Finalmente
llega el 7D, esa clave alfanumérica que ha dado lugar a todo tipo de
elucubraciones y que ha atravesado cada una de las acciones de los actores
políticos del último semestre. Llega tras la innumerable cantidad de obstáculos
que establecieron los poderes fácticos para intentar frenar la plena vigencia de
la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009. Si bien nadie
dijo que iba a ser fácil, no lo ha sido ni lo será, pareciera que claramente la
llegada de ese día es una derrota para el Grupo Clarín. Claro que no es
definitiva ni mucho menos y, en este sentido, cabe afirmar, aun contra los
ansiosos, que el 7D, más que una fecha de fin de ciclo, es una fecha de
comienzo de un proceso que, en última instancia, puede llevar mucho tiempo más.
Pero reducir el 7D al ámbito judicial supondría un análisis pobre, meramente
técnico y, si bien no menor, secundario respecto de la importancia simbólica de
la fecha. Pero extendiéndome algo más sobre el asunto, dígase que es de esperar
que el Grupo Clarín no presente ningún plan de adecuación pues, naturalmente,
la coherencia en su estrategia de apuntar a la declaración de
inconstitucionalidad debe ser acompañada del desconocimiento de la ley y, por ello
mismo, de la autoridad de aplicación (AFSCA). Esta estrategia legal también es
parte del posicionamiento político del Grupo que ha decidido adoptar una
postura de total confrontación con el gobierno sin ahorrar los más insólitos
artilugios de manipulación reñidos con la realidad, la ética y la vergüenza.
Tal estrategia
apunta también a la victimización y, como escribí aquí alguna vez, pretende que
el gobierno pague un costo político enorme por el simple hecho de hacer cumplir
la ley. En este sentido, al grupo no le importa pasar de hecho y de derecho a
la clandestinidad. Lo que le importa es resistir y, si es posible, lograr
intentar ser desalojados por la gendarmería mientras las cámaras cómplices de
las corporaciones de medios del mundo editorializan advirtiendo una supuesta “chavización
de la Argentina” (esto, por supuesto, es una opinión personal. Lo aclaro para
que los abogados del grupo Clarín no me denuncien penalmente).
Pero para no
adelantarnos tanto, entiéndase que desde el punto de vista técnico, el 7D es la
fecha a partir de la cual la Autoridad de Aplicación tiene hasta 120 días para
analizar las propuestas de adecuación de los grupos que voluntariamente
acercaron su plan. Una vez aprobadas estas propuestas, los grupos en cuestión
tendrán 180 días más para adecuarse, esto es, para desprenderse, de una u otra
forma, de las licencias excedidas. En el caso de los grupos que no se presenten
voluntariamente, los tiempos serán otros ya que, sobre ellos, AFSCA actuará de
oficio y en el transcurso de 100 días iniciará el proceso de “adecuación
compulsiva” que implica primero una tasación, luego la selección de las
licencias que serán licitadas siguiendo el criterio de menor afectación
patrimonial, más tarde el llamado a concurso, y, finalmente, la adjudicación y
el traspaso. Llegado ese momento, es de esperar que nuevas instancias
judiciales aparezcan en caso de que la cuestión de fondo siga sin resolverse y
los abogados del grupo necesiten justificar sus suculentos honorarios.
Ahora bien,
sin duda, la estrategia de judicialización de las corporaciones que ven
afectados sus intereses hace necesario entrar en esta maraña judicial que nos obliga
a todos a transformarnos en expertos de la terminología jurídica y a vivir en
un clima enrarecido donde todo parece ser materia de pleito y donde necesitamos
ascender hasta el cielo para ganar algo de aire puro como bien nos hacía notar
burlonamente Aristófanes en su comedia Las
Aves. Pero no es esto lo más importante a pesar de que no lo entiendan
aquellos tontuelos que consideran que dado que el 7D no va “a pasar nada”, el
énfasis en esta fecha es parte del delirio psicótico que le endilgan al relato
oficial. Claro que no va a pasar nada si por “pasar algo” entendemos un “apagón”
de TN a las 23:59 o el suicidio televisado del empleado de Cablevisión Darío
Panico mientras el diario promueve esa sensación maravillosamente homónima. Eso
no va a pasar, justamente, porque no hay nada en la ley que vaya en ese
sentido. En otras palabras, lo que no va a pasar es lo que el Grupo Clarín
decía que iba a pasar como tampoco pasó nada cuando el gobierno declaró de
interés público la producción, distribución y comercialización del papel, y los
editorialistas auguraban que Clarín
saldría “flaquito” y La Nación
pasaría del formato sábana al pocket.
Tampoco se van a acabar otros problemas de los argentinos como la inflación, la
inseguridad o la pobreza como socarronamente otros tontuelos hacen notar para
banalizar la importancia de la ley. ¡Pues claro! ¡Es que se trata de una Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual! Lamentablemente, quienes argumentan
falazmente en esta línea recurren a un razonamiento bastante trillado que llevaría
a una parálisis del Estado en nombre de la urgencia. Sería algo así como “dado
que hay un chico con hambre, cualquier iniciativa del Estado en cualquier nivel
debe postergarse”. La falacia no está, claro, en darle relevancia al chico con
hambre sino en evitar la complejidad en el análisis del funcionamiento del
Estado y de las necesidades de la sociedad, además de promover el soslayo de la
pregunta acerca de qué poderes y que modelos económicos han hecho que ese chico
y esa familia estén en esa situación.
Retomando y
para decirlo con claridad: el 7D es una fecha de carácter fundamentalmente simbólico.
Con esto me refiero a que más allá de que todo slogan acaba simplificando una
realidad siempre más compleja, no es impropio afirmar que el 7D se ha
transformado en la fecha en la que se sintetiza una disputa que enfrenta a la
política y a la democracia con las corporaciones. Esto no significa que estemos
frente a un gobierno inmaculado que no incluya acuerdos explícitos o tácitos
con espacios corporativos. Ni siquiera significa que las corporaciones
económicas han perdido del todo su poder y se encuentran en el campo antagónico
del gobierno. No es eso pues ningún gobierno podría sostenerse teniendo a todas
las corporaciones en contra y el kirchnerismo no está planteando ni
“desalambrar” ni implementar la dictadura del proletariado. Pero que el grupo
que ha condicionado la vida de la democracia contemporánea de los argentinos
deba aceptar una ley que busca terminar con las posiciones dominantes, resulta
algo de un valor innegable. No está en juego la verdad contra la mentira. En
política no caben estas categorías propias de la teoría del conocimiento. Están
en juego proyectos de país complejos, heterogéneos, con tensiones y claramente
poco lineales, pero proyectos al fin. Nos puede gustar más uno que otro y
seguramente consideremos que hay uno que es mejor que el otro. Pero hay algo
que no puede pasarse por alto: si triunfa la política, triunfará la democracia
y la voluntad popular que permite, justamente, a través de los diferentes
mecanismos de participación ciudadana, decidir quién gobierna y qué leyes
necesita el país. Este triunfo será también un triunfo de aquellos hombres y
mujeres que llegan a considerar, incluso, que el kirchnerismo es el peor
gobierno democrático. Porque si la ley democrática es la que se impone, ellos
tendrán la certeza de que podrán generar una opción política capaz de exigir al
gobierno de turno escuchar sus reivindicaciones y eventualmente poder reemplazarlo
en próximas elecciones a través de la decisión de una mayoría de la ciudadanía.
En cambio, si triunfan las corporaciones habrá que acostumbrarse a que las
decisiones las tomen otros, unos poquitos, aquellos que a lo largo de la
historia argentina las han tomado casi siempre. Por ello, esa “D” no es sólo la
“D” de “diciembre”. Es la “D” de “decisión” y lo que está en juego es la
cuestión de quién decide, esto es, una pregunta bastante poco original que
generalmente se encuentra subsumida al interrogante central, aquel que lisa y
llanamente puede sintetizarse en la pregunta de dónde está el poder.
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