La venganza de las armas (publicado el 22/3/12 en Veintitrés)

El intento de robo que sufriera el conductor de radio y televisión “Baby” Etchecopar acaparó la escena mediática de la última semana y reavivó una vez más el debate acerca de lo que se da en llamar “inseguridad”. Sin embargo, el caso tuvo una peculiaridad capaz de llevar la discusión algo más allá en la medida que incluyó las ventajas y desventajas de la tenencia de armas. Esto se vincula con que Etchecopar repelió el atraco utilizando una pistola calibre 9 milímetros, de su propiedad, lo que generó un intercambio de disparos infernal que tuvo como resultado un delincuente muerto, otro herido, el propio conductor internado con 3 balazos y su hijo, quien habría utilizado un revólver Magnum 357 también de su propiedad, en estado crítico.

Lo que está en juego aquí son dos cuestiones. La primera es la pregunta acerca de si la utilización de armas como autodefensa supone estar más seguro. Sobre este punto la estadística es demoledora y para conocerla basta leer las declaraciones de Darío Kosovsky, coordinador del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, quien consultado por el periódico Miradas al Sur mencionó que de las 9 muertes diarias que se producen en Argentina por uso de armas de fuego, sólo una cuarta parte se dan en ocasión de robo. A esto cabe agregarle los datos del Ministerio de Justicia del año 2008 en que se muestra que el 64% de los homicidios dolosos no ocurren durante un delito sino que se deben mayoritariamente a conflictos interpersonales entre “conocidos”. De esto se sigue que la tenencia de armas potencia fenomenalmente que discusiones o peleas por las que el común de la gente atraviesa varias veces en la vida, puedan desembocar en una fatalidad. En este sentido, es bienvenido el Plan Nacional de Desarme impulsado desde el Gobierno Nacional a través del cual ya se han recibido 127.000 armas de fuego y 1.000.000 de municiones. Sin embargo, si se toma en cuenta que éste número cubriría apenas el 5% de la circulación de armas, es evidente que queda mucho por hacer.

Pero lo que aquí me resulta más interesante es el debate conceptual que aparece cada vez que se está frente a un caso de esta naturaleza pues lo que está en juego es la existencia misma del Estado. A continuación, entonces, intentaré justificar esta afirmación remitiéndome a los orígenes del pensamiento político occidental en torno a la polis ateniense, probablemente, la más reconocida Ciudad-Estado de la antigüedad.

Para Aristóteles lo que define a una polis es un régimen de gobierno, una estructuración jurídica y política. Esta definición es clave porque es un paso superador respecto de las antiguas organizaciones en torno de familias y clanes donde el rasgo que constituía el “nosotros” era el de sangre. Dentro de un Estado, claro está, existen individuos que tienen entre sí una relación de parentesco pero lo que se privilegia es el bien común y lo que genera unidad es la aceptación de un régimen político ejercido sobre un territorio. Desde el punto de vista del Estado, entonces, lo que importa es que se sea un habitante de “este territorio” independientemente de a qué familia se pertenezca.

Pero para comprender esta caracterización ideal que propone Aristóteles, hace falta remitirse a las reformas que se fueron dando en los siglos anteriores y que permitieron alcanzar ese momento de florecimiento de la polis ateniense del siglo V A.C. Este fue el caso de las transformaciones que fueron implementando primero Solón, luego Clístenes y, por último, Pericles.

Los cambios introducidos por cada uno de ellos iban en la línea de socavar la fortaleza del vínculo tribal y familiar, y dividir el territorio en una serie de distritos comunales. Ahora bien, como usted se imaginará, estas transformaciones tuvieron consecuencias en los modos de entender la justicia y la ley, y es éste, justamente, el punto sobre el que me interesaría detenerme. La clave está, entonces, en el modo en que se resolvían los pleitos. Es decir, cuando el vínculo era tribal o familiar, las disputas se resolvían por la fuerza y en una escalada sucesiva y sin fin entre clanes. Así, si un miembro de una familia agredía al de otra, la respuesta seguramente exagerada no tardaría en llegar lo cual llevaría a un nuevo ataque y así sucesivamente. En este sentido, podría decirse que lo que había no era justicia sino una cadena de venganzas. Pero justamente, la aparición del Estado permitió centralizar el uso de la fuerza y quitarles esa potestad a las familias más fuertes. Esto se puso de manifiesto, por ejemplo, en reformas tendientes a reconocer al individuo como sujeto de derecho, lo cual permitía que el Estado intervenga tanto para protegerlo como para castigar a aquellos hombres y mujeres que actuasen por fuera de la ley.

Un elemento sintomático de esta transformación se puede hallar en el sentido que adquirieron determinadas palabras. Como bien indicaba el Doctor Conrado Eggers Lan quien fuera titular de la Cátedra de Filosofía Antigua en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, un ejemplo sería el término que se utilizaba para designar a un homicida. Antes de las reformas mencionadas, el término “audentes” significaba “aquel que mata a un pariente”. En otras palabras, el homicidio estaba vinculado al parentesco y un asesinato a alguien que no fuese miembro de la familia no era considerado estrictamente un homicidio; sin embargo, desde que la autoridad de los Estados se erigió por encima de la de las familias, la misma palabra pasó a significar “aquel que mata a un vecino”. Esto último muestra que lo que se está privilegiando es un vínculo territorial, el de la vecindad, y ya no el vínculo parental. Algo similar sucedió con el término étas que en Homero significaba “miembro del clan” y que paulatinamente se fue transformando hasta referir a “amigo” o, también, “vecino”.

Retomando entonces el caso Etchecopar, estas líneas deberían permitir afinar el debate. Es decir, no está en juego si el conductor actuó en legítima defensa o si lo está será un asunto que determinará la justicia pero que a los fines de estas líneas es completamente secundario; tampoco se está discutiendo lo que muchos comunicadores intentaban plantear, esto es, la forma en que cada uno reaccionaría si viese amenazada a su familia. Parece bastante obvio que frente a un potencial asesino de un familiar, si se lograse tener acceso a la posibilidad de disparar un arma, pocos dudarían en hacerlo. Pero lo que está en juego es, justamente, lo que implica ese “tener acceso a la posibilidad de disparar”. Para decirlo de otro modo, tener un arma como autodefensa genera un quiebre en esa concepción del Estado como aquel ente que monopoliza la fuerza y que permite dirimir los pleitos ante un juez imparcial que ponga límite a la cadena de sucesivas venganzas. Claro que habrá muchos, entre ellos el propio Etchecopar, que dirán que están armados porque el Estado no cumple con su misión de protegerlos. Frente a esa respuesta propongo, como contrapartida, generalizar las consecuencias de la acción de armarse. En otras palabras, se trata de preguntarse “¿qué pasaría si, suponiendo que el Estado ya no protege, todos tuvieran un arma como forma de autodefensa?”. Y allí creo que aparecerían la fuerza de las estadísticas mencionadas al principio, y la capacidad de abstracción para poder comprender que una sociedad en la que cada uno resguarde su seguridad con total prescindencia del Estado, sería una sociedad más violenta donde sólo gobernarían los más fuertes y en la que, por sobre todas las cosas, nadie podría estar seguro.