Elogio de la ironía (publicado el 4/10/12 en Veintitrés)

La Conferencia de prensa que brindó Cristina Fernández en Harvard generó un gran número de controversias. Los opositores al gobierno afirmaron que a la presidenta se la vio irritada y que no fue clara en las respuestas sobre temas como la inflación, la inseguridad o la reelección. Por su parte, los afines al gobierno denunciaron y comprobaron una vergonzosa puesta en escena orquestada por alumnos argentinos de aquella Universidad con presunta complicidad de medios periodísticos argentinos. En este sentido, si ya de por sí resultó sospechoso que TN transmitiera en vivo la conferencia en un horario central que postergó a sus programas insignia, la dramatización quedó expuesta cuando periodistas argentinos lograron acceder a un cuestionario con preguntas que siguen la línea de la agenda de la prensa hegemónica argentina y que había sido distribuido a través de correo electrónico a los estudiantes interesados en participar del evento. Uno de los periodistas de Télam acreditado declaró que al llegar a Harvard le comunicaron que el encargado de la organización de los periodistas en la conferencia era Juan Ignacio Maquieyra, un joven licenciado en Ciencia Política en la UCA que está haciendo una maestría en la prestigiosa universidad estadounidense. Pero Maquieyra, además de, aparentemente, ser buen estudiante, es afiliado al PRO y fue empleado del Ministerio de Educación de la Ciudad a cargo de Esteban Bullrich. Según el periodista opositor, Alfredo Leuco, el militante PRO costea sus estudios en Harvard por una beca de USS 26000 otorgada por el Banco Ciudad, entidad pública dirigida por Federico Sturzenegger quien casualmente fue profesor de Harvard durante 3 años además de trabajar para Mauricio Macri y estar girando por varios programas de TV exigiendo que los fondos judiciales de los tribunales nacionales sigan siendo depositados en su banco porque “éste los utiliza para dar créditos a los que no tienen hogar”. Otro de los que instigó el clima de hostilidad para con la presidenta repartiendo “tarjetas rojas” para que el alumnado las exhiba siguiendo la línea de la titular del FMI Cristine Lagarde, fue Tomás Pérez Alati, otro becario vinculado al macrismo e hijo de uno de los socios del buffet de abogados de Mariano Grondona, José Alfredo Martínez de Hoz (hijo) y Eugenio Aramburu (hijo del dictador Pedro Aramburu) que defiende a los Fondos Buitre que litigan contra el Estado argentino en el CIADI. Por último, Tomás, es nieto del Coronel Eduardo Pérez Alati que confesó haber pensado en matar a Perón en la embajada de Paraguay.

Claro está que la trayectoria y los intereses de estos jóvenes no invalidan la pertinencia que pudieran tener las preguntas que éstos le realizaron a la Jefa de Estado. Es más, quizás, su cosmovisión y su propuesta política sea la adecuada para la Argentina y en algún momento pueda volver a convencer a una gran mayoría de ciudadanos como lo hizo tiempo atrás. Sin embargo, lo que sí cabe indicar, es que el tipo de consignas efectuadas no obedece a un orden cósmico, objetivo, neutral y preciso validado por el prestigio de una Universidad, sino, simplemente, a un punto de vista tan sesgado como cualquier otro.               

 Pero lo más llamativo fue la cobertura que los medios hegemónicos argentinos hicieron de uno de los pasajes del discurso. Fue cuando uno de los preguntadores editorializó su consigna y recibió una respuesta de la presidenta que no agradó a un sector de una audiencia que comenzó a chiflar. Semejante escena, indigna de esta Casa de Estudios, mereció un comentario ácido de la primera mandataria argentina quien afirmó “Chicos, esto es Harvard. No es La Matanza”. Cuando esto sucedió, le voy a confesar, estaba en mi casa viendo en vivo la conferencia y me permití realizar una broma desde mi cuenta de Twitter (@palmadante) donde indiqué: “Tapa de Clarín mañana: CFK discrimina a La Matanza y los trata de negros chifladores”. Muchos de mis seguidores se rieron de la humorada pero tanto ellos como yo comenzamos a sorprendernos cuando periodistas presuntamente serios, efectivamente, eligieron esa insólita, para decirlo de manera benevolente y sin ofender, “variante interpretativa”. No satisfechos con ello, TN mandó móviles a la Universidad de La Matanza pidiendo la opinión de los alumnos y hasta el propio rector se consideró “dolido” por las palabras de la presidenta. Ahora bien, volvamos a la frase “Chicos, esto es Harvard. No es la Matanza”. Evidentemente, si usted la leyera de manera descontextualizada podría pensar que se trata de una grave discriminación a uno de los municipios emblemáticos de la Provincia de Buenos Aires. Pero Cristina Fernández no dejó lugar a dudas pues, al pronunciarla, interpretó al estereotipo de las mujeres de clase alta que hablan con voz nasal y “gestito de asco”, como cualquiera de nosotros hace cuando intenta burlarse de un “nene” o una “señora bien”. Es decir, la presidenta hizo una representación, actuó, se puso en el lugar de “ellos”, la clase alta de Harvard que la chifló, y desde ese lugar se burló del modo en que ellos, mientras se permiten muestras de falta de respeto a la investidura presidencial, desprecian a los morochos del conurbano a los que juzgan de incivilizados. Dicho esto, hay que aclararles a los periodistas de vuelo raso, que lo que hizo la presidenta es una forma retórica denominada “ironía” que proviene del griego eirón y significa “disimulo o ignorancia fingida”. La ironía es una expresión que justamente quiere dar a entender lo contrario de lo que significa si se la toma en un sentido literal. Ilustremos para así ayudar al periodista enfermo de literalidad: un jefe observa a su empleado en horario de trabajo jugando a un solitario en la computadora y le espeta “¡Así me gusta, trabajando duro y sin descanso!”. Evidentemente, el jefe está siendo irónico y lo que le está diciendo a su empleado es que deje la vagancia y se ponga a trabajar de inmediato.

Seguramente, el más famoso personaje cultor de la ironía haya sido Sócrates que la utilizaba como parte de su método. Sócrates fingía ignorancia para lograr que el interpelado se sienta confiado, “suelte la lengua” y luego quede en ridículo ante sus punzantes preguntas. Tales formas irónicas han quedado inmortalizadas en los diálogos de su discípulo, Platón. Sin embargo, los sofistas, expertos en oratoria, fueron grandes estudiosos de este tipo de recursos y el propio  Aristóteles también se dedicó a describir las ironías en su Ética a Nicómaco. En la actualidad, cualquier manual de Retórica le dedica algún que otro pasaje a este tipo de forma harto transitada.

Pero alguien podrá decir que para identificar una ironía hace falta tener determinado nivel de conocimiento o cruzar cierto umbral básico de inteligencia y puede que esto sea así en algunos casos pero lo más importante, sostienen los estudiosos, es dejar en claro que la ironía no puede interpretarse correctamente si se la toma de manera aislada. Por ello cualquier análisis de la ironía supone tomar como variable la audiencia a la cual está dirigida y la situación en la cual está enmarcada. En este sentido, una ironía no puede ser eficaz si se la pronuncia en el momento equivocado y ante un público inadecuado porque el receptor no podrá reconstruir el significado “velado” que el emisor quiso significar. Porque la ironía es vista por muchos como un tropo junto a la metáfora, la metonimia o la sinécdoque, esto es, un modo de trasladar el significado de un lugar a otro, llevarlo “más allá” de lo que “a simple vista” o, en un sentido literal, parece sugerir.

La pregunta es, entonces, ¿Cristina Fernández utilizó correctamente la ironía, es decir, la realizó en la situación adecuada y ante un público capaz de interpretarla? Si nos restringimos a la audiencia de Harvard podría decirse que la ironía seguramente no fue comprendida por aquellos que no son argentinos, poco saben de la significación de La Matanza y probablemente se burlen de las clases altas (si es que lo hacen, claro) de modo distinto a como lo hacemos en Argentina. Pero los argentinos que allí estaban comprendieron perfectamente la ironía. En cuanto a la audiencia que la observó desde la Argentina, aquellos con buena fe y que tuvieron la suerte de ver el episodio en vivo, habrán comprendido sin problemas. El resto de los ciudadanos, si desea acceder a la palabra de la presidenta tendrá que atravesar el tamiz distorsionador de aquellos que piden diálogo y acuerdos y no respetan las bases mínimas, ya no de la ética, sino de las normas del habla.         

Presentación de El Adversario en Colón, Entre Ríos

Los nuevos censores (publicado el 27/9/12 en Veintitrés)

En el contexto de la disputa económica, política y, ante todo, cultural que rodea, en este caso, ya no la Ley de Servicios Audiovisual en vigencia desde hace 3 años, sino su artículo 161 llamado “de adecuación”, quienes se oponen a esta conquista de la democracia denuncian que detrás de éste se halla un intento de censurar y atentar contra la libertad de expresión. Poco importa que la ley en su totalidad no haga referencia alguna a contenidos o si la Corte Suprema, en el fallo que pone límite a la cautelar del Grupo Clarín, afirma que las posibilidades de expresarse con libertad están plenamente garantizadas. Lo que se busca es poner en tela de juicio una ley que tiene plena vigencia con los mismos argumentos que se utilizaron antes de su sanción. Esto se exacerba aún más en el marco de la cercanía del “7D” independientemente de la discusión jurídica y la interpretación de qué va a suceder ese día. Pero las posiciones se van radicalizando y el grupo hegemónico entiende que los tiempos se acortan. En este sentido, son cada vez más frecuentes, aunque también fugaces, las puestas en escena en las que se intenta instalar que hay persecución y censura a periodistas. Se lo viene haciendo desde hace meses desde Canal 13 y la última semana el protagonista fue Eduardo Feinmann que utilizó Radio Mitre para afirmar que habían censurado uno de sus programas en C5N por haberle dicho “maricón de cuarta” a un funcionario público y por pretender llevar de entrevistada a una mujer que denunciaba a dicho funcionario. Seis horas después, en el mismo canal al que acusó de censura, realizó su programa diario y mantuvo en vilo a toda su audiencia anunciando, durante una hora, que contaría “toda la verdad”. Sin embargo, allí, el conductor de Radio 10 aclaró que se trató de una “desprolijidad” de “dos inútiles gerentes de noticias” que no le habían avisado con tiempo del levantamiento circunstancial y sólo por un lunes, de su programa nocturno. Además dejó bien en claro que no había habido ningún tipo de presión gubernamental. La anécdota de Feinmann es sólo un ejemplo ilustrativo para analizar cierta ligereza y mal uso de algunos términos. En este caso particular, me centraré en el modo en que se toma la idea de censura y para ello me serviré del ya “clásico” concepto de “censura democrática” de Ignacio Ramonet para derivar de allí algunas conclusiones que puedan aplicarse no sólo a nuestro país.

Según Ramonet, una sociedad democrática con una ciudadanía que goza de todas las libertades y un Estado de derecho que funciona plenamente, no es incompatible con ciertas formas de censura. Tal sorprendente afirmación lleva naturalmente a interrogarse sobre el significado que Ramonet le da a “censura” pues ésta siempre estuvo asociada a gobiernos más o menos autoritarios o totalitarios. Lo que hace, entonces, este español afincado en Francia, profesor de Teoría de la comunicación y director durante casi 20 años de Le Monde diplomatique, es redefinir la censura a la luz de la nueva configuración de las sociedades occidentales. Esto significa que ya no se la puede entender como el ejercicio de amputación, obstrucción y discriminación de una determinada información en manos de un aparato estatal encargado de controlar lo que debe y lo que puede decirse. Pero entonces ¿qué tipo de censura es la que las repúblicas liberales pueden padecer? La “censura democrática”, esto es, un tipo de censura que actúa por sobreinformación y por abundancia. Esta forma de censurar, entonces, resulta la consecuencia paradójica de un modelo de sociedad en el que los canales de información se han multiplicado sin lograr que la ciudadanía esté más informada. Dicho en palabras de Ramonet, la cantidad salvaje de estímulos comunicacionales genera una información que acaba ocultando la información relevante, generando una suerte de matrix o caverna platónica en las que los consumidores ingenuamente creen ser testigos de la realidad.

 Esto muestra que ya no hace falta censurar en el sentido clásico de “recorte”. Todo lo contrario: en un contexto donde la información fluye vertiginosamente la mejor censura es la de la sobreabundancia, aquella que no permita discriminar entre lo superficial y lo importante. En esta línea, que existan canales de televisión abocados exclusivamente a noticias o que las radios tengan un informativo cada 30 minutos no supone ganar diversidad ni sentido crítico sino sólo repetición.  

 Ahora bien, la pregunta sería: ¿esta nueva forma de censura propia del fenómeno de globalización comunicacional que lleva algunas pocas décadas redunda en un cambio en quien censura? Dicho más fácil: ¿la censura democrática la aplican los mismos que aplicaban la censura clásica? Ramonet no es del todo explícito en este sentido pero naturalmente se sigue de sus principales preceptos una respuesta clara: no. Y este es el punto central que muchas veces suele ser dejado de lado y se vincula con aquel elemento que desde este espacio hemos transitado con asiduidad: el modo en que el poder ha migrado de los estados nacionales a las corporaciones económicas. ¿Quién censuraba en una dictadura militar? Más allá de la complicidad civil, la censura era ejercida y sostenida desde el gobierno de facto. ¿Quién realiza hoy la censura democrática? ¿Un Estado? Evidentemente no porque los medios están en manos privadas y en buena parte del mundo están concentrados en muy pocos megagrupos. Así, aun cuando lo desease, no hay Estado en el mundo capaz de tener éxito en el control sobre un flujo informativo que es utilizado como principal arma de los pulpos mediáticos que operan políticamente y condicionan a los gobiernos democráticos de turno.  

 En esta línea, si bien, claro está, puede haber gobiernos elegidos democráticamente que pretendan censurar a la vieja usanza, el principal peligro en sociedades como las latinoamericanas, está en los capitales privados propietarios de la mayoría de las licencias y los canales de información. Son ellos los que van a determinar qué se puede decir y que no, sin necesidad de acudir al recorte explícito, maniobra fácilmente desmontable que los expondría a una pérdida de legitimidad y a una ruptura del contrato tácito con el consumidor. Más bien, con otro tipo de sutileza, amplificarán desde su red de repetidoras solapadas, la agenda funcional a sus propios intereses. Por ello, hay que adecuar las categorías a las nuevas configuraciones. El poder ya no está en los Estados y es necesario repetirlo pues hay quienes parece que no quieren aceptarlo, especialmente aquellos periodistas que se sienten cómodos con aquel punto de vista anacrónico que los pondera como héroes de un contrapoder que se ejercería frente a gobiernos que se autonomizan de la voluntad del pueblo. Hoy la actividad del periodista como contrapoder ya no se realiza contra un otro o una esfera ajena como la gubernamental/estatal, sino que debe ejercerse contra la propia corporación que es la que le paga el sueldo. Por ello ser periodista es tan difícil porque en su naturaleza está denunciar al poder pero el poder está hoy en su empleador.  Es más, muchas veces, un periodista debería denunciar no sólo al empresario dueño del multimedio para el que trabaja sino a colegas que ocupan puestos jerárquicos y se han alejado completamente del ejercicio de la profesión para transformarse en amanuenses o propios interesados. Es por esto que, para concluir, cabe indicar que hoy en día, en repúblicas democráticas y liberales como la nuestra, el principal enemigo de la información no es el Estado o el gobierno de turno: son las corporaciones de medios y muchos de sus periodistas. Es esto lo que da lugar a la necesidad de reflexionar sobre algunas de las categorías del pasado y a indicar, en este caso, no sólo que la censura actual no es la misma que la de ayer sino que también son otros los sujetos que la aplican.         

Presentación de El Adversario en Rosario

Parecerse a Venezuela (publicada el 20/9/12 en Veintitrés)

Uno de los aspectos más significativos del cacerolazo que el último jueves 13 tuvo lugar especialmente en los lugares más acomodados de la ciudad de Buenos Aires, fue la dificultad para unificar la consigna. Así, en esta manifestación, se podía encontrar una multiplicidad variopinta de reclamos que incluía carteles que hablaban de corrupción, inseguridad, límites a la compra del dólar, clientelismo, ideología, derecho a viajar a Punta del Este, uso de la cadena nacional, soberbia presidencial, persecución, rigurosidad impositiva, límites a la libertad de expresión, reelección, y hasta una actitud desafiante ante el supuesto miedo que intentaría impartir la presidenta. Claro que, más allá de la variedad, lo que tenían en común los ciudadanos que se expresaron libremente era un antikirchnerismo furioso que en algunos exudaba tintes antidemocráticos. Ahora bien, más allá de que el blanco predilecto de esta heteróclita lista de reclamos haya sido Cristina Fernández y su marido, un patrón común de varios de los comentarios que pudieron recoger enviados de la Televisión Pública y Canal 9 entre otros, fue la comparación con el proceso chavista. Justamente, en esta misma columna, la semana pasada se comentaba, a modo de hipótesis, que la intención de los formadores de opinión antikirchneristas era hacer crecer una sensación de temor entre cierta clase acomodada argentina. Tal cometido se estaría llevando a cabo, entre otros modos, a través de la agitación del fantasma populista que hoy encarnaría el presidente bolivariano y la razón es que Chávez representa lo que algunas décadas atrás representaba la Cuba de Fidel Castro: el enemigo de los ideales burgueses liberales. Ese terror atávico que puede remontarse con otros nombres y en otros contextos hasta los principios de la historia argentina como nación cuando ese otro amenazante era la barbarie, el malón, el inmigrante anarquista, el peronismo, etc., hoy se condensa en esa controvertida figura que es Chávez y su proceso de socialismo del siglo XXI.

Pero, a su vez, al lado de los carteles que en el cacerolazo exigían “no transformarnos en Venezuela”, aparecía una consigna clásica de la antipolítica argentina, a saber: “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. En esta combinación aparecen elementos bastante más interesantes porque paradójicamente, aquellos individuos que golpearon sus cacerolas y recibían amplificación por los medios del Grupo Clarín, La Nación y Editorial Perfil, entre otros, se afirman republicanos al tiempo que, sin saberlo, están criticando a uno de los ejes centrales de la democracia que dicen defender: el sistema representativo. En otras palabras, si “se tienen que ir todos” los representantes es porque aparentemente han traicionado al pueblo y esto es posible porque las democracias representativas eximen al representante de todo tipo de obligación para con sus representados. Para apoyar tal afirmación no hace falta referirse a críticos de este tipo de modelos como Carl Schmitt o Karl Marx. Alcanza con Hans Kelsen: “Desde el momento en que las constituciones modernas prohíben expresamente toda vinculación formal del diputado a las instrucciones de sus electores, y hacen jurídicamente independientes las resoluciones del parlamento de la voluntad del pueblo, pierde todo fundamento positivo la afirmación de que la voluntad del parlamento es la voluntad del pueblo, y se convierte en una pura ficción”.

Dicho esto, recuérdese que en plena crisis de 2001-2002, lo que estaba en juego, antes que el modelo económico, era un modelo de democracia y que incluso hubo muchos que entendieron que la única manera de acabar con este problema inherente a la representación era volver a un gobierno asambleario con democracia directa.

Ahora bien, usted dirá que entre una democracia representativa en el que el representante adquiere autonomía de los intereses de su representado y una democracia directa sin intermediarios, deben existir zonas grises, o soluciones donde los aspectos positivos de cada una puedan compatibilizarse. Por supuesto que sí y, en este sentido, la gran paradoja es que una de las constituciones que más podría acomodarse a los intereses de los que el último jueves cacerolearon es la de la República Bolivariana de Venezuela.

              Sí, leyó bien. Por ello, creo que los caceroleros deberían exigir parecerse a Venezuela y a continuación expondré mis razones. Chávez asume el poder el 2/2/1999 y jura “por esta moribunda Constitución”. Como se seguía de esa definición, rápidamente se llamó a un referéndum para derogar la Constitución de 1961 y luego crear un nuevo texto que fue aprobado finalmente con más del 71% de los votos. Este texto se incluye dentro de lo que suele llamarse Nuevo constitucionalismo latinoamericano (junto a las reformas de Ecuador y Bolivia), y posee una serie de características que lo une a la tradición del viejo constitucionalismo social. Sin embargo, entre los aspectos novedosos de esta nueva tendencia, me restringiré, a los fines de este escrito, al aspecto vinculado a la participación ciudadana. Para ello hace falta sustituir la idea de “representación” por la de “mandato”. Como se seguía de lo dicho anteriormente, la representación es una figura del derecho privado y se encuentra asociada a la posibilidad de asumir la voluntad de un otro incapaz. Tradicionalmente, entonces, se hablaba de un varón adulto mayor y propietario que acababa representando a una mujer o a un niño. En tanto los representados son incapaces, sería absurdo suponer que esa representación debe obedecer al pie de la letra la voluntad de éstos. Sin embargo, la idea de “mandato” es distinta porque supone que una persona lúcida y capaz (mandante) le otorga a otra (mandatario) la potestad para realizar una determinada gestión. Aquí no hay enajenación de la voluntad, se vigila el cumplimiento de la misión y el mandante se reserva el derecho de disolver el vínculo en el momento que lo requiriese.

 Trasladado a la política y a un Estado con millones de habitantes, esto supone una serie de mecanismos revocatorios que no queden restringidos a cada jornada electoral. En este sentido, la constitución venezolana es un ejemplo y por ello conviene citar algunos artículos. Si se toma el 72 se encontrará que  “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son

revocables” y que obteniéndose el apoyo de al menos el 20% de los electores se puede exigir un referéndum revocatorio una vez transcurrido, al menos, la mitad del mandato. Artículos como este se encuentran en las constituciones antes mencionadas pero también en algunos Estados de Estados Unidos. Sin embargo, Venezuela es el país donde la posibilidad de revocatoria alcanza al presidente y no sólo a gobernadores o intendentes. De hecho, la oposición a Chávez logró juntar las firmas y someter al bolivariano a un referéndum revocatorio en 2004 que fracasó por el masivo apoyo que tuvo Chávez en las urnas. Pero la posibilidad de una participación ciudadana directa vía referéndum no se circunscribe a la revocatoria de cargos electivos sino que aparece también, por ejemplo, cuando se trata de un tratado internacional que afecta la soberanía o delega competencias en órganos supranacionales (art. 73) o cuando se trata de temáticas o materias de especial trascendencia nacional en los Estados o Municipios (art. 71). En estos últimos dos casos se necesita un 15% y un 10% del padrón respectivamente. Con el mismo espíritu y recolectando firmas de un 10% de los electores, se pueden convocar referendos para derogar leyes de la Asamblea Nacional o decretos presidenciales también.

 Expuesto esto y a manera de conclusión, cabe indicar que aquellos que salieron a manifestarse con la cacerola podrían unificar sus reclamos y exigir una reforma constitucional que siga el modelo venezolano. A través de éste podrían juntar unos millones de firmas para exigir un referéndum revocatorio el cual ganarían si es correcto el diagnóstico que indica que hoy más de la mitad de la población desaprueba la gestión kirchnerista. Asimismo, juntando muchas menos firmas aún podrían llamar a un referendo para temas de relevancia como el uso de la cadena nacional y la derogación de la ley de medios si es que consideran que ambas cuestiones afectan la libertad de expresión. Incluso podrían derogar el decreto presidencial que instituyó la asignación universal por hijo si es que consideran que fomenta la procreación irresponsable. Por todo esto es que se puede decir, entonces, que, paradójicamente, las reivindicaciones de los caceroleros tendrán más posibilidad de éxito en la medida en que el diseño institucional de este país se acerque y se parezca cada vez más al de Venezuela.