Argumentos y desprecio por las instituciones (publicado el 19/4/12 en Veintitrés)

Finalmente, tras varias advertencias y amagues se oficializó el proyecto para expropiar el 51% de las acciones de YPF a la empresa española Repsol. El anuncio se esperaba el viernes pasado cuando comenzó a circular un borrador pero la presidenta escogió el lunes por la mañana cuando pocos lo suponían y prestigiosos editorialistas ya atribuían el silencio oficial a una marcha atrás producto de una reprimenda de Obama en la Cumbre de Cartagena.

Sin dudas, se trata de una de las 5 medidas más importantes del kirchnerismo en toda su historia, un hito de este tercer mandato junto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. 

A favor y en contra de dicha medida usted encontrará un sinfín de datos cruzados sobre los cuales no me interesa expedirme para no resultar reiterativo. Más bien, lo que deseo es indagar en algunas argumentaciones que han aparecido inmediatamente después del anuncio.

Un primer aspecto interesante es el de la prensa española. Por un lado, es necesario hacer notar que del mismo modo que ya casi no hay diferencias entre las políticas del PSOE y el PP, tampoco hay divergencias en las líneas editoriales de un diario de derecha como el ABC y un diario progresista como El país. De hecho, no sólo estos diarios sino la gran mayoría presentaron el proyecto del gobierno argentino como un ataque contra España. Naturalmente, la cercanía temporal hace que se comparen las líneas editoriales de tales diarios con la forma en que Clarín y La Nación en Argentina encararon el tema Malvinas, lo cual tienta a exacerbar el enano nacionalista que todos llevamos dentro. Sin embargo creo que es un error. No se trata de que los medios españoles sean nacionalistas y los argentinos cipayos. La variable identitaria nacional aquí no está jugando. Lo que los medios españoles y los argentinos defienden es el capital privado, los intereses de una empresa independientemente de la nacionalidad circunstancial de sus principales accionistas. Si tal capital se beneficia con una estrategia nacionalista no dudarán en regalar banderitas en su edición dominical; si, en cambio, los negocios se hacen con el capital extranjero, la edición sabatina traerá fascículos de educación cosmopolita y ciudadanía universal con posters desplegables de todas las etnias galácticas.

Dicho esto, lo que los medios españoles hacen es una gran puesta en escena en el marco de un contexto mundial donde la noción clásica de soberanía está puesta claramente en tela de juicio. En otras palabras, resulta absurdo suponer que en momentos donde el capital transnacional doblega a los Estados nacionales, los diarios, que son parte de multimedios, reflejen la perspectiva de los intereses de la nación. Es necesario, entonces, aggiornar el enfoque y entender que la noción de multimedios de capital transnacional supone la revisión de las fuentes, las perspectivas y los objetivos del periodismo. Evaluarlo en términos de “grados de cipayismo” es no comprender la actualidad del capitalismo.

Pero un segundo aspecto igualmente interesante me resultó el conjunto de argumentos de los que aparentemente se oponen a la medida en Argentina aunque, más bien, habría que ser precisos y decir que estrictamente nadie se opuso a la medida. Entiéndase bien: han desfilado cientos de referentes opositores enojados y pataleando pero si se profundiza en sus argumentos ninguno está en contra de la estatización, ni siquiera Macri que entre balbuceos consiguió afirmar que vería con buenos ojos una empresa mixta el estilo Petrobras. Así, incluso los economistas liberales o el establishment más recalcitrante reconoce que la privatización estaba teniendo resultados vergonzosos y que no hay país serio en el planeta que deje en manos privadas las decisiones en materia energética. Pero ¿cómo? ¿Acaso los opositores acuden a los programas de TV para felicitar a la presidenta?  No, pero esgrimen las siguientes razones: “se llegó a esto por culpa del gobierno”; “lo hacen por la caja”; “en 1992 Kirchner apoyó la privatización”; “se hace para tapar otros problemas como el caso Ciccone”; “falta un plan energético”; “la intervención la realiza De Vido y él es el culpable de las muertes en el tren de Once”; “lo tendrían que haber hecho mucho antes”; “se enojarán con la Argentina en todo el mundo”; “el problema energético de la Argentina no se soluciona con YPF”; “YPF ya no es lo que era antes“, etc. Usted habrá oído una y otra vez estos argumentos y algunos otros que escapan a mi memoria y sin embargo, insisto, si le presta atención, ninguno responde al eje del asunto, esto es: ¿la medida es correcta para los intereses de los argentinos o no? Sólo reflexionando sobre esta pregunta se notará que todos estos argumentos desvían el núcleo del asunto y que esto se debe a la profunda transformación cultural que vive la Argentina desde el año 2003, pues los actores que se oponen al gobierno son conscientes que al menos hasta hoy el kirchnerismo ha ganado la disputa ideológica y ha logrado convencer a una inmensa mayoría de la población de que resulta necesario un Estado activo y presente en sectores clave.

Por otra parte, aun si fuese verdad (algo, por cierto, discutible) que la culpa de la importación millonaria de energía es del gobierno, que lo hacen por la caja, que Kirchner apoyó la privatización, que se hace para tapar lo de Once, que tendrían que haberlo hecho antes, que los españoles están enojados y que el problema energético no se soluciona con YPF porque ya no es lo que era antes, ninguna de estas razones es suficiente para mostrar que la expropiación es un desatino. Dicho de otro modo: si un gobierno, de cualquier signo, cometió errores en el pasado, ¿se le va a achacar ser incoherente cuando decide cambiar para bien?       

Por último, el elemento más nocivo y preocupante, el poco respeto a las instituciones que demuestran quienes caen en lo que comúnmente se conoce como “falacia ad hominem”. Las falacias, claro está, son formas de razonamientos inválidos, una forma incorrecta de articular un pensamiento que tiene varias modalidades típicas. La más común es justamente esta que suele traducirse como “falacia contra el hombre” y que podría sintetizarse en la falsa suposición de que todo lo que diga o haga un hombre con alguna característica execrable debe invalidarse. En este sentido, caen en esta falacia quienes sostienen, por ejemplo, que un genocida asesino como Videla no puede más que decir mentiras o falsedades. Y sin embargo no es así: el peor demonio sobre la tierra puede realizar un acto elogiable o proferir verdades. En otras palabras, lo que la falacia  muestra es que el valor de verdad de un enunciado no depende de quién lo formule, del mismo modo que la virtud o el vicio de una acción debe medirse independientemente de las características personales del que la llevó adelante. ¿Acaso si Macri gana en 2015 y decide quintuplicar el presupuesto educativo, bautizar a la estación de subte del kilómetro 40, Ernesto “che” Guevara y denunciar a Clarín por sus negocios con la plata de los jubilados, nos vamos a oponer porque es Macri? Es más, ¿quitaríamos apoyo a tales decisiones porque no lo hizo mientras era Jefe de Gobierno de la Ciudad?

La gran paradoja es que el argumento que puede resumirse en la idea de que una acción deseable en manos de indeseables, se transforma en indeseable, es articulado por una gran mayoría de voces preocupadas por las instituciones republicanas. Se da así la particularidad de que quienes más dicen preocuparse por las reglas que por definición trascienden a los hombres, hacen énfasis constante en el nombre y apellido de quienes impulsan las medidas. Así no faltan quienes con descaro afirman “estoy de acuerdo con esta decisión pero en manos de los Kirchner son un peligro y por ello votaré en contra”. Extraño ardid de los republicanos vernáculos que “populistamente” acaban haciendo énfasis en el nombre propio de un líder para juzgar políticas de Estado y decisiones que trascienden ampliamente un gobierno particular.