La jerarquía
eclesiástica dio a conocer un documento breve que en los medios opositores fue
presentado como referido a la “inseguridad”. Sin embargo, ya desde su título
(“Felices los que trabajan por la paz”) daría la sensación de que la temática
es algo más amplia.
Ahora bien, a
pesar de su extensión, llamó la atención que prácticamente lo único que se hubiera
destacado públicamente es una frase, desde mi punto de vista, poco feliz. Me
refiero a la que aparece en el primer párrafo del documento y afirma “La
Argentina está enferma de violencia”. Frente a semejante sentencia, era
esperable que quienes conocen la historia de este país y, en especial, el rol
cumplido por las jerarquías eclesiásticas durante las dictaduras militares,
reaccionen. Sin embargo, lamentablemente, los únicos que lo hicieron fueron
miembros del gobierno nacional pues el enorme espectro ideológico que no
comulga con la actual administración kirchnerista no hizo más que plegarse a la
desafortunada afirmación.
Si la actual
sociedad argentina está enferma de violencia qué decir de la Argentina de 1955
con bombardeo a civiles en Plaza de Mayo para destituir a un gobierno
democrático; o la Argentina de 1976-1983 con asesinatos, desapariciones y
apropiaciones; incluso, en tiempos democráticos, ¿no estaba enferma de
violencia la sociedad argentina en 2001 cuando no había trabajo, aumentaba la
desigualdad, había represión en las calles y los bancos, violentamente, se
quedaban con los depósitos?
Es esa
historia violenta de nuestro país la que, aflorando como un palimpsesto, invita
a indignarse cuando muchos de los que no alzaron ni alzan la voz acerca de los
momentos más oscuros de nuestra historia se posicionan como diagnosticadores.
En este
sentido, el acudir a la metáfora biológico-médica remite justamente a aquellos
años de persecuciones, asesinatos y desapariciones. No sólo cuando se habla de
una sociedad “enferma” sino también cuando en el apartado 5 se habla de la
corrupción como “cáncer social”.
El peligro de
este tipo de asociaciones libres, de fácil comprensión para el gran público,
son sus presupuestos pues se sostienen en la idea de la sociedad como un gran
organismo, un cuerpo único y homogéneo, en el que, como sucede con nuestro
cuerpo individual, todo tipo de anomalía (enfermedad) debe ser atacada con el
fin de establecer una presunta armonía original. Está claro que no todo
pensamiento organicista deriva necesariamente en la persecución a grupos o
sujetos sindicados como la parte enferma del cuerpo social. De hecho, muchas de
estas miradas se presentan como alternativas ante la perspectiva vigente en
culturas como las nuestras donde la sociedad no es más que una suma de
individuos. Pero también es bueno rescatar que la asociación entre los
presupuestos organicistas y la metáfora médica trasladada al ámbito de lo
social ha estado en la base de los peores genocidios. ¿O acaso, una vez que se
define a un grupo como “cáncer social”, no existe una obligación de atacarlo
con una “quimioterapia social” de shock?
Sin embargo,
dicho esto, también me gustaría resaltar otros aspectos del documento, párrafos
que fueron invisibilizados por los medios que lo hicieron público. La razón es
clara: desde que Bergoglio se transformó en Francisco, la palabra de la Iglesia
recobró cierta ascendencia que hace que no sea buen negocio disputar allí. Dado
que esto lo ha entendido perfectamente el gobierno pero también lo entienden
los opositores, naturalmente, la noticia era generar un enfrentamiento entre
Iglesia y gobierno o, mejor aún, entre la Iglesia y La Cámpora.
Efectivamente,
hubo respuestas por parte de funcionarios del gobierno y de militantes de La
Cámpora, especialmente por la desafortunada frase mencionada aquí. Pero el
documento, además de hacer críticas más o menos directas al gobierno cuando,
sin ningún dato ni comparación que lo sustente, afirma que los hechos
delictivos han aumentado en cantidad y agresividad, o cuando denuncia que hay
corrupción, desnutrición infantil y gente durmiendo en las calles, también hace
críticas a los “caballitos de batalla” del relato antikirchnerista.
Por ejemplo,
contra los linchamientos, el documento indica “La reiteración de estas
situaciones [hechos delictivos] alimenta en la población el enojo y la
indignación, que de ninguna manera justifican respuestas de venganza o la mal
llamada justicia por mano propia”. Aclarado que no hay justificación alguna
para los linchamientos, ni supuesta ausencia de Estado, el documento agrega “la
creciente ola de delitos ha ganado espacio en los diversos medios de
comunicación, que no siempre informan con objetividad y respeto a la privacidad
y al dolor. Con frecuencia en nuestro país se promueve una dialéctica que
alienta las divisiones y la agresividad”. Desde mi punto de vista no creo que
el único problema de la cobertura mediática sea su nulo respeto al dolor y a la
privacidad de las víctimas. Es eso y mucho más porque es también constituir a
la víctima en legislador experto en seguridad y es la promoción de un estado de
psicosis colectiva que exagera la peligrosidad real que supone transitar por la
calle de las grandes urbes. Pero más interesante es que el documento de la
Iglesia hace un punto seguido y tras denunciar el rol del periodismo se refiere
a la promoción de la “dialéctica que alienta las divisiones y la agresividad”.
A buen entendedor: por como está construido el párrafo, y más allá de que evita
una referencia específica, no se está refiriendo al gobierno sino a los medios.
Sin embargo, ningún diario, claro está, tituló “Duro documento de la Iglesia
contra los medios de comunicación”. Tampoco titularon “Duro documento de la
Iglesia contra la derecha argentina representada por Massa, Macri y algún
trasnochado manodurista que todavía milita en el FPV” cuando el documento
indica “No se puede responsabilizar y estigmatizar a los pobres por ser tales.
Ellos sufren de manera particular la violencia y son víctimas de robos y
asesinatos, aunque no aparezcan de modo destacado en las noticias (…) La Cárcel
genera en la sociedad la falsa ilusión de encerrar el mal, pero ofrece pocos
resultados. El sistema carcelario debe cumplir su función sin violar los derechos
fundamentales de todos los presos, cuidando su salud, promoviendo su
reeducación y recuperación. Nos duele y preocupa que casi la mitad de los
presos no tenga sentencia. La mayoría de ellos son jóvenes pobres y sin
posibilidades para contratar abogados que defiendan sus causas”.
Por último,
quisiera volver a esa línea acerca de la corrupción como “cáncer social”.
Dejando de lado, insisto, lo poco feliz de la caracterización, esa acusación
pareciera estar dirigida al gobierno y a la clase dirigente en general. Pero al
leer la frase entera, nos enfrentamos a una sorpresa pues ésta afirma “La
corrupción, tanto pública como privada, es un verdadero “cáncer social””. La
sorpresa, claro está, es la aclaración de que la corrupción también es privada.
De este modo se atenta contra el sentido común del liberalismo económico que
entiende que participación estatal es sinónimo de corrupción como si los
mayores bolsones de lavado, dinero en negro, evasiones y demás, no tuvieran que
ver con el ámbito de la iniciativa privada, esto es, en muchos casos, las
grandes empresas.
Desde mi punto
de vista, entonces, el documento incluye la problemática de la “inseguridad”
como una expresión de la violencia que está lejos de ser la única existente en
nuestras sociedades. Dicho de otra manera, la violencia no es simplemente la
agresión física que eventualmente pudiera suceder en el marco de un atentado
contra la propiedad privada. Pero si bien esta mirada más amplia que incluye a
la inseguridad como una de las tantas manifestaciones violentas es la que mejor
representa el espíritu del documento, el estado de hipercomunicación en el que
viven nuestras sociedades obliga, en este caso, a la jerarquía eclesiástica, a
dar mensajes claros y a tener un enorme cuidado con la terminología y las
frases utilizadas porque las palabras adquieren su significado y su valor en la
historia. Esa claridad hubiera requerido, que, quizás, utilizando la misma
matriz metafórica, se señale con mayor precisión a aquellos portadores
asintomáticos de la violencia que no pertenecen a la administración
kirchnerista pero que tienen una enorme responsabilidad social sea como
dirigentes sociales, políticos o comunicadores.
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