Dilemas alrededor de Hércules (publicado el 7/3/13 en Veintitrés)

Tras el discurso, brindado por CFK, que inauguró el período de sesiones en el Congreso Nacional, pareció quedar en evidencia que el poder judicial estará en el centro del debate este año. No sólo por la decisión que la Cámara en lo Civil y Comercial o, en su defecto, la Corte Suprema, adopte acerca de la constitucionalidad de la ley de medios, sino especialmente porque el kirchnerismo parece haber tomado la decisión política de proponer una serie de leyes que materialicen el hasta ahora declamativo slogan, de “democratizar la justicia”.

Entre la lista de propuestas de ley que CFK adelantó, estuvo una de carácter más organizacional, como ser la creación de instancias de casación intermedias para “desahogar” a la Corte Suprema. Pero también hubieron otras donde el carácter democratizador se deja ver mejor, a saber: publicación de declaración jurada patrimoniales de los jueces y fin de la insólita exención de pago de ganancias (elemento por el que ya existe una ley y que está trabado por una decisión de la Corte Suprema anterior que sólo la actual puede destrabar), sumado a la idea de selección, vía voto popular, de los 13 miembros del Consejo de la Magistratura. Además se incluyó la  necesidad de poner un freno razonable a las medidas cautelares cuyo espíritu está siendo completamente bastardeado por la utilización abusiva de los abogados y jueces aliados de las corporaciones económicas.      

Sin embargo, CFK dejó en claro que no utilizará la necesidad de democratizar el poder judicial como excusa para una Reforma Constitucional. De aquí que no avanzara hacia transformaciones más radicales como el acabar con el carácter vitalicio de los jueces o con ese perfil estrictamente profesional que entiende que la Justicia es sólo una cuestión de los hombres del poder judicial y no del resto de los mortales. No se avanzó en una Reforma “a lo Bolivia” en el que los principales tribunales “políticos” son elegidos directamente a través del voto popular, ni al estilo Estados Unidos donde en el 90% de los Estados existen algún mecanismo a través del cual la ciudadanía participa directamente en la selección y el sostenimiento en el cargo de los jueces. No se tome necesariamente esto como una crítica pues los dos modelos señalados tienen virtudes pero también problemas. Por otra parte, si esto alcanza o no para democratizar la justicia no es algo que se pueda saber de antemano si bien habría que tener un optimismo panglosiano para suponer que con este primer paquete de medidas se terminará con las redes de complicidad de una corporación enquistada en el hueso del sistema republicano argentino. Con todo, parece quedar claro que la decisión de impulsar este tipo de leyes muestra que el kirchnerismo ha tomado conciencia de que el poder judicial se ha transformado en el dique de resistencia contra los avances legitimados democráticamente.

Pero más allá de esta descripción, si se adopta un perfil más cercano al análisis filosófico, se notará que buena parte de la discusión responde a la misma matriz conceptual subyacente al contexto de la disputa en torno a la ley de medios. Para decirlo con simpleza, del mismo modo que nos preguntábamos si existía un periodismo independiente se puede preguntar si es posible una justicia independiente. En esta línea, si acordamos que todo hecho se convierte en noticia sólo a través de un recorte arbitrario basado en una concepción ideológica determinada por consideraciones morales y el contexto histórico, cultural y lingüístico de los sujetos, no sería descabellado trasladar esta idea a la figura del juez. Porque el juez, dentro de una mirada positivista, se presenta como un mero observador de la ley, un hombre que deja de lado sus convicciones personales para adecuarse estrictamente a la letra de la norma. ¿Pero se puede sostener esto? Para los teóricos de la Filosofía del Derecho, éste es un debate clásico que se puede observar con claridad en lo que en el derecho se llama “casos difíciles”. La cuestión sería más o menos así: ¿qué sucede cuando un juez se enfrenta a un caso que no puede ser subsumido con claridad a una determinada ley? Una mirada positivista del derecho como la de H.L.A. Hart, aquella que sólo se aboca a la validez del derecho y que entiende que éste no es otra cosa que un sistema de normas cuya comprensión puede realizarse independientemente de toda consideración moral, dirá que en caso de presentarse una situación así, el juez debe actuar discrecionalmente, lo cual lo transformaría en un creador de derecho (pasando por encima de la actividad del legislador y de la tan bendecida separación de poderes). En cambio, una postura neo-iusnaturalista como la del recientemente fallecido Ronald Dworkin, indicaría que en la consideración de los jueces intervienen razones de moral política. Esto significa que un juez, cuando toma una decisión, no sólo observa una norma X, sino también principios (tales como la equidad y la justicia) y directrices políticas hacia objetivos que se consideren socialmente beneficiosos (aunque sin violar los derechos individuales). Por citar un ejemplo, se menciona el caso Riggs vs. Palmer por el que la Corte de New York en 1889 determinó que un nieto que había matado a su abuelo debía ir a presión por el crimen pero, además, no debía cobrar la herencia. Esto último contradijo la norma en la que se enmarcaba el caso y por la que el nieto era el beneficiario de esa herencia. La razón de pasar por encima de esa norma fue que hay un principio superior a esa norma escrita y que podría sintetizarse en la idea de que “nadie se puede beneficiar de sus propios delitos”.  

Tomar una decisión, es, entonces, según Dworkin, algo demasiado complejo en el que el juez no sólo tiene que aprender la letra escrita sino los principios morales y políticos que sostienen con coherencia el edificio constitucional. Tal complejidad lleva a este filósofo norteamericano a crear un experimento mental para mostrar cómo funcionaría la decisión judicial de un juez al que, como no podía ser de otra manera, dado el tamaño de la empresa, llama “Hércules”. Si bien hay discusiones interpretativas acerca de la filosofía de Dworkin, una lectura adecuada creo que sería la que afirma que los principios a los cuales Dworkin refiere, aquellos que incluso pueden transformarse en razones superiores a una norma, no son estáticos, ni trascendentes ni son aquellos que le fueron dados a Moisés. Se trata de principios que se van transformando de lo cual se sigue una discusión muy interesante, a saber: ¿un juez debe buscar la coherencia del modelo constitucional tal como fue concebido en sus orígenes o más bien debe adaptar esa letra al presente? Si se toma la primera alternativa, en el caso argentino deberíamos pensar en los términos alberdianos que atraviesan incluso nuestra constitución reformada en 1994. Si lo hacemos tomando la segunda alternativa, seguramente se encontrarán respuestas más adecuadas a los dilemas del presente pero cabrá preguntarse hasta qué punto tiene sentido sostener una letra que acaba siendo reinterpretada hasta límites que, por momentos, tergiversan notoriamente su espíritu original.

La Corte Suprema actual ha dado muestras (y ha discurseado mucho también) ensalzando los giros democráticos que imprime a través de sus decisiones. De aquí se seguiría que la Corte habría optado por la alternativa de una interpretación democrática sobre una letra original que, atravesada de liberalismo decimonónico, contiene profundos sesgos antipopulares en lo que a participación ciudadana refiere, y aristocratizantes en lo vinculado al rol del Poder Judicial.       

Pero esta visión tiene sus límites porque el juez Hércules, el juez capaz de tener en cuenta no sólo las consideraciones jurídicas a la hora de tomar decisiones, más allá de cierta arbitrariedad, debe justificar sus decisiones exponiéndolas en el marco de una teoría coherente que incluye a las normas positivas vigentes. Dicho en buen criollo: el juez puede interpretar pero tampoco puede hacer cualquier cosa y pasar por encima de las leyes existentes. En este sentido, Hércules no es ilimitado. Aclarado esto, a la corporación judicial le queda ver cómo resuelve la fractura que se le ha producido y que ya ha derivado en una fuerza importante que lleva adelante la bandera de una “justicia legítima”. A la Corte Suprema, por su parte, le resta mostrar que puede transformarse en un Hércules democrático, lo cual supondría resistir las presiones de las corporaciones económicas y permitir, de una vez por todas, la aplicación total de la Ley de Medios sin más dilaciones. En cuanto al kirchnerismo, no tiene más que seguir interrogándose acerca de si, aun en el contexto ideal de una Corte Suprema que decida imprimir un fuerte sentido democrático al Derecho, la letra de la Constitución no acaba siendo un dique demasiado estrecho para los cambios estructurales que ni el más osado de los Hércules podría impulsar.        

Lo que nos cuesta la propiedad privada (publicado el 28/2/13 en Veintitrés)

Uno de los mantras del liberalismo de derecha en la actualidad es la exaltación de una presunta oposición entre Estado y libertad. Se dice que a más Estado, menos libertad de los individuos o que, cuanto menos Estado haya, más libres serán los ciudadanos. Como se verá a continuación, este punto de vista excede la discusión teórica y puede palparse en los diferentes debates acerca de la acción de los gobiernos. Tomemos algunos ejemplos. Cuando se discutían los porcentajes de los derechos de exportación que tanto molestan a las patronales del campo, aparecía con fuerza la idea de que el Estado confisca la ganancia legítima fruto del sudor de la frente de los productores individuales; algo similar surge cuando a una inspección de la AFIP se la llama “apriete” o cuando algunos cultores de los juegos de palabras la llaman “Gestapo-AFIP”. Ni que hablar si se toma el caso de la restricción a la venta de dólares o el enojo de turistas argentinos que desde Punta del Este se quejan de no poder viajar al exterior. En todos estos casos, entonces, el Estado aparece como el principal enemigo de la libertad individual.

Ahora bien, si se repasan los ejemplos que acabo de dar, notará que se trata de casos vinculados a un Estado que interviene en la economía de los individuos y que se ha dejado de lado otras formas de intervención estatal. ¿Por qué hice ese recorte? Porque pareciera que este liberalismo que ulula desde la principales usinas mediáticas pide que el Estado no intervenga en la economía pero le exige que tenga completa intervención en otras áreas, como ser, por ejemplo, la protección del derecho a la propiedad. Esto hace que deba revisarse la definición inicial para observar que esta línea de pensamiento tan enraizada en el sentido común argentino, rezonga cuando el Estado le cobra impuestos pero también rezonga si el Estado no llena de policías la calle o no ejerce las tareas de control de servicios privatizados.

Esta tensión es la que quiero desarrollar en estas líneas haciendo especial énfasis en la importancia que tiene la financiación del Estado para el otorgamiento de los derechos que la ciudadanía exige. Con esto pienso mostrar que el desfinanciamiento del Estado por el que tanto pregona cierto liberalismo, deriva en la imposibilidad de poder cumplir con las exigencias mínimas que la constitución nacional otorga a los ciudadanos. Así, lo que el relato opositor denomina “La Caja”, no es otra cosa que la condición de posibilidad para garantizar no sólo los derechos sociales, generalmente presentados como clientelísticos, sino también esos “otros” derechos básicos que ciertas clases acomodadas entienden como básicos y obligatorios para cualquier Estado.

Ahora bien, una buena manera de comenzar esta indagación puede ser ir en busca de referentes ideológicos que brinden herramientas y fundamentos para repensar esta problemática. Y para no realizar una selección que alguien pudiera afirmar como sesgada podríamos trasladarnos a algunas de las reflexiones de, probablemente, los dos más importantes pensadores argentinos del siglo XIX, aquellos que suelen ser reivindicados por el liberalismo y que discutieron fervientemente proyectos de país. Me refiero, claro está, a Sarmiento y Alberdi. ¿Qué pensaba cada uno de ellos acerca de la relación entre la recaudación en manos del Estado y los derechos ciudadanos?

Si nos centramos en Sarmiento, siguiendo la línea de lo que ya había desarrollado en Argirópolis, en su Comentarios a la Constitución de la Confederación Argentina, éste afirma taxativamente “Todo poder tiene por base la renta”. En esta misma línea, Alberdi en Estudios sobre la Constitución Argentina indica: “Se puede decir que el artículo 4 de la Constitución y sus correlativos contienen la verdadera creación del poder nacional o federal. Es por el Tesoro únicamente como la autoridad, que en sí es un derecho abstracto, se vuelve un hecho real y práctico. No hay poder donde no hay finanzas: ellas son el ejército, la lista civil, la Marina, las obras públicas, el progreso, la paz; en una palabra: la autoridad.”

Detrás de estas definiciones aparece con claridad la relación intrínseca entre recaudación y poder, relación que, en este caso, no responde al latiguillo de la acusación que un cierto republicanismo vacuo le hace a aquellos gobiernos que abogan por una recuperación de la iniciativa estatal. Más bien se está pensando en que no puede haber soberanía ni construcción nacional sin un mecanismo de recaudación de impuestos centralizada. ¿Es que acaso Sarmiento y Alberdi eran populistas y no lo sabían? No lo creo, más bien diría que tales definiciones deben comprenderse a partir de esa capacidad que ambos tenían: el poder complementar la proyección de modelos ideales sin dejar de soslayo la trágica historicidad de las necesidades de un territorio en construcción. Dicho esto, supongamos que advertimos la necesidad de circunscribir las afirmaciones de Sarmiento y Alberdi en el contexto de un espacio físico en el que se comenzaba a reconocer en Rosas el mérito de haber impuesto el orden. Aun aceptando eso, creo posible mostrar la importancia de un Estado fuertemente recaudador en los términos estrictamente republicanos por el que se transita en la actualidad. Dicho de otra manera, un Estado fuerte, con capacidad financiera, es central para que los Estados respeten los principios que sus propias  constituciones exigen hoy. Esta es la hipótesis del libro El costo de los derechos, publicado por Stephen Holmes y Cass Sunstein en el año 1999 y reeditado recientemente en Argentina. Si bien no se puede ubicar a los autores como parte de ideologías marxistas o populistas, el libro se ocupa de desarrollar varios aspectos muy útiles al momento de contribuir con varias de las discusiones que se dan en la Argentina hoy frente a la derecha neoliberal, o libertaria, como se la denomina en el mundo anglosajón.

Para entrar en el núcleo del debate déjeme recordarle que éste se da en el marco de una discusión interesante acerca de lo que se conoce como derechos de primera generación (derechos civiles y políticos), derechos de segunda generación (sociales y económicos) y derechos de tercera generación (acerca de las generaciones futuras, colectivos étnicos y medio ambiente). Las visiones más liberales afirman que los únicos derechos que un Estado debe garantizar son los derechos de primera generación pues no es posible costear una educación pública, libre y gratuita, una vivienda y un trabajo digno, un sistema de salud de libre acceso, ni reivindicaciones vinculadas a ayudas a grupos puntuales (como pueden ser grupos étnicos) o a la exigencia de un aire respirable para las generaciones futuras. Simplemente se necesita proteger la propiedad privada, la integridad física y la participación en elecciones para elegir representantes (en algunos casos ni siquiera esto último). Siguiendo esta lógica, la única razón de la intervención estatal radica en proteger ese núcleo de derechos básicos. En cuanto a los derechos de segunda y tercera generación se trata de reivindicaciones que deben quedar libradas a la lógica del mercado dado que supondrían una erogación injusta para algunos miembros de la sociedad. Dicho más fácil, para solventar el acceso a los derechos de segunda y tercera generación habría que sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen.

¿Es correcto este argumento? Holmes y Sunstein dicen que no. ¿Pero cómo pueden justificar esta respuesta? Al fin de cuentas, ¿no resulta claro, si vamos a un ejemplo vernáculo, que una política como la Asignación Universal por hijo supone una fuerte erogación por parte del Estado? Efectivamente. Eso resulta innegable. Pero la estrategia de los autores pasa por preguntar: ¿acaso los derechos civiles y políticos no suponen también una fuerte erogación? Pensemos en la seguridad. Hay que pagarle el sueldo a los policías; hay que equiparlos; hay que adquirir nueva tecnología y formarlos para lo cual se necesitan instituciones, docentes, etc. Además hay que controlarlos para que no sean corruptos y que no abusen de su autoridad. Eso supone la creación de organismos de control que, para que sean eficaces, deben ser bien solventados.

En palabras de los autores (y más allá de que el dato no esté actualizado, su elocuencia alcanza): “En 1992, por ejemplo, en Estados Unidos se gastaron alrededor de 73 mil millones de dólares –una suma mayor que el PBI de más de la mitad de los países del mundo- en protección policial y corrección criminal. Buena parte de ese gasto, por supuesto, se destinó a proteger la propiedad privada”.

Pasemos ahora a la Justicia, aquella a la que recurren las corporaciones económicas y los ciudadanos de a pie cuando consideran que el Estado está afectando su propiedad. ¿Cuánto cuesta mantener a los jueces, sus secretarios, y los espacios físicos para guardar expedientes cuya finalidad es garantizar que se cumplan los derechos de cada uno de nosotros?      

¿Y si hablamos de los gastos de Defensa más allá de que, por ejemplo, nuestro país, no se encuentre, ni por asomo, ante una hipótesis de conflicto?   

A esto debemos agregar las inversiones en infraestructura para que, por ejemplo, un productor pueda transportar sus productos a menor costo o la inversión en tecnología para que existan canales donde poder expresarse con libertad, o asociarse; lo mismo sucede con la energía y con, probablemente cada una de las pequeñas cosas que consideramos propias y fruto del esfuerzo individual pero que no podrían haber sido nunca llevadas adelante por una única persona. Porque ni siquiera el más recalcitrantemente liberal podría por sí mismo garantizarse todos los derechos civiles y políticos que reclama sin la existencia del Estado. Por último, ¿qué erogación supone cada acto eleccionario? ¿Cuánto cuesta controlar los padrones, pagarles a las autoridades de mesa o a los que trabajan en los centros de cómputos? ¿Cuánto costarían las máquinas para el voto electrónico que para algunos sería el remedio contra el clientelismo (más allá de que no puedan explicar bien por qué)?

Por esto, me permito concluir con un último párrafo en el que los autores explican con claridad algo que la verba antiestatal debiera asimilar:

“Debemos añadir a estas observaciones la proposición correlativa de que los derechos de propiedad dependen de manera excluyente de un Estado dispuesto a cobrar impuestos y a gastar. Defender los derechos de propiedad es costoso. Identificar con precisión la suma exacta de dinero dedicada a la protección de los derechos de propiedad plantea complejos problemas contables. Pero algo está claro: un Estado incapaz, en determinadas condiciones, de “apropiarse” de bienes privados tampoco podría protegerlos con eficacia (…) Al fin de cuentas, es posible que los derechos de propiedad le cuesten al tesoro público más o menos tanto como nuestros programas sociales”.

 De esto se sigue que sin recaudación, sin un Estado que tenga los recursos suficientes, no habría derechos de segunda y tercera generación pero tampoco de primera. Quizás muchos no se han dado cuenta de ello o quizás su modelo ideal sea vivir en territorios sin ley con custodia privada, donde la participación ciudadana y las elecciones periódicas sean sólo un artículo anticuado que yazca olvidado en las estanterías de un museo saqueado.     

Usted y Buenos Aires (publicado el 21/2/13 en Veintitrés)

Déjeme hacerle una pregunta molesta, incómoda. Si no desea recibir este tipo de interrogantes, abandone ya la lectura de esta nota. ¿Es valiente o simplemente masoquista y quiere seguir? Muy bien, pero no diga que no le advertí. La pregunta es, entonces, ¿qué es lo que hace que usted siga siendo usted? ¿Su rostro? No lo creo pues su rostro ha cambiado. Mire sus fotos de bebé y mírese ahora. Notará la transformación. ¿Acaso no será la materialidad de su cuerpo? Al fin de cuentas, pareciera que ha vivido siempre dentro del mismo cuerpo. ¿No? Sin embargo, recuerde el enigma de la Esfinge que Edipo descubre: el Hombre es el único animal que a la mañana anda en 4 patas (el niño que gatea), a la tarde anda en dos (el adulto erguido) y a la noche en tres (el anciano con bastón). Si usted es un anciano sabrá de lo que estoy hablando y si no lo es y tiene la suerte de llegar a serlo corroborará que su cuerpo ha cambiado a lo largo de toda la vida y que la ley de gravedad nunca tiene clemencia. Si el cuerpo en tanto material es corruptible y no asegura, por lo tanto, que siga siendo siempre el mismo, la pregunta acerca de qué es lo que hace que usted siga siendo usted debería ser algo inmaterial. Quizás existe una esencia “usted” que permanece desde el nacimiento hasta su muerte. ¿Pero cuál sería? ¿Hay alguna característica, por ejemplo, de su carácter que se haya mantenido siempre? De haber sido así, ¿no cree igualmente que tal característica podría haber sido modificada sin que usted deje de ser usted? Piense en la situación de una primera cita, aquella en la cual usted se “presenta” ante el otro destacando todas las bondades de su ser. Es posible que en el mismo relato se mezclen dos aspectos contradictorios de su idea de identidad. Por un lado usted puede decir “Yo soy” esto o lo otro. Y a su vez también puede decir “yo era” tal cosa pero luego cambié (esto sucede, generalmente, cuando se está intentando reconquistar a una ex pareja). Si acepta este segundo comentario mejor sería eliminar para siempre el “yo soy” y cambiarlo por el “yo estoy”, esto es, mostrar que cualquier aspecto de la identidad es provisorio. No se “es” ansioso, obsesivo, ingenuo, generoso o melancólico sino que en determinados momentos de la vida (quizás siempre hasta el día de hoy pero tal vez no mañana) se ha sido de ese modo. Porque siempre se puede cambiar.

Ahora bien, suponiendo que usted ha sido condescendiente conmigo y ha aceptado lo dicho hasta aquí. ¿Se retiraría tan rápido de la batalla? No creo. Seguramente me diría “muy interesante tu juego sofístico pero yo soy yo”. Frente a esa respuesta, mi pregunta volvería a formularse: ¿Está seguro? ¿Cómo sabe usted que sigue siendo usted? Note que estoy diciendo “sigue siendo”, es decir, estoy introduciendo una dimensión temporal. Dicho con más propiedad, sería cómo puede saber que, a lo largo del tiempo, esa “sustancia” cambiante que es usted sigue siendo usted mismo. Tal aclaración puede darle una pista, pues si hablamos del tiempo, nada mejor que recurrir a la memoria. Entonces, quizás, lo que hace que usted sea usted sea su memoria, aquella que le recuerda cuando era chico y diferentes momentos de la vida en los que naturalmente, usted estuvo presente aunque, seguramente, con otro aspecto físico. Sin embargo, ¿usted recuerda cada uno de los instantes de su pasado? No lo creo pues eso le sucede nada más que a ese personaje de Borges llamado Funes. Entonces, incluso si usted dijese tener una gran memoria no podría recordar cada fragmento de su pasado de lo cual se seguiría que, si es la memoria la que hace que usted siga siendo usted, la falta de recuerdo supondría que usted dejó de ser usted en algunos  pasajes de la vida de esa persona que usted dice ser.

Ahora bien, este problema de identidad que le planteo, ¿puede trasladarse, por ejemplo, a una ciudad? Para decirlo con nombre propio, ¿cabe preguntar, por ejemplo, qué es lo que hace que Buenos Aires siga siendo Buenos Aires? Seguramente sí pues se supone que la ciudad tiene una identidad. ¿Pero cuál sería ese signo identitario que se mantiene y la hace seguir siendo la de antes? Si bien los baches se mantienen, ahora hay más basura, más edificios con amenities que harán que las cloacas exploten y las piletas y los salones de ocio acaben siendo tapados por las excreciones de quienes afrontan expensas caras pero cagan con el mismo olor que cualquier pobre. El ruido tampoco es el de antes: ha crecido a la par del parque automotor. Por su parte, los hospitales están “peor de lo peor que estaban” y los únicos árboles que se mantienen son los genealógicos. Es verdad que el subte está igual que hace 5 años pero se puede obviar ese detalle pues, al fin de cuentas, usted tiene la misma nariz que a los 18 años y sin embargo, ya le dije, no tiene manera de probar que sigue siendo usted. 

¡Pero un momento! ¿Acaso el obelisco no está igual? ¿No sigue siendo ese emblema fálico, esa porteñidad enhiesta que recibe al turista bien “a lo macho”? Podría decirse que sí pero si se comparan las postales que se venden sobre la avenida Corrientes con la imagen actual notará que al símbolo de la ciudad lo rodean metrobuses alocados que vienen y van captados por cámaras que reproducirán la próxima tragedia automovilística en los noticieros. No quedará más que ir a la plaza, entonces, aquella, la del barrio, la que usted jugaba cuando era chico. Pero está más chica que nunca (seguramente porque ahora usted está más grande, claro) y está enrejada.

Por lo tanto, lo que resta sería descansar en la esencia de la ciudad, ese no sé qué del espíritu porteño, el “targo de Carlitos” (que no era porteño), las mañanas de sol en el abasto (comprando en el shopping) o pasear por Caminito pensando en el desembarco de nuestros abuelos mientras ofrecemos sacarle una foto a la parejita de suecos que desean que le tomen el dólar al precio del blue, y unos japoneses se bajan contentos de un taxi en el que acaban de ser estafados. Pero quizás sea que a la ciudad no le interesa la memoria. Prefiere “mirar para adelante”, transcurrir el día a día, y dejar que continúe el avance material casquivano y onanista. Todo esto mientras vive con tanto miedo que necesita dos fuerzas policiales para que la proteja.        

Con todo, no se puede dejar de reconocer que hay cierta coherencia en el comportamiento electoral de la ciudad con el mayor nivel educativo del país y el mayor ingreso per cápita: eligió a De la Rúa y también a Erman González por ejemplo. Eligió a Mauricio por dos veces y si pudiese lo haría por una tercera porque el problema no es la reelección sino la reelección de “la yegua”. Hasta Fernando Iglesias logró una banca por la ciudad y también Patricia Bullrich, más allá de que lo haya hecho desde diferentes partidos (pero la identidad de “Pato” es asunto de otro artículo, quizás un libro entero o directamente un estudio a publicarse en 6 tomos).

Así que ríndase. No hay manera de saber si Buenos Aires sigue siendo Buenos Aires de la misma manera que no hay manera de saber si usted sigue siendo usted. Ni siquiera hay manera de saber si usted sigue siendo la misma persona que empezó a leer esta nota, aquella que comenzaba, simplemente, preguntándose qué es lo que hace que usted siga siendo usted y que ha sido escrita por un autor que no sabe cuál es la esencia de Buenos Aires pero tiene bien en claro que esto en lo que se ha convertido, sencillamente, y como diría un porteño, “no está bueno”.     

La Argentina dividida (publicado el 14/2/13 en Veintitrés)

¿Estamos divididos los argentinos? La pregunta viene siendo recurrente al menos desde que se empezó a delinear el espíritu confrontativo que Néstor Kirchner le imprimiera a su presidencia y que se transformara en una marca esencial de la naturaleza del modelo que se encuentra próximo a alcanzar los 10 años en el poder.

Al kirchnerismo no le resulta del todo incómodo el mote de “parteaguas” pues entiende que la política es, ante todo, conflicto que se dirime entre un nosotros y un ellos, aunque siempre en el marco de los límites democráticos. De aquí que no se rasgue las vestiduras por el pataleo histérico de los sectores minoritarios que ven socavada su legitimidad pero sí advierta sobre un conato de violencia preocupante que se deja ver en las manifestaciones que nuclean a sectores opositores. En esta línea alcanza con ver los lemas de los letreros que se enarbolan en las protestas caceroleras y la agresión a periodistas de la televisión pública y privada que en ese marco se multiplicaron, como así también prestar atención a la violencia verbal que profieren referentes opositores a veces impulsados por una envidiable locuacidad. La oposición intenta invisibilizar esas acciones y cuando no puede hacerlo esgrime que éstas son sólo una consecuencia de la violencia más sutil impulsada desde el propio gobierno. Independientemente de la discusión acerca de si esto es o no así, tal argumentación abre una puerta a la justificación de hechos de violencia más graves. En este sentido, quienes justificaron la agresión a Kicillof y la englobaron en el marco del hartazgo ciudadano ante las supuestas micro violencias solapadas que provienen del oficialismo, podrían también haber justificado el hecho de que la turba violenta del “Frente jacobino por la liberación del dólar” (filial Punta del Este), hubiera ajusticiado al “economista marxista”. A lo sumo, encararían la argumentación afirmando que “no lo justifico pero hay que entender que el clima de violencia desde arriba da lugar a excesos abajo”. Con todo, no se trata aquí de discutir quién agredió primero o quién agrede más. Se trata de responder a esa pregunta inicial acerca de si existe una división en la Argentina. Y la respuesta que guiará estas líneas es la siguiente: sí, efectivamente, la Argentina está dividida, pero hace 200 años que lo está. En otras palabras, la historia de nuestro país ha estado marcada por las divisiones en todo orden y bajo cualquier paraguas categorial, sea político, sociológico o económico.

 Si se toma el siglo XIX, a las disputas políticas que se dieron ya en el marco de los caminos que debía seguir la revolución, le siguió la disputa entre unitarios y federales y la conquista del desierto entre algunos de los sucesos que ponen en tela de juicio la fantasía romántica de una unidad original perdida por algún pecado populista. Ya en el siglo XX, el centenario fue el marco en el que se ponía de manifiesto una sociedad claramente dividida entre una elite criolla y una masa heterogénea de campesinos pobres y extranjeros explotados que presionaría hasta obtener la ley Sáenz Peña y vivir una primavera popular en 1916 que no tardaría en desfallecer a pesar de no haber profundizado demasiado en cambios estructurales que afectaran a la oligarquía terrateniente. Entonces ¿alguien va a decir que el modelo agroexportador argentino era el emblema de una sociedad inclusiva? Por cierto, ¿esa presunta unidad alguna vez perdida se recuperó con el golpe del 30? Ciertamente no, y la irrupción del peronismo no fue una magia de repollo sino la visibilización de mayorías desplazadas que se sentían representadas por un liderazgo.

 Pero no avancemos tan rápido porque, justamente, quienes hoy insisten en endilgarle al kirchnerismo el haber dividido a los argentinos, equiparan la situación actual con aquella que se dio desde el 45 hasta los años 70 en torno al clivaje peronismo-antiperonismo. En esta línea se dice que las familias se pelean, las parejas se separan y los amigos se distancian por las diferencias políticas, del mismo modo que sucediera en aquellas décadas del siglo XX. ¿Tienen razón al bosquejar ese panorama? Claro que la tienen pero eso no significa que estas fracturas en el campo de las relaciones básicas, sea propiedad exclusiva de los procesos peronista y kirchnerista. Lo que sí parece signo característico de ellos es el modo en que esas grietas inherentes a la Argentina (y probablemente a buena parte de las sociedades y los Estados modernos) se han hecho carne y se manifiestan sin ocultamientos. ¿Por qué sucede esto? Seguramente porque se trata de procesos que con infinitas diferencias han intentado al menos trastocar las estructuras vigentes. Se podrá discutir por qué lo hicieron o en qué porcentaje lo hicieron, pero no se podrá decir que ambos procesos resultaron indiferentes para las elites.

 Sin embargo, claro está, ni la historiografía liberal ni los comentadores reproductores del relato del establishment podrían aceptar que ésas han sido las razones por las que el peronismo y el kirchnerismo generan divisiones. De aquí que recurran a una argumentación sintomática. Para dar cuenta de ello avanzaré un poquito más en la historia para poder situarnos en nuestro pasado reciente. Pregúntese entonces por qué durante los noventa no se afirmaba que la sociedad argentina estaba dividida. Nadie lo decía a pesar de que ese modelo hizo eclosión en 2001 y produjo la mayor distancia entre los que más y los que menos ganan, una confiscación de ahorros vergonzosa, más de un 50% de pobreza, un 25% de desempleados y un país al borde de una guerra civil.

 ¿No son estos números signo de un país fracturado? ¿O el dato para identificar un país partido es simplemente el modo en que se dirimen las diferencias políticas con nuestros familiares, amigos y parejas?

 Lo que intuyo es, entonces, que esta idea de una actual argentina dividida responde con naturalidad deductiva a los principios de una matriz de sentido común neoliberal instalada. Se trata de aquella que considera que sólo la política es la que divide. Dicho de otro modo, pareciera que las diferencias económicas son producto de un natural estado de cosas que aun estirando la distancia entre los más que menos tienen y los menos que más tienen, responde al orden originario de la unidad nacional. De este modo existiría una desigualdad original aceptada por los ganadores y por los perdedores por igual, y cualquier intento por transformarla supondría un cambio político y, en tanto tal, sería identificado como el mal, una suerte de intromisión artificial que genera crispación, disputa, peleas y violencia. Según esta idea, como la economía es sabia, no genera violencia y como los pobres deben reconocer el lugar que les corresponde no hay espacio para que se crispen ni para que se peleen. En todo caso, quedará un lugarcito para que la clase media dispute y, según el contexto histórico, gane o pierda terreno pero nada más. Así lo indica la matriz cultural que se sigue del modelo neoliberal que gobernó entre 1976 y 2001, aquel que partió al país pero en el que teníamos muchos amigos, una buena relación de pareja y una comida familiar en paz en la que se hablaba de todo, menos de política. 

      

  

Ella o vos (pero no él) (publicado el 13/2/13 en Diario Registrado)

"Ella o vos” es el slogan que ha elegido Francisco De Narváez para volver a posicionarse de cara a las elecciones de medio término de 2013. El mensaje es claro en todo sentido: “ella” es la presidenta; la “o” aparece como una disyunción excluyente, un nexo que indica que hay que elegir entre una cosa y la otra; y “vos” sos vos, es decir, supuestamente, cada uno de los ciudadanos que en caso de elegir a la presidenta estarían eligiendo a alguien que actúa por un interés propio que va contra el interés de cada uno. Digo “de cada uno” porque el slogan no dice “ella o nosotros” dando a entender que, frente a CFK, existe un colectivo con intereses comunes. Simplemente estás vos, que junto a otros “vos” forman un agrupamiento de yoes, frente al mal encarnado que estaría depositado en la figura de “ella”.

Pero entre tantos “vos” y “yoes” la pregunta sería ¿dónde está “él”? Es decir, ¿dónde aparece el hombre que busca dar un mensaje político en esa publicidad? Y aquí aparece la curiosidad porque el spot no le deja lugar a “él” dado que no permite asociar que lo mejor para vos sea votarlo a él. En todo caso, parece un llamamiento a votarse a uno mismo, frente a ella, pero no a votarlo a él; es más, incluso podría dar lugar a que miles de votantes razonen que “entre ella y yo, la voto a ella pues sabe mejor que nadie cómo gobernar un país”.

Si bien la diferencia parece sutil, para la campaña de 2007, el oficialismo utilizó también el “vos” cuando indicaba “Cristina, Cobos y vos”, pero allí existía la idea de representación y de vínculo colectivo. Es decir, se suponía que Cristina y Cobos eran parte de un frente al que se le sumarían los yoes. No se trataba del llamado a votarse a uno mismo sino de participar en un proyecto con un liderazgo (del cual, claro, sólo quedaron vos y Cristina)  

Para finalizar, entonces, a la estrategia de marketing de De Narváez le falta indicar cuáles serían las razones por las que no habría que votarla a ella y en cambio sí habría que votarlo a él. Sin ese pequeño paso estaríamos negando el rol mediador de la política y de los partidos políticos, aquel que le quita sentido a que cada uno se vote a sí mismo. Quizás esas razones aparezcan en futuras publicidades o quizás simplemente De Narváez planee reconfigurar el sistema político para que haya tantos candidatos como electores y donde todos obtengan un convencido, ferviente y transparente (pero también inútil, pequeño, egoísta y miserable) voto.