La duda y la confirmación

Terminó el escrutinio del referendo revocatorio en Bolivia y su resultado fue sorprendente: Evo Morales obtuvo el 64%, 9% más que en la elección en la que fue designado Presidente. Pocas veces ha sucedido en la política latinoamericana que tras 2 años y medio al frente de un gobierno, un presidente sea refrendado de este modo. Sin embargo, como muchos analistas se han encargado de señalar, este apoyo masivo no resolverá los inconvenientes que el gobierno central mantiene con los prefectos de la “Media Luna”, los cuales, por cierto, en su mayoría, también recibieron un apoyo masivo. Sin duda esto marca un país dividido si bien habría que ser más precisos cuando hacemos esa afirmación. En otras palabras, generalmente, cuando se habla de país dividido se piensa en dos partes iguales, dos mitades en un equilibrio de poder en el que ninguna puede prevalecer sobre la otra. En Bolivia, el país está dividido pero 2/3 están de un lado y 1/3 del otro (si bien este tercio, claro está, es el que tiene el poder económico). Más allá de esta simple aclaración quisiera detenerme en el hecho mismo del referendo. La pregunta sería la siguiente ¿qué es lo que hace que un gobierno decida someterse a una elección que puede revocar un mandato que constitucionalmente le corresponde cumplir? De manera abstracta, podría suponerse que habría dos escenarios en los que podría tomar esa decisión. Un primer escenario de extrema debilidad en el que un gobierno desgastado no pueda resistir la presión de la oposición y se vea obligado a someterse a una instancia de revocación popular que legitime su salida y el llamado a nuevas elecciones. El segundo escenario, podría ser, por el contrario, una forma de ganar un apoyo masivo de cara a tomar una serie de medidas que son resistidas por una parte más o menos importante de la población (incluyo en esto, los casos, bastante frecuentes en las últimas décadas en Latinoamérica, de intentos de reformas constitucionales).
A juzgar por el resultado arrollador que refrendó a Evo, la realidad boliviana se acerca más al segundo escenario que al primero si bien hubo quienes interesadamente quisieron transmitir una sensación de debilitamiento del poder presidencial. Lo mismo podría decirse del contexto que rodeó el referendo revocatorio (o “confirmatorio” según desde donde se lo mire) del 15/9/2004 en una Venezuela que parecía al borde de la guerra civil tras el fallido golpe de Estado de 2002, el paro petrolero y las continuas movilizaciones opositoras en las que confluía la Iglesia, los estudiantes, los empresarios, algunos medios de comunicación y los partidos de la oposición.
En los dos casos resulta llamativo que dos gobiernos con un apoyo popular que parece resistir el desgaste propio del poder, sean empujados a someterse a la instancia de revocación. Mi hipótesis es que no resulta casual que esto suceda con gobiernos que, al menos comparativamente, realizan políticas “de izquierda”. Dicho en otras palabras, pareciera que existen determinadas políticas de gobierno que deben ser refrendadas y otras que no. De este modo, algunas acciones políticas parecen llevar en su seno la duda y la necesidad de confirmación, como si hubiera que preguntarle al pueblo si está seguro de lo que quiere. En este contexto los referendos revocatorios de Venezuela y Bolivia parecen erigirse como sendas manifestaciones de paternalismo aunque en un sentido bastante distinto del que se le da generalmente a este término. Se trata de paternalismo porque se supone que el pueblo se está equivocando, que debe pensar de nuevo lo que quiere, como si en una primera instancia hubiera actuado de manera casquivana. Hay una falla de origen en esa decisión, de aquí que el lema paternalista pudiera ser: “démosle una segunda oportunidad al pueblo”. Esta visión paternalista, a su vez, mantiene una relación paradójica con lo que considera “el pueblo”. Por un lado, lo visualiza como la masa ignorante determinada por el clientelismo o la pertenencia étnica y por el otro considera que el pueblo no puede equivocarse y que cualquier resultado eleccionario a favor de los considerados gobiernos “populares” es fruto del fraude. Sucedió en Venezuela, en Bolivia y en Argentina. No hay espacio para el error en la decisión del pueblo. Hay acierto o fraude. Este punto de vista supone que la decisión mayoritaria, en tanto tal, es verdadera y acertada, cuando, en realidad es sólo una forma de legitimar un gobierno que no es ni más ni menos verdadero, ni más ni menos acertado.
En este sentido, podría decirse que el cambio en los perfiles ideológicos de los actuales gobiernos latinoamericanos en relación a sus antecesores neoliberales no ha logrado aún quebrar la hegemonía de un pensamiento que desde diferentes sectores, obliga a los gobiernos más o menos progresistas a estar continuamente desgastándose en confirmaciones que no hacen más que invertir la carga de la prueba: es la oposición la que debe demostrar un apoyo mayoritario. Los gobiernos ya lo han demostrado.