Hostigamiento personal y persecución política

Estimados amigos: cuando en el mes de febrero comenzó, a través de las redes sociales, el hostigamiento sistemático de una ex pareja con el fin de dañar mi imagen pública, opté por no ingresar en el circo mediático al que se me invitaba. Toleré las injurias más aberrantes porque desde una primera carta en Facebook en la que se me atribuía haber ejercido violencia psicológica por, presuntamente, sugerirle a mi pareja que se depile y que no eructe, y, presuntamente también, burlarme de una amiga y de una abuela y haber hecho que se retirara antes de su cumpleaños (SIC), la mala fe y la ignorancia del enjambre cibernético y de redactores de portales de tercera línea que no podrían aprobar un examen de lectocomprensión, transformó aquella carta donde se me imputan hechos falsos, en un testimonio por el cual yo, de repente, me habría transformado en un abusador, un violador, un acosador, un golpeador y hasta un pedófilo. Quien haya seguido el desarrollo de la noticia dará cuenta de lo que aquí menciono.

Como lo que se buscaba era mi destrucción psicológica y tal destrucción no se efectivizó, la hostigadora, muy bien asesorada, decidió llevar el asunto a mi lugar de trabajo, la Universidad de San Martín y la UBA. Y allí el acoso personal que había empezado a producirse exactamente un día después de que yo decidiera finalizar la relación con mi ex pareja por las razones normales por las cuales uno suele terminar sus relaciones, se transformó en persecución política de agrupaciones de ultraizquierda de la Universidad y de los medios hegemónicos. Naturalmente, haber trabajado en 678, haber publicado libros críticos hacia el periodismo y haber hecho política en la Universidad iba a tener sus costos, así que nada de esto me sorprendió pero nunca imaginé un montaje tan artero basado en una mentira flagrante y detrás de una bandera encomiable por la que siempre milité desde el territorio y desde la academia. Me refiero, claro está, a los derechos de las minorías y a las políticas de género, temas que abordé en cursos de posgrado y en mi tesis de doctorado.

En ambas universidades, por la violenta presión de algunas agrupaciones de ultraizquierda, se me iniciaron informes sumariales, es decir, investigaciones (cabe aclarar que un informe sumarial no es una prueba en contra ni una sentencia sino simplemente un pedido de información el cual puede arrojar indicios hacia la culpabilidad o la inocencia). ¿Por qué sucedió esto? Porque la hostigadora, bien asesorada y más de 40 días después de comenzar su acoso en las redes, hizo una denuncia civil en la Oficina de Violencia Doméstica cuya carátula es Violencia familiar (aclaro todas estas cosas porque la imprecisión de las redes y de algunos medios es alarmante). En denuncias de ese estilo, el juez (o la jueza) pregunta a la denunciante qué desea y si ésta afirma tener miedo es natural que se imponga lo que se conoce como una cautelar de restricción que, en este caso, fue por 60 días (entre abril y junio). Una vez más, por ignorancia o por mala fe, la existencia de una orden de restricción fue presentada como una “prueba” en mi contra cuando de ninguna manera lo es. ¿Por qué? Porque la ley es clara en eso e indica que se trata de una cautelar, esto es, una medida que se toma “por las dudas” hasta que se investigue y que no supone ningún indicio de culpabilidad sobre la persona a la que se le aplica (en palabras de la propia jueza y basándose en la ley 24.417: “el dictado de tales medidas [cautelares] de ningún modo implica un decisorio de mérito que declare a alguien como autor de los hechos que se le atribuyen”). Está muy bien que la justicia adopte esas medidas porque mientras se investigan denuncias de ese tipo es importante proteger a quien dice ser víctima. Si los hechos denunciados se confirman la víctima estuvo protegida; y si los hechos denunciados son falsos, una orden de restricción de 60 días no genera mayores inconvenientes para el apuntado, salvo que, por mala fe o por ignorancia, intente presentarse esa restricción como prueba en su contra. Y esto último fue lo que ocurrió pues esa orden de restricción fue presentada ante las autoridades de ambas universidades como prueba y vino acompañada del pedido de separación del cargo o, en su defecto, suspensión preventiva. El pedido era insólito no solo porque de lo que se me acusa es falso, sino porque existe el principio de inocencia y porque la persona que me hostiga no es alumna ni de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA ni de la UNSAM. A su vez, los hechos que narra, los cuales, insisto, son absolutamente falsos, aun si hubieran ocurrido, no habrían sucedido en un ámbito donde la Universidad sea competente (en UBA la hostigadora fue acompañada por una ex pareja mía con la que tuve un noviazgo allá por 2008. En todos estos años nunca manifestó ninguna acusación contra mí y hasta soy amigo de parte de su familia; es más, en diciembre de 2015 me presentó a su marido y a su hijo y hasta se preocupó por el destino del programa de TV en el que yo participaba. ¿Qué fue lo que hizo que, de repente, lanzara, en la Universidad, acusaciones tan graves? Lo desconozco. Con todo, tales acusaciones, según ella misma manifestara, fueron rechazadas de plano en la Justicia).

Tras actos violentos y amenazas de las cuales hay testimonio fílmico y que constan en actas, ambas universidades decidieron adoptar para conmigo la figura de una “eximición” de dar clases. Ni me echaron, ni me suspendieron, como se encargan de propagar los medios hegemónicos y medios menores que publican como noticia las gacetillas de prensa de las agrupaciones de ultraizquierda. Simplemente dijeron que hasta que se terminen los informes sumariales lo mejor era eximirme de la responsabilidad de estar al frente de un curso sobre todo por las amenazas públicas que venía recibiendo (amenazas de impedirme ingresar a la Facultad, de escracharme y de golpearme). Mi intención era continuar dando clases porque quitarme la posibilidad de ejercer el laburo que realicé durante 17 años era un triunfo de la barbarie y de los violentos pero quizás haya sido la mejor decisión. En el caso de la UBA la eximición llegó en agosto, una semana después de que apareciera el dictamen del Asesor legal de la Facultad, quien, habiendo analizado el expediente, los testimonios de las denunciantes y mi descargo, determinara lo que transcribo a continuación: 

  De dichas copias surge que existe un órgano judicial que se encuentra juzgando la conducta de Dante Palma, vinculada con su relación de pareja con J. M. G.

         Entiende esta Asesoría Legal que no pareciera jurídicamente viable que esa conducta sea juzgada por organismo administrativo alguno de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ya que se trata de cuestiones, se reitera, vinculadas con la relación de pareja citada.

         En caso de que la Justicia encuentre responsable al Profesor Palma de algún tipo de violencia de género cuya víctima haya sido J. M. G. será viable el análisis de una sanción académica contra el dictado docente.

3-       En cuanto a los hechos denunciados por S. C., no surge del expediente administrativo prueba alguna que posibilite la investigación sobre conductas del Prof. Palma que pudieran no estar prescriptas.

         Es decir, si surgieran de alguna investigación conductas sancionables, no pueden ser las relacionadas con lo expuesto por S. C., debido a que son hechos que acaecieron antes del año 2011.

         Más allá de eso, debe tenerse presente que la denunciante no es ni ha sido alumna de esta Facultad, el Profesor Palma informa que nunca fue alumna de él en institución alguna y los hechos narrados por la denunciante no sucedieron en sedes de esta Facultad.

4-       Finalmente, se remarca que no constan en el expediente denuncias y/o testimonios sobre situaciones de abuso de poder y/o violencia de género que pudieren haber sido desarrolladas por Palma en su condición de docente en períodos no prescriptos, pese a que el inicio de la investigación sumaria fue decidida por el Consejo Directivo en sesión pública, que dicho inicio fue ampliamente publicitado en medios gráficos y virtuales y que la Decana, tanto en la sesión del Consejo Directivo del 5 de Abril del 2016 como en el Comunicado de Decanato N° 2 del 6 de Abril de 2016 (publicado en la pagina web de la Facultad), informó la dirección de mail en la que pueden realizarse las denuncias sobre violencia de género.[El subrayado es mío y, para proteger la identidad de las denunciantes, reemplacé sus nombres por sus iniciales]

El dictamen es tan claro que me exime de cualquier comentario. Sin embargo, miembros del Consejo Directivo de la Facultad siguieron sosteniendo que debía apárteseme del cargo. Después de leer esto: ¿hay alguna duda de que se trata de una persecución política?

Pero déjenme contarles una cosa más: cuando la persona que me hostiga presentó su denuncia civil que derivó en la automática cautelar de restricción, con mis abogados mostramos el modo en que quien decía tener miedo realizaba todo tipo de acciones para inducirme a que viole la restricción, algo que hacía arrobándome y amenazándome en redes sociales, llamando por teléfono a mi casa y presentándose a mis lugares de trabajo. Es raro que una persona que dice tener miedo intente contactar a quien dice temer y que el supuesto monstruo que la atemoriza no haga nada para contactarla, ¿no? Ese mismo razonamiento debe haber hecho la jueza de la causa civil pues en un principio la intimó a que dejara de intentar contactarse conmigo y a realizar publicaciones que afectaran mi intimidad. Como eso no sucedió, hizo algo que sucede muy pocas veces. ¿Saben qué? Le impuso una orden de restricción a ella. Sí, leyeron bien: la misma jueza que me había impuesto la restricción a mí le impuso una restricción perimetral a ella. La propia hostigadora lo reconoció en Facebook pero luego borró todo pues el hecho no la dejaba bien parada. Por suerte y tal como debe ser, por cierto, no hubo una campaña en redes contra ella, ni las agrupaciones de ultraizquierda la fueron a escrachar ni nadie le impidió cursar su CBC en la Facultad de Sociales ni nadie pidió que se le inicie un sumario en su Facultad o se la apartara de su condición de alumna hasta que el sumario finalice.

Por último, les cuento que desde febrero hasta hoy recibí, como les decía, amenazas de todo tipo incluso de muerte; escraches; perdí un trabajo en un portal de noticias por el acoso sistemático de cuentas bastante particulares; hasta el día de hoy se acosa incluso  telefónicamente a los responsables de la radio en la que trabajo exigiendo que se me quite del aire, lo que configura un flagrante caso de atentado contra la libertad de expresión. Asimismo, la persona que me acosa se ha encargado de hostigar incluso a amigos míos vía redes y telefónicamente; ha habido sugestivas cadenas de whattsap en las que se intentó difundir las barbaridades que se me endilgan y se publicó el teléfono de mi casa y mi celular al igual que el de mi madre. No conforme con ello se crearon cuentas en Twitter exclusivamente para difamarme así como páginas de Facebook y eventos en los que muy republicanamente se invita a “pegar una patada en el orto colectiva a Dante Palma” (SIC); la misma hostigadora, que brindó su testimonio a paladines del periodismo independiente como Eduardo Feinmann, Ángel de Brito y Ari Paluch, afirmó que un familiar directo mío tenía antecedentes de abuso en la Universidad, lo cual es, nuevamente, una enorme mentira. Sin embargo, la calumnia de la hostigadora fue levantada por el diario Clarín quien al lado de ello publicaba una dirección de mail donde denunciarme. Creo que no hace falta continuar y la extensión seguramente disuadirá a los que leen y acusan a través de información fragmentaria. Lo siento pero a veces la verdad es compleja y merece un desarrollo. Entonces, soy inocente; no existen decenas de denuncias penales como dicen agrupaciones de ultraizquierda ni la persona que obsesivamente me persigue hace 6 meses:  hasta el día de hoy solo fui notificado de una denuncia civil en la que la denunciante acabó teniendo una orden de restricción por la que no puede acercarse y aun cuando no existiera esa restricción contra ella, es la denunciante quien tiene la carga de la prueba y quien debe demostrar que soy culpable de lo que se me endilga; no me echaron de ninguna Universidad; seguiré defendiendo mis ideas aunque me cueste persecuciones como éstas y seguiré defendiendo a muchos de los que piensan como yo aunque, por miserabilidad o por ignorancia, elijan juzgarme mediáticamente. En cuanto a los que se encargan de difamarme arteramente por su incapacidad al momento de enfrentar una discusión política, no les deseo lo mismo que me están haciendo a mí sino, simplemente, la condena de convivir con un espejo que les devuelva su imagen. Por último, como en su momento prometí, hablaré del tema solo cuando haya novedades en el terreno jurídico e institucional que es donde este tipo de acosos y persecuciones basados en mentiras, finalmente, caen. Los quiero mucho. Gracias por estar allí y les pediría que hagan circular esta carta porque ni Clarín ni los youtubers de alguna patrulla fascista de ultraizquierda que se encarga de perseguirme y hasta de editarme la biografía en wikipedia, lo hará. Hasta pronto.