Cristo Vence (publicado el 28/11/13 en Veintitrés)

Y un día, en la formulación de un proyecto de reforma del código civil, apareció un pequeño párrafo muy osado: “La propiedad tiene una función social y, en consecuencia, está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien común”. Esta referencia desató la respuesta de los sectores más recalcitrantemente rancios del liberalismo conservador decimonónico. Y, como no podía ser de otra manera, el diario La Nación volvió a ser la “tribuna de doctrina” y la una usina ideológica que recuerda los episodios de nuestra historia que, a los ojos del presente, parecían superados. De menor a mayor, un periodista independiente y editorialista de ese diario, Mariano Obarrio, publicó en una red social el 15 de noviembre lo siguiente: “El nuevo Código Civil establece la función social de la propiedad. Mañana tu casa, tu campo o tu empresa podrá ser afectado por la “función social””; “El nuevo Código Civil dicta que tus derechos individuales no regirán si afectan derechos de incidencia colectiva que no precisa. Lo define CFK”. El delirio de Obarrio, basado en un autorelato que incluye monstruos comunistas autoritarios y un susto ancestral que regresa una y otra vez de modo fantasmático, fue reproducido por una nota de Laura Serra en el mismo diario el 17 de noviembre cuyo título exime de comentario alguno: “Polémica por un avance sobre la propiedad privada”. En la misma línea, ese diario publicó un editorial el domingo 24 de noviembre en el que afirma que la propuesta gubernamental “favorece la irrupción del Estado en materia de propiedad privada, en forma más apropiada para países colectivistas que para los que celebran (…) 30 años de democracia”.       

La controversia es de lo más interesante, justamente, porque es compleja y porque muestra que aquellos que hacen apología zonza del futuro como un simple “mirar para adelante”, buscan defender sus privilegios con argumentos idénticos a los que utilizaron el pasado.

Porque en nuestro país la discusión en torno a la función social de la propiedad se dio en el marco de la reforma constitucional de 1949, la llamada “constitución peronista”, que estuvo vigente hasta que, en 1957, los militares que perpetraron el golpe contra Perón decidieron, ahí sí, de forma autoritaria, regresar a la constitución de 1853, esto es, a una constitución del pasado cuyo sentido difícilmente podía ser representativo de la sociedad argentina más de 100 años después.

El significado de la función social de la propiedad es bien explicado por el ideólogo de la “reforma peronista”, el constitucionalista Arturo Sampay, en el Informe del despacho de la mayoría de la Constitución revisora, el 8 de marzo de 1949. El aporte de Sampay se apoya en razones contextuales y en principios de larga data. En cuanto a los primeros, este entrerriano de fuerte formación católica, indica que con la irrupción de las masas en la Argentina (y en el mundo) las constituciones liberales del siglo XIX han entrado en crisis, en particular, en su parte dogmática, esto es, en lo que refiere a la descripción de los derechos ciudadanos. La cuestión parece bastante razonable pues en el contexto de democracias de masas y gobiernos populares que representan un sentir mayoritario que va contra los privilegios de unos pocos, ¿tiene sentido mantener los pilares constitucionales que justificaron la desigualdad y la concentración? En otras palabras, una constitución con un espíritu económico explícitamente liberal fundamentada en una concepción individualista del hombre y, como consecuencia de ello, en un concepto de propiedad privada absoluta, ¿podría dar cuenta de las necesidades de las mayorías que irrumpían en la arena pública?

Ahora bien, ¿el hecho de que la propiedad tenga una función social supone la abolición de la propiedad privada? No, y el diario La Nación y sus periodistas deberían saberlo. De hecho, el propio Sampay (en consonancia con la doctrina justicialista que el propio Perón expuso en el discurso que brindó en el Congreso de Filosofía de 1949) indica que en la reforma constitucional se conserva el carácter individual de la propiedad. Pero de lo que se trata es de complementar la iniciativa privada con el bien común. De aquí que, en palabras de Sampay, la propiedad siga siendo individual pero tenga dos funciones: una personal “en cuanto tiene como fundamento la exigencia de que se garantice la libertad y la afirmación de la persona” y otra social “en cuanto esa afirmación no es posible fuera de la sociedad, sin el concurso de la comunidad que la sobrelleva, y en cuanto es previa la destinación de los bienes exteriores en provecho de todos los hombres”. Y aquí la cuestión se empieza a poner curiosa porque los mismos medios y editorialistas que acusan al kirchnerismo de desafiar a la Iglesia, omiten rastrear el origen de la idea de la función social de la propiedad. Sí, aunque usted no lo crea, es lo que se conoce como Doctrina Social de la Iglesia la que incluyó en la agenda tanto este sentido de la propiedad como la idea misma de Justicia social en tanto criterio para complementar el bien común con la iniciativa individual que, en el marco del capitalismo, se desliza rápidamente hacia la usura. La Doctrina Social de la Iglesia consiste en un conjunto de encíclicas y documentos en los que la iglesia encara temáticas sociales. Siguiendo la línea tomista, la cual, a su vez, es heredera de la mirada aristotélica, el primer antecedente estaría en la encíclica formulada por el papa León XIII, Rerum Novarum, en 1891, denunciando los estragos que el capitalismo realizaba entre la clase trabajadora. También es muy recordada la encíclica de Pío XI Quadragesimo anno, de 1931, y es esta mirada la que prevalece en el Concilio Vaticano II (1962-1965) y en la encíclica de Pablo VI Populorum progressio, (1967) que da lugar a la línea de los curas tercermundistas.

La clave es la afirmación de que la felicidad humana y la realización personal están atadas también a cierto mínimo contenido material. En otras palabras, en lo que se conoce como destino universal de los bienes, Dios habría querido que todo hombre tuviera acceso como mínimo a la parcela de tierra que pudiese trabajar. Dicho de otra manera, la concentración de la propiedad privada no puede generar hombres sin acceso a la propiedad. En este sentido, el informe anteriormente citado dedica algunos párrafos a la situación del campo y aclara que el Estado deberá intervenir de modo tal de garantizar a cada familia labriega la posibilidad de convertirse en dueño de la tierra que trabaja. De hecho, más cercanos en el tiempo, Juan Pablo II, un papa que difícilmente pueda ser tildado de comunista, afirmaba en la encíclica Laborem exercens de 1981: “La tradición cristiana nunca ha aceptado el derecho a la propiedad privada como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la creación entera: el derecho a la propiedad privada como subordinada al uso común, al destino universal de los bienes”. Pero esta es la parte de la Iglesia que no le gusta a La Nación ni a Obarrio.

El vínculo entre peronismo y Doctrina Social era tan estrecho que el propio Perón, en su carta de agradecimiento a Sampay por haberle hecho llegar un volumen de su Espíritu de la Reforma Constitucional, afirma que este escrito “constituye una fidelísima interpretación de los ideales que nos decidieron a cambiar la Ley Fundamental de La Nación. Su difusión contribuirá sin duda eficazmente al cabal conocimiento de la trascendental obra realizada, que ha logrado concretar en nuestro país la antigua aspiración de la Humanidad, invocada en la encíclica del Pontífice Pío XI con la transformación del capital expoliador en instrumento de felicidad social”.  

 Para finalizar, viene al caso mencionar que la función social justifica la expropiación pero no la confiscación. Esto significa que, como en el caso de REPSOL, el Estado Argentino puede actuar sobre la propiedad privada pero con una debida justificación y con el correspondiente resarcimiento económico. Asimismo, esto muestra que nuestra Constitución actual, más allá de haber heredado el espíritu liberal de inspiración alberdiana, entiende que la propiedad privada no es absoluta. Esto se sigue de haberle dado jerarquía constitucional a tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos que en su artículo 21 indica “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”.

Lamentablemente, la presión mediática y la natural búsqueda de consensos amplios, hicieron que el oficialismo quitara el párrafo controvertido que hacía referencia a la función social. Es así: a veces pierde esa línea de la Iglesia que se preocupa verdaderamente por los pobres y los problemas sociales. Es en los momentos en que el diario La Nación se pone contento y, como en 1955, “Cristo Vence”.    

El territorio de la política (publicado el 21/11/13 en Veintitrés)

¿Existe una tensión entre suponer que la gran disputa política de la actualidad es la batalla cultural que se libra especialmente en el terreno de los medios masivos de comunicación y, al mismo tiempo, considerar como valor esencial del movimiento la militancia territorial? De la respuesta que demos a esta pregunta puede surgir este otro interrogante: ¿necesitamos más semiólogos que analicen los medios y disputen agenda o más militantes clásicos que “bajen” y construyan desde la base un poder territorial con características propias?

Para responder ambas cuestiones me voy a servir de algunas categorías de uno de los últimos libros del sociólogo español y experto en comunicación, Manuel Castells: Comunicación y poder.

Lo que indica este académico, uno de los más citados en el mundo, es que, en la actualidad, la política es fundamentalmente una política mediática, es decir, transcurre en y a través de los medios masivos de comunicación. Todo pasa por allí, comenzando por el nivel de conocimiento que el electorado puede tener de un candidato. Pues tener presencia en los medios parece transformarse, de por sí, en un mérito y en un sinónimo de legitimidad y hasta de existencia (“Ser es ser publicado” diría Borges).        

A su vez, la política mediática es la que hace que alcancen fama y respeto los asesores de imagen pues, bajo esta lógica, las campañas se basan en la instalación de agendas y candidatos, y en la práctica del acoso sistemático al adversario. Pero de la mano de estos dos aspectos Castells menciona un tercer elemento de la política mediática: la personalización. Esto significa que, bajo la suposición de que la construcción de significados se da a través de imágenes que se “incrustan” en el cerebro para desde allí construir redes de asociación, lo que hay que hacer es instalar una imagen y la imagen más fácil de instalar es la de un rostro (esto incluye el carácter, su aspecto, sus modos, etc.). Así, en la política mediática, votamos rostros, esto es, ni programas, ni partidos. Sólo rostros. En palabras de Castells: “Quizás el mecanismo más fundamental que vincula política mediática y personalización de la política sea lo que Popkin denominó “Racionalidad de poca información” [cuando demuestra] que los votantes suelen ser “avaros cognitivos” que no se encuentran cómodos manejando temas políticos complejos y que por lo tanto basan su voto en experiencias de la vida diaria como la información obtenida en los medios de comunicación y las opiniones basadas en la interacción diaria con su entorno (…). La manera más simple de conseguir información sobre un candidato es formarse opinión a partir de su aspecto y rasgos de personalidad”.

La consecuencia natural de esto es bastante curiosa pues los mismos medios que editorializan con tono decadentista el hecho real de la disolución de los partidos y los cultos personalistas, son los que ayudan a constituir el fenómeno que ellos mismos critican.

Pero volviendo a los interrogantes iniciales, si, efectivamente, la política hoy fuese nada más que política mediática, necesitaríamos aunar fuerzas para dar la disputa en el terreno de la comunicación masiva. Sin embargo, el kirchnerismo, al tiempo que da una enorme batalla en la arena de los medios también se erige sobre un valor que, algunos, consideran anacrónico: la militancia. Por supuesto que entiendo que militante se puede ser en diversos órdenes y en distintas formas pero yo me estoy refiriendo a la celebración de la militancia territorial, la de los barrios, la del cara a cara y casa por casa, la del estrechar los vínculos comunitarios y solucionar los problemas cotidianos del vecino. Reivindicar este tipo de acción política, juzgan los críticos, es no comprender que la política en la posmodernidad es líquida, desterritorializada, pura fachada; es haberse quedado en categorías de la modernidad como soberanía, territorio y comunidades esencializadas. Además sería reproducir el verticalismo feudal que tanto habría caracterizado la constitución de identidades políticas en Latinoamérica.

Ahora bien, esta militancia tan antiposmoderna, que levanta banderas (aunque no prácticas) de los años 70, y que en tiempos de dictadura fue resistencia, es la reivindicada por la mayoría de las agrupaciones juveniles que acompañan al gobierno y que, pareciendo apoyar la lógica dilemática que planteé al principio, tienen un profundo rechazo a la exposición mediática. Así, salvo el caso a cuenta gotas del “Cuervo” Larroque, prácticamente no hay referentes juveniles que provengan del territorio y circulen frecuentemente por los medios. Y los que tienen una historia más larga vinculados a movimientos sociales y solían aparecer con asiduidad en radio o televisión, como por ejemplo Luis D elía, hoy utilizan canales propios para no exponerse a la lapidación mediática de periodistas y audiencias que sólo los interpelan para confirmar prejuicios. Entiéndase bien: no es una crítica al accionar de los militantes en los medios. Es, simplemente, una descripción de lo que, parecerían, dos campos claramente delimitados: el de la política mediática y el de la militancia territorial.

Dicho esto, para finalizar, quisiera realizar algunas reflexiones tomando como disparadores los interrogantes iniciales. En primer lugar, hacer política, al menos en la Argentina, necesita de ambas patas: la mediática y la territorial. Así que hacen falta más comunicadores y más militantes de base. Si existen hombres y mujeres que pudieran desempeñar ambas funciones mejor, y si no, que cada uno aporte en lo que pueda. En segundo lugar, me atrevería a afirmar, como hipótesis, que la razón profunda por la que la prensa hegemónica y su consecuente sentido común ataca a la militancia es porque ésta le disputa el terreno donde hacer política. En otras palabras, la política mediática ha trasladado el ágora y el espacio público a los estudios de televisión buscando una política mediada, valga la redundancia, por el medio, esto es, por sus periodistas y, por sobre todo, por la propia lógica mediática que excede a esos mismos periodistas. Pero la militancia entiende que la política no se juega allí sino en el territorio, lejos de los efectismos de los rostros mediáticos, del cortoplacismo de las campañas y del vértigo de la información. Y esto planeta una disputa que tiene batallas ganadas para un lado y el otro: muchas veces la instalación mediática de un candidato no pudo contra la organización de base pero otras veces sí. Asimismo, antes, la política territorial suponía cierto control y garantía de ocupación del espacio público. Sin embargo, hoy, desde los medios tradicionales y las redes sociales virtuales también es posible movilizar masivamente más allá de que estas movilizaciones tengan, todavía, mucho de espasmódicas.

De esto se sigue que para hacer política hoy no hay que descuidar ninguno de los polos del falso dilema: hay que hacer militancia territorial pero también dar una disputa comunicacional en la que ningún gobierno la tiene fácil. Creer que la disputa debe darse sólo en la arena mediática es lo que lleva a creer que una derrota electoral es simplemente un “error de comunicación”, reduciendo la política a un asunto de expertos en marketing y candidatos simpáticos con buena llegada al mundo de la farándula. Lo que sucede en los medios es central y se disputa día a día en cada noticia y en cada agenda. Pero creer que la disputa debe darse exclusivamente en los medios dejando de lado lo que se cuece en el territorio, sería equivalente a la situación en la que un equipo de fútbol tiene que jugar una final de ida y vuelta y cree que lo que más le conviene es jugar los dos partidos de visitante.                                  

Una voz detrás de las dos voces (publicado el 14/11/13 en Veintitrés)

En el año 2003, Maxwell Boykoff y Jules Boykoff publicaron el resultado de una investigación que, desde mi punto de vista, permite profundizar los análisis sobre medios de comunicación tan necesarios en la Argentina de hoy. Lo que hicieron estos investigadores fue analizar 636 artículos vinculados a la problemática medioambiental publicados entre 1988 y 2002 en los principales diarios estadounidenses (New York Times, Washington Post, Los Angeles Times y Wall Street Journal). Tal trabajo fue motivado por una pregunta inicial: ¿por qué existe una tensión tan grande entre la opinión de la comunidad científica y la opinión del ciudadano medio respecto a este tema? Pero para que pueda comprenderse mejor este interrogante es necesario dar dos informaciones complementarias. En primer lugar: comenzar en 1988 no es una fecha arbitraria pues se trata del año en que por primera vez un científico de la NASA, en el mismísimo Congreso de Estados Unidos, indicó que el cambio climático obedecía a la acción del Hombre y que, de no haber una acción inmediata, el daño sería irreversible. En ese mismo año, la Primer Ministro británica Margaret Thatcher también advirtió sobre el riesgo por el que atravesaría el planeta si se continuaba con esta espiral de contaminación. Estos dos casos, naturalmente, hicieron que la cuestión medioambiental comenzar a ganar un espacio en los medios de comunicación que antes no existía. Pero, en segundo lugar, el ejemplo del tratamiento de la agenda, llamemos, “ecologista”, es un caso interesante porque allí se da un fenómeno no muy frecuente que los autores se encargan de documentar, pues el enorme consenso existente en la comunidad científica acerca del modo en que la acción del Hombre está afectando el futuro del planeta contrasta con el escepticismo que, en esta materia, expresa la opinión pública.

 Dado que generalmente el ciudadano común toma conocimiento de los avances científicos gracias a los medios, es natural sospechar que la disociación entre el punto de vista de la comunidad científica y la mirada de la opinión pública puede estar originada en los modos en que las noticias se expresan. Y un indicio de esto puede aparecer si respondemos por qué los medios de comunicación (en este caso, los medios gráficos) mayoritariamente otorgan el mismo espacio a la palabra de un científico que a la palabra de algún referente de otra área que pone en tela de juicio la visión de la comunidad científica. Lo diré de otra manera: si está probado que es el Hombre el que atenta contra el planeta y por “probado” entiendo la opinión casi unánime de la comunidad científica al respecto, ¿tiene sentido que un diario ponga en igualdad de condiciones como parte de un debate entre “pares”, o entre posiciones igualmente legítimas, la mirada de un científico y la mirada escéptica que, por ejemplo, sostuvieron referentes del partido republicano o líderes religiosos? En este punto es probable que todos acudamos a una teoría conspirativa por la cual podríamos decir que poner en pie de igualdad ambas posiciones obedece a que existen sectores de la dirigencia estadounidense cómplices de las principales industrias contaminantes que, a su vez, tienen intereses comunes con los principales medios de comunicación. Los investigadores entienden que algo de eso hay pero van más allá y es ahí donde la hipótesis me resulta interesante pues lo que ellos afirman es que lo que iguala dos posiciones cuya base de sustentación es claramente distinta, es lo que podría traducirse como “norma del equilibrio”, esto es, una serie de principios inherentes al periodismo más allá de su línea editorial. La norma del equilibrio exigida a todo buen periodista presupone que la manera correcta de informar a la población es presentando siempre las dos miradas (antagónicas) que existen sobre una temática. Así, cualquiera que haya estado dentro de un medio sabrá que cuando un referente público dice “A” se hace preciso buscar algún referente público que diga “No A”. Gracias a esta lógica es que puede comprenderse que de los 636 artículos analizados por los investigadores el 78% presentaran los dos puntos de vista como si tuvieran la misma legitimidad y la misma jerarquía.

Si salimos de esta investigación puntual y pensamos en medios audiovisuales, especialmente la TV, la escenificación en formato polemista es harto frecuente no sólo en programas políticos. Y sobre esta base es que pueden hacerse varias preguntas. La primera es si sobre todos los temas sólo puede haber dos posiciones. ¿No podría haber tres, cinco o mil posiciones distintas? ¿De dónde surge esta excitación binaria que imponen los medios? Por otra parte, ¿esta perspectiva promueve el debate público o más bien lo restringe? Pensemos en un ejemplo: ¿por qué cuando hablamos de drogas los únicos interlocutores válidos son un periodista que dirige una publicación dedicada a promover las bondades del consumo de marihuana y un abogado que establece una cruzada con rasgos profundamente autoritarios contra la despenalización? ¿Por qué cuando hablamos de aborto llevamos a una feminista recalcitrante a enfrentar a una mujer que en cualquier momento asume haber quedado embarazada por obra del espíritu santo? ¿Acaso es porque en ambas situaciones se presentan posiciones que gozan de una misma legitimidad o, al menos, representatividad? No, lo que importa es que aparezcan las dos miradas antagónicas aun cuando pudiera darse que una de ellas sea defendida por una amplia mayoría y goce de todo el sustento científico. Esta lógica mediática es la que explica, también, que en el plano político se le dé un espacio desmesurado a determinados sujetos cuyo mérito, antes que sustentarse en las urnas o en una propuesta constructiva y coherente, se caracteriza por una compulsión a la radicalización y a la crítica hiperbólica.

En esta línea, y ya que hablamos de programas políticos, creo que la investigación realizada por los Boykoff debió ir un paso más allá, pues lo que ellos denominan “norma del equilibrio” supone una mirada acerca del rol del periodismo que los propios medios han constituido. Porque no estamos teniendo en cuenta que cuando en un estudio de televisión se establece un debate entre dos posiciones radicalmente opuestas, lo que se quiere mostrar, subrepticia y sigilosamente, es que la posición correcta se da en el justo punto medio entre esas dos miradas. Y en ese justo punto medio el que está es el periodista, esto es, el “equilibrado”, el que encuentra “lo bueno de cada una de las posiciones” y “critica lo malo” de estas miradas extremas. Se establece así una valoración de los puntos medios, del centro versus los extremos, y la representación de ese centro donde yace la verdad es el periodista. Esta construcción está fuertemente internalizada más allá de que ha habido un cambio cultural importante en los últimos años que ha puesto en tela de juicio las bondades de pertenecer al “centro”, o, si se quiere, que ha denunciado que “el centro” no es una mirada equilibrada entre dos extremos, sino una posición que intenta autolegitimarse desde la pretendida asepsia de la neutralidad y la objetividad. Por todo esto es que hay que desconfiar de aquellos periodistas que se vanaglorian de dar lugar a todo el arco de opiniones mientras presentan un esquema en el que hay sólo dos voces. Tal desconfianza debe servir para agudizar los sentidos y notar que detrás de las supuestas dos únicas voces, está la voz del periodista que, sin decir nada y con apenas la escenificación de una polémica entre contrarios, emerge como el receptáculo de una única verdad a pesar de no ser otra cosa que, simplemente, una voz más.           

                    

Bestiario político argentino N° 16: Los gorgones (publicado el 8/11/13 en Diario Registrado)

A falta de una descripción más adecuada, cabe decir que los gorgones son una suerte de seres mixtos que tienen una vida e identidad propia pero son capaces de reunirse y generar un único individuo semejante a lo que sería un pulpo gigante. Si aun no le resulta claro piense en la posibilidad de tentáculos que tienen vida autónoma pero que pueden llegar a unirse por voluntad propia para generar un nuevo individuo verdaderamente monstruoso al cual se le pueden seguir injertando tentáculos de manera ilimitada. Según Homero, los gorgones en forma de tentáculo llegaron a ser casi 300, eran hijos de GEA y hermanos de las Gorgonas Esteno, Euríale y Medusa, recordada por poseer serpientes en lugar de cabellos. Con Medusa compartían tanto el hecho de ser mortales como el poder de petrificar, cuando lograban unirse, a todo aquel que osara mirarles su horrendo rostro. Esta característica hizo que se asociara a los gorgones con la protección de los templos, es decir, aquellos lugares donde dicen que reside la verdad y donde es posible alcanzar lo realmente existente. Pero ya desde mediados del siglo XX esa hipótesis sólo puede resultar risueña.

Hesíodo, en cambio, dice que los gorgones no eran hermanos sino hijos de Medusa y que fueron el producto de las 300 gotas de sangre que surgieron en el momento en que Perseo la decapitó. Más tarde, Apolodoro le dio a la leyenda la forma actual y habló de ellos como estos seres que poseen una naturaleza centrípeta que los conmina a reunirse en un gran monstruo salvo que alguna fuerza externa los mantenga adecuados a su dispersión.

Más allá de los desacuerdos o las diferentes descripciones que existen sobre estas criaturas, todos los autores coinciden en algo: la única manera de salvarse de ellos, sea que vengan en grupo como un gran monstruo, sea que vengan individualmente como un tentáculo, es no mirarlos. Si esta advertencia no ha llegado a tiempo y, tras mirarlos, usted ha quedado en estado pétreo, pida ayuda a algún amigo, haga que éste le gire el rostro para dejar a los gorgones a su espalda y verá cómo paulatinamente lo que comenzará a ver y a sentir será algo que los griegos (y los argentinos) llaman “realidad”.       

 

 

La libertad (privada) de expresión (publicada el 7/11/2013 en Veintitrés)

Estoy muy preocupado por la libertad de expresión en Argentina. Y tan preocupados como yo, aunque por razones opuestas, 7 periodistas argentinos, representantes de medios hegemónicos, viajaron a Washington para exponer su perspectiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, generosamente, les había otorgado esa posibilidad. Del intercambio con los miembros de la Comisión quisiera tomar como disparador una de las preguntas que la relatora para la libertad de expresión, la colombiana Catalina Botero, les hizo a los expositores Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá. Se trata de una interrogación simple, diría yo, de un sentido común llano que los interpeló consultándoles si las críticas públicas que ellos juzgan de persecuciones gubernamentales “no se tratan también del ejercicio de la libertad de expresión de un sector de la sociedad civil” y que, en tanto tal, deberían “respetarse esas manifestaciones”.        

Pero para profundizar en este aspecto debemos comprender la compleja arquitectura argumentativa que los periodistas mencionados expusieron en Washington y en la Argentina durante los últimos años, construcción que no siempre es explicitada. La cuestión sería más o menos así: el gobierno, afirman, ataca a los periodistas con una campaña de deslegitimación. ¿Lo hace a través de alguna política pública? No, lo hace desde el Canal estatal con un programa que se llama 678. ¿Sólo desde allí lo hace? No, pues, y esto lo agrego yo, sería insólito que un programa de Televisión que sale 6 horas por semana, es decir, que ocupa el 3,57% del aire de la pantalla de la TV pública y que no llega a un promedio de 3 puntos de rating, haya sido capaz de generar semejante clima social de animadversión hacia el libre ejercicio del periodismo independiente. ¿Pues entonces? No se trata sólo de 678, dicen, sino también de otros programas (TVR y Duro de Domar, pertenecientes a la misma productora) emitidos en canales privados (canal 9). Esto se complementa con, agregarían, una política de apoyar económicamente desde el gobierno a un conjunto de medios privados alternativos de carácter paraestatal que también se ocupan de esmerilar el buen nombre de los periodistas profesionales. Por si esto fuera poco, concluiría el razonamiento de estos periodistas, los propios funcionarios del gobierno se refieren con nombre y apellido a periodistas independientes y muchas veces los acusan de realizar operaciones de prensa o, lisa y llanamente, de mentir.

Esta lógica argumentativa, por supuesto, trascendió el ámbito del periodismo y hoy en día es utilizada por hombres del espectáculo y de las letras como podrían ser el escritor Marcelo Birmajer, el cineasta Juan José Campanella o el cómico Alfredo Casero. El primero, quien se expresa cotidianamente no sólo en sus obras sino en sus columnas del diario Clarín y como guionista del programa de TV de Jorge Lanata, afirmó la última semana que “nunca se había sentido tan perseguido como ahora”. En cuanto al director de Metegol, quien a través de su cuenta de Twitter gusta de intervenir en los debates públicos y ha expuesto su compromiso político siendo fiscal de la Alianza UNEN en las últimas elecciones, su visión de la libertad de expresión ha sido expuesta en una de sus últimas apariciones radiales cuando acusó a los productos de Diego Gvirtz (los ya mencionados 678, TVR y DDD) de “escracharlo”. Por último, Alfredo Casero amenaza con ir a organismos internacionales para reclamar a 678 un derecho a réplica.

Expuesto el estado de la cuestión es que imagino que ustedes comprenderán mi profunda preocupación acerca de la libertad de expresión en la Argentina. Y hablo en nombre propio porque pertenezco al staff de 678 y escribo en esta revista que es acusada de ser parte de la corporación de medios paraestatal. Mi preocupación, entonces, tiene que ver con que presentaciones como las que realizaron los periodistas mencionados y argumentaciones como las recién expuestas por hombres de las más diversas disciplinas impedirían, a quien escribe y a todos aquellos trabajadores de los medios públicos, expresarse. Pero no conformes con ello también vulnerarían la libertad de expresión de aquellos que trabajamos en medios privados como esta revista pero tenemos una mirada distinta a la de las corporaciones mediáticas y nos sentimos representados por varias de las políticas gubernamentales. Porque, seamos claros: el mote de “paraestatal” es el eufemismo con el cual se designa a todo aquel medio que no siga la agenda hegemónica y/u ose criticar a los periodistas autodenominados independientes. Claro que no es casual la utilización de este eufemismo porque lo que se busca instalar es que por la voz y la pluma de todos aquellos que trabajamos en medios públicos (o privados pero con agenda crítica hacia el periodismo tradicional) somos la voz del gobierno y también del Estado. Sólo así se explica que los informes y las opiniones que se vierten en un programa de TV Pública puedan ser vistos como una persecución o un escrache. Pues de no ser así, ¿por qué la crítica que los periodistas hegemónicos realizan a los periodistas de medios públicos (o privados con agenda alternativa) acusándolos de inmorales, corruptos, mentirosos y distorsionadores, son un ejercicio de la libertad de expresión, y la crítica a los periodistas hegemónicos es un ataque a este principio fundamental de las democracias modernas? Pareciera así que la libertad de expresión sería sólo aquello que puede ejercerse desde medios privados críticos al gobierno. Todo lo otro sería propaganda o persecución. La misma lógica privatista es la que hace que algunos periodistas afirmen que una manifestación en la que ciudadanos los critican utilizando pancartas es una metodología cercana a una lapidación pública o a un juicio revolucionario, pero una movilización en la que otros ciudadanos llevan pancartas y cacerolas criticando a los políticos es una de las formas de la participación cívica. Dicho más fácil y quitando ahora a aquellos hombres y mujeres que ejercen el periodismo desde una agenda distinta a la que impone la concentración mediática: ¿por qué una manifestación puede criticar a un funcionario y no a un periodista? ¿Será porque al funcionario le “pagamos entre todos”? ¿Pero el hecho de que “le paguemos entre todos” nos faculta a agraviarlo o a atacar su credibilidad?  ¿Significa esto que la razón por la que consideramos que una manifestación contra un político es un ejercicio de libertad y contra un periodista es una persecución, es que el político es una suerte de extensión de la propiedad privada que surge del hecho de “somos todos los que le pagamos el sueldo”? Dirán que hay que diferenciar al funcionario público del periodista. De acuerdo (más allá de que al periodista privado opositor también le pagamos el sueldo a través de la pauta oficial que esos programas reciben). ¿Pero eso significa que un ciudadano como usted o como yo no podemos públicamente desde una revista, un programa de televisión o una pancarta, criticar a un periodista o al periodismo en general? ¿Por qué? ¿Afirmar públicamente que determinado periodista (o actor, o cineasta o lo que fuera) defiende intereses y eventualmente poder mostrar una y otra vez sus contradicciones es una persecución? ¿Por qué hacer eso con un periodista sería una persecución pero hacerlo con un político es un ejercicio ciudadano? 

Para finalizar, debe quedar claro que los medios de la productora de Gvirtz no son el gobierno y no son el Estado aun cuando uno de sus productos se emitiera por el canal público. Tampoco son el Estado o el gobierno aquellas publicaciones, incluyendo esta misma revista, que mantienen una agenda distinta a la hegemónica. Porque no hay que confundir: los programas de la productora de Gvirtz tienen un inocultable sesgo oficialista del mismo modo que las denominadas publicaciones paraestatales en mayor o menor medida pueden tenerlo. Pero eso no significa ser el “brazo armado de tinta” del gobierno o del Estado. Se trata, simplemente, del ejercicio de la libertad de expresión. Ejercicio que puede realizarse desde el ámbito privado con una línea claramente antigubernamental pero también desde los medios públicos y desde los medios privados con una bajada de línea más afín a la propuesta del kirchnerismo. Dicho esto, espero que entienda mi preocupación acerca de la libertad de expresión en la Argentina pues quienes dicen sentirse amenazados buscan naturalizar una concepción de la libertad de expresión restringida por la cual ésta sólo podría ser ejercida desde un medio privado cuya línea editorial sea opositora al gobierno. Tengo miedo que esta mirada restrictiva prospere y afecte a todos aquellos a los que nos interesa un debate público abierto, a las futuras generaciones y a nuestro destino republicano.