La Argentina de las dos censuras (publicado el 14/1/16 en Veintitrés)

En mi último libro, Quinto poder. El ocaso del periodismo, retomé, entre otras, la noción de “censura democrática” de Ignacio Ramonet. Se trata de una categoría interesante en varios sentidos, pero sobre todo porque muestra que en tiempos democráticos hay una forma de censura que es mucho más sutil que la existente en procesos dictatoriales. La censura democrática no actúa a través de recortes o silenciamientos. No se trata de decirle a un periodista “no escribas contra tal sujeto o tal empresa” ni tampoco quitar una imagen de una película o modificar el estribillo de una canción. Por el contrario, la censura democrática funciona a través de la sobreinformación irrelevante, de una inagotable cantidad de estímulos deshistorizados y presuntamente desideologizados que son consumidos como noticias. Si todo el tiempo se nos brinda información irrelevante es probable que pasemos por alto la información que verdaderamente vale la pena. En este sentido se da una situación paradojal: vivimos en la era de la comunicación, en la era en que a través de una prótesis tecnológica podemos estar al tanto de lo que sucede en cualquier parte del mundo y, sin embargo, nunca hemos vivido tan desinformados. Tenemos todas las noticias pero no tenemos la comprensión ni se nos deja el espacio y el tiempo para ir un paso más allá y examinar la información que está oculta detrás de la sobreinformación. A esta elaboración de Ramonet habría que agregarle que la censura democrática también ha cambiado al sujeto que censura pues antes se trataba, generalmente, de los gobiernos, pero hoy el principal sujeto que censura son las empresas que controlan el comercio periodístico. Este fenómeno que se da en todo el mundo se complementa en la Argentina con nuevas modalidades de la censura tradicional impulsada por administraciones que, directa o indirectamente, llevan adelante campañas de estigmatización y difamación (cuando no de censura directa) amparados en una claque de periodistas independientes que militaron para que Macri sea presidente.

¿De qué manera esta o cualquier administración puede censurar directa o indirectamente? Con el manejo discrecional de la pauta o privilegiando con ella a los más poderosos. El manejo discrecional de la pauta no es potestad de la actual administración. Sucedió lo mismo con el gobierno de Cristina Kirchner, el de Scioli en la Provincia y el de Macri en la Ciudad pero ahora la estrategia del PRO en Nación es mucho más perversa pues en nombre de la supuesta austeridad han quitado la pauta oficial hasta nuevo aviso. Estas circunstancias solo pueden ser soportadas por “los grandes” pues los medios “chicos” dejan automáticamente de pagar sus sueldos y quiebran en meses. La estrategia es inteligente: los medios grandes publicitan dulcemente las acciones del gobierno y hasta tapan sus papelones. A cambio el gobierno finge austeridad (la que no tuvo en la administración del Gobierno de la Ciudad) y, de paso, hace languidecer las “otras voces”.

Otra forma en que el poder político censura a la vieja usanza es presionando a empresarios y a auspiciantes: “Si ponés tal programa al aire no tenés pauta oficial en el resto del canal” o “si auspiciás en tal programa no te dejo auspiciar en este otro o tu empresa va a perder todas las licitaciones que hagas con Nación, Provincia de Buenos Aires y CABA” ¿Les queda claro, entonces, por qué 678 hoy no está al aire y nadie ha garantizado que alguna vez vuelva a estar? ¿Les queda claro por qué Radio Continental decide echar a Víctor Hugo Morales a pesar de que tenía contrato hasta fines de 2016 y va a perder un juicio millonario?             

 La claque hablará de finalización de los contratos o decisiones empresariales pero no explica por qué programas exitosos comercialmente como el del periodista uruguayo y el programa más visto de la TV Pública durante 7 años, hoy no tienen espacio como sí lo tuvieron todas las voces opositoras durante los doce años de gestión kirchnerista y, particularmente, desde que se sancionó la llamada “Ley de Medios”. Fíjese qué paradoja que mientras en 2009 TN denunciaba que “podía desaparecer”, en el primer mes de una administración macrista que modificó la Ley de Medios a través de un DNU, los que se han quedado sin aire han sido las voces más emblemáticas de la oposición a Macri. Esto se da, a su vez, en el marco de una campaña en la que el actual presidente utilizó “ser panelista de 678” como un insulto en el primer debate entre candidatos a presidente de la historia del país, y el funcionario titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, el exAlianza, Hernán Lombardi, imputado el año pasado por lavado de dinero, se pasea por distintos programas afirmando, como lo hizo al diario La Nación, que “los de 678 ganaban cifras que no gana nadie en la Argentina”. Semejante afirmación le valió la aclaración de una de las panelistas de 678 quien indicó que su sueldo es de 27000 al mes, cifra que me consta al igual que me consta que otro panelista de 678 (en este caso yo), cobro algunos miles menos todavía, esto es, menos dinero que lo que recibe un camionero promedio, un motorman o un señalero, y mucho menos que lo que recibe cualquier gerente y el propio Hernán Lombardi.       

Por todo esto, la situación de la libertad de expresión en la Argentina sufre un importante retroceso pues se conjugan los dos tipos de censura: la democrática de la que hablaba Ramonet y de la que son responsables particularmente las corporaciones de medios, y la censura tradicional desde el Estado solo que ésta se realiza a través de mecanismos más sutiles, presiones más o menos indirectas y funcionarios, pagados por el dinero de todos, encargados de difamar e insultar al que, frente a un micrófono, ha decidido expresar, simplemente, que no piensa como ellos.