El ingreso por niñez: entre la focalización y la universalidad (publicado originalmente el 9/11/09 en www.lapoliticaonline.com)

Con el nuevo plan de ingreso por niñez, el gobierno no sólo ha logrado dar un salto cuantitativo en lo que respecta a combatir la pobreza y la indigencia sino que ha obtenido un triunfo en el plano discursivo instalando que es universal aquello que no lo es. En otras palabras, el ingreso a la niñez propuesto por el Gobierno, sumado al resto de los planes que directa o indirectamente benefician a los niños, incluye a millones de menores pero no a todos. Esta diferenciación entre un plan que beneficie a todos sin ningún tipo de exclusión y uno que beneficie sólo a aquellos que lo necesitan, generalmente es representado como la discusión en torno a una política pública universal o focalizada.
En este caso puntual, el modelo universal de ingreso a la niñez, abarcaría a todos los menores de 18 años independientemente de su contexto económico y social. El focalizado, en cambio, apuntaría a que el beneficio llegue “sólo” a los hogares pobres. Si bien uno y otro modelo son apoyados por actores de ideología disímil, de buena parte de los debates suele seguirse que el ingreso universal se caracterizaría por ser una política progresista, frente a la focalización clientelística que estimularía el Gobierno. Considero que esta es una simplificación propia de cierta visión demasiado lineal de las cosas.
Conceptual e históricamente, la visión universalista es el correlato de las ideas emergidas en el siglo de las luces y que han tenido su complemento político necesario a lo largo del siglo XX con la inclusión plena de las mujeres a la ciudadanía. Que jurídicamente todos seamos iguales, a pesar de nuestras diferencias físicas, es una conquista contra todo tipo de discriminación. Sin embargo, diferentes comunidades en el contexto de las problemáticas específicas de cada sociedad han denunciado que la igualdad de oportunidades es solo presunta. De esta manera, grupos étnicos y religiosos, minorías sexuales, mujeres y desclasados en general, han levantado la voz exigiendo algún tipo de política específica focalizada en el grupo en cuestión para que aquella igualdad ideal se transforme en un hecho. Esta política focalizada, conocida como discriminación positiva o affirmative action, es la que introdujo el cupo femenino en la legislatura de una decena de países; el otorgamiento de la propiedad colectiva de la tierra a comunidades indígenas de buena parte de Sudamérica; el cupo especial para estudiantes negros en las universidades de Brasil y Estados Unidos entre otros y diferentes derechos especiales para determinadas comunidades en el ámbito educativo a lo largo de todo el planeta. Sin dudas, todas estas medidas focalizadas son profundamente progresistas y quedó de manifiesto el beneficio producido frente a una universalidad que en su recelo hacia la diferencia a veces resulta incapaz de dar cuenta de la diversidad. En el caso específico del ingreso por niñez en Argentina hay un sinnúmero de razones a favor y en contra de cada modelo además de elementos técnicos muy puntuales que no pueden pasarse por alto. Por ejemplo: la política focalizada del Gobierno, a través de los diferentes planes sociales, ya cubría, antes del anuncio, de alguna manera, a casi el 80% de los menores de 18 años, con lo cual se trataba de una “focalización casi universal”. Con la novedad de la propuesta del ejecutivo alcanzaríamos un número todavía superior con lo cual llegaríamos a una suerte de universalización como suma de focalizaciones, lo cual, por cierto, como se verá a continuación, aunque no parece la mejor opción en tanto no comprende que el salto del “foco” al “universo” es cuali antes que cuantitativo, supone una mejora relevante al menos en el corto plazo además de operar como un buen incentivo para inyectar pesos en el mercado interno.

Como varios estudios lo demuestran, que todos los niños puedan recibir una suma fija por mes supone una erogación inmensa por parte del Estado. Esta dificultad puntual se complementa con otras propias del modelo y que, en este caso, supone que apoyados en la universalidad, el dueño de un country reciba por su hijo lo mismo que recibe el padre indigente por cada una de sus 6 criaturas. Sin embargo, la universalización tiene a favor un ahorro importante en burocracia y la posibilidad de eliminación de las mediaciones, a veces clientelares, que suelen necesitar los planes focalizados. Por su parte, el modelo focalizado, aun cargando sobre sus espaldas el costoso gasto en cuadros técnicos de todo tipo, puede resultar más justo en tanto permite un seguimiento de las diversas problemáticas de cada uno de los casos. Asimismo, si bien pueden propiciar relaciones clientelares, también puede no hacerlo cuando está a cargo personas honestas que conocen el barrio y a las familias que necesitan ayuda, algo que al Estado le resulta casi imposible. Son estas mismas redes las que también pueden permitir que niños que ni siquiera tienen documentación y que resultan “invisibles” para las políticas universales del Estado, realicen los pasos necesarios para alcanzar los beneficios.
En síntesis, la propuesta del gobierno es una medida importantísima en pos de crear derechos allí donde parecía no haberlos. Que este tipo de ayuda se naturalice sería el mejor legado que el plan puede dejar y más allá de que la medida tenga también la lectura política de haberle quitado a la oposición una propuesta “políticamente correcta” incluso sostenida por sectores de derecha que “corrían al Gobierno por izquierda”, el ejecutivo debiera tomar conciencia que resulta falso adscribir al modelo de la universalidad un carácter progresista en sí puesto que ambos modelos tienen elementos a favor y en contra. Descansar abstractamente en las bondades de un modelo u otro, sería un error producido por el soslayo de las particularidades de sus entornos de aplicación.