La ley Guantánamo del control remoto

En un momento donde todos los Medios, los opositores al gobierno y los pocos aliados, libran su batalla de manera grosera, resulta cada vez más dificultoso encontrar palabras que ayuden a pensar. Probablemente tampoco sea esta columna el espacio donde usted las encuentre, pero bien vale el intento. Digamos, como primera medida que si bien el gobierno tiene razón en suponer que esta es, si no la madre, la “tía de todas las batallas”, muchas veces exagera con darle a cada acto de gobierno un cariz épico y sin antecedentes. Así suele abusar generalmente de incluir todas sus acciones dentro de un gran plan libertario que rescata parte de la liturgia peronista además de seguir la línea de la retórica binaria del “ellos y nosotros”. En esta línea, los K son injustos cuando buscan erigirse como los únicos que han hecho algo contra la dictadura. Como parte de esta visión y quizás también como estrategia, se dice que la actual ley de radiodifusión debe ser reemplazada por ser de la dictadura. Presentado así el argumento K tiene al menos 2 flancos: por un lado, existen otras leyes de la dictadura que el gobierno no tiene apuro en derogar y al mismo tiempo, por oposición, es falso que toda ley de la democracia sea buena; por otro lado, que sea de la dictadura no supone necesariamente que estemos obligados a tratarla antes del 10 de diciembre.
Al exponer las cosas de este modo el gobierno se equivoca pues olvida que lo central es que además de no tener la legitimidad, el contenido de la ley actual es nocivo para la democracia. En otras palabras, venga de donde venga, el problema de la ley actual es menos su origen viciado que su contenido.
Y si de orígenes hablamos, los argumentos de la oposición cometen la misma falacia: no importa el contenido de la nueva ley. Lo que importa es que es kirchnerista y, en tanto tal, estaría viciada, otra vez, desde un principio. En esta línea es que debe entenderse la lógica del mensaje de Vila equiparando la nueva ley con la última dictadura.
El resto de la discusión es pura negociación, en el peor y en el mejor de los sentidos: así resulta insólito escuchar a buena parte de los opositores afirmar que si, en vez de otorgar sólo un año para desprenderse de los multimedios, la ley diera tres, podría apoyarse. Así, todo el despotrique de la supuesta amenaza a la libertad de prensa queda completamente desdibujado. Es decir, si en vez de un año damos tres, ¿la libertad de prensa estaría garantizada? En esta misma línea, el diputado radical Oscar Aguad, en diálogo televisivo con Agustín Rossi, tampoco tuvo empacho en afirmar públicamente que la ley podría ser aprobada siempre y cuando se respeten los contratos vigentes cuya duración es de diez años. Así, anteponiendo la seguridad jurídica a la libertad de expresión, Aguad sigue la propuesta rabinobergmaniana de priorizar la seguridad aun cuando esto vaya, en algunos casos, en detrimento de la libertad.
Por último, aparece una confusión bastante usual entre lo que entendemos por “garantía” y lo que entendemos por “obligación”. Este error subyace a los argumentos de aquellos que afirman que la nueva ley de medios nos va “a obligar” a escuchar determinadas voces (y ya no sólo “A dos voces”) y, ante todo, nos va a impedir escuchar los temas musicales que elegimos (especialmente los de FM 100). Expuesto así, lo que es una garantía es visto como una obligación: que el Estado asegure espacio para una pluralidad de voces de repente se transforma en una regulación de los contenidos y en controles remoto que han perdido su autonomía. Este salto no encuentra ninguna justificación en una ley cuya única referencia a contenido está en la obligación de que un porcentaje importante de la pantalla sea de producción local. No habla, como sí lo hace la propuesta de Giúdici, del deber periodístico de información veraz, algo que seguramente Reutemann, calificaría entre monosílabos como “muy chavista”.
Abusando de esta confusión, con mucha mala intención, se quiere instalar la idea de que no vamos a poder elegir más los culos de Tinelli y que, como contrapartida, deberíamos contentarnos con los culos de pueblos originarios del nuevo canal “Hot wichi TV” en el 9854 de la pantalla de Direct TV. De hecho, probablemente suceda que los ratings no varíen pues no habrá nunca una novela de un canal cooperativo que pueda competir con “Valientes”.
Más allá de esto no faltará tiempo para que TN hable de que la ley de Medios K será “la Guantánamo del control remoto” y alguna ONG que viva de los subsidios estatales lance una campaña en este sentido a través del Facebook. Lo bueno de todo esto es que, con la nueva ley, tanto TN, como la ONG tienen garantizados por el Estado una señal para poder decir lo que piensan aun cuando esto sea estúpido y ni siquiera verosímil.

El fin justifica los miedos

Los debates previos a la media sanción a la nueva ley de comunicación audiovisual han exagerado aún más la histeria, las operaciones de prensa burdas y la remisión a fantasmas dignos de algunas décadas atrás. Los argumentos han ido de los menos a los más triviales pero en las horas previas a haberse votado la ley en diputados todos estos argumentos confluyeron en una sincronía tumultuosa. Desde que los representantes no eran legítimos, pasando por la idea de que esta ley atentaba contra la libertad de expresión, para terminar en un humilde pataleo ante la falta de tiempo para leer las modificaciones. Mayor pobreza intelectual tuvieron aún los periodistas que en “A dos voces” recurrieron a una serie insólita de amenazas sesgadas, tergiversaciones hechas con mala voluntad y, por último, pedidos de clemencia. Así, parecido a lo que ocurrió con el fútbol, primero se apeló al amedrentamiento bajo la idea de que llegarían juicios multimillonarios; luego se buscó instalar un grupo de slogans que en este caso indicaban que TN no iba a poder llegar más a todo el territorio y que Clarín iba a ser cerrado por el único pecado de ser exitoso. Por último, aunque vinculado a esto, se intentó hallar piedad afirmando que muchas personas se quedarían sin trabajo. Contrariando el viejo adagio debería decirse que no sólo la inteligencia sino también la estupidez es limitada. De aquí que sea difícil no ver esto como una demostración del vergonzante intento por defender los intereses del Multimedio. Claro que dentro de los multimedios hay diferentes actitudes, algunas, por supuesto más decorosas. Por eso es que sin llegar a exigir la inmolación por una causa justa, al menos podría implorarse no hacer las veces de idiotas útiles ni sobreactuar obsecuentemente calculando potenciales réditos. A tal punto llegó en algunos casos este nivel delirante de defensa que no pocos de los más importantes periodistas del grupo Clarín salieron a dar un debate semántico y etimológico con la intención de mostrar que en sentido estricto esto no era un monopolio, sino, en todo caso, un oligopolio con un grupo que, específicamente, concentra buena parte del espectro audiovisual y gráfico. Asimismo, en algo que un buen psicoanalista probablemente defina como “proyección”, las principales plumas abrumaron con frases tales como “los K enloquecieron; se desbocaron; están contra las cuerdas, echan espuma por la boca, etc”.
En el medio de este delirio de una cadena nacional privada con una cámara fija en buen parte de los debates y agitando el demonio neomacartista del chavismo, el Gobierno hizo algunas cosas bien. Por lo pronto, se dio cuenta que debía logar un consenso amplio y que la transversalidad perdida podía reeditarse coyunturalmente en el Congreso. Esto fue posible, claro, por una centroizquierda razonable que sabe que la política es una especie de gran pista circular donde correr demasiado por izquierda acaba haciendo que uno llegue por derecha. Es por eso que el Gobierno, vedando el ingreso de las telefónicas y reformulando la composición del organismo de control, logró incluso el apoyo de los que fueron socios del ARI: los socialistas.
Guste o no, el parlamento argentino está demostrando una madurez insospechada. Lejos de ser una escribanía, fue el espacio donde se discutió sin piedad la 125 y donde se siguen discutiendo leyes que suponen cambios estructurales como la eliminación de las AFJP y la ley de Medios.
Por último, aun a riesgo de desdecirme, quizás haya que matizar en parte aquella frase de algunos párrafos atrás que indicaba que muchos de los argumentos de la oposición no pueden ser fruto de la estupidez. Quizás ni siquiera sea sólo por venalidad. Probablemente sea también por un miedo natural, casi un instinto de supervivencia. Por ello, permitiéndome cerrar jugando con los sonidos de las palabras y con la polisemia de la palabra “fin” que funciona como término/límite, pero también como horizonte deseado, quizás debiéramos decir que la mejor frase para explicar tanta verborragia inútil sea “El fin justifica los miedos”.

La democracia del minuto a minuto (publicado originalmente el 9/9/09 en www.lapoliticaonline.com)

La discusión en torno a la Ley de Radiodifusión enviada al congreso por el Gobierno trajo como consecuencia una interesante controversia filosófico-institucional respecto a los alcances de la representatividad. Me refiero aquí a los fundamentos teóricos que se encuentran a la base del pedido de buena parte de la oposición, los Medios interesados e, insólitamente, la Iglesia y hasta la Mesa de Enlace, para que el proyecto sea tratado después del 10 de diciembre.La argumentación de estos grupos se sostiene en la idea de que el punto de vista de la ciudadanía que se puso de manifiesto el 28 de junio no se refleja en la actual composición de las cámaras. De esta manera, y más allá, de que los legisladores deben cumplir su mandato se dice que este cumplimiento ha perdido legitimidad. Esta forma de encarar la problemática parece obligarnos a hacernos una pregunta que parecería no poder responderse fácilmente. Me refiero a la pregunta acerca de cuánto dura la representatividad. Seguir leyendo esta nota aquí.