El nuevo mapa político (publicado el 3/3/16 en Veintitrés)

“¿Usted está de acuerdo con la reforma del Artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?”. Quédese tranquilo que no estoy abogando por un “Macri eterno”. Se trata, simplemente, de la pregunta del referéndum constitucional boliviano que se celebró el domingo 21 de febrero y que había sido impulsado por el gobierno para dejar abierta la posibilidad de que Evo Morales y Álvaro García Linera pudieran volver a presentarse como candidatos a presidente y vice, respectivamente, en las elecciones que determinarán quién ocupará el Palacio Quemado a partir de 2020. El resultado, que tenía carácter vinculante, arrojó un ajustado triunfo del No (51,39% contra 48,69%) y significa, sin dudas, un paso más hacia lo que pareciera ser una reconfiguración del mapa político de Latinoamérica. Con todo, cabe hacer algunas salvedades: el resultado no deja de ser exiguo si se toma en cuenta que el MAS gobierna Bolivia desde 2005 y además se da en un referéndum, consulta donde lo que suele suceder es que electores enormemente diversos acaban aglutinándose detrás de un sí o un no para, al día posterior, volver a disgregarse. En otras palabras, un referéndum de este tipo favorece la polarización pero no garantiza que esa polarización pueda sostenerse cuando se voten candidatos. Naturalmente, la oposición al MAS presentará este resultado como un camino inexorable hacia el fin de Evo Morales pero en su foro interno sabrá que será muy difícil trasladar automáticamente ese 51% a un candidato opositor, pues lo único que los reúne es el voto contra Evo y contra las reelecciones (casi) indefinidas pero no más que eso, al menos, por ahora. En cambio, quienes votaron por el Sí, probablemente, votan por Evo independientemente de si ese voto supone una reforma constitucional. Quieren que siga Evo y entonces votan lo que Evo pide, lo cual, por cierto, no es para nada irracional.

Como solemos decir en esta revista, desde una perspectiva amplia, tiene sentido hablar de “gobiernos populares” en Latinoamérica y allí incluir a referentes con trayectorias, construcciones y experiencias políticas de lo más diversas y que, en todo caso, tienen en común haber sido la respuesta a las demandas populares tras la larga década neoliberal que gobernó la región durante los años 90. Pero Chávez no es Kirchner, ni Lula es Correa, Ni CFK es Evo porque Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia, si bien comparten un pasado común, tienen dinámicas políticas propias. Y a su vez, de todos estos procesos, puede que el boliviano sea el más radical, en el sentido de que logró unir, con éxito, a un dirigente sindical aymara con un intelectual neomarxista que estuvo preso acusado de participar en acciones guerrilleras. En uno de los países más pobres de la región, el “populismo” del MAS alcanzó un inédito crecimiento sostenido del PBI, acumuló reservas, generó políticas de inclusión y tuvo la capacidad, no sin tensiones, claro, de poder liderar los heterogéneos espacios y las heterogéneas identidades de la plural Bolivia generando, a su vez, una Constitución enormemente original que hasta el día de hoy sigue siendo objeto de estudio y faro para asentar las bases de un nuevo tipo de Estado.

Sin embargo, también es verdad que hay elementos comunes a los procesos por los que deben atravesar estos gobiernos populares. No solo tienen en común que sus adversarios parecen extraídos de la misma matriz, sino que hay una dinámica vinculada a las formas de liderazgo y a la política económica y social de los gobiernos populares que parece generar las propias condiciones de destrucción del proceso. Por supuesto que no lo decimos en los términos marxistas de una necesidad histórica, pero tanto en Argentina, como en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil hay al menos dos elementos a resaltar que han sido inherentes a los procesos históricos que se desarrollaron fuertemente desde el comienzo del siglo XXI en la región. El primero, que en Argentina lo conocemos bien por haber transitado el peronismo, es el problema de la sucesión del líder; y el segundo podríamos explicarlo sintéticamente así: los gobiernos populares tienen más resistencia en las clases medias y sin embargo son los que más han contribuido al crecimiento y al fortalecimiento de esas mismas clases medias que luego los rechazan.

Sobre la primera cuestión, la experiencia histórica no permite ser demasiado optimista pues de hecho, buena parte de la turbulencia política de la década del 50, 60 y 70 en la Argentina tuvo que ver con la disputa acerca de quién o quiénes serían los ungidos por “el General”. Con menos dramatismo, sin proscripciones y sin sangre derramada, en la actualidad, el resultado de las últimas elecciones también puede leerse como parte de un proceso que tenía como principal dificultad la ausencia de referentes que pudieran hacerse cargo del legado kirchnerista. Si esto se debió a limitaciones de los aspirantes o a mezquindades de la conducción poco importa. Lo cierto es que a pesar de conocer, ya desde 2013, que era imposible una nueva reelección, el kirchnerismo no quiso/no logró/no supo/no pudo construir un heredero. La situación de Chávez fue similar más allá de que el hecho de saberse con una enfermedad terminal hizo que ungiera públicamente a su sucesor (algo que puede servir para ganar elecciones pero no necesariamente para sostener la gobernabilidad y aplacar las internas). Correa también tiene dificultades para seleccionar un sucesor y parece estar obligado a jugar sus cartas hacia una nueva reelección. Y la única excepción en este sentido parece haber sido la de Brasil, en la que Lula y Dilma pusieron funcionar como un “matrimonio político” independientemente de las enormes dificultades de gobernabilidad por las que atraviesa nuestro vecino país. 

En lo que respecta al segundo aspecto, pareciera tratarse de una paradoja irresoluble pues una fuerte inversión pública, el fomento del mercado interno, políticas sociales inclusivas y un Estado presente en materia educativa y salud, han generado ascenso social. Y sin embargo, esos sectores que se han visto favorecidos han elegido, con el correr de los años, a candidatos que promueven políticas contrarias a esas conquistas. Probablemente la llave del asunto está en que “clase media” es una categoría cultural y no económica. Esto significa que no tiene sentido decir “si alguien gana un peso más que tanto es de clase media y si gana un peso menos que tanto es de clase baja”. Si bien dentro de la clase media hay muchas “clases medias”, buena parte de estas clases medias son antipopulares salvo cuando la crisis económica las golpea de lleno. De aquí que el “piquete y cacerola la lucha es una sola” que sonaba en 2001, haya sido un encuentro absolutamente circunstancial que apenas algunos años después volvería a su tensión histórica, aquella en la que la clase media entiende a la protesta social y a los excluidos como un problema de tránsito.

No se me ocurre cómo los procesos populares pueden eludir este fenómeno que históricamente ha puesto límites a este tipo proyectos y no me satisface abogar por una abstracta necesidad de “brindar la batalla cultural” más allá de que algo de lo que allí pueda incluirse seguramente brinde alguna respuesta. En cuanto a la problemática de la sucesión en los liderazgos fuertes, bien podría discutirse hasta qué punto es posible avanzar en cambios radicales sin ese tipo de referentes pero independientemente de cuál sea la respuesta, nos guste o no, las sociedades occidentales de la actualidad mantienen cierto recelo hacia la posibilidad de mandatos que se extiendan indefinidamente o por largo tiempo. En este contexto, Evo Morales tiene una ventaja: le quedan cuatro años para ayudar a erigir un sustituto que demuestre que, si bien lo que se ha hecho en Bolivia ha sido posible por un hombre, la única garantía de que ese legado sea estable, es, justamente, que sea capaz de trascender la vida de ese hombre.