¿Más reelección es menos democracia? (publicado el 13/10/11 en Veintitrés)

Cuando la ex política y actual mujer del espectáculo Elisa Carrió, lanzó su última denuncia en torno a un supuesto pacto entre Binner y CFK para reformar la Constitución, se generaron, por fin y después de muchos amagues, las condiciones para instalar el tema en la agenda previa a las elecciones. Más allá de que parece bastante claro que se trata de una operación para fomentar el miedo de esa parte de la clase media consensual y moderada en un contexto en el que el 70% de los votos irían para opciones de centro izquierda, cabe dedicar unas líneas a algunas consideraciones teóricas y prácticas en torno a esta cuestión.

En el plano estrictamente coyuntural, la plataforma de Binner expresa con claridad su intención de abandonar el sistema presidencialista en pos de un modelo parlamentario siguiendo la línea europea y dejando de lado la tradición estadounidense cuyas bases se encuentran en El Federalista de Madison, Jay y Hamilton. A su vez, en esta misma línea, el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni hace ya mucho tiempo que también aboga por una reforma y según los azuzadores de fantasmas, este proyecto habría sido acercado al oficialismo.

En este contexto, aclaremos una obviedad: dada la mala prensa de la que goza la noción de reelección indefinida, ningún proyecto que la postule podrá pasar satisfactoriamente el tribunal de la opinión pública. En este contexto, lo que la oposición rabiosa afirma es que la pretensión reeleccionista vendría en formato de sistema parlamentarista. En otras palabras, como usted sabe, en este modelo, se votan parlamentarios y son éstos los que designan a la persona que estará al frente de la República. Así podría darse el caso de que se mantuviese constante durante 20 o 30 años una misma mayoría que designara por ese período a la misma persona lo cual generaría una continuidad que expresaría una “reelección de hecho”.

Ahora bien, más allá de las bondades y los problemas del sistema parlamentarista, algo de lo que ya hemos hablado desde estas mismas páginas algún tiempo atrás, le pido que hagamos el profundo esfuerzo de quitar los nombres propios y pensar en términos abstractos la cuestión de la reelección. Dicho de otro modo, no importa si pensamos que la continuidad en el poder, bajo el sistema que fuese, puede dar lugar a décadas de un Berlusconi, un Menem, una Cristina o una Merkel. Más bien, de lo que se trata es de pensar por qué existen normas jurídicas que ponen límites a la decisión de los pueblos. Expresado de modo visceral y visto desde la perpsectiva del caso argentino, ¿por qué consideramos que la decisión del pueblo es soberana salvo cuando quiere votar tres veces seguida al mismo gobernante? Si el pueblo considera que hay un buen gobernante y quiere que se quede en el poder 40 años ¿por qué habría que impedirlo?

A estas preguntas se les puede dar una infinidad de respuestas pero en términos más generales, creo que el tema merece encararse desde los aspectos constitutivos de las formas de las repúblicas occidentales desde sus orígenes hasta hoy. En este sentido, en un libro muy interesante de Roberto Gargarella, llamado La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial, publicado en el año 1996, el autor se pregunta ¿por qué el poder judicial es capaz de anular una ley votada por la mayoría de los representantes del pueblo? Si prestamos atención a la pregunta lo que está expresando es cuál es la razón por la que un grupo de hombres y mujeres llamados jueces, cuyas designaciones no están determinadas por el voto popular, son capaces de poner límite a las decisiones de la ciudadanía. ¿Quiénes son estos señores encargados de decidir cuáles leyes se corresponden con el espíritu de la constitución? Y en todo caso, ¿por qué las constituciones son sagradas? ¿Acaso no son un conjunto de normas creadas por hombres de carne y hueso en un contexto histórico particular? ¿O es que son mandamientos que bajan del cielo como obsequio de un Dios tan trinitario como los poderes de la República?

Para Gargarella, al momento de analizar esta tensión entre los legisladores, entendidos como los representantes del pueblo, y los jueces, entendidos como aquellos que deben velar por los principios constitucionales, se pueden hallar dos tradiciones: una conservadora y otra que él denomina populista. La primera es heredera de la línea de los Padres Fundadores que sentaron las bases de la República estadounidense. Se trata de una concepción profundamente elitista que establece el control de constitucionalidad de los jueces como el modo de resguardar las instituciones de la inherente incapacidad de las masas. Desde este punto de vista, el sistema ideado por una aristocracia bien pensante es el correcto pero el riesgo de que la turba democrática lo degenere eligiendo representantes bárbaros, hace necesario la creación de un poder, el judicial, capaz de poner límites a las decisiones movidas por el afecto, la demagogia y el clientelismo.

Por su parte, la tradición populista, más cercana a la revolución francesa, afirma que la validez constitucional depende de la decisión de la mayoría del pueblo y no del control de la casta de jueces. De la exposición de ambas tradiciones se puede colegir que la primera es proclive a poner límites a las reelecciones y la segunda no. La visión conservadora lo fundamenta con el argumento, no descabellado por cierto, de que la democracia es, sobre todo, alternancia y que hay que poner límites jurídicos a la continuidad porque quien está frente al gobierno goza del beneficio del uso del aparato estatal lo cual lo pone en clara ventaja respecto de las fuerzas opositoras. La visión populista, también tiene un muy buen argumento que, en este caso, parece incluso bastante más simple, a saber: la verdadera democracia es aquella en la que el pueblo es soberano. Vox populi vox dei.

Si bien está claro que no resulta fácil, para los conservadores, justificar por qué el pueblo no está preparado para tomar algunas decisiones, para los populistas tampoco resulta fácil justificar que cualquier decisión, por provenir del pueblo, debe aceptarse pues también así se han legitimado persecuciones injustas hacia minorías y flagrantes violaciones a los derechos humanos.

Ahora bien, expuesto el marco teórico bien cabe ahora repensar el lugar de los actores principales de la política argentina de cara a lo que vendrá.

En primer lugar, resulta llamativo que el oposicionismo recalcitrante que en el 2009 quiso instalar que el único poder del Estado con legitimidad era el poder legislativo, se oponga a una reforma constitucional a favor de un sistema parlamentarista que ayudaría a acabar con ese verticalismo presidencialista al que tanto repugnan.

En segundo lugar, en situación bastante similar se encuentra Binner. En este sentido cabe preguntarle al que será el jefe de la segunda fuerza, más allá de que ésta se encuentre a 40 puntos de la primera, cómo es posible que su plataforma abogue por un sistema parlamentarista y sin embargo declare que su frente nunca apoyará una reforma que favorezca al gobierno. En este punto se le podría indicar a Binner que la institucionalidad debería prescindir de nombres propios y de contextos, ¿o acaso es que el sistema parlamentarista es bueno sólo cuando hay una presidenta fuerte?

Por último, como alguna vez lo indicase en el contexto de aquel exabrupto de Diana Conti en torno a una “Cristina eterna”, tal posibilidad, más que indicar una fortaleza, supondría una debilidad que iría en contra de la idea de defensa de un modelo. En este sentido seguramente la propia presidenta sabe que las bases de una transformación cultural política, económica y social, no pueden depender de una sola persona. Será responsabilidad, entonces de quienes consideramos que hay cosas que se están haciendo bien, generar las condiciones para que esas cosas se sostengan independientemente de quien sea el referente. Evidentemente las condiciones actuales hacen que solamente ella sea la garante de continuidad pero esto debería cambiar, por el bien del modelo, en algún momento, aun cuando se considere que difícilmente pueda surgir alguien de la probada idoneidad de la presidenta. En este punto, los límites a la reelección son, en sentido estricto, antidemocráticos por ponerle coto a la voluntad popular. Sin embargo la fuerza de un proceso transformador y movilizador como el que se está llevando adelante en los últimos ocho años debe tener la capacidad de sobreponerse a ese límite no a través de una constitucional y legítima reforma, sino a partir de la formación de hombres y mujeres capaces de llevar adelante la profundización de los principales lineamientos de políticas que, guste o no, han cambiado el rostro de la Argentina.

Transformar desde la complejidad (publicada el 6/10/11 en Veintitrés)

A partir de una feroz represión policial que derivó en una crisis política que se llevó consigo al Ministro de Gobierno, tomó visibilidad un conflicto al interior de la base de sustentación del proceso liderado por Evo Morales. El detonante fue el proyecto gubernamental de crear una carretera que atraviese el Parque Nacional Isiboro Sécure, el cual posee más de 1.000.000 de hectáreas y donde habitan entre 5000 y 10000 indígenas de etnias minoritarias como los Moxeños, los Yuracarés y los Chimanes.

Si bien, como pocas veces se estila, hemos sido testigos del pedido público de perdón por parte del Presidente, la marcha de estas comunidades indígenas hasta el Palacio Quemado promete ser la chispa sobre la cual se erigirán todo tipo de interpretaciones y probablemente sea la excusa para que actuales defensores de la campaña del desierto le brinden ditirambos a la pachamama.

Pero para poder entender algo de lo que sucede en Bolivia bien vale acercar algunos datos. Por ejemplo, el último censo de 2001 arrojó que en el país existen no menos de 30 idiomas y/o dialectos regionales. Sin embargo, dentro de esta diversidad hay dos culturas que sobresalen, la aymara y la quechua, que juntas son la lengua materna del 37% de los ciudadanos que viven dentro del Estado Boliviano. Asimismo, hay que agregar que el 54% de la población se identifica con algún pueblo originario.

Si bien los datos no hablan por sí solos es presumible entender la debilidad institucional que atravesó toda la historia de un Estado monolingüe castellano gobernado por una elite blanca y minoritaria cuyos valores iban por carriles completamente ajenos a los del resto de la población.

Ahora bien, tras el triunfo de Evo Morales, esto es, con la llegada al poder por primera vez en la historia de un sindicalista aymara, han abundado las interpretaciones simplificadoras: para la derecha, se trata del avance de la barbarie y del imperio cholo-narco; desde la izquierda romántica neo-hippie y vegetariana, en cambio, se lo piensa como el triunfo de una cosmovisión del mundo solidaria y precapitalista que devolvería al Hombre a su espacio de armonía con la naturaleza.

Ambas interpretaciones son simplificadoras y, por sobre todo, piensan al proceso boliviano como atravesado por identidades y sujetos políticos homogéneos y claramente reconocibles. Es a partir de esta interpretación que los escribas a distancia encuentran en este conflicto el comienzo de las internas que disolvería el granítico bloque indígena que sustenta a Morales.

Sin embargo, las grandes transformaciones llevadas adelante por el gobierno de Evo, nunca estuvieron exentas de críticas desde el interior de su propia base de sustentación, lo cual, aunque es casi una obviedad, sucede en cualquier movimiento político. Y para entender parte de esta problemática bien cabe indagar en los grandes cambios institucionales que son fundamentados por un académico de prestigio como lo es el Vicepresidente Álvaro García Linera.

El pensamiento de García Linera está lejos tanto del intelectual romántico como del que consume exclusivamente recetarios foráneos, y es desde los numerosos trabajos que ha publicado que puede comprenderse mejor el diseño que llevó adelante la reforma constitucional que declaró al Estado Boliviano como plurinacional.

Ahora bien, ¿qué significa que un Estado es plurinacional? Evidentemente, tal denominación choca con el modo en que se constituyeron los Estados nacionales a lo largo del siglo XIX. La cuestión es más o menos simple: el Estado entendido como organización jurídica abstracta generalmente ha coincidido con aquello que llamamos identidad nacional esto es, el conjunto de valores, tradiciones, simpatías e idioma que un colectivo posee. De aquí que muchas veces haya confusiones y se considere que Estado y nación son sinónimos. Sin embargo, el fin de la guerra fría con la lógica de los dos polos de poder definidos por la variable económica, ha derivado en la emergencia de nuevas identidades definidas culturalmente, en impresionantes flujos migratorios y, en algunos casos, en la rediagramación de las fronteras políticas.

Esto, que suele conocerse como el fenómeno del multiculturalismo, permite comprender mejor la posibilidad de Estados compuestos por diversas nacionalidades (Canadá, Bélgica entre otros) o naciones sin Estados (por ejemplo, el caso de los judíos hasta 1948).

Ahora bien, el reconocimiento por parte del Estado de las diversas culturas que habitan en él, si no es mero maquillaje, deriva en leyes que instituyen algún grado de autonomía a estas comunidades, y es aquí donde se plantea lo que en la jerga más técnica se conoce como la problemática del pluralismo jurídico. En otras palabras, si se le da autonomía a una comunidad esto significaría que bajo el territorio en cuestión la ley que rige es la propia y ahí es cuando surge la pregunta acerca de qué sucede si esa ley contradice la del Estado central. Casi intuitivamente, o al menos desde los grandes teóricos de la filosofía del derecho como Kelsen, no parece posible que bajo un mismo Estado convivan dos regímenes jurídicos distintos. Pero, simplificando un poco, es el problema de la tensión que se da, por ejemplo, en toda organización federal pues si las provincias fuesen completamente autónomas se transformarían en un Estado aparte y dado que no lo son, bien cabe preguntarse en qué sentido se las considera autónomas.

En el caso puntual del conflicto en Bolivia, comunidades ancestrales minoritarias exigen que se respete su autonomía sobre esos territorios, lo cual se enfrenta con la también razonable necesidad del Estado central de salvaguardar los recursos naturales de la explotación salvaje de las grandes corporaciones, de generar la infraestructura que ayude a abaratar costos de transporte, y de unir zonas que se encuentran aisladas con el consecuente riesgo para la calidad de vida de los que allí habitan.

Ahora bien, por otra parte, usted podrá preguntarse si el reconocimiento de autonomías al menos parciales, finalmente no resulta coadyuvante al proceso, iniciado en los 90 en toda Latinoamérica, de descentralización en unidades pequeñas cuya razón, en nombre de la efectividad, era el debilitamiento de los Estados centrales. Máxime cuando parece haber pruebas suficientes de la presión de la Embajada norteamericana y de varias ONGs del primer mundo para que estas comunidades en conflicto negocien la extracción de minerales directamente con multinacionales extranjeras sin ninguna interferencia del Estado central.

Pero con el afán de diferenciarse, justamente, García Linera trata de distinguir entre las autonomías y la municipalización propia de la lógica “noventista”, pues estas últimas favorecerían una suerte de atomización que en nombre del respeto a la diferencia acaba creando una balcanización, esto es, pequeños grupos que gobernando la comarca se eximen de la disputa por el control total del poder político y pierden fuerza de negociación.

El difícil equilibrio estará entonces en una ingeniería que pueda hacer frente a las reivindicaciones de las comunidades que buscan una autonomía no secesionista y un Estado central fuerte que deba prevalecer aun cuando sus intereses, muchas veces, choquen con los de esas comunidades. Tal tensión no se puede resolver teóricamente y habrá que inmiscuirse en la práctica, en la coyuntura y en la relación de fuerzas. Siempre, claro está, tomando en cuenta que este tipo de crisis muestra que los procesos políticos de la actualidad son de una complejidad que raramente es captada y que al mismo tiempo tales procesos pueden ser positivos a pesar de incluir dentro intereses heterogéneos, cargar con rémoras del pasado y cometer errores. Suponer que las transformaciones que se dan en Latinoamérica pueden ser puestas en tela de juicio por las contradicciones al interior de los movimientos que la llevan adelante, es cosa de puristas y guardianes morales, ángeles que, con el dedito acusador fácil, son capaces de intentar deslegitimar procesos que lamentablemente no están exentos de tener sus Insfrán, sus Soria, sus Schoklender y una represión desmedida a un grupo de indios que se queja por la construcción de una ruta.

"El mundo del 10-S" (publicado el 15/9/11 en Veintitrés)

Habiéndose cumplido ya 10 años del atentado que conmocionó al mundo y que marcó el comienzo de una nueva época, los balances se imponen. Sin embargo me gustaría comenzar por un sendero no del todo transitado que es el de la pregunta en torno a cuál era la situación política, cultural y económica del mundo, un día antes, el 10-S.

Para esto resulta interesante reposar en dos pensadores irritantes y muchas veces, aunque no siempre, justamente denostados. Hablamos de Francis Fukuyama y Samuel Huntington, íconos del pensamiento de derecha que, sin embargo, tenían visiones diametralmente opuestas del mundo que se vivía y del que se iba a vivir.

En el caso de Fukuyama, su archiconocido slogan de “El fin de la historia”, le ha valido una fortuna en venta de libros pero se ha transformado en la letra escarlata que deberá portar hasta el fin de sus días. Pocas veces un diagnóstico ha resultado más errado. Como ustedes saben, tal temeraria afirmación tenía que ver con el clima de euforia que se vivía después de la abrupta e inimaginable caída del Muro del Berlín. Hegelianamente hablando, el fin de la historia suponía que no iba a ver grandes conflictos que activaran la espiral de la dialéctica y que dieran lugar a nuevas formas institucionales. Caído el enemigo, lo único que restaba era asistir pasivamente al modo en que naturalmente el formato de repúblicas democráticas liberales occidentales, se esparcía por el mundo para garantizar las libertades individuales que permitirían a los ciudadanos desenvolverse con fluidez en un mercado planetario desregulado. Los conflictos serían menores, técnicos y triviales y, en todo caso, serían parte del reacomodamiento natural de un mundo que había vivido casi 50 años atravesado por dos cosmovisiones opuestas. Sin duda, la tesis de Fukuyama acompañaba el contexto del Consenso de Washington y la era neoliberal que todavía hoy, a lo largo del mundo, sigue mostrando sus coletazos más dramáticos. Asimismo, se trasluce en ella un fuerte sesgo universalista, esto es, la defensa de un conjunto de valores como ser la “democracia” o los “derechos humanos”, que son presentados como transversales a todas las comunidades y que para los críticos no son más que puntos de vista occidentales que esconden su sesgo detrás de la máscara de lo común a todo ser humano. Si bien en artículos posteriores a los atentados a las Torres gemelas, Fukuyama repudió la lógica de la administración Bush especialmente en su intervención en Irak, lo hizo criticando su unilateralismo, es decir, por haber atacado sin la anuencia de la ONU, y no por la pretensión de imposición de los valores occidentales.

Sin embargo, hacia 1993, esto es, apenas 4 años después del fin del comunismo y un año después de la publicación del libro de Fukuyama, Samuel Huntington, una de las plumas más controvertidas de la derecha estadounidense, publicaba un artículo que tiempo más tarde sería la base de un libro: El choque de civilizaciones.

Algún desprevenido puede pensar que las ideas de Huntington son claramente comprensibles después del atentado a Las Torres Gemelas, y puede que tenga razón. El punto es que este profesor de Historia estadounidense que ocupó lugares de peso en política exterior y seguridad en diferentes administraciones, fueron desarrolladas casi una década antes de que Bin Laden pasara de ser el héroe que había peleado contra la ocupación soviética, a ser la mismísima encarnación del mal con turbante.

El punto de vista de Huntington también es bastante conocido y plantea un escenario completamente distinto al de la euforia de Fukuyama. Se trata de un pensamiento que puede ubicarse dentro de la derecha política y nacionalista enmarcada en la tradición decadentista inaugurada por Oswald Spengler con su célebre La decadencia de Occidente de 1918; en la actualidad, tales puntos de vista no dudan en establecer diagnósticos de falta de valores, de retrocesos morales de la sociedad de la cual se sienten guardianes a la par que confunden decadentismo reaccionario con diagnóstico sesudo, casi siempre acompañado de una verba críptica y, por tanto, profundamente aristocrática. Lea los editoriales de alguno de los diarios argentinos del domingo y verá reproducirse como Bugs Bunnys, (o sapos “Pepe”), estos senderos harto transitados.

Volviendo a Huntington, curiosamente, él observa que el fin de la guerra fría no deriva en unipolaridad sino en multipolaridad. Así, el reordenamiento planetario generaría diferentes focos territoriales nucleados detrás de una variable que ya no es económica ni principalmente política, sino civilizatoria. Así, el mundo se dividiría en 7 u 8 civilizaciones donde es posible encontrar la occidental, la islámica, la latinoamericana y la sínica, entre otras.

La clasificación de Huntington es en buena parte arbitraria y muy poco sólida conceptualmente pero, con todo, lo que intenta marcar es que la lógica que dividirá al mundo tendrá que ver más con elementos religiosos y culturales, siendo estas variables las que marcarían los límites siempre difusos de esta extraña entidad llamada civilización.

Ahora bien, la elaboración de Huntington no se queda ahí y agrega hipótesis de conflictos para el futuro con un nivel de acierto al cual no estamos acostumbrados. En este sentido, ya en 1993 anticipó que a Occidente se le avecinaban choques con dos de las civilizaciones mencionadas: en lo cultural con los islámicos y en lo económico con los sínicos, más específicamente, con China.

Sin embargo, el pensamiento de Huntington parece estar más cerca del de un norteamericano medio asustado que el del ideólogo de un imperio en auge. En este sentido, basándose en que Occidente ya no posee la exclusividad ni de las economías pujantes ni del potencial bélico nuclear, y en que su tasa demográfica es negativa, Huntington propone un repliegue sobre sí, especialmente a partir de leyes de control de la inmigración “puertas adentro”. Esto es principalmente lo que aparece en un libro publicado en 2004 y cuyo título establece una pregunta que habla de una búsqueda que generalmente acaba justificando la estigmatización del otro: ¿Quiénes somos? Allí Huntington manifiesta el peligro de disolución cultural al que se ve sometido Estados Unidos por la cada vez más importante masa de latinos que quieren ser parte del sueño americano. Así, frente al peligro que se ciñe sobre la identidad norteamericana anglo-protestante, apegada al imperio de la ley y al trabajo duro, nada mejor que poner coto a las “hordas sudacas” que buscan llegar al territorio soñado.

Si se lo piensa desde una perspectiva globalizadora, esto es, tomando en cuenta la política exterior e interior, el punto es por demás interesante, porque esa forma de acción sobre la “inmigración descontrolada” “hacia adentro”, viene acompañada de un intervencionismo feroz “hacia afuera”.

Parecería así que Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania no sólo persiguen fines económicos, (lo cual es una obviedad) sino que, más profundamente, parecen regir sus políticas utilizando la metáfora central que en el capitalismo marcó la divisoria entre centro y periferia. En otras palabras, mientras azuzan el fantasma de “el otro” e imponen leyes restrictivas a la inmigración, reciben ilegalmente esa “materia prima humana” necesaria como fuerza laboral precarizada, al tiempo que exportan los productos de la civilización, esto es, un supuesto valor agregado que a veces se paga demasiado caro y no es otra cosa que el valor de los principales fundamentos de la civilización occidental. Esta política exterior, interpretada como una cruzada civilizacional bajo la bandera de principios universales heredados del iluminismo del siglo XVIII, sería apoyada por Fukuyama aunque no por Huntington quien se opondría a los lineamientos que siguen llevando adelante los principales referentes políticos del mundo occidental.

Ahora bien, si los principales referentes del mundo eligen seguir el camino más proclive al intervencionismo de Fukuyama o el repliegue civilizacional de Huntington, es algo que veremos dentro de unos años. Por lo pronto, como diría Gilles Deleuze, “No hay lugar para el temor ni para la esperanza, sólo cabe buscar nuevas armas”.

La seguridad en tiempos de la biopolítica (publicado el 8/9/11 en Veintitrés)

¿Qué tienen en común el atentado a las Torres Gemelas, el crimen de Candela Rodríguez y los análisis de próstata? La pregunta es audaz y la respuesta también pues lo que intentaré justificar es que estos tres aspectos pueden leerse a partir de la problemática de la seguridad en tiempos de biopolítica. Ahora bien, usted preguntará, por lo pronto, qué es esto de la biopolítica. Si bien podría pensarse que se trata de los análisis médicos que el doctor Nelson Castro realiza para explicar acciones políticas y titular libros, debe aclararse que se está frente a algo más complejo. Tal complejidad es la que arrojó como conclusión el primero Coloquio Latinoamericano de Biopolítica y Educación organizado por la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires la semana pasada y en el que participaron conferenciantes como el italiano Andrea Cavalletti, el inglés Nikolas Rose, el australiano Pat O´ Maley y el argentino Edgardo Castro, entre otros. Este último, por ejemplo, recordaba que si bien fue el politólogo sueco Rudolf Kjellén quien acuñara el término en 1916, fue recién a partir del uso que le dio Foucault allá por la segunda mitad de la década del 70, que la biopolítica comenzó a pensarse como una categoría capaz de dar cuenta del funcionamiento del poder en las sociedades modernas.

Como se puede inferir de su disección, la bio-política es una política vinculada a la vida pero se deben hacer varias aclaraciones al respecto. En este sentido hay un juego de palabras que Foucault utiliza que puede ser útil. Para el francés, a partir del siglo XVIII se viene profundizando un fenómeno que habla a las claras de un cambio de época. En otras palabras, hasta ese siglo el poder era pensado en una relación directa y vertical entre el soberano y el súbdito lo cual suponía que el primero podía sustraerle bienes, apoderarse de su cuerpo y hasta darle muerte al segundo. De este modo, el soberano hace morir o deja vivir y el poder se manifiesta a través de instituciones disciplinarias de encierro como las escuelas, las cárceles, los ejércitos y los hospitales, que actúan sobre los cuerpos individualmente; en la actualidad, estas condiciones se transforman y el poder ya no se ejerce de ese modo pues aparecen toda una serie de saberes vinculados a una categoría que hoy nos resulta familiar: la población. ¿Qué significa esto? Que el poder ya no tiene que ver con la capacidad que tiene un soberano para dar muerte sino que se ejerce a través del control sobre la vida de la comunidad toda, control que se lleva a cabo mediante dispositivos tomados de la medicina, la geografía, la criminología y la estadística, entre otras disciplinas. El individuo es pensado ahora como aquel capaz de producir riqueza, algo que es preciso fomentar pero también controlar. El poder ahora nos deja morir o nos hace vivir y a su vez nos muestra que diferentes aspectos de nuestra vida han dejado el ámbito de lo privado para pasar a ser asunto público.

El ejemplo más claro se ve con las medidas higienistas que se empezaron a dar en las primeras décadas del siglo XX y mostraban que el Estado debía velar por la salud de la población a través de diversos mecanismos como ser los exámenes prenupciales, los tratamientos para la longevidad y los controles de natalidad. Asimismo una derivación exacerbada de esta lógica estuvo presente en el proyecto eugenésico, (la búsqueda de un conocimiento y la aplicación de tecnologías y políticas que, a través de una selección artificial, permita el mejoramiento de la raza humana), cuya variante más atroz fue, sin dudas, la del nazismo.

Esta política sobre la vida, también aparece con la forma en que los Estados buscan regular la migración y controlar territorios a través de políticas demográficas. En este sentido, el mencionado Nikolas Rose, desarrolla el modo en que nuestra vida se va medicalizando con un espectro variado de mecanismos que van desde la utilización de aspirinas para evitar los ataques cardíacos, hasta el consumo de yogures con bacterias de nombres extraños que le garantizarían al chico “crecer fuerte”. A esto, claro está, debemos sumarle la manera en que la psiquiatría, a través de ansiolíticos y antidepresivos busca las alteraciones químicas que nos permitan soportar un ritmo de vida vertiginoso, las fantasías reduccionistas de la neurociencia que cree poder controlar el pensamiento a través de la acción sobre el cerebro, y el modo en que los estándares de la vida saludable son cada vez más exigentes obligando a los sujetos a entrar bajo control médico cada vez desde más jóvenes. Este es el caso del análisis de próstata que se mencionaba al principio y que Rose indica como el causante de cirugías y tratamientos innecesarios tal como mostró la escalofriante estadística de que la mayoría de los pacientes tratados tempranamente hubieran muerto antes de otras enfermedades.

Por otra parte, justo a poco de cumplirse 10 años del atentado a las Torres Gemelas, es posible recoger el modo en que Antonio Negri y Michael Hardt entienden que el imperio se caracteriza por ser una sociedad biopolítica. En otras palabras, la disolución de los Estados nacionales y la existencia de un nuevo poder imperial encarnado en instituciones supranacionales encargadas de velar por la seguridad del planeta y exportar valores occidentales, se complementa con una forma de control de los sujetos que atraviesa sin descanso todos los órdenes de la vida de las personas. Esta nueva forma de control ya no se ejerce en territorios precisos sino que se porta especialmente a partir de las diversas tecnologías que nos sujetan al tiempo que presentan el estar siempre conectados como la panacea de la libertad individual. Este foco permanente tiene como emblema los controles migratorios de los aeropuertos, algo que se ha exacerbado después del atentado llevado adelante por Al Qaeda. Como suele ocurrir, en nombre de la seguridad, las libertades individuales de la que tanto se jactan las democracias desarrolladas son, para decirlo de manera benevolente, puestas entre paréntesis. Asimismo, la construcción de este nuevo enemigo que ya no responde ni a un Estado ni a un territorio sino que puede ser cualquiera y estar en cualquier lado, es el que justifica este carácter de excepción que hace a todo ser humano, en principio, sospechoso, y que daría cuenta del modo en que los inmigrantes indeseados son despojados de sus derechos, esto es, quedan a la intemperie y son una pura vida biológica capaz de ser suprimida. Asimismo Hardt y Negri mencionan el modo en que los medios de comunicación en el marco de una sociedad del espectáculo, contribuyen a generar las condiciones culturales de la presunta necesidad de control sobre la vida. Y esto es, justamente, lo que se ha puesto de manifiesto con la forma en que los medios han tratado el crimen de Candela Rodríguez. En principio, la cobertura intentó hacer de la madre una “Blumberg morocha” que no pudiera ser acusada de pertenecer a la derecha oligárquica de la mano dura; pero tras el antecedente del marido preso y su militancia de puntera K, lo que sobrevino fue el estilete profundo en todos los órdenes de su vida y de la vida de la nena que pasó de ser “Candelita” a ser, según indica la “relevantísima” investigación del diario Perfil, la joven que no fue violada pero había perdido su virginidad con un joven de Villa Korea. Del “justicia, justicia” al “algo habrán hecho” en un lineal camino de sentido común reaccionario al cuadrado. En segundo lugar, la utilización de las cámaras, no sólo las enviadas por los canales de televisión, sino las cámaras de seguridad que permitieron captar en vivo el momento inolvidable en que la madre reconoce el cuerpo de una hija asesinada. Una vez más, la cámara que hace de ojo omnipresente con su repetición itinerante se acompaña de un relato que azuza lo peor de nuestros sentimientos quitándole el apellido a la víctima para de repente transformarla en una “hija de todos” y mintiendo respecto de golpes, cuellos rotos y violaciones que nunca fueron. Todo esto se complementa con una encuesta inmediata para que la gente indignada vocifere “pena de muerte”, esto es, la última instancia del control sobre la vida. Así en nombre de la seguridad de la población, permitimos exámenes médicos e historias clínicas cada vez más totalizantes, restringimos los derechos a ese grupo selecto de los que son parecidos a nosotros y, por temor a la pérdida de la propiedad privada, justificamos acciones que van en detrimento de la libertad individual. Toda esta inseguridad que nos produce el temor de no crecer sanos, de morir jóvenes, de que nos roben el celular y de que el inmigrante se haga vecino, son formas que pueden pensarse como modos de presunta prevención que no hacen más que esconder la aceptación de formas de control imperceptibles que cada vez parecen más naturalizadas.