7D: con "D" de "Decisión" (publicado el 6/12/12 en Veintitrés)

Finalmente llega el 7D, esa clave alfanumérica que ha dado lugar a todo tipo de elucubraciones y que ha atravesado cada una de las acciones de los actores políticos del último semestre. Llega tras la innumerable cantidad de obstáculos que establecieron los poderes fácticos para intentar frenar la plena vigencia de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009. Si bien nadie dijo que iba a ser fácil, no lo ha sido ni lo será, pareciera que claramente la llegada de ese día es una derrota para el Grupo Clarín. Claro que no es definitiva ni mucho menos y, en este sentido, cabe afirmar, aun contra los ansiosos, que el 7D, más que una fecha de fin de ciclo, es una fecha de comienzo de un proceso que, en última instancia, puede llevar mucho tiempo más. Pero reducir el 7D al ámbito judicial supondría un análisis pobre, meramente técnico y, si bien no menor, secundario respecto de la importancia simbólica de la fecha. Pero extendiéndome algo más sobre el asunto, dígase que es de esperar que el Grupo Clarín no presente ningún plan de adecuación pues, naturalmente, la coherencia en su estrategia de apuntar a la declaración de inconstitucionalidad debe ser acompañada del desconocimiento de la ley y, por ello mismo, de la autoridad de aplicación (AFSCA). Esta estrategia legal también es parte del posicionamiento político del Grupo que ha decidido adoptar una postura de total confrontación con el gobierno sin ahorrar los más insólitos artilugios de manipulación reñidos con la realidad, la ética y la vergüenza.

Tal estrategia apunta también a la victimización y, como escribí aquí alguna vez, pretende que el gobierno pague un costo político enorme por el simple hecho de hacer cumplir la ley. En este sentido, al grupo no le importa pasar de hecho y de derecho a la clandestinidad. Lo que le importa es resistir y, si es posible, lograr intentar ser desalojados por la gendarmería mientras las cámaras cómplices de las corporaciones de medios del mundo editorializan advirtiendo una supuesta “chavización de la Argentina” (esto, por supuesto, es una opinión personal. Lo aclaro para que los abogados del grupo Clarín no me denuncien penalmente).

Pero para no adelantarnos tanto, entiéndase que desde el punto de vista técnico, el 7D es la fecha a partir de la cual la Autoridad de Aplicación tiene hasta 120 días para analizar las propuestas de adecuación de los grupos que voluntariamente acercaron su plan. Una vez aprobadas estas propuestas, los grupos en cuestión tendrán 180 días más para adecuarse, esto es, para desprenderse, de una u otra forma, de las licencias excedidas. En el caso de los grupos que no se presenten voluntariamente, los tiempos serán otros ya que, sobre ellos, AFSCA actuará de oficio y en el transcurso de 100 días iniciará el proceso de “adecuación compulsiva” que implica primero una tasación, luego la selección de las licencias que serán licitadas siguiendo el criterio de menor afectación patrimonial, más tarde el llamado a concurso, y, finalmente, la adjudicación y el traspaso. Llegado ese momento, es de esperar que nuevas instancias judiciales aparezcan en caso de que la cuestión de fondo siga sin resolverse y los abogados del grupo necesiten justificar sus suculentos honorarios.

Ahora bien, sin duda, la estrategia de judicialización de las corporaciones que ven afectados sus intereses hace necesario entrar en esta maraña judicial que nos obliga a todos a transformarnos en expertos de la terminología jurídica y a vivir en un clima enrarecido donde todo parece ser materia de pleito y donde necesitamos ascender hasta el cielo para ganar algo de aire puro como bien nos hacía notar burlonamente Aristófanes en su comedia Las Aves. Pero no es esto lo más importante a pesar de que no lo entiendan aquellos tontuelos que consideran que dado que el 7D no va “a pasar nada”, el énfasis en esta fecha es parte del delirio psicótico que le endilgan al relato oficial. Claro que no va a pasar nada si por “pasar algo” entendemos un “apagón” de TN a las 23:59 o el suicidio televisado del empleado de Cablevisión Darío Panico mientras el diario promueve esa sensación maravillosamente homónima. Eso no va a pasar, justamente, porque no hay nada en la ley que vaya en ese sentido. En otras palabras, lo que no va a pasar es lo que el Grupo Clarín decía que iba a pasar como tampoco pasó nada cuando el gobierno declaró de interés público la producción, distribución y comercialización del papel, y los editorialistas auguraban que Clarín saldría “flaquito” y La Nación pasaría del formato sábana al pocket. Tampoco se van a acabar otros problemas de los argentinos como la inflación, la inseguridad o la pobreza como socarronamente otros tontuelos hacen notar para banalizar la importancia de la ley. ¡Pues claro! ¡Es que se trata de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual! Lamentablemente, quienes argumentan falazmente en esta línea recurren a un razonamiento bastante trillado que llevaría a una parálisis del Estado en nombre de la urgencia. Sería algo así como “dado que hay un chico con hambre, cualquier iniciativa del Estado en cualquier nivel debe postergarse”. La falacia no está, claro, en darle relevancia al chico con hambre sino en evitar la complejidad en el análisis del funcionamiento del Estado y de las necesidades de la sociedad, además de promover el soslayo de la pregunta acerca de qué poderes y que modelos económicos han hecho que ese chico y esa familia estén en esa situación.          

Retomando y para decirlo con claridad: el 7D es una fecha de carácter fundamentalmente simbólico. Con esto me refiero a que más allá de que todo slogan acaba simplificando una realidad siempre más compleja, no es impropio afirmar que el 7D se ha transformado en la fecha en la que se sintetiza una disputa que enfrenta a la política y a la democracia con las corporaciones. Esto no significa que estemos frente a un gobierno inmaculado que no incluya acuerdos explícitos o tácitos con espacios corporativos. Ni siquiera significa que las corporaciones económicas han perdido del todo su poder y se encuentran en el campo antagónico del gobierno. No es eso pues ningún gobierno podría sostenerse teniendo a todas las corporaciones en contra y el kirchnerismo no está planteando ni “desalambrar” ni implementar la dictadura del proletariado. Pero que el grupo que ha condicionado la vida de la democracia contemporánea de los argentinos deba aceptar una ley que busca terminar con las posiciones dominantes, resulta algo de un valor innegable. No está en juego la verdad contra la mentira. En política no caben estas categorías propias de la teoría del conocimiento. Están en juego proyectos de país complejos, heterogéneos, con tensiones y claramente poco lineales, pero proyectos al fin. Nos puede gustar más uno que otro y seguramente consideremos que hay uno que es mejor que el otro. Pero hay algo que no puede pasarse por alto: si triunfa la política, triunfará la democracia y la voluntad popular que permite, justamente, a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana, decidir quién gobierna y qué leyes necesita el país. Este triunfo será también un triunfo de aquellos hombres y mujeres que llegan a considerar, incluso, que el kirchnerismo es el peor gobierno democrático. Porque si la ley democrática es la que se impone, ellos tendrán la certeza de que podrán generar una opción política capaz de exigir al gobierno de turno escuchar sus reivindicaciones y eventualmente poder reemplazarlo en próximas elecciones a través de la decisión de una mayoría de la ciudadanía. En cambio, si triunfan las corporaciones habrá que acostumbrarse a que las decisiones las tomen otros, unos poquitos, aquellos que a lo largo de la historia argentina las han tomado casi siempre. Por ello, esa “D” no es sólo la “D” de “diciembre”. Es la “D” de “decisión” y lo que está en juego es la cuestión de quién decide, esto es, una pregunta bastante poco original que generalmente se encuentra subsumida al interrogante central, aquel que lisa y llanamente puede sintetizarse en la pregunta de dónde está el poder.