Con la nota publicada el domingo
13/9/15, “¿Y si Zamora es presidente?”, el columnista Joaquín Morales Sola
explicitó el plan que algunos veníamos denunciando desde el mismísimo día de la
elección PASO. Por si usted no lo recuerda, aquel 9 de agosto, políticos,
periodistas y cuentas de twitter de la oposición buscaron instalar que el
triunfo del FPV obedecía a un fraude y, de ese modo, el gran simulacro
mediático transformaba en obsoleto y antidemocrático un sistema electoral que
no era ni obsoleto ni antidemocrático en las elecciones en las que triunfó la
oposición. Asimismo, la vergonzosamente judicializada elección tucumana, con un
pedido de no declarar ningún ganador hasta nuevo aviso, llevó al extremo el
modus operandi opositor que implica utilizar jueces cómplices para dificultar
el avance de las decisiones de la voluntad popular y sus representantes. Y como
si esto no alcanzara, lo mismo harán con la elección chaqueña que tendrá lugar
en septiembre a pesar de que en las PASO provinciales de mayo de este año, el
FPV venció a toda la oposición junta por una diferencia de 23% obteniendo el
apoyo de 6 de cada 10 chaqueños.
Este ataque obedece a una
estrategia de esmerilamiento en aquellos distritos donde el FPV ha obtenido la
diferencia clave. Pues si comparamos de dónde salieron los votos de las
principales fuerzas notaremos que la Provincia de Buenos Aires y el Norte Grande
le aportaron al oficialismo el 70% de su caudal y al Frente Cambiemos solo el
51%. Frente a estos datos duros, no debe extrañar que, mágicamente, desde el 9
de agosto hasta la fecha, los medios opositores no hagan otra cosa que atacar
uno por uno a los gobiernos peronistas de cada uno de esos distritos. Si bien
nadie puede sostener que aquellas provincias estén exentas de problemas, llama
la atención que algunos medios los hayan descubierto ahora y que los distritos
donde la oposición ganó, o hizo elecciones más equilibradas, no sufran
denuncias ni reciban la visita de algún grupito de periodistas citadinos que
utilizan “sinecdóticamente” una imagen para que el porteño medio nunca se
indigne por muertes en Soldati sino por todo aquello que suceda lejos de su
casa.
Pero resulta claro que el
objetivo no es Tucumán (donde tarde o temprano los republicanos que han perdido
la elección deberán aceptar la evidencia de los hechos), ni Chaco. Tampoco es
Formosa ni Jujuy. El objetivo es llegar a la elección nacional en un clima de
sospecha y deslegitimación de un ganador que, todo indicaría, sería Daniel
Scioli.
Si bien no
había que ser Sherlock Holmes para darse cuenta de tal operación, la mencionada
nota de Morales Solá explicita pornográficamente el escenario que se intenta
montar. Expresado con sus propias palabras: “Envuelto en la sospecha y el
descrédito, el viejo sistema electoral podría dejar a los argentinos sin un
presidente nuevo el 10 de diciembre. Habrá un presidente electo, sin duda, pero
nadie sabe ahora cuándo estará en condiciones de asumir. La estrechísima
diferencia que señalaría un triunfo en primera vuelta o la necesidad de una
segunda ronda abrirían un período de alta conflictividad política y electoral (…) ¿Qué sucedería si
fuera necesario esperar el escrutinio definitivo para saber si habrá segunda
vuelta? Entre la primera y la segunda vuelta habrá sólo 27 días. Si Tucumán
lleva escrutando 20 días y no terminó, ¿cuántos días consumiría el escrutinio
definitivo de todo el país? (…) El cuadro se agravaría aún más si hubiera segunda vuelta.
Entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre habrá sólo 18 días. Las encuestas
que han medido una segunda vuelta (relativas todas en las condiciones actuales)
señalan triunfos por uno, dos o tres puntos, cuando mucho. Así como Scioli es
el candidato más votado en las mediciones de primera vuelta, Macri lo es en las
encuestas sobre el ballottage. ¿Qué sucedería si cualquiera que saliera segundo
planteara la necesidad del escrutinio definitivo o la revisión de muchas urnas
en todo el país para aceptar su derrota? ¿Cuándo los argentinos (y el próximo
presidente) sabrán quién ganó definitivamente? Un cuadro de extrema
conflictividad podría llevar la definición hasta más allá del 10 de diciembre. Cristina
Kirchner y Amado Boudou deberán irse a sus casas el 10 de diciembre, pase lo
que pase. Su mandato constitucional concluirá indefectiblemente ese día. La
única alternativa posible sería que Cristina le entregara el gobierno al
presidente provisional del Senado, el radical K Gerardo Zamora, uno de los
peores líderes feudales del país, hasta que la Justicia proclame al nuevo
presidente. Una fuente inmejorable de la justicia electoral, consultada sobre
la posibilidad de que Zamora termine siendo presidente provisional del país,
contestó con una frase corta, seca: No es imposible y ni siquiera improbable.
Todo dependerá del grado de los litigios políticos y judiciales".
Seguramente usted estará sorprendido por
el hecho de que la principal nota de opinión de unos de los diarios de mayor
tirada de la Argentina se pronuncie en estos términos pero es notorio que hay
sectores de la sociedad argentina que son capaces de hacer todo lo posible para
generar incertidumbre en la población. Se trata de instalar la idea de un vacío
de poder y, como todos sabemos, cuando eso sucede el poder no se ausenta sino
que queda en manos de aquellos que no se someten a la voluntad popular y,
gracias a que enfrente tienen un gobierno débil, son capaces de sortear una y
otra vez los mecanismos de control que le impone el Estado.
Como sucedió en otros países
latinoamericanos donde triunfaron gobiernos populares, los sectores liberales
conservadores buscaron instalar la idea de fraude y si lograron instalarlo en
una elección como la tucumana donde la diferencia fue de 15%, ¿cómo se van a
perder la posibilidad de hacerlo en una elección que, como bien indica Morales
Solá, tiene en 2 o 3 puntos la llave para que la Argentina tenga un presidente
en primera vuelta?
La mención a los actos eleccionarios en
países de la región no es casual porque el giro discursivo que se viene dando
es común a estas latitudes. Más específicamente, tanto en el caso de Chávez/Maduro
como en el de Correa y Evo Morales, la oposición afirmaba que se trataba de
gobiernos elegidos democráticamente que, una vez en el poder, devinieron
dictaduras. En otras palabras, se trataba de gobiernos con legitimidad de
origen pero no de ejercicio. En Argentina, con el mismo sistema electoral desde
el regreso de la democracia, más allá de algún episodio o algún lloriqueo
puntual, ganara el peronismo o ganara la oposición, nunca se puso en tela de
juicio la legitimidad de origen. De hecho existen comunicadores y políticos que,
muy sueltos de cuerpo, llegan a comparar a este gobierno con la última
dictadura argentina o incluso con el nazismo pero solo por la forma en que el
kirchnerismo, legitimado en las urnas, se habría comportado en el ejercicio del
poder.
Sin embargo, hoy la situación es otra y,
tal como sucedió en Venezuela, carente de resultados la estrategia de la
deslegitimación de ejercicio, se apunta a una deslegitimación más severa que es
la de afirmar que quienes ocupan la actual administración están utilizando
distintos tipos de mecanismos fraudulentos ilegales e inmorales para que el
resultado de la elección no refleje el deseo del pueblo. Las consecuencias
institucionales, políticas y hasta psicológicas de un gobierno sin la
legitimidad de origen son harto evidentes como también es harto evidente
quiénes serán los principales beneficiarios de un gobierno que asuma con esa
debilidad.
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