De mete-balas y garantistas zonzos (publicado el 10/4/14 en Veintitrés)

La semana pasada, con buen criterio, esta revista eligió como tema principal el vinculado a los casos de linchamientos que tomaron estado público y coparon la agenda mediática. Como se trata de esos temas en los que todos creemos tener algo para decir y hoy existen diversos canales en los que la opinión personal puede amplificarse, será difícil ser original pero lo intentaré.

Quisiera tomar como disparador la deconstrucción del cliché que afirma que una horda que se comporta de manera tribal (en el peor de los sentidos) se explica por una “ausencia de Estado”. Lo primero que llama la atención es que tal acusación provenga de miembros del Estado con responsabilidades ejecutivas y/o legislativas. Me refiero a Sergio Massa, ex intendente y actual diputado nacional, y a Mauricio Macri, ex diputado nacional y actual Jefe de Gobierno. Es doloroso que quienes tengan responsabilidades asuman un rol de comentaristas indignados pero más doloroso es que se instale que “ausencia de Estado” es equivalente a ausencia de poder punitivo, esto es, falta de policía. El Estado es, para algunos, esencialmente poder punitivo pero también es algo más. Porque tiene la responsabilidad de proteger nuestra integridad física y nuestra propiedad pero también debe comprometerse con los derechos sociales y económicos que nuestra Constitución manda. Dicho en buen criollo, políticas vinculadas a más y mejor trabajo, a vivienda digna, a protección de niños y ancianos, etc. son responsabilidad del Estado. Claro que cuando se plantea esto parecemos entrar en una suerte de dicotomía que divide las aguas. En este sentido, quienes se indignan con los hechos delictivos son acusados de burgueses asustados reaccionarios y punitivistas, y quienes hacen énfasis en una política estatal de inclusión son vilipendiados en tanto “garantistas”.

Este país goza de una porción enorme de burgueses asustados reaccionarios que meterían bala a todo aquel que ose mirar el reloj caro o el auto cero kilómetro que se pudieron comprar, pero no todo aquel que exige seguridad es un burgués asustado reaccionario. Del mismo modo, es habitual oír una progresía bienpensante que ocupa un lugar importante en los medios, defender un garantismo zonzo que es más zonzo que garantista. Porque ser garantista no es ser pelotudo y, de hecho, el anteproyecto de reforma del código penal fue defendido por los mismos garantistas, entre otras cosas, haciendo énfasis en que muchas de las penas aumentaban. El garantismo zonzo que, entiendo yo, no es el que defiende Zaffaroni ni la gran mayoría de sus discípulos, supone un determinismo social que descansa en una enorme cantidad de presupuestos. Este tipo de garantismo que, a lo sumo, se parece más a un abolicionismo que no es defendido sensatamente por ningún pensador relevante, me atrevería a decir, desde comienzos del siglo XX hasta hoy, es el que considera que el delincuente es una víctima de las desigualdades sociales. De esta manera, se elimina la voluntad del sujeto que delinque para transformarse simplemente en un mero efecto “del sistema”. Desde mi punto de vista, el delincuente es víctima de la desigualdad social pero también es victimario. Que sea víctima del “sistema” solo puede resolverse cambiando el sistema o, dentro del mismo, generando políticas activas de inclusión que rendirán sus frutos en el largo plazo. Mientras tanto, el progresismo debe responder qué hacer con la faceta victimaria del delincuente. Esto no quiere decir meter presos indiscriminadamente a perejiles roba relojes pero implica ponerse a reflexionar si resulta correcto que alguien que tiene 3 entradas por robo salga a las 12 horas simplemente porque por las entradas anteriores no ha recibido condena todavía. Esto nos lleva, a su vez, a encarar otro falso dilema entre los mismos interlocutores. Porque los sectores más reaccionarios consideran que el único problema es la delincuencia de los morochos y pobres a los que hay que mantener alejados, si es posible, con alambrados electrificados, mientras que ese garantismo zonzo que, vale repetirlo, es más zonzo que garantista, considera que el único problema es la rémora autoritaria existente en las fuerzas de seguridad. Respecto a este punto, los lectores de esta revista y esta columna saben que considero que las policías son hoy, en Latinoamérica, una de las principales fuentes de desestabilización de los gobiernos populares; asimismo, es claro que el crecimiento del delito y el narcotráfico en toda la región no puede explicarse sin la complicidad de las cúpulas policiales, las cuales, a su vez, son muy poco afectas a la protección de los derechos humanos de los más desaventajados. Esto se complementa con un sistema de justicia y con el accionar de jueces con una particular predisposición al castigo a jóvenes de sectores bajos que son los que, hoy en día y sin condena, llenan nuestras cárceles. Pero haciendo énfasis en estas problemáticas no se puede pasar por alto que hay gente que roba y gente que mata por razones que no obedecen al componente autoritario de las fuerzas policiales ni a la particular selectividad del sistema judicial.

Para finalizar, creo que no se pueden pasar por alto otros aspectos que por razones de espacio no podré desarrollar. Casi como un punteo de temas, podría mencionarse la confusión entre linchamiento y legítima defensa, algo que apareció cuando, por ejemplo, el gobernador de Córdoba indicó que clavaría un tenedor en el ojo al delincuente que maltrate físicamente a su familia en ocasión de un robo. Sin dudas, si un delincuente intenta matar a golpes o agredir físicamente a un ser querido, defenderse, incluso dando muerte al delincuente, se encuadraría en una legítima defensa. Pero los casos de linchamiento que se dieron la semana pasada no tuvieron que ver con eso sino con el robo de un reloj o una cartera en el que la víctima no corrió peligro de muerte alguno. Poner al mismo nivel el ataque contra la propiedad y el riesgo de vida es la consecuencia de la instalación de un nuevo enemigo social construido a partir de la existencia real del accionar delictivo. Este enemigo es “la inseguridad” y viene a reemplazar a “los subversivos” de los años 70. Se supone así que hay un enemigo interno, un cáncer social al que hay que extirpar a como dé lugar. No me extenderé en este punto porque la semana pasada la columna de Ernesto Tenembaum (“Cuando nos sentimos víctimas”), desarrolló esta perspectiva. Del mismo modo que la nota de Pablo Galand, también en esta revista,  advirtió que la “justicia por mano propia” es un oxímoron y que, si es por mano propia, es venganza, esto es, injusticia. Sobre este aspecto, simplemente, recuérdese qué paradójico es que a la decisión política de acabar con las leyes de impunidad y avanzar en los juicios contra los genocidas, algunos comunicadores y referentes políticos lo denominen “venganza”, y al linchamiento barbárico impulsado por vecinos ante robos de carteras se lo llame “justicia”. Por último, mención aparte para la decisión del gobierno de Scioli de decretar una emergencia en seguridad. ¿Cuál ha sido el diagnóstico para adoptar esa medida? ¿Cuánto de la histeria mediática ha operado en esta decisión?

Esta pregunta es de relevancia porque si las políticas de seguridad van a bailar al compás de la agenda mediática perderemos un tiempo valioso observando cómo la lógica de la polémica televisiva, que no busca la verdad sino el escándalo entre contrarios, nos condena a elegir entre energúmenos mete-balas y referentes discursivos de un garantismo zonzo que no le hacen ningún favor al garantismo y que siguen sin poder brindar una respuesta razonable y realista a la problemática de la inseguridad.