A buena dieta menos rico (publicada el 24/2/12 en Veintitrés)

Días atrás, los diarios La Nación y Clarín publicaron que legisladores de la república se habían otorgado un 100% de aumento en sus dietas. La noticia generó indignación en buena parte de la opinión pública pero también una respuesta de casi todo el arco político, oficialismo y oposición, a favor de la medida. Tal controversia, sin embargo, esconde el verdadero tema en cuestión y es si la función pública merece algún tipo de retribución. Pero antes, algunos comentarios de la coyuntura. Por un lado, no está del todo claro de cuánto fue el aumento pues La Nación y Clarín llegan a hablar de subas de un 100% (incluso de un 150%) y Tiempo Argentino de alrededor del 33%. Usted determinará a quién quiere creerle. Con todo, diré que si el aumento es de más de un 50% quizás pueda ser justo pero, seguramente, sea tan justo como inoportuno independientemente de que sea una realidad que los salarios de los legisladores tenían un retraso y se estaban dando desfasajes injustificables en relación a empleados estatales de planta. Si el aumento, en cambio, se acerca al 30% parece algo bastante más razonable pues se trata de un número similar al de las paritarias que en los diferentes sectores se encuentran en plena negociación. Con todo, quedaría para el futuro discutir sueldos de asesores y la prebenda de los legisladores de las provincias que poseen de antemano pasajes que en caso de no usar pueden canjear por dinero en efectivo generando, de hecho, un sobresueldo.

Por otro lado se encuentra la cobertura de la noticia brindada por los medios y algunas declaraciones poco felices. En cuanto al primer punto, la ciudadanía ha sido testigo de una clara incentivación mediática que intentaba retrotraer el humor social a esa etapa de crisis de representatividad política que tuvo apogeo en 2001. Esto no es de extrañar pues como varias veces he dicho desde esta columna, la gran disputa gira en torno al problema de la representatividad y enfrenta a la política con el periodismo. En los últimos años el retorno de la política fue impulsado por el kirchnerismo y tuvo a una oposición que paradójicamente siguió una agenda antipolítica. Sin embargo, el resultado en octubre de 2011 pareció generar algo de autocrítica e hizo que buena parte de los más acérrimos opositores cerraran filas con el gobierno en su declaración sobre Malvinas. Tal gesto de pseudo independencia respecto de las directivas de las corporaciones le está siendo facturado a la oposición desde la tapa de los diarios y los editoriales. Ahora bien, también hay que reconocer que ser conscientes de esta manipulación absolutamente adrede que realizan los monopolios de información no implica que deba considerarse que la dirigencia política argentina merezca un cheque en blanco. No porque no haya dado muestras de una transformación cultural en relación a la “Menemist party”, sino porque el control por parte de la ciudadanía es siempre saludable y un incentivo para que los representantes hagan las cosas bien.

Yendo al segundo punto, el de las declaraciones poco felices, me quedo con aquella del Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, quien justificó el aumento afirmando que se hacía “para no dejar la política a los ricos y a los ladrones”. El argumento de que un buen pasar económico o una retribución grande no estimula el robo ha sido repetidas veces falsado y es el mismo que utilizaron muchos votantes de Macri quienes afirmaban que “dado que el ingeniero tiene mucho dinero, no va a robar”. Pero me quiero detener en la primera parte de la afirmación de Domínguez, aquella que indicaba que no hay que dejar la política a los ricos pues esa sentencia es razonable y será una excelente razón para alcanzar el punto que creo más interesante.

Esto me lleva a la Atenas del siglo V A.C., época de Pericles y del auge de la democracia, forma de gobierno que no estaba exenta de críticas por parte del punto de vista aristocrático que defendían Sócrates y Platón entre otros. Según ellos, la democracia era el peor sistema después de la tiranía porque en la primera todos eran iguales y, en tanto tal, no había forma de distinguir entre los mejores y los peores. Tal indiferenciación quedaba plasmada en una de las formas de selección de algunos de los cargos públicos: el sorteo. Está práctica es la más democrática porque todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Sin embargo, el punto de vista aristocrático denunciaba que de ese modo cualquiera podía ocupar el cargo, aun alguien que no estuviera preparado para hacerlo. La razonabilidad de esta crítica aparece con mayor vigor cuando se realizan analogías del siguiente tipo: ¿cuando usted tiene que arreglar el auto sortea entre todos los mecánicos o, en la medida de sus posibilidades, opta por el que considere mejor? Lo mismo debiera suceder para los cargos públicos, afirman los aristócratas: habría que elegir a los mejores y no dejar esto librado al azar. Las críticas a la democracia tenían que ver, además, con el sistema de decisión por mayoría, algo que para estos filósofos era la justificación de una tiranía de los pobres e ignorantes. Por último, estaba el tema que aquí interesa pues la democracia había determinado que los funcionarios debían recibir honorarios. Esto era escandaloso para la aristocracia que entendía lo público como un valor y, su ejercicio, un deber vinculado a la vocación y nunca al interés por un rédito económico. Frente a esto, los demócratas de la época afirmaban que era necesario tener una retribución por la función pública pues de no ser así, nadie que tuviera que trabajar para subsistir podría hacerlo mientras ejerce un cargo representativo. En otras palabras, la paga a los funcionarios era la clave para que lo público no quedara en manos de los ricos que con tiempo libre y las necesidades resueltas podían ocuparse de la administración de los asuntos de la organización social. Es por esto que se exigía una paga y de aquí que pueda afirmarse, como bien saben las personas con sobrepeso, que “a buena dieta menos rico”.

Usted me perdonará por la calidad del ejemplo pero aunque le resulte sorprendente, una discusión similar se dio en el fútbol argentino hace algunos años cuando Macri era presidente de Boca y Gámez de Vélez. El estatuto de la AFA impide que los dirigentes de los clubes reciban un sueldo, algo que en la actualidad parece injusto si se toma en cuenta que cualquier dirigente pasa 14 o 15 horas diarias en clubes que manejan millones de pesos anuales. Fue así que el presidente de Vélez, un hombre de clase media, exigió a la AFA un cambio para que los dirigentes pudieran acceder a un sueldo por su actividad. Pero Macri se opuso. Es más, en este último caso, el ahora Jefe de Gobierno modificó el estatuto de Boca exigiendo que cualquier agrupación que se presentara a elecciones debiera contar con el aval económico del 10% del patrimonio del club (unos 13,2 millones de pesos en, por ejemplo, las elecciones de 2007), algo que resultaba privativo para cualquier ciudadano de a pie.

Para entender el tema en cuestión también puede servir el gesto, probablemente demagógico, de Adolfo Rodríguez Sáa, quien en la semana que estuvo como presidente de la nación en 2001 decidió ponerle un techo a los sueldos de todos aquellos representantes del pueblo. Sin embargo son muchos los que razonablemente afirman que si los sueldos del Estado son magros, lo que se logrará es que, en el mediano plazo, los mejores cuadros técnicos se pasen a la actividad privada con lo que el gesto de austeridad y de una “dieta bajas calorías” es la elección de hoy para el hambre de mañana.

Decir cuánto tiene que ganar un legislador y qué parámetros tomar será siempre materia de objeciones varias. Al lado de un docente de colegio secundario, un legislador gana mucho; pero comparado con lo que reciben los legisladores en otros países de Latinoamericana su salario es de los más bajos. Ni que hablar si se lo compara con lo que cobran los CEO de grandes empresas. Decir que esto es materia de la actividad privada y que, por lo tanto, no es comparable, es sólo en parte verdad por lo mismo que se decía antes, esto es, si la diferencia entre lo que se cobra en la función pública y en el ámbito privado es demasiado grande, existirá una sangría de los más capacitados y quedarán en el Estado los menos útiles. Por otra parte, póngase el caso de un presidente de la República. ¿Es razonable que con la responsabilidad que tiene cobre, por caso, sólo entre 2 y 3 veces más que un camionero? ¿O que un legislador elegido democráticamente cobre lo mismo que un empleado de planta del Estado encargado de aspectos menores referidos a la administración? La lista puede ser infinita y habrá casos más controvertidos que otros. Con todo y a pesar de que muy pocas personas en este país cobran los 30.000 pesos que con la nueva suba alcanza el salario de los legisladores, creo que la responsabilidad debe retribuirse como corresponde. Si luego esos representantes no hacen bien su trabajo o son corruptos, la ciudadanía mediante el voto y la justicia a través de la ley serán las encargadas de poner las cosas en su lugar.