Los guardianes detrás del debate (publicado el 8/10/15 en Veintitrés)

Con la pulcritud oenegista que una sociedad atrasada como la nuestra no se merece; con el acartonamiento propio de la seriedad y el tono grave que todo admirador de Santiago Kovadloff exige; con actuaciones estelares y “editorializantes” de moderadores amonestadores; sin salirse un ápice del libreto harto trabajado por los asesores y los focus group; casi noruegos de tan republicanos; supurantes de civilización y diálogo como le corresponde a las democracias chiquitas en las que las decisiones no las toma el que llega a la administración a través del voto popular; rodeados de un público igual o más civilizado aún y en el contexto de la Facultad que le brinda a los argentinos los fiscales de la República y las buenas costumbres contra el estatismo que atenta contra nuestros derechos individuales; con analistas que evalúan la calidad democrática, el interés y la participación por la cantidad de menciones en una red social. Así se desarrollaron los monólogos de lo que fue presentado ambiciosamente como #ArgentinaDebate, y que la ciudadanía pudo observar a través de la pantalla de América 2 entre cortes publicitarios que duraron entre 10 y 13 minutos ocupados por las empresas a las que “les interesa el país”.

Dicho esto no me voy a servir de los números del rating para afirmar que, dado que más argentinos vieron Independiente-River o el programa de Lanata, a los ciudadanos no nos interesa la democracia ni el intercambio de ideas, porque sería un reduccionismo. Además, del mismo modo que el éxito en una red social no significa nada en sí mismo, tampoco significa demasiado que los monólogos presentados como debates hayan sido vistos por más o menos gente. En todo caso, de ese dato se pueden hacer distintas inferencias y una de ellas podría ser que buena parte de la ciudadanía entendió que lo que allí había no era un debate sino un show y, si de shows se trata, prefiere el del fútbol o el de Lanata pues, a su vez, como show, el debate dejó muy poco. De hecho, los principales impulsores del montaje se quejaron de que nadie rompiera el molde y los principales análisis solo destacan algún que otro momento de quiebre de la monotonía. Pues al fin de cuenta escuchamos lo que los candidatos vienen diciendo y la única interacción entre ellos se dio cuando uno le hacía una pregunta al otro sin posibilidad de repregunta, con lo cual el preguntado hacía lo que todo asesor hubiera sugerido, esto es, negar la acusación y seguir adelante. Todo esto estructurado por temáticas y con un reloj severo que no permitía nunca intervenciones mayores a dos minutos. Dado que los candidatos, insisto, solo monologaron las propuestas que vienen repitiendo en programas de televisión y spot publicitarios, lo único que se recordará de #ArgentinaDebate son las dificultades gramaticales y argumentativas de Marcelo Bonelli, la fe republicana y las chicanas subrepticias de Luis Novaresio hacia el candidato ausente, la buena voz de Rodolfo Barilli, la puesta en escena del atril vacío para dejar en evidencia la falta de Scioli, la cantidad de veces que, como un mantra, el candidato de la izquierda repitió la palabra “trabajadores”, el “indignismo” acelerado de Stolbizer y los segundos de silencio que pidió el candidato Massa cuando le tocó usufructuar el tiempo que habría tenido el candidato del FPV y que la organización decidió distribuir para que todos los presentes hicieran su catarsis terapéutica contra el oficialismo.    

Como saldo parece poco. Ahora bien: ¿Si hubiera asistido Scioli hubiera sido mejor? No. Porque más allá de las cualidades del candidato x lo que obtura el debate es el formato dado que, como se ha dicho por allí alguna vez, el “medio es el mensaje” y es el “masaje” también.  

Ahora bien, probablemente las razones por las que el candidato del FPV eligió ausentarse no tienen que ver con esta mirada crítica hacia el formato. Más bien, probablemente, prime la idea de que liderando la intención de voto con altas probabilidades de ganar en primera vuelta no hace falta asumir el riesgo innecesario que supondría la lógica del programa televisivo “Intratables”, esto es, ser el invitado especial de una fiesta en la que se hacen presentes “todas las voces” para que por izquierda o por derecha la mayoría critique al oficialismo. Porque Scioli se hubiera encontrado con 5 candidatos atacándolo, de eso no cabe duda.

Sin embargo, se podría objetar que participar de un debate no es algo que dependa de estrategias electorales sino que es un deber republicano. Sobre ese punto me he pronunciado en esta misma revista y aun a riesgo de repetirme reafirmo que si bien podría ser preferible que haya debate aun cuando éste sea un show, lo cierto es que los requisitos republicanos que se esgrimen para exigir a los candidatos la asistencia, o bien están cubiertos previamente al debate o bien no logran ser  cubiertos por el debate. Siendo más específico, resulta insólito afirmar que el debate es necesario para que la ciudadanía conozca las posturas, la personalidad y los desempeños públicos del candidato porque, en tiempos de telepolítica, los candidatos están sobreexpuestos y hasta los que tienen menos recursos equilibran bastante la presencia mediática a partir de la última ley que otorga a los partidos espacios de difusión gratuita en medios. Por otra parte, el formato polemista, lejos de abrir el juego a que la ciudadanía revise sus posiciones y eventualmente pueda encontrar razones nuevas para ratificar o rectificar su voto, promueve la fidelización del mismo ya que la estructura empuja a que se tome partido de antemano por uno de los candidatos. La consecuencia de ello es que siempre creemos que ganó el debate el candidato que ya era de nuestra preferencia antes del mismo.

Pero además: ¿importa quién gane el debate? Aun si fuera cuantificable, ¿qué aspectos del mismo tomamos en cuenta para evaluarlo? Y, por sobre todo: ¿esos aspectos que permiten salir triunfador de un debate estructurado para show televisivo nos hablan de un buen futuro presidente o de un buen polemista mediático?

Es lamentable echar por tierra la excitabilidad republicana de comunicadores y de una parte de la audiencia que cree que participar y hacer política es mirar la tele y opinar pelotudeces en 140 caracteres. Pero resulta llamativo que los mismos que creen que el debate es esencial para la democracia nunca observen ni transmitan los debates que se dan en las cámaras de diputados y senadores o que, incluso, señalen que los mismos son una pérdida de tiempo. Incluso llama la atención cómo candidatos que no asistían (Macri) o no asisten (Massa, Carrió, Michetti, entre otros) a las sesiones de la Cámara para la que fueron elegidos por el voto popular, afirmen que quien no acepta ser parte del show le falta el respeto a la ciudadanía.

Y por sobre todo, para finalizar, creo que con la realización del debate no se beneficia ni la ciudadanía ni los polemistas. Más bien, los grandes beneficiados son aquellos interesados en que se naturalicen y legitimen al menos 3 ideas. En primer lugar, que solo una ONG (o un conjunto de ellas) es la adecuada para organizar un debate plural y neutral porque todo lo que huela a Estado, Gobierno u organizaciones populares parece estar viciado de antemano en tanto faccioso. De esta manera se busca instalar que los ciudadanos libres y racionales (en muchos casos con dudosos financiamiento en dólares), y nucleados en tanto individuos que forman parte de la sociedad civil, son los únicos con la idoneidad y la moralidad para organizar este evento.

En segundo lugar, ¿por qué el lugar escogido fue la Facultad de Derecho? Es de celebrar que el evento se hiciera en una Universidad pública pero ¿por qué no se hizo en Ciencias Sociales, en Filosofía y Letras, en Agronomía o incluso en Odontología ya que también de sonreír se trata? En tiempos de judicialización de la política y donde ciertos sectores sueñan con un gobierno de los jueces, el escenario no parece casual y abona el imaginario de un Estado y una democracia subsumidos al Poder Judicial.

Por último, ¿por qué los moderadores fueron periodistas? ¿No podría haber sido un académico? ¿Acaso un ferretero? ¿Un carpintero? ¿Un docente? ¿Por qué no un comentarista deportivo o más bien un mago con o sin dientes? ¿Fueron periodistas porque son buenos animadores con lo cual se deja bien en claro que se trataba de un show? ¿O fueron periodistas porque lo que se quiso dejar en claro es que debata quien debata lo que importa es legitimar y naturalizar que las ONG, el Poder Judicial y la corporación periodística son los guardianes morales de la República?      

 

 

"Denuncismo" para todos (publicado el 1/10/15 en Veintitrés)

A menos de un mes de las elecciones, prácticamente la totalidad de las encuestas habla de un triunfo de Daniel Scioli que no llegaría al 45% pero superaría por 10% a su inmediato perseguidor, Mauricio Macri. En general, el resultado de estas consultas arroja la cristalización de los votos de las PASO y apenas un reacomodamiento que, en este caso, le permitiría al FPV alzarse con el triunfo sin tener que recurrir a una segunda vuelta. Estos números indican que Sergio Massa resiste la polarización y que, incluso, puede haber capitalizado algo del voto que se le habría escurrido al PRO tras el “Niembrogate”, más allá de que todavía no le alcance para desplazar al ex presidente de Boca del segundo puesto.

Dicho esto, me quiero detener precisamente en la relación entre el escándalo que le costó al PRO la renuncia del primer candidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires y la merma en el apoyo de los electores. Dicho más fácil, todos los encuestadores coinciden en que las groseras irregularidades de la empresa fantasma de Niembro le han quitado votos al PRO. Entonces la primera pregunta es por qué el votante macrista le quitó el apoyo a la escudería amarilla tras el escándalo público. ¿Usted tiene la respuesta? Piénselo bien porque no creo que el interrogante planteado pueda ser respondido cándidamente afirmando que, naturalmente, cualquier caso de corrupción o incorrecto accionar de un funcionario público quita votos. La prueba de ello es que el propio Mauricio Macri se encuentra procesado y sin embargo ha ganado elecciones y se ha posicionado como un candidato con posibilidades de alcanzar la presidencia. ¿Entonces por qué le quito el apoyo a mi partido si se sospecha que uno de los candidatos recibió dinero de forma irregular y no se lo quito si el principal referente se encuentra procesado por escuchas ilegales?

Es muy tentador responder que a una parte del votante PRO le indigna más que le quiten dinero de sus impuestos que el hecho de que lo espíen aunque esa respuesta puede ser equivocada ya que muchos de esos votantes, por ejemplo, están preocupados por la posibilidad de que el gobierno nacional los espíe a través de la tarjeta SUBE. Al menos así lo expresan a través de las redes sociales y sus celulares mientras dan información y aportan selfies que muestran desde qué lugar del país o del mundo expresan su preocupación.

Digamos entonces que es un misterio o que probablemente haya otro montón de factores en juego. A primera vista se me ocurre pensar que el PRO y los medios opositores, por razones personales y de enemistad construida durante décadas, le “soltaron la mano” a Niembro como no se la soltaron a Macri en su momento a pesar de que su situación es infinitamente más grave que la del relator de los partidos de fútbol y los indultos a los genocidas. En segundo lugar, los momentos son distintos y lo que puede indignar en un determinado contexto puede no hacerlo en otro más allá de que eso hable de cierta incoherencia. Pero como estas líneas no intentan juzgar a nadie sino solamente explicar podemos tomar este punto como variable. Por último, puede ser que, aunque resulte insólito para una administración que subejecutó presupuestos de diversas áreas durante años y tiene la decisión política de ir debilitando todo aquello vinculado a lo público, se creó el mito de que la administración PRO en la Ciudad ha sido una buena administración y a una buena administración le podemos permitir que espíe pero no que robe. La protección mediática sin duda ha ayudado a construir este “relato PRO” que se apoya en dos presupuestos del sentido común bastante zonzos: si es ingeniero y empresario debe administrar bien y si es rico entonces no va a robar porque no le hace falta.

Sin embargo, no se necesita realizar ni siquiera una breve historia de la casta de empresarios que crecieron en la Argentina a costa de los negociados con un Estado cómplice ni rebatir con decenas de ejemplos cómo el hacerse de lo ajeno es un atributo transversal a todas las clases sociales y está lejos de ser exclusividad de los que menos tienen. Con todo, sin que ninguna de estas variables pueda explicar por sí mismo el fenómeno electoral, lo cierto es que parecería que, esta vez, el PRO, la nueva política, ha perdido votos por las mismas razones que los perdía la vieja política, lo cual en un sentido debería preocuparnos porque hablamos de un electorado que aparentemente avalaría un modelo de ajuste neoliberal en la medida en que, a diferencia de lo ocurrido en los años 90, no se robe.

Pero quisiera agregar una segunda faz del “Niembrogate” vinculado a la estrategia de esmerilar políticamente a partir de las denuncias de corrupción. En este sentido, la oposición argentina ha tenido algo de su propia medicina, o dicho en otras palabras, el kirchnerismo y sus medios afines han machacado, aparentemente, con razón, sobre la vergonzosa cadena de irregularidades alrededor de “La Usina” y luego avanzaron hacia lo que serían otros casos de desvíos de fondo o formas corruptas de financiar la política partidaria a través de los dineros públicos.

Sin embargo, el “denuncismo mediático” no es propio de un kirchnerismo que apuesta a resolver políticamente, y no judicialmente, los problemas políticos. Sí, en cambio, se ha transformando en un modus operandi de una oposición que actúa en tándem uniendo operaciones mediáticas realizadas por periodistas inescrupulosos, abogaduchos de “denuncia fácil” y políticos antipolíticos que separan y luego subordinan el Estado al Poder Judicial y sueñan con un gobierno liderado o seleccionado por la Corte Suprema.      

¿Cuánto es capaz de horadar este “denuncismo” a un partido o a un gobierno? Es difícil saberlo pues más que hechos hay interpretaciones. ¿Acaso el descenso desde un 54% obtenido por CFK en 2011, a este 40% con pretensiones de 45% del FPV se explica a partir de la, literalmente, catarata de denuncias que en los últimos 4 años han lanzado los medios opositores? Puede ser, si bien, a juzgar por la imagen positiva que tiene hoy, en el caso de que pudiera volver a presentarse, CFK estaría cerca del resultado histórico de 2011. A su vez, las compulsivas denuncias, casi todas ellas, por cierto, desestimadas por la justicia, habían empezado bastante antes y sin embargo no impidieron aquella paliza electoral. Sí, en cambio, este “denuncismo” es capaz de lograr dos cosas: en primer lugar, si bien todos los casos son distintos, es capaz de dejar una mácula en el denunciado. Dicho más específicamente, independientemente de si resulta o no culpable, Niembro habrá quedado asociado a la corrupción de la misma manera que buena parte de la sociedad afirma que el vicepresidente Amado Boudou es corrupto a pesar de que la justicia no se ha expedido al respecto aún y que se encuentra en la misma instancia judicial que Mauricio Macri, alguien que, evidentemente, no es asociado con la corrupción. En segundo lugar, la lógica de la denuncia fácil es efectiva en cuanto a que, a fuerza de repetición, y a fuerza de atacar a determinadas figuras, logra que se asocie la corrupción a un partido. En otras palabras, si el referente máximo y todos los funcionarios de un gobierno, por ejemplo, son mediáticamente denunciados constantemente es probable que se logre que en una parte de la población se vincule naturalmente al partido x con la corrupción. En ese sentido, repito, el “denuncismo” es efectivo. Sin embargo, también es verdad que el precio que se paga por la denuncia constante es, paradójicamente, la desinformación y la impermeabilización de la audiencia pues el efecto de la denuncia número 100 es nulo comparado con el efecto de la denuncia número 1. Claro que a quien hace de la denuncia una estrategia política, poco le importa este particular efecto pues de lo que se trata es de lograr una asociación inconsciente entre el partido adversario y la corrupción. Pero lo cierto es que, en Argentina, las denuncias obedecen no solo a necesidades políticas si no también al sistema de producción, al formato de los medios y a la continuidad de los programas. En este sentido, la cuenta es bastante simple: si hago un programa de TV semanal que pretende ser de periodismo (opositor) de investigación, necesito sostener, como mínimo, 53 denuncias por año, lo cual, sin duda, implica que, cuando no haya nada que denunciar, habrá que inventar. Y si tengo un diario con gente trabajando 40 horas por semana imagínese usted. Hay que producir y la producción puede ser realidad o ficción, lo mismo da.

La consecuencia de ello es una audiencia indignada que necesita de la denuncia diaria o semanal pero que, a su vez, consume la denuncia como espectáculo y, en tanto tal, la consume como puede consumir cualquier otro producto (y como contrapartida, genera “otra audiencia” que, una vez probada la falsedad de alguna de esas denuncias, ya no cree en ninguna). Asimismo, la maraña del presuntamente serio periodismo de investigación, con papeles, nombres particulares, etc. hace difícil seguir la saga. Haga la prueba y, por ejemplo, pregúntele a quien cree que Boudou es un corrupto si sabe de qué se lo acusa y seguramente no sabrá responder.                      

Ya sabemos que hacer énfasis en la corrupción es la mejor manera de no discutir modelos de país y el kirchnerismo, que siempre se ha jactado de interesarse por esta discusión, esta vez, se ha servido de las armas del adversario en un caso que ha horadado al PRO, no, justamente, por la (inexistente) potencia mediática del oficialismo sino por lo escandaloso de la irregularidad y por el nombre propio en cuestión. Denunciadores denunciados y afectados electoralmente por la denuncia. Paradojas, sorpresas y perplejidades del “denuncismo”.         

       

Buenas razones para negarse a debatir (publicado el 24/9/15 en Diario Registrado)

En un nuevo capítulo de las discusiones efímeras (pero recurrentes) instaladas por los medios de comunicación sobre la base de un sentido común de democracia liberal bastante ramplón, resulta que la opinión pública “debate sobre los debates (presidenciales)”. Si bien no es lo mismo, las razones en favor de la realización de un debate presidencial se asemejan a las esgrimidas en torno a la necesidad de conferencias de prensa, esto es, la suposición, casi socrática, de que a través de las preguntas y las respuestas, o del intercambio de ideas, se llega a la verdad. Tal meta no era alcanzada ni siquiera en la Atenas del siglo V AC., de lo cual se sigue que difícilmente pueda lograrse cuando el interrogador es un periodista pero lo cierto es que, desde mi punto de vista, existe una sobrevaloración de la idea de debate, máxime cuando se trata de un debate presidencial.

¿Qué se pone en juego en un debate presidencial? ¿Alguna virtud esencial para el desarrollo de la gestión? ¿El “resultado” del debate (si es que eso fuera cuantificable) dice algo acerca de la calidad de las propuestas del candidato?

Las preguntas podrían continuar pero con las aquí expuestas sobresale que en un debate presidencial suele haber monólogos y lo que se busca son golpes de efecto a través de slogans o artilugios retóricos. Si esas estrategias evidenciaran el triunfo rotundo de uno de los candidatos sobre el otro: ¿tendríamos la garantía de estar frente a quien mejor nos va a representar? No, simplemente, tendríamos la certeza de un buen asesoramiento o de las cualidades oratorias del que debate. Lo mismo sucedería con las propuestas. ¿O acaso alguien cree que en un debate presidencial con un formato pensado para trasmisión televisiva hay tiempo para discutir la inflación, las políticas sociales y de seguridad, el rol del Estado, las consecuencias del neocapitalismo, el lugar de Argentina en el mundo, etc.? ¿En 5, 10, 15 minutos se pueden encarar discusiones que llevan siglos y que no tienen “solución” sino simplemente perspectivas?

Por otra parte, quienes defienden el debate presidencial como un espacio en el cual la ciudadanía podría conocer las propuestas de los candidatos y eventualmente sumar razones para confirmar o rectificar su voto, desconocen que el formato polemista “fideliza” la toma de posición previa. En otras palabras, ¿a usted no le resulta sospechoso que siempre que ve un debate acaba concluyendo que “ganó” su candidato favorito antes del debate? Efectivamente, todos creen que el que mejor actuó fue el candidato propio y, de ese modo, el debate se transforma en un ring en el que detrás de los televisores gritamos por el nuestro y chiflamos al adversario regodeándonos ante cada estocada de nuestro “pollo” e invisibilizando los golpes recibidos.        

Para finalizar, considero que es mejor que haya debate a que no haya. Y también considero que esos debates serían mejores si fuesen legislados (como en Chaco, por ejemplo) y se realizaran en una Universidad Pública con moderadores acordados por las partes y  con una transmisión abierta a todo canal, público o privado, que desee emitir las imágenes, pues la moderación y el lugar en el que se realiza el evento es parte del debate también. Pero, por lo expuesto aquí, lo cierto es que el debate solo podrá ser útil para evaluar cualidades personales en el marco de una polémica, habilidades retóricas o un buen asesoramiento para afrentas televisivas, esto es, elementos de escasa relación con las virtudes y las propuestas que hacen a un candidato y a un buen gobierno.

Clientelismo con pobres (y con ricos) [publicado el 24/9/15 en Veintitrés]

En las últimas semanas determinados medios volvieron a instalar la discusión en torno al clientelismo político como un modo de poder explicar ante la opinión pública el resultado de las elecciones. Se trata de un cliché harto transitado por los sectores pudientes o por cierta clase media ilustrada, como mínimo, desde la irrupción del peronismo hasta la fecha y es una de las formas indirectas a través de la cual se buscar quitar legitimidad a gobiernos con apoyo popular.

El razonamiento es bastante sencillo: los pobres/ignorantes votan a determinados gobiernos porque éstos les brindan dádivas o prebendas. De aquí se seguiría que para perpetuarse en el poder habría gobiernos que buscan multiplicar los pobres y los ignorantes.

Ahora bien, de este tipo de razonamientos se siguen algunas cosas más. Por ejemplo, una subvaloración del voto de los pobres. Dicho de otro modo, habría una baja calidad en el voto de menos aventajados, sea porque se trata de masas de ignorantes sea porque la necesidad los “obliga” a establecer la relación clientelar. En este sentido, habría ciudadanos libres que elegirían a sus representantes tomando en cuenta todas las variables que permiten realizar decisiones racionales y un conjunto mayoritario de la población que votaría con un hilo de baba colgando y/o hambrienta.       

El clientelismo político, esto es, la relación asimétrica que se da entre un gobierno/Estado que le brinda beneficios a un individuo o un determinado grupo a cambio de apoyo electoral, es una práctica con larga historia en la Argentina (y en Occidente) pero el sufragio secreto la limita fuertemente. En otras palabras, el funcionario de turno podrá hacer promesas, dar dinero o lo que sea pero en el cuarto oscuro es el individuo el que decide y muchas veces decide votar en contra del que le ofrece la relación clientelar. Pues tener necesidades no significa perder la dignidad y sobre todo, como diríamos en el barrio elípticamente, no significa ser pelotudo.        

¿Esto supone que haya que quitarle importancia al clientelismo político? Por supuesto que no pues es una de las prácticas más vergonzantes y abusivas. Pero de lo que se trata, más bien, es de no sobredimensionar su capacidad al momento en que la voluntad popular se expresa a través de las urnas. En apoyo a esta afirmación tómese en cuenta el “clientelismo para ricos”. Sí, porque una de las trampitas que más trasuntan una discriminación propia de la aristocracia es la de suponer que solo puede haber clientelismo con pobres. Pues no: también hay una relación de patrón/cliente entre funcionarios corruptos y los sectores más aventajados.

Explicaré esto de la siguiente manera: se dice que, por ejemplo, una práctica habitual del clientelismo es otorgar algún tipo de subsidio a cambio del apoyo electoral. Si ese fuese el caso, las clases medias y altas de la Ciudad de Buenos Aires son las primeras en aceptar relaciones clientelares en la medida en que, a diferencia de otros distritos, reciben subsidios del Gobierno nacional al consumo de luz, gas, agua y transporte. De esta manera se da insólitamente que los pobres de provincias con ingresos más bajos que los de CABA pagan por sus servicios muchísimo más que lo que paga el porteño. Por ello tiene razón la oposición en acusar de clientelista al oficialismo pero debería aclarar dos cosas: que el clientelismo no se da solo con los pobres y, sobre todo, que el clientelismo no garantiza votos pues el distrito que más subsidios recibe es, después de Córdoba, aquel en el que el FPV menos votos obtiene. Salvo que alguien se anime a afirmar que los votantes de la Ciudad de Buenos Aires son más racionales y dignos que los votantes de otras provincias, no resultará fácil sostener coherentemente una postura capaz de enfrentar esta evidencia. Si las razones que se esgrimen es que los subsidios en CABA son, en general, universales, deberán aceptar que, cuando se trata de provincias del Norte, se toma a la AUH como una forma de política clientelar a pesar de ser “universal”. Este punto muestra la pendiente resbaladiza en la que la denuncia de clientelismo ha caído hasta descansar en una suerte de sentido común de liberalismo ramplón por el cual todo tipo de ayuda estatal se ha transformado en relación clientelar independientemente de su carácter universal y de que la informatización ha permitido eludir la acción de los punteros. Es el mismo deslizamiento que hace que cualquier gobierno democrático que decida aplicar políticas redistributivas o de acción directa hacia los sectores menos aventajados sea denominado “populista”. Por último, ¿las exenciones impositivas a grandes empresarios con la excusa de atraer inversiones no es una suerte de clientelismo político también? ¿No hay allí un funcionario/gobierno/Estado que toma dinero de los contribuyentes y lo direcciona a cambio de obtener un apoyo electoral? Yendo a un caso puntual y para no caer solo en el gobierno nacional, ¿no hay clientelismo político con ricos cuando el gobierno de la Ciudad establece negocios con el Grupo Clarín? ¿No se está beneficiando económicamente a un grupo pidiendo a cambio apoyo electoral? Se trata de preguntas retóricas pero, sin duda, del mismo modo que el clientelismo político con pobres no garantiza que el “cliente” vote al “patrón”, nada impide que Héctor Magnetto, en la soledad del cuarto oscuro, se incline por una alternativa al macrismo al momento de elegir el “puesto menor” de Presidente de la República.         

Pero la temática del clientelismo político, aunque usted no lo crea, fue bastante más allá de una discusión de taxi o a los gritos en un canal de TV, para servir de fundamento al fallo de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de Tucumán que declaró nulas las últimas elecciones a gobernador. Sí, será macondiano y surrealista pero basándose en una nota de La Nación y en un informe de Jorge Lanata, la principal razón por la que se anulaban los comicios en el que el vencedor aventajó por 100.000 a su principal competidor, fue, más que algunos casos de quema de urnas y una falla en las cámaras de seguridad que controlaban el traslado de los votos, el conjunto de prácticas clientelares que habrían existido durante las elecciones y antes de las mismas. Es extraño pues con ese criterio hasta se podría haber exigido que las elecciones nunca se hubieran llevado a cabo puesto que seguramente hay prácticas clientelares (del oficialismo y de la oposición) en Tucumán. Por suerte para la democracia y las instituciones, semejante despropósito fue desautorizado por la Corte Suprema de Tucumán con un fallo del que extraje los siguientes pasajes: “Sin caer en el extremo de negar ni relativizar la gravedad que ese tipo de actos (quema de urnas, violencia y prácticas clientelares) contrarios a la ley, máxime ante la importancia de los valores en juego, no es posible, empero, soslayar, por un lado, la decisión de aquellos votantes que no se prestan ni participan de tal irregularidad ni, por el otro -y lo que es más decisivo todavía- la circunstancia incontrastable de que del clientelismo no se sigue inexorablemente la falta de autonomía de los electores involucrados, quienes al ingresar solos al cuarto oscuro quedan fuera del alcance de toda injerencia extraña (…) Además de carecer de la necesaria universalidad que debería presentar un argumento sobre el que se funda una medida que afecta a todo el electorado, ante la ausencia de elementos demostrativos o -cuanto menos indiciarios de que no se ha garantizado el ejercicio pleno de la libertad de elección dentro de los sendos recintos habilitados a ese efecto, el razonamiento de la sentencia [que anulaba los elecciones] importa avanzar indebidamente sobre la conciencia misma de las personas que participaron del comicio. Los motivos que llevan a un elector a votar en tal o cual sentido son de la más variada índole (política, afectiva, económica, religiosa, etc.), y podrá compartírselos o no, pero ello no autoriza a ninguna autoridad estatal a inmiscuirse en el ámbito interno de las personas, juzgando la conciencia de cada ciudadano”.

Los pasajes escogidos son lo suficientemente elocuentes como para agregar algo pero la desesperación de un sector del electorado tras 12 años de perder elecciones lo está llevando al límite de poner en tela de juicio conquistas republicanas y democráticas que mucho nos ha costado conseguir. Se trata de un sector que, de hecho, se arroga la potestad de calificar el voto olvidando que el voto del rico y el del pobre, al menos hoy, valen lo mismo.     

Deslegitimar de origen (publicado el 17/9/15 en Veintitrés)

Con la nota publicada el domingo 13/9/15, “¿Y si Zamora es presidente?”, el columnista Joaquín Morales Sola explicitó el plan que algunos veníamos denunciando desde el mismísimo día de la elección PASO. Por si usted no lo recuerda, aquel 9 de agosto, políticos, periodistas y cuentas de twitter de la oposición buscaron instalar que el triunfo del FPV obedecía a un fraude y, de ese modo, el gran simulacro mediático transformaba en obsoleto y antidemocrático un sistema electoral que no era ni obsoleto ni antidemocrático en las elecciones en las que triunfó la oposición. Asimismo, la vergonzosamente judicializada elección tucumana, con un pedido de no declarar ningún ganador hasta nuevo aviso, llevó al extremo el modus operandi opositor que implica utilizar jueces cómplices para dificultar el avance de las decisiones de la voluntad popular y sus representantes. Y como si esto no alcanzara, lo mismo harán con la elección chaqueña que tendrá lugar en septiembre a pesar de que en las PASO provinciales de mayo de este año, el FPV venció a toda la oposición junta por una diferencia de 23% obteniendo el apoyo de 6 de cada 10 chaqueños.

Este ataque obedece a una estrategia de esmerilamiento en aquellos distritos donde el FPV ha obtenido la diferencia clave. Pues si comparamos de dónde salieron los votos de las principales fuerzas notaremos que la Provincia de Buenos Aires y el Norte Grande le aportaron al oficialismo el 70% de su caudal y al Frente Cambiemos solo el 51%. Frente a estos datos duros, no debe extrañar que, mágicamente, desde el 9 de agosto hasta la fecha, los medios opositores no hagan otra cosa que atacar uno por uno a los gobiernos peronistas de cada uno de esos distritos. Si bien nadie puede sostener que aquellas provincias estén exentas de problemas, llama la atención que algunos medios los hayan descubierto ahora y que los distritos donde la oposición ganó, o hizo elecciones más equilibradas, no sufran denuncias ni reciban la visita de algún grupito de periodistas citadinos que utilizan “sinecdóticamente” una imagen para que el porteño medio nunca se indigne por muertes en Soldati sino por todo aquello que suceda lejos de su casa.       

Pero resulta claro que el objetivo no es Tucumán (donde tarde o temprano los republicanos que han perdido la elección deberán aceptar la evidencia de los hechos), ni Chaco. Tampoco es Formosa ni Jujuy. El objetivo es llegar a la elección nacional en un clima de sospecha y deslegitimación de un ganador que, todo indicaría, sería Daniel Scioli. 

Si bien no había que ser Sherlock Holmes para darse cuenta de tal operación, la mencionada nota de Morales Solá explicita pornográficamente el escenario que se intenta montar. Expresado con sus propias palabras: “Envuelto en la sospecha y el descrédito, el viejo sistema electoral podría dejar a los argentinos sin un presidente nuevo el 10 de diciembre. Habrá un presidente electo, sin duda, pero nadie sabe ahora cuándo estará en condiciones de asumir. La estrechísima diferencia que señalaría un triunfo en primera vuelta o la necesidad de una segunda ronda abrirían un período de alta conflictividad política y electoral (…) ¿Qué sucedería si fuera necesario esperar el escrutinio definitivo para saber si habrá segunda vuelta? Entre la primera y la segunda vuelta habrá sólo 27 días. Si Tucumán lleva escrutando 20 días y no terminó, ¿cuántos días consumiría el escrutinio definitivo de todo el país? (…) El cuadro se agravaría aún más si hubiera segunda vuelta. Entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre habrá sólo 18 días. Las encuestas que han medido una segunda vuelta (relativas todas en las condiciones actuales) señalan triunfos por uno, dos o tres puntos, cuando mucho. Así como Scioli es el candidato más votado en las mediciones de primera vuelta, Macri lo es en las encuestas sobre el ballottage. ¿Qué sucedería si cualquiera que saliera segundo planteara la necesidad del escrutinio definitivo o la revisión de muchas urnas en todo el país para aceptar su derrota? ¿Cuándo los argentinos (y el próximo presidente) sabrán quién ganó definitivamente? Un cuadro de extrema conflictividad podría llevar la definición hasta más allá del 10 de diciembre. Cristina Kirchner y Amado Boudou deberán irse a sus casas el 10 de diciembre, pase lo que pase. Su mandato constitucional concluirá indefectiblemente ese día. La única alternativa posible sería que Cristina le entregara el gobierno al presidente provisional del Senado, el radical K Gerardo Zamora, uno de los peores líderes feudales del país, hasta que la Justicia proclame al nuevo presidente. Una fuente inmejorable de la justicia electoral, consultada sobre la posibilidad de que Zamora termine siendo presidente provisional del país, contestó con una frase corta, seca: No es imposible y ni siquiera improbable. Todo dependerá del grado de los litigios políticos y judiciales".

Seguramente usted estará sorprendido por el hecho de que la principal nota de opinión de unos de los diarios de mayor tirada de la Argentina se pronuncie en estos términos pero es notorio que hay sectores de la sociedad argentina que son capaces de hacer todo lo posible para generar incertidumbre en la población. Se trata de instalar la idea de un vacío de poder y, como todos sabemos, cuando eso sucede el poder no se ausenta sino que queda en manos de aquellos que no se someten a la voluntad popular y, gracias a que enfrente tienen un gobierno débil, son capaces de sortear una y otra vez los mecanismos de control que le impone el Estado.

Como sucedió en otros países latinoamericanos donde triunfaron gobiernos populares, los sectores liberales conservadores buscaron instalar la idea de fraude y si lograron instalarlo en una elección como la tucumana donde la diferencia fue de 15%, ¿cómo se van a perder la posibilidad de hacerlo en una elección que, como bien indica Morales Solá, tiene en 2 o 3 puntos la llave para que la Argentina tenga un presidente en primera vuelta?

La mención a los actos eleccionarios en países de la región no es casual porque el giro discursivo que se viene dando es común a estas latitudes. Más específicamente, tanto en el caso de Chávez/Maduro como en el de Correa y Evo Morales, la oposición afirmaba que se trataba de gobiernos elegidos democráticamente que, una vez en el poder, devinieron dictaduras. En otras palabras, se trataba de gobiernos con legitimidad de origen pero no de ejercicio. En Argentina, con el mismo sistema electoral desde el regreso de la democracia, más allá de algún episodio o algún lloriqueo puntual, ganara el peronismo o ganara la oposición, nunca se puso en tela de juicio la legitimidad de origen. De hecho existen comunicadores y políticos que, muy sueltos de cuerpo, llegan a comparar a este gobierno con la última dictadura argentina o incluso con el nazismo pero solo por la forma en que el kirchnerismo, legitimado en las urnas, se habría comportado en el ejercicio del poder.

Sin embargo, hoy la situación es otra y, tal como sucedió en Venezuela, carente de resultados la estrategia de la deslegitimación de ejercicio, se apunta a una deslegitimación más severa que es la de afirmar que quienes ocupan la actual administración están utilizando distintos tipos de mecanismos fraudulentos ilegales e inmorales para que el resultado de la elección no refleje el deseo del pueblo. Las consecuencias institucionales, políticas y hasta psicológicas de un gobierno sin la legitimidad de origen son harto evidentes como también es harto evidente quiénes serán los principales beneficiarios de un gobierno que asuma con esa debilidad.