El poder de los no elegidos (publicado el 31/5/12 en Veintitrés)

La semana pasada la Corte Suprema falló en torno a la cautelar que mantenía suspendida la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para el grupo Clarín. La decisión de los jueces del máximo tribunal era clave pues se trata de uno de los puntos centrales para combatir la posición dominante del grupo que cuenta con más de 300 licencias. El fallo indica, entonces, que la cautelar otorgada por un juez de primera instancia y que la Cámara de Apelaciones había llevado a 36 meses, caduca el 7 de diciembre de este año. Esto significa que, desde esa fecha, la corporación más grande de medios en la Argentina deberá adecuarse a la normativa sancionada en democracia y desprenderse de buena parte de las licencias que posee.

Ahora bien, quisiera enmarcar esta noticia que oficia de disparador dentro de una serie de reflexiones acerca de la asombrosa transformación que han sufrido las relaciones entre los poderes republicanos en Argentina en los últimos años. En otras palabras, aun a riesgo de ser esquemático y, en tanto tal, perder matices, creo que en la rearticulación que se ha dado en las relaciones entre el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y el llamado “cuarto poder” de la corporación periodística, pueden hallarse algunas claves para comprender buena parte de lo que sucede tanto en el plano cultural como político en nuestro país.

Como parte de una tradición de liberalismo republicano se suele afirmar que la lógica de las organizaciones humanas debe tender hacia instituciones que limiten la posibilidad de grandes concentraciones de poder. Esto se basa en la experiencia histórica de la humanidad y en los sobrados ejemplos que muestran cómo las peores atrocidades han provenido, en muchos casos, de poderes absolutos o altamente centralizados. Frente a esto, la opción republicana es clara: tres poderes en relación de equilibrio y mutuo control. Es una ecuación extraña casi tanto como las discusiones teológicas acerca de la trinidad divina que nunca pueden resolver del todo esa tensión entre la unidad de Dios y su existencia en tres personas distintas (El Padre, el Hijo y El Espíritu Santo). Con todo, y a pesar de sus dificultades, el sistema republicano es el adoptado mayoritariamente por Estados occidentales en la actualidad.

Ahora bien, como se adelantaba en la introducción, el desarrollo de las sociedades regidas bajo el sistema republicano arrojó un déficit importante: la autonomización de los tres poderes respecto de los intereses populares. Dicho de otro modo, los sistemas republicanos arrojaron una “deuda democrática” por la cual quedó en evidencia que el único asunto a resolver no es el de cómo garantizar que los poderes estén equilibrados sino cómo lograr que los representantes del pueblo lleven adelante el mandato popular. Es allí donde aparece con fuerza la prensa, en tanto portavoz de la exigencia ciudadana ante esos tres poderes que parecen funcionar con una lógica completamente ajena a los requerimientos de la sociedad civil.

Sin embargo, el surgimiento de este nuevo poder, el del periodista, se erigió bajo la misma lógica republicana, lo cual por cierto, no es un pecado necesariamente. Me refiero a que se siguió considerando que el enemigo de las organizaciones políticas es la centralización y que hay impedir ello siguiendo la lógica de los contrapesos. Por ello, si el equilibrio no se lograba con los tres poderes de la república debía surgir un cuarto poder cuyo espacio de legitimidad estaría dado por ser el contrapeso de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Pero hete aquí que esta estructura falló en la práctica cuando ese cuarto poder también se autonomizó completamente de los intereses de la ciudadanía y se comenzó a ver que muchos de los periodistas que de lejos parecían superhéroes, no hacían más que responder a intereses, como mínimo, tan partidarios y facciosos, como los de cualquier político, con la sutil diferencia, claro está, de que, a diferencia de éstos, los hombres de prensa jamás lo explicitan públicamente.  

          Desarrollado el estado de la cuestión, la pregunta es, entonces, ¿cómo puede comprenderse el fallo de la Corte Suprema en términos de la relación entre poderes? ¿Ha habido una fractura  entre el poder judicial y el poder de la prensa a partir de este fallo que pone límite a la prepotencia del grupo Clarín? La respuesta es difícil y, ante todo, no puede ser taxativa. Con todo creo que se puede bosquejar el siguiente panorama: desde el conflicto con las patronales del campo y el quiebre de esa suerte de pacto tácito de moderada no agresión entre el gobierno de Kirchner y el grupo Clarín, el poder Ejecutivo, acompañado por el poder legislativo, tuvo la decisión política para quebrar esa inercia que lo alejaba de las demandas populares. Lo hizo a partir de una importante cantidad de medidas de las que, a los fines del tema aquí tratado, se puede destacar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El tablero, entonces, ha alterado el (des) equilibrio dado y ya no se asiste a los tres poderes republicanos en connivencia y rehenes de un poder fáctico corporizado en los medios de posición dominante en la Argentina. Pero tampoco es que los tres poderes republicanos se han movido en la misma línea, pues, de hecho, buena parte de la corporación judicial ha sido el vehículo a través del cual ese cuarto poder amenazado intenta mantener el statu quo. Así, se asiste a un enfrentamiento entre los poderes elegidos por la ciudadanía (el ejecutivo y el legislativo) y los restantes dos poderes (el judicial y el de la prensa), esto es, aquellos que, justamente, nunca se someten a la voluntad popular.

          Es esta connivencia entre los poderes cuya composición no depende del voto de los ciudadanos la que está poniendo freno a leyes votadas con amplio margen por representantes que han sido avalados por las urnas. Se trata de la resistencia frente a una sociedad que ha cambiado y frente a un poder político que hoy goza de una recuperada legitimidad. En este contexto, ojalá este fallo de la Corte independiente (que fue uno de los pilares del fortalecimiento institucional del gobierno de Kirchner y que a veces peca de un “exceso de diplomacia” y hasta de una cierta “ambigüedad”, pero que suele actuar siguiendo un sentido progresista), funcione como ejemplo hacia el interior de la corporación judicial. Pues, no olvidemos, una de las deudas de la democracia   es la depuración de una casta de jueces reaccionarios, acción que permitiría liberar al poder judicial de las rémoras de un pasado ominoso encarnado en sujetos que abusan de los vericuetos del sistema legal. Se trata, en muchos casos, de jueces cómplices de las peores atrocidades de la dictadura y que con desparpajo utilizan todo tipo de estratagema para proteger los intereses de corporaciones que han sacado provecho de las condiciones del sistema económico que gobernó este país desde 1976 hasta el 2003. No es tanto lo que se les pide. Se trata simplemente de que no se resistan a la voluntad popular y acepten las condiciones de un sistema con una larga historia revalorizada y resignificada en el siglo XX. Su nombre es  “democracia”.