Ensanchar para ser profundos (publicado originalmente el 31/1/10 en Miradas al Sur)

Quizás obnubilados por la forma en que Redrado, como en las Tragedias griegas, intenta resistir a su destino inexorable, los analistas políticos apenas no han tomando demasiado en cuenta los contactos que Kirchner y los intendentes bonaerenses están teniendo desde fines del año pasado con vistas a reconstruir un espacio que recibió un golpe importante en las últimas elecciones.
Sabemos que la relación del ex presidente con los diferentes representantes de los Municipios ha sido desde el 2003 a la fecha, al menos, oscilante. Así pudimos observar que la apuesta por un armado transversal independiente del Aparato Pejotista que aun estaba en manos de Duhalde, pareció finalmente extinguirse en el momento en que Kirchner, previo a la asunción de su esposa, decide recalar en la vetusta estructura del Partido. El pragmatismo con el que el ex presidente se manejó en este sentido resulta casi trivial al lado de la vergonzosa actitud de aquellos intendentes que en junio, se tatuaron “crisis es oportunidad” y con el dinero de las Obras públicas sólo construyeron los caminos de colectoras electorales por izquierda y por derecha.
En este contexto el resultado es un fenómeno caro a nuestros tiempos: la dispersión y la atomización de las alternativas. De aquí que no deba sorprendernos encontrar a los Barones tradicionales por un lado y, por el otro, a aquellos que como Gutiérrez (Quilmes) o Secco (Ensenada) intentan reeditar la transversalidad. Por si esto fuera poco tenemos también la particular relación del oficialismo con un tercer grupo, aquel que agrupa a Ivoskus (San Martín), Pulti (Gral. Pueyrredón) y García (V. López), esto es, el de los Intendentes vecinalistas afines al Gobierno y radicales K ajenos al surrealista fenómeno de un vicepresidente opositor.
Tanto el segundo como el tercer grupo estarían dispuestos a apoyar la construcción de un frente progresista que tenga a Kirchner como candidato en 2011 y que se estructure por fuera del PJ tradicional. Sin embargo a este tipo de análisis o acuerdos de cúpula hay que agregarle una variable novedosa y es la que tiene que ver con el escenario que plantea la reforma electoral. Sabemos que la ley sancionada hace algunos meses viene a desbrozar el camino de la maraña insólita de sellos de goma sin afiliados que han pululado desde la implosión del 2001 y obliga a los partidos más pequeños a dejar de serlo. Esto afecta, sin duda, a las expresiones municipales que no tienen proyección ni siquiera provincial y las obliga a acercarse a una estructura partidaria más consolidada. Pero, a su vez, es una de las herramientas que Kirchner puede utilizar como presión a la hora de intentar renovar el interior del PJ. En este panorama antes que preguntar “qué va a hacer” Kirchner, deberíamos preguntar “qué puede hacer”.
Sobre este punto, cabe un análisis de carácter más general pero me atrevería a decir que tal vez, en parte, por su propio estilo confrontativo, en un escenario de tirantez maniquea donde hay amor o hay odio, si el oficialismo pretende aparecer como una alternativa para, al menos, disputar un ballotage, no puede hacer otra cosa más que profundizar y radicalizarse en medidas de centroizquierda. En este sentido, el camino de la moderación y el consenso, eufemismo por el cual debe entenderse “renuncia total o parcial a cambios estructurales”, no sólo perpetuará la desigualdad sino que ni siquiera podrá redundar en el acercamiento de sectores medios que todavía no saben bien por qué pero están seguros que no votarían al oficialismo. Asimismo, la “lección Cobos-Redrado” y la veleidad payasesca de los “Krustys” vernáculos que en los Municipios “hacían campaña por un candidato pero votaban por otro”, puede servirle al gobierno para darse cuenta que los guiños al establishment se parecen mucho a anchos de bastos pírricos y que los pactos con los Barones, antes que una garantía de gobernabilidad, acaban consolidando una rizomática voluntad destituyente.
Por todo esto es que el Gobierno debe aprovechar para abrir el juego a aquellos intendentes que, por fuera del caudillismo paleozoico, se encuentran comprometidos con un proyecto de centroizquierda que amplíe la base de sustentación kirchnerista y lo acerque más a la ciudadanía. Se trata de adaptar el viejo adagio Menottista a la política: ensanchar para ser profundos, ampliar el espectro de apoyos extrapartidarios para cancelar las deudas de la agenda progresista.

¿De quién es este cordón? (publicado originalmente el 24/1/10 en Miradas al Sur)

El fallo del juez Rossi por el cual declara inconstitucional la Creación del Registro Nacional de donantes de células Madre propiciado por el INCUCAI, más allá de los detalles técnicos y legales que parecen teñir cualquier discusión en la Argentina, abre una discusión moral y política más interesante. La pregunta sería, ¿debemos privilegiar el contrato que una familia realizó con un Laboratorio Privado por el cual se garantiza que las células del cordón umbilical podrán ser usadas nada más que por miembros de la familia, o hay que priorizar la decisión estatal en pos del bien común que pondría a disposición de terceros dichas células? Aun a riesgo de vaciar de contenido la discusión y llevarla a terrenos demasiado abstractos, lo que parece estar en juego, entonces, es la perenne tensión entre lo público y lo privado, tensión que resulta constitutiva del pensamiento y la forma de vida Occidental. En este sentido no debe sorprender que en nuestras repúblicas democráticas actuales surjan este tipo de conflictos pues al fin de cuentas somos el fruto de la difícil convivencia de la tradición griega que desde el Siglo V A.C ahondó en reformas tendientes a diluir los lazos familiares en pos del Estado, y el ideario iluminista y liberal de los siglos XVII y XVIII que prioriza los derechos individuales por sobre los del bien común.
Pero, con el fin de analizar el caso en cuestión, propongo que profundicemos más las preguntas: en primer lugar: ¿los Bancos de Células madre deben ser públicos o privados? Esta pregunta lleva a temas cercanos y que quizás ayuden más a visualizar la problemática. Pensemos en la donación órganos: ¿quién es el dueño de los órganos? ¿El individuo que los posee o el Estado? El sentido común, el ideario de la prioridad de la autonomía individual y la jurisprudencia argentina indican que cada uno es el dueño de sus órganos y, de hecho, el juez que dictó la norma que estamos analizando se basó en que sólo dando un consentimiento expreso, o, no negándome expresamente (figura del “donante presunto”) puedo ser donante. Haciendo esta analogía uno podría preguntarse, ¿puede el Estado obligarme a donar el cordón umbilical? El carácter aparentemente retórico de la pregunta puede desviar la mirada acerca de la particularidad de este caso pues habría que pensar hasta qué punto mi corazón o mis pulmones, órganos fundamentales para mi subsistencia, pueden ser análogos a un cordón umbilical congelado. Por otra parte y en segundo lugar: ¿ese cordón es del chico que nació de ahí? ¿Es de la madre que lo concibió? ¿Es de ambos padres? ¿Es de la familia (lo cual incluye los primos lejanos y a mi tía abuela) o es del Estado? Este tipo de dificultades muestran que filosófica y bioéticamente la equiparación realizada por el juez entre órganos y cordón umbilical no es del todo evidente. Pero esta discusión acerca de la propiedad y el consecuente uso es, ya que hablamos de familias, prima-hermana de la cuestión que indiqué al principio y que ahora podemos precisar de la siguiente manera: ¿tiene el Estado, en tanto promotor del bien común, la potestad de obligarnos a ser solidarios y a guardar en Bancos públicos de manera anónima tejidos que provienen de nuestro cuerpo? Nótese hasta qué punto está arraigada en Occidente esta noción de individuo que no puedo dejar de decir que las manos que escriben esta nota son parte de un cuerpo que, en algún sentido, me pertenece. Pero tampoco resulta tan simple afirmar que el Estado no debe entrometerse en temas “de mi propiedad” y que no existe ningún deber para con “mis” conciudadanos. ¿Acaso resulta moralmente irrelevante que eventualmente alguien tuviera la posibilidad de negarle células a una persona que las necesita para vivir, solo porque prefiere guardarlas para el caso hipotético de que alguien cercano las necesite?
No es este el lugar donde poder resolver un problema que lleva 2500 años menos cuando, al fin de cuentas, no dejo de pensar en Sandro, ni siquiera sé si el cerebro que guía esta mano me pertenece y si podré firmar esta nota.

BCRA: el Vaticano Económico Argentino (publicado originalmente el 8/1/10 en www.lapoliticaonline.com)

Pongamos entre paréntesis por un momento los nombres propios y dejemos de lado que se trata de Redrado y del Gobierno de CFK. También les propongo que pasemos por alto que cualquier funcionario del Gobierno que se oponga a algún tipo de política oficial se transforma de repente en un héroe de la resistencia, un ícono de la lucha de la gente contra el fascismo del Diablo K. También quisiera que obviemos que cada vez que el Gobierno decide quitarse de encima algún funcionario puesto en funciones por el mismo Gobierno descubre que éste era el “topo” que operaba para las grandes corporaciones gorilas.
Hecho esto me voy a permitir algunas preguntas retóricas: ¿en qué Libro Sagrado se encuentra el postulado que afirma que el dinero del BCRA es ajeno a las decisiones del gobierno de turno? ¿Acaso será en el mismo que indicaba que el dinero de los jubilados debía permanecer en un freezer esperando que los beneficiarios envejezcan? Permítame algunas preguntas más: ¿Desde cuándo una autarquía operativa supone que el Jefe del BCRA se transforma en un Príncipe Soberano, una suerte de poder Vaticano que se establece en paralelo a la autoridad del poder ejecutivo y cuya lógica resulta completamente independiente de las decisiones de la ciudadanía?
Para responder esto no olvide el compromiso asumido en el primer párrafo: lo mismo da que el jefe del BCRA sea Cavallo, Pou, Prat Gay, Redrado o Carlos Marx; y lo mismo da que en el Gobierno esté CFK o De La Rúa.
Reformulemos ahora alguna de las preguntas precedentes: ¿desde cuándo la política económica que determina, entre otras tantas decisiones, el tipo de cambio que influye directamente en la cantidad de reservas, debe someterse al poder del monarca del Banco Central?
Lamentablemente este debate interesante es postergado por flashes, debates estériles y una narrativa épica. Pero la cuestión de fondo es un debate acerca de los límites de la democracia pues al fin de cuentas esta disputa es una reedición de ciertas tensiones inherentes a las Repúblicas democráticas liberales. La cuestión, entonces, no es la insólita transmisión minuto a minuto del atrincheramiento del Golden Boy; ni la inflación oratoria de opositores como Carrió, Luis Juez o Pino Solanas que derrocharán a lo largo de los meses que siguen la posibilidad de un juicio político por razones tales como el uso de bottox o la compra compulsiva de carteras Louis Vuitton. Tampoco es un tema legal. ¿Qué importa si el decreto habilita o si la Carta Orgánica del Banco Central permite tal o cual cosa? Dejemos estas discusiones que se presentan como formales pero que sólo aparecen cuando el gobierno de turno toma decisiones que toca intereses, para los grandes hermeneutas jurídicos, los Badeni, los Sabsay, los que adoran despertarse con la Aurora. No es un asunto de Derecho e interpretación de las leyes. El tema es hasta qué punto aceptamos las, por cierto, muchas veces sabias restricciones de auto-regulación y equilibrio que una república liberal impone. En otras palabras, la relativa independencia del BCRA es uno de los tantos mecanismos de contrapeso contra la injerencia de diversos poderes del Estado, en particular, del poder ejecutivo. La pregunta es, ¿se puede hablar de contrapesos democráticos cuando las reservas del país no están disponibles a las decisiones en materia económica de los representantes del pueblo? ¿Por qué es más confiable Redrado que aquel que eligió la ciudadanía para representar sus intereses?
Aprovechemos este año tan cargado de simbolismos y de necesarias revisiones de nuestro pasado para desnaturalizar algunos principios históricos hijos de poderes fácticos y para repensar las tensiones propias de Repúblicas como las nuestras. Quizás no nos estemos dando cuenta que 200 años después de nuestra independencia política, existe una casta de reyes, una aristocracia económica soberana con cualidad paraestatal que sabe mejor que los ciudadanos y sus representantes cómo garantizar la santa estabilidad de nuestra moneda.

Los sapos y los límites de la crítica ilustrada (publicado originalmente el 3/1/10 en Miradas al Sur)

El horizonte de la centroizquierda plantea un dilema bastante trillado a lo largo de nuestra historia: o reconocer responsablemente las medidas progresistas de un oficialismo de tinte justicialista o ser los portavoces de la crítica razonable que horada al Gobierno y sirve en bandeja el poder a unos comensales que siempre están del lado derecho de la mesa.
Adoptar el segundo cuerno del dilema es el más cómodo porque, como lo indica el “Teorema de Baglini”, es fácil ser revolucionario y señalar con el dedo cuando se está bien lejos del poder. Adoptar el primero es el mas difícil, y, sin embargo, desde mi punto de vista, el único que permitirá acercarnos al menos asintóticamente a una alternativa progresista capaz de disputar mano a mano una elección en todo el país. Así, ofrecer una opción de Gobierno supone abandonar la crítica ilustrada bien-pensante y dejar de lado la pureza de las convicciones para embarrarse en terrenos donde pululan sapos que al besarlos no reproducen príncipes sino Barones bonaerenses.
Pero dejando de lado la metáfora bestiaria, esta dificultad es la que pareció observar Kirchner cuando decidió apoderarse del PJ para desde allí entretejer la estrategia de alianzas que daría respaldo al Gobierno de su esposa. Me gustaría titular este viraje de Kirchner como el paso de la transversalidad a la gobernabilidad, en el sentido de que aquel intento por construir una alternativa ideológica amplia por fuera del PJ sucumbió ante la necesidad de afincarse en la estructura de un partido que conoce muy bien la verticalidad del poder en la Argentina. Si la decisión de Kirchner fue acertada es algo que sólo el tiempo podrá responder aunque la curiosa permanencia de un vicepresidente opositor y las colectoras jánicas que permitían cortar boletas con alicas y alicates, parecen ir en contra de ese punto de vista.
Asimismo, el progresismo debe ser lo suficiente moderno como para aceptar que existen determinadas problemáticas que no son “sólo asunto de la derecha”. El caso emblemático en este sentido es el de la seguridad y la única manera de evitar que se utilice este flagelo tan propio de las grandes y desiguales ciudades del mundo para incentivar políticas reaccionarias, es dar el debate desde adentro y ofreciendo respuestas también en el corto plazo.
De igual modo, el progresismo no debe obsequiar la bandera de la eficiencia a las grandes corporaciones en tanto prejuicio burgués de propietarios antipatrióticos. Se trata, otra vez, de disputar el sentido de lo “eficiente” como algo distinto de la reducción drástica e indiscriminada del personal que trabaja para el Estado.
Probablemente, buena parte de estos cambios dependerán esencialmente de la forma en que el progresismo y la centroizquierda evalúen el fenómeno del kirchnerismo. En este sentido, el mayor pecado sería no observar que pese a las importantes deficiencias, el kirchnerismo ha creado un piso de nuevos derechos desde el cual cualquier construcción progresista se verá facilitada.
No reconocerle al kirchnerismo la política de derechos humanos, un proceso (perfectible) de industrialización, la recuperación del empleo y los salarios, la Ley de Medios, la asignación por hijo y el fin de las AFJP, sería un acto de irresponsabilidad intelectual y de desconocimiento de la tarea de gobernar que redundaría en la renuncia a una construcción amplia y a una opción de Gobierno alejada de grandes egos, victorias pírricas y rezongos oportunistas.