a la ruleta. Por hacer esto, él me cobra 3 de cada 10 pesos que le doy y asume el compromiso de devolverme en cuotas dentro de 30 años lo que haya quedado de sus triunfos y pérdidas en sucesivas apuestas. Si a los 30 años a este señor le ha ido mal en la ruleta vendrá el Estado y me pagará lo que me falta para vivir con la mínima. No hay saqueo probable del Estado que pueda ser peor que el robo del sistema de capitalización. Sin embargo, hay quienes tienen en las AFJP a sus ladrones preferidos.
*Esta nota fue publicada en artepolitica