Otra oposición: la Solicitada de Binner

Si hay algo en lo que confluyen casi unánimemente vastos sectores de la sociedad es en la percepción de que no existe una fuerza política con capacidad de gestión capaz de disputarle el Gobierno al kirchnerismo. Aun en el peor momento K, las voces antioficialistas se multiplican pero atravesados por sus propias limitaciones, ambiciones y vedettismos no parecen tener la capacidad de estructurar una oposición coherente, robusta y programática.
A la hora de distinguir y clarificar al interior del conjunto “oposición”, podemos tener en cuenta a aquellos que tienen al menos algún tipo de experiencia en la gestión de territorios importantes del país. Me refiero aquí al PRO en la Ciudad de Buenos Aires y al socialismo en Santa Fe. Tras 1 año, el gobierno de Macri se ha mostrado estático, timorato, preso de la fragilidad interna y, por sobre todo, profundamente incapaz para gestionar la maquinaria estatal. Asimismo, la coraza idílica de toda nueva gestión parece empezar a reblandecerse, lo que en la jerga de los pasillos se menciona como el momento en que “le empiezan a entrar las balas”. Esto, seguramente, no impedirá una aplastante victoria en las legislativas 2009 pero deja ciertas dudas con miras al 2011 cuando el desgaste sea mayor y Macri sea expuesto como candidato a Presidente.
Distinto parece el caso de Binner en Santa Fe: con menos amplificación mediática, son pocas las noticias que circulan fuera del ámbito regional. A esto debe sumársele el perfil bajo del Gobernador y su decisión de no salir histéricamente a confrontar con el Gobierno Nacional aun ante el dilema que le planteaba el conflicto con el campo.
Sin embargo, el gobierno socialista pareció tomar nota de que un presidenciable no puede mantenerse en silencio y decidió enviar una propuesta al Gobierno a través de una solicitada que apareció el domingo 21/12 en los principales diarios y que lleva como título “Aporte a la Nación Argentina. Cinco propuestas para superar la crisis”. En términos generales podemos decir que se trata de las pocas intervenciones opositoras que plantean propuestas razonables y que se encuentran en un horizonte de posibilidad. Además proviene de un partido con experiencia de gestión (recordar los sucesivos gobiernos socialistas en la intendencia de Rosario). De hecho, varios pasajes de la solicitada hacen referencia a cuestiones técnicas y de implementación lo cual puede leerse como la necesidad de mostrar que un gobierno no peronista también puede ser capaz de mover la burocracia estatal. Por otra parte, se deja entrever, con la moderación de siempre, cierto diagnóstico que lo distancia del Gobierno nacional, en cuanto a que la crisis económica “reforzó los síntomas de desaceleración de la economía argentina que fueron evidentes desde el prolongado conflicto agropecuario”. Asimismo se hace hincapié en un creciente clima de desconfianza manifiesta en diferentes sectores de la economía.
En cuanto a las líneas programáticas y las propuestas concretas se parte de la base de que la política fiscal y una política de redistribución deben ser los pilares de la superación de este contexto. En esta afirmación se conjugan buena parte del equilibrio que busca la Solicitada. Equilibrio complejo entre principios “liberales” de correcta administración (similares a los del Gobierno nacional) y una visión más progresista que hace hincapié en políticas más inclusivas y redistributivas más cercanas al ideal socialista y a algún tipo de peronismo. A esto debemos sumarle elementos coyunturales y geopolíticos: se trata del gobierno de la provincia de Santa Fe cuyo eje central es la producción agropecuaria y la agroindustrial, sectores que, por cierto apoyaron en buena medida al socialismo en las últimas elecciones.
Todas estas variables hacen que la propuesta resulte un gran ejercicio de malabarismo que se parece bastante a la política real del día a día donde los grises son más que los colores puros.
Así, el gobierno socialista no tiene ningún inconveniente en señalar en varios pasajes el problema de “la caja”. Sí, efectivamente, tanto hemos oído hablar de “la caja” que parece haberse estigmatizado la necesidad de las administraciones de obtener fondos. Así, es razonable que Binner reclame “coordinación”, “articulación entre Nación, Provincia, municipios y comunas” y “acceso de municipios y comunas a los recursos financieros”. Esta búsqueda de descentralización es también una pelea por “la caja” y al darla no se ponen colorados, lo cual por cierto, resulta correcto.
Otro de los puntos tiene que ver con medidas de carácter impositivo en el que se intenta conciliar los intereses de diferentes sectores. Por un lado se habla de defensa de las fuentes de trabajo, aumento de las jubilaciones en función de la ley de movilidad jubilatoria, incremento en las asignaciones de los planes sociales, reducción escalonada de las tasas impositivas, (acaso una razonable y menos vilipendiada “tablita de Machinea”) y una canasta básica de productos que queden exentos de IVA. Por otro lado, una medida que se toma en los principales países del mundo, esto es, el proteccionismo industrial y aranceles para las importaciones sumado a quizás la propuesta que más puede incomodar al kirchnerismo: el tema “retenciones”. Allí se propone la eliminación total de las retenciones a los cereales, las oleaginosas, la leche y la carne y se propone reemplazar la pérdida en la recaudación con el impuesto a las ganancias, a los activos financieros, al cigarrillo, al alcohol y a los bienes suntuarios.
Esta es, en síntesis, la propuesta. La misma posee, seguramente, puntos que abren interrogantes. Dejando de lado la implementación técnica de la posibilidad de una descentralización en el manejo de los recursos lo cual, por cierto, tampoco garantiza mayor transparencia, podemos pensar cómo podría garantizarse que los productos de la canasta básica sin IVA se mantengan a un precio accesible y que esa quita impositiva redunde en una rebaja al precio al público. La conducta de los empresarios en ese sentido dista mucho de ser la ideal lo cual parece dejar a la medida en el plano de las buenas intenciones y el voluntarismo. En cuanto a la eliminación de las retenciones para los productos mencionados parece razonable discutir medidas en pos de ayudar a fomentar la diversidad en la producción pero debería reconocerse que la resolución 125 modificada que vetó el senado parecía dar un paso importante en esa línea aunque era resistida en parte, porque a través de las devoluciones se exigía el fin de la informalidad. Recurrir al impuesto a las ganancias, se sabe, es una medida teóricamente inobjetable pero de imposible control en la práctica: nada más fácil que evadir el impuesto a las ganancias. Más razonables resultan los impuestos a la renta financiera, a los bienes suntuarios, al cigarrillo y al alcohol aunque hacerlo supondría tener que tolerar un despiadado ataque desde los sectores interesados. Será cuestión, en ese punto, de ver quién tiene más fuerza. Pero más allá de estas cuestiones controvertidas vemos aparecer un partido con poder de gestión que más allá de sus críticas parece intentar seguir llevar adelante un espíritu continuista en algunas de las políticas de la actual Gestión Nacional.
Señalar algunos aciertos del oficialismo es una de las formas más sensatas de evitar este mal endémico de los gobiernos argentinos: los vaivenes en las grandes líneas del proyecto del país que hizo que en 20 años se oscile constantemente de visiones neoliberales a estatistas.
La de Binner, parece pues, una oposición más constructiva, lo cual quizás no le dé el rédito político de los rezongos del Pro, la CC, los disidentes del PJ y varios multimedios. Queda abierta la cuestión de si la forma socialista de profundizar cierta línea progresista que se encuentra en la gestión actual del Gobierno Nacional podrá estructurar una fuerza a nivel nacional que no surja del mero enfrentamiento con las políticas oficiales y no se constituya desde la lógica tradicional del trueque entre apoyos y cargos.

El primer año de CFK

Los aniversarios de la asunción de un gobierno son la excusa perfecta para realizar un análisis de la gestión y en el caso del turbulento primer año de la presidencia de CFK, parece imposible dejar de soslayo esta empresa.
Podemos decir que el idilio que generalmente poseen quienes acaban de asumir su rol ejecutivo duró mucho menos de lo usual. A esto contribuyeron una campaña mediática feroz que ya comenzó a desplegarse en el último año de la presidencia de Kirchner y varios errores del gobierno entre los que podemos mencionar un excesivo énfasis en la continuidad de nombres y estilo, la profundización de las falencias comunicacionales, un diagnóstico errado del equilibrio de fuerzas de determinados sectores opositores que esperaban agazapados el primer paso en falso de la nueva gestión y un afán de radicalización del conflicto cuya única consecuencia fue dilapidar el capital obtenido en las elecciones de octubre.
Si desarrollamos un poco más los errores del gobierno recién mencionados notamos que la selección de los nombres del gabinete fue, en general, desacertada, sea por sostener en el cargo a dirigentes desgastados, sea por incluir nuevos ministros cuya capacidad comparativamente dista mucho de ser elogiable. Para decirlo con nombres propios: que sea Randazzo y no Aníbal Fernández el portavoz del gobierno es una pérdida irreparable; que Alberto Fernández haya seguido en el cargo más allá de los cuestionamientos tampoco pareció la mejor decisión; que Ginés González García haya dejado su exitosa gestión por la de la honesta y eficaz Ocaña resultó un guiño al lobby eclesiástico al precio de sacrificar una de las pocas gestiones progresistas en salud. Ni que hablar del joven Lousteau, impulsor de una medida que en teoría resultaba razonable pero con una cantidad de fallas técnicas e imprecisiones que invalidaban cualquier atisbo de bondad y justicia.
En este sentido, si el gobierno cree que rodeándose de inoperantes de perfil bajo obtendrá la garantía de ausencia de ensombrecimiento a la figura presidencial, estará en lo cierto pero el precio de esa estrategia será un excesivo desgaste de la figura de Kirchner y CFK. Por ello, el gobierno debería observar que la exposición de figuras como Rossi, Boudu o Massa favorece la idea de una dirigencia renovada y capaz de enfrentar el sinfín de embates que trae aparejada cada iniciativa.
En cuanto al entramado político, el gobierno parece, tras la derrota de la 125, optar por un doble movimiento: refugio en la base tradicional pejotista y alianzas transversales progresistas en las cámaras. El equilibrio de este doble movimiento es ampliamente inestable pues ninguno de los actores se siente cómodo en él. Sin embargo, en los últimos meses ha funcionado y el apoyo abrumador al proyecto de eliminación de las AFJP es testigo de ello. Sobre este punto, claro está, no se puede obviar la casi deshecha concertación plural. Si bien resulta infinitamente más simple hacer estos señalamientos una vez ocurridos los hechos, el fenómeno Cobos probablemente servirá de advertencia para las futuras alianzas electorales. En algunas notas anteriores, había indicado que, en vísperas a las elecciones de 2007, el gobierno de Kirchner había optado por la gobernabilidad en lugar de la transversalidad y que en ese gesto había, en parte, una renuncia a una construcción más horizontal y progresista. La necesidad de gobernar vencía al quizás ingenuo intento de aunar fuerzas diversas en una propuesta superadora de ideología progresista. No tengo la suficiente lucidez como para poder afirmar que Kirchner se equivocó al ir “sobre seguro” en detrimento de un proyecto mucho más interesante pero con un futuro y una eficacia incierta.
Si continuamos con el mapa de alianza, asumiendo el total riesgo de caer en falacias ad hominem podemos decir que si el gobierno tiene como aliados a los principales caudillos de la provincia de Buenos Aires, a Moyano, a Rico, a Kunkel, a Delía, a Hadad, a Cristóbal López, a los aparatos jurásicos que sacan y ponen gobernadores en los feudos provinciales y ha tenido funcionarios como Piccolotti o Felisa Miceli, debemos decir que, evidentemente, algo estará haciendo mal. Sin embargo siguiendo esta misma lógica es necesario aclarar que si el gobierno tiene en contra a Carrió, a Macri, a Rodríguez Larreta, A Fontevechia y al Grupo Prisa, al Grupo Clarín, a de Narváez, Manzano y su multimedio, a Laje, a Longobardi, al CEMA, a Pando, a Grondona, a Marsans y al resto de los dueños de las privatizadas que no cumplieron con sus obligaciones, a los ex represores, a Vargas Llosa, a Kovadloff, a Ámbito Financiero, a La Nación, a De Angeli, a Bussi, a la Sociedad Rural, a Cavallo, a Menem, a los Rodríguez Saá, a Piñeiro, a Duhalde y su esposa, a De la Sota, a Bergoglio, etc. quiere decir que algunas cosas estará haciendo bien.
Pero vayamos a lo más importante y dejemos este tipo de argumentos falaces: las políticas del primer año de gestión. Con todas las deficiencias técnicas ya mencionadas, la resolución 125 de las retenciones móviles era una buena medida. Si a eso le sumamos las concesiones que se habían hecho en la cámara de diputados podríamos decir que se había llegado a una norma que era beneficiosa para el fisco, para los pequeños y medianos productores y para desincentivar el monocultivo. Menos controvertida aún es la resolución que acabó con lo que iba a ser el nuevo gran fraude argentino: las AFJP. Por otra parte, ha habido avances en esta lógica de “empresa privatizada que falla vuelve al Estado”, lo cual a priori parece una buena señal. También, aunque lentamente, se ha comenzado a disminuir los subsidios de forma escalonada haciendo que paguen más los que más tienen. Más allá de sus bemoles, todas estas medidas poseen un costado progresista y un afán redistributivo, de aquí que la crítica de la oposición no sea mayoritariamente a las medidas en sí sino al hecho de que el dinero fuera a parar a la supuesta caja política.
En cuanto a la inflación, ésta se ha frenado aunque claramente no ha sido por el mérito del gobierno sino por la crisis financiera, algo que, paradójicamente le da la razón al gobierno cuando afirmaba que la inflación era empujada por el precio de los commodities.
Si dejamos de lado el paquete de medidas que el gobierno adoptó para incentivar el consumo tras la crisis financiera mundial que sorprendió a todos, CFK parece haber recuperado tras el fracaso de la 125 el factor sorpresa y la marcada de agenda que tanto caracterizaba a su marido. Está claro que si no es el gobierno quien marque el camino, lo harán los Medios inundándonos de noticias de asaltos a kioskos, secuestrados profesionales ilustres de la zona norte, fatalistas economistas de compulsivas predicciones falsadas, ex aliados K arrepentidos y problemas en torno de la vida de Riquelme.
Queda por avanzar, parecería, en la ley de despenalización del consumo personal de drogas y una agilización de los mecanismos de la justicia. También sería deseable tener más noticias del Ministerio de Ciencia y Tecnología y habrá que ver cuánto peso tendrá el nuevo Ministerio de la Producción.
Además, resta saber cuánto margen tendrá el gobierno para profundizar una política redistributiva en el contexto de elecciones, crisis y desaceleración de la economía. Asimismo, ojalá algún día cercano nos levantemos con la sorpresa de que ahora que la inflación se parece a la del INDEC, se pueda reconstruir la confianza de los índices. Todo esto sin olvidar la ya utópica reforma tributaria, algo que en este contexto parece impensable llevar adelante.Pero por sobre todo, existe la gran incógnita de si este gobierno erosionado por campañas feroces podrá enfrentar la madre de todas las batallas: la nueva ley de radiodifusión. Ojalá la cercanía de las elecciones y las consecuencias de la ubicua e inasible crisis financiera no vayan en desmedro del debate de una ley que exprese que con monopolios no hay libertad de prensa ni sistema político que no acabe subsumiéndose a los intereses de los acaparadores de diarios, radios, canales de TV y servicios de Internet.

La renuncia

Está claro que en los últimos años la calidad de las operaciones de prensa ha mermado. Las sutilezas han dejado lugar a lo grotesco y una prueba de ello puede ser la vergonzosa campaña lanzada por Clarín el último domingo en la que se afirma en tapa que la tensión entre CFK y Cobos es “máxima” y que en el entorno del mendocino estudian la posibilidad de promover un plebiscito que determine si él debe renunciar a su cargo en el poder ejecutivo.
Parece que, terminado el “tema AFJP” con una votación que acabó con los 2/3 de ambas cámaras apoyando la propuesta del ejecutivo y digiriéndose de a poco el pavor de la crisis financiera, el acento estará puesto espasmódicamente en las internas del gobierno. Si bien la propuesta del plebiscito es descabellada y tanto Clarín como Cobos y el resto de los ciudadanos pensantes y no pensantes saben que nunca se llevará a cabo, podríamos jugar al contrafáctico “qué pasaría si se hiciera el plebiscito”. Digamos que cualquier resultado sería interpretado a favor del hombre que tomó notoriedad a partir de su “voto no positivo”: si la gente decide que no renuncie se dirá que la ciudadanía valora a un hombre como Cobos que puede expresar la diversidad al interior del gobierno y puede equilibrar la irritabilidad y la compulsión de CFK. Si el resultado se inclina mayoritariamente hacia el pedido de su renuncia, se afirmará que la gente valora tanto a un hombre como Cobos que no desea que se inmole en tanto rehén del grupo de psicópatas que ocupa el gobierno nacional.
Pero más allá del plebiscito, lo que sí resulta obvio es que existe tensión entre Cobos y el resto del Gobierno. Más bien, uno debería decir, que la relación está rota. Presidente y vice no tienen ningún diálogo y resulta llamativo registrar las intervenciones de Cobos en las que él comenta las acciones que impulsa el poder ejecutivo en el que interviene, como si fuera un observador externo que generalmente acuerda, aunque con reservas y desconocimiento de los detalles de los proyectos. Vista así la situación parece ser insostenible con lo cual cabe preguntarse por qué no renuncia.
Para hacer frente a este interrogante hay muchas posibles respuestas: podemos pensar como opción que tal vez Cobos no renuncia porque especula con que la gobernabilidad de los Kirchner está resquebrajada y más temprano que tarde, pegarán un portazo o se irán en helicóptero. En ese sentido, él no quiere cometer el error de Chacho Álvarez y aguantará todo tipo de desaire y agravio con encomiable paciencia digna de Oriente.
Otra opción es que él apueste a un proceso de victimización y que busque irritar “desde adentro” haciéndose relativamente prescindente en 2009 y preparando el desembarco en el 2011 apoyado por la UCR y la Coalición Cívica.
La última es que sea más pusilánime que especulador y que en realidad no sepa bien qué hacer.
Otra pregunta que uno podría hacerse es por qué CFK no le pide la renuncia. Aquí también hay varias respuestas.
Podría ser que los K hayan interpretado que el precio de exigirle la renuncia será mucho más alto ante la opinión pública, que el hecho de, simplemente, “invisibilizarlo” y someterlo al desgaste del poder y a la incomodidad que le acarrearía presentarse como oposición habiendo sido parte del gobierno. Otra es que simplemente no han encontrado aún el momento adecuado y que la “ejecución del traidor a la causa” haya sido aplazada hasta nuevo aviso.
La gran paradoja es que, desde mi punto de vista, Cobos le ha hecho, sin desearlo, un grato favor al Gobierno pues de haber renunciado el mismo día de la caída de la 125 la hecatombe política hubiera sido total, el Gobierno K estaría más tambaleante y encerrado sobre sí y el nombre de Cobos sería indiscutiblemente el del Jefe opositor. Si bien aún es posible que renunciando o “renunciado” Cobos se victimice, cada día que pasa su situación es más incómoda para su futuro puesto que resultará difícil justificar que se ha quedado unos meses más sólo porque creía que en el Gobierno iba a ver espacio para el disenso. Restará, para los que nos interesa conceptualmente la política la discusión en torno a qué votamos cuando votamos. Si votamos un Programa en el que los candidatos son meros ejecutores, resulta claro que Cobos debió renunciar por no haber llevado adelante el mandato que el pueblo le exigió al manifestarse en las urnas. Si, por el contrario, al votar votamos, más que Programas, la capacidad y la idoneidad del representante para poder decidir sobre los asuntos de la cosa pública, existe la posibilidad de que aceptemos que una misma lista pueda llevar candidatos al ejecutivo que no funcionan de manera homogénea y que lejos de dejarse llevar por ideologías y programas, apelan a ese ámbito especial que es la libertad de conciencia. Esta última visión, más aristocratizante, supone que el representante está más capacitado que el pueblo mismo para saber qué es lo que hay que hacer y cómo debe hacérselo. De aquí que el representante tenga plena independencia en sus decisiones aún si éstas van en contra de aquello por lo que el pueblo lo eligió.
Pero este tipo de discusión, la más interesante y la menos coyuntural, hoy sucumbe ante los operadores berretas, los editorialistas interesados y las variables del periodismo de espectáculos aplicadas al análisis político.

La caja, el Estado y la carga de la prueba

Siempre existe la sensación de que los sucesos de la política se dan cada vez más rápido pero lo que ha ocurrido en el último mes tal vez sea demasiado: crisis internacional con derrumbe financiero que no cesa; caída en el precio del petróleo y los comoditties; fin de las AFJP; reagrupamiento y alianzas electorales con miras al 2009 (léase Carrió-UCR; Solá-De Narváez); pronunciamiento de la Corte en torno de la “libertad” sindical; presión alcista sobre el dólar y presión sindical ante la posibilidad de despidos, etc.
De la inflación y del precio del tomate ya no se habla más. Tampoco se habla de la siempre anunciada crisis energética ni se hablará de la inseguridad hasta tanto no maten a algún vecino de la zona norte. Por suerte De Angeli volvió con su mujer quien deberá tolerar la libido contenida del toro de su marido. Ahora los vaticinios tienen que ver con la amenaza de recesión (según Broda llegará al 4% en 2009) y los despidos. Todo esto pasó en un mes a punto tal que si las empresas quisieran despedir gente no han tenido tiempo aún de mandarle el telegrama.
Intentaba pensar alguna variable que pudiera contener todos estos fenómenos y sin ninguna originalidad, encontré que, como casi siempre, está en juego el rol del Estado. Ya se ha mostrado hasta el hartazgo la forma en que los países del primer mundo sugieren recetas liberales para las crisis del tercer mundo y aplican canones keynesianos para las crisis puertas adentro. Asimismo los países más importantes del planeta han hecho gala del Estado más bobo: el que sale al salvataje de los grupos financieros. Ahora se discute, como en la reunión del G20, ya no si el Estado debe intervenir sino cuánto debe hacerlo. La disputa es ahora si interviene muchísimo o un poco menos que muchísimo.
En el ámbito vernáculo, las disputas entre el gobierno y la oposición tienen mucho que ver con la concepción que se tiene del Estado. La discusión en torno de las AFJP es sintomática en ese sentido y quienes insólitamente defendían el mantenimiento del sistema mixto público y privado, enmascararon la discusión en torno de “caja para el gobierno versus ahorros privados”. En el medio de esa discusión aparecieron una cantidad de afirmaciones irresponsables y demagógicas. De todas ellas, la mayor fue la de la aparente necesidad de intangibilidad de los depósitos para dar transparencia a la operatoria de traspaso de esos fondos. Esto lo exigió desde Lozano hasta Pinedo con una manifiesta dosis de ignorancia. Sin embargo, primó la cordura y las alianzas más o menos naturales entre cierto costado progresista del gobierno, los socialistas y los bloques unipersonales para sacar con holgura la ley en diputados. Pero me quiero detener en el punto central del debate. El tema de “la caja”. Con otros términos, este tema estuvo en medio de la discusión en torno de la resolución 125. Se afirmaba “le sacan la plata a los trabajadores del campo para quedársela los Kirchner”. Detrás de esta afirmación está la clásica idea argentina de que el Estado es sinónimo de robo y malgaste de fondos. Si luego se realiza la operatoria conceptual de homologar Gobierno/corporación política y Estado, la ecuación esta resuelta: lo público y estatal es sinónimo de robo mientras que lo privado es equivalente a la meritocracia, el control y el esfuerzo.
Esta homologación opera también en el plano discursivo en algo que me resultó llamativo en los últimos días. Me refiero a las charlas de café que salen por la radio y se escriben en columnas de diarios que afirman que los Kirchner quieren la plata porque necesitan pagar deuda. Esa es una muy buena razón pero uno puede preguntar, ¿la deuda es de los Kirchner o es del Estado? Claro que el gobierno necesita plata para pagar la deuda. Si no lo hiciese, veríamos desfilar a los economistas de siempre, afirmando que estamos “afuera del mundo”. Pero la deuda es un problema del país, no de los Kirchner. Uno podrá discutir si esa deuda es legítima, etc. Pero por lo pronto habrá que pagar o transformarse en pseudoparias del mercado.
Si triunfa esta cosmovisión que describe al Estado como el foco de toda corrupción, volveremos a ser testigos de la constante oscilación argentina por la cual pasamos de políticas de un Estado activo y motor a un Estado mínimo. Debo confesar que iba a terminar la nota afirmando que probablemente esta idea volviera a instalarse pero hubo un hecho que me genera esperanza para que no sea así: el gobierno de Macri intenta establecer un impuesto a los pagos con tarjeta de crédito, algo que sin duda, afectará el consumo, y que se suma a la suba de los impuestos de ABL, a la instalación de miles de parquímetros, etc. En este caso, la discusión solamente transcurrió por la vía razonable de si esta medida es necesaria, si afectará mucho al consumo o si es o no un impuestazo. Esta vez se interpretó que el Estado quiere recaudar impuestos no por “la caja”, tampoco por el hecho de que el año que viene hay elecciones. En el caso de la Ciudad la discusión no presupuso que el Estado sea esencialmente corrupto y que el gobierno de turno esté compuesto por una runfla de ladrones. Macri afirmó, como lo hizo CFK, que con el dinero recaudado hará obras y en el caso de la Ciudad no se interpretó a esto como un intento de crear guiños electorales ni mecanismos clientelísticos. De esta manera, respecto del Gobierno de la Ciudad, no está invertida la carga de la prueba: éste no tiene que demostrar a priori, como sucede con el de CFK, que no va a robar (como insólitamente lo exige el fotogénico juez Griesa en Estados Unidos). Tal vez la era K deje un tendal de corrupción pero todavía no consta que esto sea así y tampoco consta que el gobierno de Macri termine impoluto en este sentido. Pero sería bueno, tratarlos con igualdad y darles al menos el beneficio de la duda. No por el bien de ellos, sino por el bien de nosotros y de las instituciones.

Los ladrones preferidos*

En una muestra de puro estilo K, el gobierno sorprendió con el fin del régimen de capitalización y el regreso al sistema de reparto. Así, tras la derrota de la 125, Cristina busca emular la “muñeca” de su marido y marcar agenda, una costumbre que parecía estar agotándose incluso en los últimos meses de la gestión anterior. En este caso, esta medida cuenta con mayor sustento teórico y práctico, en todo sentido, que las retenciones móviles y la estatización de Aerolíneas. Francamente parece difícil oponerse: con el traspaso al Estado las jubilaciones serán más altas y el Estado dejará de cubrir al 41% de los jubilados que con el régimen de capitalización no alcanzan la mínima. En este sentido el Estado se evitaría poner los 4000 millones de pesos que tuvo que desembolsar este año para rescatar a estos jubilados y se ahorraría en total unos 25000 millones de pesos en los próximos 5 años. En los últimos doce meses, las AFJP perdieron casi 13.300 millones de pesos de sus afiliados y la crisis financiera internacional agudizaría esta pérdida. Por si esto fuera poco una parte importantísima de las inversiones de las aseguradoras está en los bonos del Estado argentino, bonos que vienen “sufriendo” la subestimación de la inflación y que han perdido buena parte de su valor. Pero podríamos agregar algunos puntos más: con el nuevo proyecto se acabará con las exorbitantes comisiones que cobraban las AFJP por recibir nuestro dinero y el Estado argentino, es decir, todos nosotros, terminará con la sangría de 100.000 millones de dólares que viene padeciendo en los últimos 14 años por haber dejado de recibir los aportes previsionales (esta cifra es, justamente lo que creció la deuda pública en este período. (Ver la nota de Cufré en el página 12 del 26/10/08) http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-114019-2008-10-26.html
Por último, ni siquiera es de prever que aparezca una ola de juicios al Estado puesto que aquellos que éste y pretendan que se les “restituya” cash lo aportado individualmente a las AFJP fracasarán en su intento puesto que los aportes no son de disponibilidad inmediata; por su parte aquellos que exijan que sus aportes vuelvan a las AFJP argumentando que se ven perjudicados por el sistema solidario de reparto que le quita a algunos para darle a otros, probablemente reciban una respuesta positiva de la justicia pero dado que en el futuro perderán los años de aporte (puesto que de aquí en más deben empezar a aportar al Estado), tendrán que pagar de su propio bolsillo la comisión a las aseguradoras y a su vez aportar paralelamente al Estado, probablemente, harán bien las cuentas y notarán que ganar el juicio sería peor que perderlo. (Ver la nota de Gustavo Arballo, “Hacerle juicio al Estado, en Página 12 del 26/10/08)
Con algo menos de tecnicismos podemos decir que el sistema de capitalización falló en lo que eran sus aparentes dos pilares fundamentales: el fin de las jubilaciones de miseria que pagaba el Estado y un respiro inmenso en la espiral de déficit fiscal en la que parecía entrampado. Por lo dicho anteriormente, el sistema privado ha fracasado en ambos puntos de lo cual se sigue que no tendría sentido mantener el régimen mixto de la actualidad.
Si bien se trataba de un tema que no estaba en la agenda y que no generaba mayores preocupaciones en la medida en que los jubilados por el régimen privado eran pocos y sus haberes eran, en muchos casos, complementados por el Estado, existía cierta desconfianza mayoritaria hacia un régimen establecido compulsivamente en medio de la fiebre privatizadora. De aquí que no sorprendiera el traspaso de 1.300.000 trabajadores al sistema de reparto en 2007 con la apertura de la opción.
Pero más allá de estos datos está el juego de la política: por un lado el gobierno parece muchas veces preso de su propio estilo y el afán de repentización y establecimiento de agenda se traduce muchas veces en apuro e imprevisión. Pasó con la 125, pasó con Aerolíneas y puede pasar ahora. En los 3 casos los proyectos eran, en general, buenos, y sin embargo, con diferentes resultados, sufrieron (o van a sufrir) numerosos embates que desnudan que su bondad no los exime de errores e imprecisiones a punto tal que puede darse el caso que, aún ganando, el proyecto recibiera tantos cambios que acabe transformándose en “otro” proyecto y redunde en un fracaso político o una victoria pírrica para el oficialismo.
Asimismo vuelve a fallar la comunicación: lo que debió ser una campaña de desprestigio contra las AFJP en los meses previos comienza ahora, una vez que el proyecto tomó estado público. Así, el gobierno realiza un movimiento paradójico: parece muy hábil para sorprender pero una vez publicitadas las medidas, sus falencias técnicas y comunicacionales lo obligan a establecer estrategias ad hoc que no han demostrado ser efectivas. Por otra parte se presta a la suspicacia el hecho de que el año pasado se haya abierto la posibilidad de elegir a qué régimen aportar y un año después se realice este traspaso compulsivo. Esto no hace más que agitar los fantasmas de “la necesidad de la caja” más allá de que no resulta menor tener en cuenta que el contexto internacional pos crisis financiera es muy distinto al de hace un año.
Por el lado de la oposición, lo de siempre. Aun a riesgo de repetirme, encontramos la gran mayoría del arco político opositor agitando el lema “no sé de qué se trata pero me opongo“. Si bien esta vez uno supone que los ex ARI del SI y algunos radicales van a acompañar el proyecto en ambas cámaras, Carrió, Macri y una parte importantísima de los multimedios, al no tener argumentos contra el proyecto cambiaron el eje de la cuestión e hicieron hincapié en que se trataría de una maniobra de los K por “la caja”. Como hemos visto en los últimos meses, existen grados de odio visceral hacia el gobierno K. Estos odios van desde manifestaciones timoratas de moda y de rezongo berreta hasta campañas más robustas como la que se puede observar en el grupo Clarín con la inclusión permanente en TN del número de baja del Merval al costado derecho de la pantalla; los agresivos comentarios de los editorialistas del diario Clarín y de los programas de TN; los títulos del diario de, por ejemplo, el domingo 26/10 que afirman que la mitad de los legisladores que anticiparon su voto votaría en contra; que los ejecutivos son “todo” preocupación; que la mayoría de la gente quiere que coexistan ambos sistemas, es decir, se oponen al proyecto del gobierno; y que el gran problema de la gente ahora ya no es la inflación sino los despidos. Por si todo esto no alcanza, estemos atentos a la pretensión destituyente que sobrevuela la redacción del diario La Nación y el grupo Perfil. No resulta casual que en los últimos dos días Morales Solá haya afirmado que de no aprobarse el proyecto de reestatización de las jubilaciones, tiene la información precisa de que la presidenta renunciará; o que la tapa de Noticias indique que los K se irían del gobierno si pierden las legislativas de 2009. En esta misma línea Mariano Grondona llamó hoy desde la radio a pensar el poskirchnerismo puesto que los K se van a ir “en un mes, un año o a más tardar tres años”.Más allá de estos exabruptos, la denuncia de la oposición parece hacer justicia con la historia argentina, esto es, una historia de saqueos de los aportes previsionales. En este sentido, el proyecto oficial debería establecer la mayor cantidad de posibilidades de control: desde la autarquía del ANSES, pasando por un comité de seguimiento, hasta la restitución del 82% móvil. En cuanto a la cuestión de la intangibilidad de los depósitos, asumiendo el riesgo de introducirme en fangosos tecnicismos que me exceden, parece más un espasmo demagógico que otra cosa. Esto se debe a que el cambio al sistema de reparto implica más allá de todo un cambio conceptual. Se trata de pasar de la capitalización individual al sistema de reparto solidario y de compromiso intergeneracional. Esto supone que ya no existen más cuentas individuales y que el dinero que uno aporta puede ir a cubrir a otros que aportan menos o no han aportado por permanecer parte de su vida en el plano informal. Asimismo, ¿supone la intangibilidad que los aportes se guardan en una caja fuerte envueltos con un papel y una etiqueta que diga “no tocar”? Sería absurdo inmovilizar 30.000 millones de dólares y no invertirlos con lo cual cabe preguntarse qué estamos diciendo cuando hablamos de intangibilidad. En todo caso habrá que encontrar la forma adecuada para evitar que este y los gobiernos que vengan no utilicen ese dinero con una finalidad, llamémosle, ilegítima o “antipopular”. Si este gobierno encontrará la forma a través de piruetas legales o corrupción flagrante para hacerse de parte de esos recursos es algo que no se puede saber de antemano. Lo que sí resulta llamativo es que tanta gente permita que las aseguradoras le cobren comisiones vergonzosas y que tomen el dinero que uno aporta para su jubilación utilizándolo para transacciones financieras que pueden salir tanto bien como mal. Es como que yo le fuera dando todos los meses parte de mi sueldo a un señor para que lo juegue a la ruleta. Por hacer esto, él me cobra 3 de cada 10 pesos que le doy y asume el compromiso de devolverme en cuotas dentro de 30 años lo que haya quedado de sus triunfos y pérdidas en sucesivas apuestas. Si a los 30 años a este señor le ha ido mal en la ruleta vendrá el Estado y me pagará lo que me falta para vivir con la mínima. No hay saqueo probable del Estado que pueda ser peor que el robo del sistema de capitalización. Sin embargo, hay quienes tienen en las AFJP a sus ladrones preferidos.

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