A una semana de las elecciones presidenciales que, como indican todas las encuestas, llevarían a Cristina Fernández (CF) a la presidencia sin mediar una segunda vuelta, existe un uso y abuso de políticos y analistas respecto de la necesidad de realizar un “pacto de la Moncloa argentino”. Todo el arco político, desde Macri, pasando por Carrió hasta la propia CF, hablan de trasladar a nuestro país el espíritu del pacto que dio origen a la etapa democrática española y del cual, casualmente, en estos días, se cumplen 30 años.
Ahora bien, ¿qué quieren decir estos actores de la política cuando recurren a esta figura del pacto? Aparentemente se trata de sentar unas bases comunes entre los partidos políticos, los sindicatos y los empresarios de manera tal que se asegure una continuidad político-institucional y económica en el mediano y en el largo plazo.
Está claro que pedir un pacto de la Moncloa argentino es políticamente correcto tanto como la idea de consenso y de reconciliación. Sin embargo, seguramente, para los diferentes actores de la política argentina estos términos deben tener significados diversos.
Por lo pronto digamos que el contexto argentino en la actualidad, por suerte, dista mucho de aquel que dio origen al pacto en España: sabemos que la muerte de Franco en el 75 tuvo como herencia inmediata en el plano político toda la inestabilidad propia que sucede a una dictadura que en este caso había durado 40 años; a su vez, en el plano económico había recesión, desequilibrio en la balanza de pagos, inflación y endeudamiento. Esto hizo que en el 77, el gobierno de Suárez firmara un pacto político y económico ratificado por todo el arco parlamentario que sentaría las bases de lo que finalmente sería la nueva constitución española, y catapultaría el despegue económico de España y su “inserción” a Europa.
Trasladado a la Argentina, este pacto “fundacional” parecía más necesario en el 2001 cuando un diario francés tituló “La Argentina no existe más” pero parece exagerado plantearlo en estos términos hoy. Sin embargo, está claro que nuestra sociedad se encuentra lejos de haber eliminado tensiones de lo cual se sigue que tal vez un pacto que recupere este espíritu podría ser importante.
Pero aquí hay varias cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, como es de suponer, seguramente el oficialismo será más reticente a pactar. No sólo porque estamos lejos de una crisis terminal sino porque parece haber un amplio apoyo de la ciudadanía a la gestión. Por otra parte, este oficialismo de extracción peronista sea lo que fuese que este término signifique hoy, parece tener garantizada, por su pertenencia, un margen de maniobra y gobernabilidad alto (algo que no sucedería con la oposición, pues, no debemos olvidar las dificultades que han tenido todos los gobiernos no peronistas para terminar sus mandatos en los últimos 60 años). Pero también debemos tener en cuenta que hace falta una oposición robusta y crítica y no rezongona y rapiñera.
En otras palabras, la posibilidad de un pacto social supone no sólo un gobierno abierto al diálogo lo que, dicho de otro modo, supone aceptar errores; también necesita una oposición dispuesta a aceptar aciertos. Como comenté en un artículo algunas semanas atrás, la única oposición crítica y razonable parece la de Binner en Santa Fe pues tiene la suficiente honestidad para reconocer aciertos sin ser condescendiente ni aliado del gobierno. En el resto de la oposición no veo esa actitud. Más bien, noto que, más allá de la apatía general, conforme se acerca la elección, los bandos parecen radicalizarse entre aquellos antikirchneristas que ven en cada acción de gobierno un elemento criticable y un bando kirchnerista algo miope a la hora de reconocer algunos errores.
Pero, por otra parte, hay una cuestión de fondo que nunca se expone y sería: ¿cuál va a ser el contenido del pacto? Está claro que no resulta trivial esta pregunta y que los actores que lo promueven parecen suponer ingenua o maliciosamente que este contenido es accesible a todos de manera objetiva, que los actores de la negociación, por una suerte de mano invisible y justa, redondearán un acuerdo en el que todos resulten perjudicados y beneficiados por igual. En este sentido me permito ser escéptico y me gustaría ensayar algunos posibles problemas que podrían surgir y que se vinculan con lo dicho anteriormente.
Supongamos que el gobierno se abre al diálogo y allí la oposición examina algunos de los gestos del gobierno. Señalaré los que desde mi punto de vista resultan aciertos importantes de esta gestión algunos de los cuales resultan casi fundacionales. ¿La oposición aceptaría la independencia de la Corte suprema? Supongo que sí. ¿Y aceptaría la política de derechos humanos que entre otras cosas anuló las leyes de punto final y obediencia debida lo que ha permitido juzgar a genocidas como Von Wernich? Ahí ya no estoy tan seguro puesto que, como lo han dicho públicamente muchos representantes de la derecha, “no hay que abrir las heridas del pasado. Hay que pensar en el futuro y reconciliarnos”.
Otro elemento fundacional sería el de la relación con los acreedores internacionales. Este gobierno, contra la opinión generalizada de gurúes y operadores, la cual en algunos casos llegó hasta la mofa, logró una quita del 75% sobre una parte de la deuda. Además comenzó una política de desendeudamiento y posterior independencia del FMI y haría lo propio con el club de París. ¿Qué diría la oposición sobre este asunto?
Otro paso de este gobierno que a mí me resulta positivo pero que no sé cómo sería tematizado por la oposición en el “pacto”, sería la reforma previsional que permitió que se pudiera volver a elegir entre el aporte a las AFJP y el sistema de reparto evitando, creo yo, una de las más importantes estafas con la que nos íbamos a sorprender los argentinos en unos años.
Otro elemento fundacional es el del modelo de país. Este gobierno ha dado algunas señales para intentar retomar la senda de la industrialización lo cual es acompañado por unas medidas de coyuntura como un dólar altamente competitivo. ¿Habrá consenso sobre este punto?
Por último, la interesante política en el área de salud llevada adelante por Ginés García, con la ley de genéricos, la ley de salud reproductiva y el fomento de apertura al debate de temas espinosos y silenciados como el aborto y la eutanasia parecen también de dudoso consenso.
Una vez aclarados los que para mí son aciertos del gobierno viene la pregunta acerca de cuáles son los déficit del mismo, los cuales, supongo, serían señalados por la oposición. Aun suponiendo que hubiera acuerdo en los puntos anteriores (lo cual descarto por completo) cabría preguntarse: ¿no es posible una mayor redistribución de la riqueza? La política económica ha sido eficaz al bajar la pobreza a la mitad pero aún quedan 10 millones de argentinos pobres. Otro punto donde el gobierno ha avanzado pero no lo suficiente tiene que ver con la calidad del empleo: todavía hoy casi el 50 porciento de la población tiene un empleo informal.
Asimismo de la mano del empleo en blanco y la redistribución de la riqueza viene la pregunta acerca de los impuestos. ¿No habría que hacer una reforma tributaria de manera tal que el sistema fuera menos regresivo de lo que lo es hoy?
Otro tema espinoso: los subsidios y las empresas de servicios. Está claro que con el fin de evitar la conflictividad social el gobierno ha estado firme frente a cualquier intento de aumento de tarifas. Claro está que esto, en algunos casos, se ha hecho a base de subsidios que suponen un gasto cada vez más grande para el Estado. Dejar de subsidiar, por ejemplo, los transportes, supondría un aumento de proporción sobre el boleto y, por ende, sobre el bolsillo. Sin embargo, ¿es justo un subsidio indiscriminado por el cual el que toma la línea H a Pompeya paga lo mismo que el que toma la D hasta Juramento? Lo mismo sucede con el gas oil, etc.
Por otra parte, los planes Jefes y jefas de hogar, por suerte, son necesitados por menos gente hoy. Sin embargo, podríamos preguntarnos si es la mejor manera de llegar a los que más lo necesitan y si no sería mejor algún tipo de salario familiar de alcance universal por hijos o alguna propuesta en esa línea.
Un tema recurrente y que seguramente será uno de los que más preocupa es la relación entre los sindicatos y los empresarios. Como bien sabemos, el salario en blanco ha crecido más que la inflación desde 2003 y se ha vuelto a la saludable tarea de rediscutir periódicamente la recomposición salarial. Cada vez que esto sucede, los operadores de prensa dejan entrever la idea de que el aumento de los salarios genera inflación. Lo que no se dice es que en las últimas décadas y hasta el 2003 la proporción de la torta que se llevan los trabajadores ha ido decreciendo y que si bien ha habido avances en esa línea hay mucho terreno por recuperar.
Por último, el gobierno ha dado algunas señales contra las empresas de servicios privatizadas devolviendo al Estado alguna de ellas. Sin embargo, resta discutir una política global que, por ejemplo, nos diga qué hacer con los recursos energéticos que hoy no se encuentran en manos del Estado argentino. Salvo sectores de izquierda, son pocos los que hacen hincapié en este punto.
La lista de tema puede seguir pero temo aburrir. Como se ve, el pacto de la Moncloa argentino supone no sólo un gobierno abierto al diálogo y una oposición no mezquina. Eso es importante pero no resulta tan relevante como el problema de fondo que es: cuál va a ser el contenido del pacto? En otras palabras, ¿es posible que la agenda del pacto sea progresista y que una vez asentados los pasos importantes en la política de derechos humanos, la relación con los organismos de crédito, el sistema jubilatorio, el modelo de crecimiento del país y los avances en el área salud, pongamos sobre la mesa, la redistribución de la riqueza, el sistema de subsidios, la participación de los trabajadores en la ganancia empresarial y las privatizaciones de áreas estratégicas? ¿O sólo vamos a pactar acerca de los grandes “temas” argentinos, esto es, la edad de imputabilidad, el INDEC, el recorte del gasto público y la prohibición de la obesidad y el uso de botox para las candidatas mujeres?
Ahora bien, ¿qué quieren decir estos actores de la política cuando recurren a esta figura del pacto? Aparentemente se trata de sentar unas bases comunes entre los partidos políticos, los sindicatos y los empresarios de manera tal que se asegure una continuidad político-institucional y económica en el mediano y en el largo plazo.
Está claro que pedir un pacto de la Moncloa argentino es políticamente correcto tanto como la idea de consenso y de reconciliación. Sin embargo, seguramente, para los diferentes actores de la política argentina estos términos deben tener significados diversos.
Por lo pronto digamos que el contexto argentino en la actualidad, por suerte, dista mucho de aquel que dio origen al pacto en España: sabemos que la muerte de Franco en el 75 tuvo como herencia inmediata en el plano político toda la inestabilidad propia que sucede a una dictadura que en este caso había durado 40 años; a su vez, en el plano económico había recesión, desequilibrio en la balanza de pagos, inflación y endeudamiento. Esto hizo que en el 77, el gobierno de Suárez firmara un pacto político y económico ratificado por todo el arco parlamentario que sentaría las bases de lo que finalmente sería la nueva constitución española, y catapultaría el despegue económico de España y su “inserción” a Europa.
Trasladado a la Argentina, este pacto “fundacional” parecía más necesario en el 2001 cuando un diario francés tituló “La Argentina no existe más” pero parece exagerado plantearlo en estos términos hoy. Sin embargo, está claro que nuestra sociedad se encuentra lejos de haber eliminado tensiones de lo cual se sigue que tal vez un pacto que recupere este espíritu podría ser importante.
Pero aquí hay varias cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, como es de suponer, seguramente el oficialismo será más reticente a pactar. No sólo porque estamos lejos de una crisis terminal sino porque parece haber un amplio apoyo de la ciudadanía a la gestión. Por otra parte, este oficialismo de extracción peronista sea lo que fuese que este término signifique hoy, parece tener garantizada, por su pertenencia, un margen de maniobra y gobernabilidad alto (algo que no sucedería con la oposición, pues, no debemos olvidar las dificultades que han tenido todos los gobiernos no peronistas para terminar sus mandatos en los últimos 60 años). Pero también debemos tener en cuenta que hace falta una oposición robusta y crítica y no rezongona y rapiñera.
En otras palabras, la posibilidad de un pacto social supone no sólo un gobierno abierto al diálogo lo que, dicho de otro modo, supone aceptar errores; también necesita una oposición dispuesta a aceptar aciertos. Como comenté en un artículo algunas semanas atrás, la única oposición crítica y razonable parece la de Binner en Santa Fe pues tiene la suficiente honestidad para reconocer aciertos sin ser condescendiente ni aliado del gobierno. En el resto de la oposición no veo esa actitud. Más bien, noto que, más allá de la apatía general, conforme se acerca la elección, los bandos parecen radicalizarse entre aquellos antikirchneristas que ven en cada acción de gobierno un elemento criticable y un bando kirchnerista algo miope a la hora de reconocer algunos errores.
Pero, por otra parte, hay una cuestión de fondo que nunca se expone y sería: ¿cuál va a ser el contenido del pacto? Está claro que no resulta trivial esta pregunta y que los actores que lo promueven parecen suponer ingenua o maliciosamente que este contenido es accesible a todos de manera objetiva, que los actores de la negociación, por una suerte de mano invisible y justa, redondearán un acuerdo en el que todos resulten perjudicados y beneficiados por igual. En este sentido me permito ser escéptico y me gustaría ensayar algunos posibles problemas que podrían surgir y que se vinculan con lo dicho anteriormente.
Supongamos que el gobierno se abre al diálogo y allí la oposición examina algunos de los gestos del gobierno. Señalaré los que desde mi punto de vista resultan aciertos importantes de esta gestión algunos de los cuales resultan casi fundacionales. ¿La oposición aceptaría la independencia de la Corte suprema? Supongo que sí. ¿Y aceptaría la política de derechos humanos que entre otras cosas anuló las leyes de punto final y obediencia debida lo que ha permitido juzgar a genocidas como Von Wernich? Ahí ya no estoy tan seguro puesto que, como lo han dicho públicamente muchos representantes de la derecha, “no hay que abrir las heridas del pasado. Hay que pensar en el futuro y reconciliarnos”.
Otro elemento fundacional sería el de la relación con los acreedores internacionales. Este gobierno, contra la opinión generalizada de gurúes y operadores, la cual en algunos casos llegó hasta la mofa, logró una quita del 75% sobre una parte de la deuda. Además comenzó una política de desendeudamiento y posterior independencia del FMI y haría lo propio con el club de París. ¿Qué diría la oposición sobre este asunto?
Otro paso de este gobierno que a mí me resulta positivo pero que no sé cómo sería tematizado por la oposición en el “pacto”, sería la reforma previsional que permitió que se pudiera volver a elegir entre el aporte a las AFJP y el sistema de reparto evitando, creo yo, una de las más importantes estafas con la que nos íbamos a sorprender los argentinos en unos años.
Otro elemento fundacional es el del modelo de país. Este gobierno ha dado algunas señales para intentar retomar la senda de la industrialización lo cual es acompañado por unas medidas de coyuntura como un dólar altamente competitivo. ¿Habrá consenso sobre este punto?
Por último, la interesante política en el área de salud llevada adelante por Ginés García, con la ley de genéricos, la ley de salud reproductiva y el fomento de apertura al debate de temas espinosos y silenciados como el aborto y la eutanasia parecen también de dudoso consenso.
Una vez aclarados los que para mí son aciertos del gobierno viene la pregunta acerca de cuáles son los déficit del mismo, los cuales, supongo, serían señalados por la oposición. Aun suponiendo que hubiera acuerdo en los puntos anteriores (lo cual descarto por completo) cabría preguntarse: ¿no es posible una mayor redistribución de la riqueza? La política económica ha sido eficaz al bajar la pobreza a la mitad pero aún quedan 10 millones de argentinos pobres. Otro punto donde el gobierno ha avanzado pero no lo suficiente tiene que ver con la calidad del empleo: todavía hoy casi el 50 porciento de la población tiene un empleo informal.
Asimismo de la mano del empleo en blanco y la redistribución de la riqueza viene la pregunta acerca de los impuestos. ¿No habría que hacer una reforma tributaria de manera tal que el sistema fuera menos regresivo de lo que lo es hoy?
Otro tema espinoso: los subsidios y las empresas de servicios. Está claro que con el fin de evitar la conflictividad social el gobierno ha estado firme frente a cualquier intento de aumento de tarifas. Claro está que esto, en algunos casos, se ha hecho a base de subsidios que suponen un gasto cada vez más grande para el Estado. Dejar de subsidiar, por ejemplo, los transportes, supondría un aumento de proporción sobre el boleto y, por ende, sobre el bolsillo. Sin embargo, ¿es justo un subsidio indiscriminado por el cual el que toma la línea H a Pompeya paga lo mismo que el que toma la D hasta Juramento? Lo mismo sucede con el gas oil, etc.
Por otra parte, los planes Jefes y jefas de hogar, por suerte, son necesitados por menos gente hoy. Sin embargo, podríamos preguntarnos si es la mejor manera de llegar a los que más lo necesitan y si no sería mejor algún tipo de salario familiar de alcance universal por hijos o alguna propuesta en esa línea.
Un tema recurrente y que seguramente será uno de los que más preocupa es la relación entre los sindicatos y los empresarios. Como bien sabemos, el salario en blanco ha crecido más que la inflación desde 2003 y se ha vuelto a la saludable tarea de rediscutir periódicamente la recomposición salarial. Cada vez que esto sucede, los operadores de prensa dejan entrever la idea de que el aumento de los salarios genera inflación. Lo que no se dice es que en las últimas décadas y hasta el 2003 la proporción de la torta que se llevan los trabajadores ha ido decreciendo y que si bien ha habido avances en esa línea hay mucho terreno por recuperar.
Por último, el gobierno ha dado algunas señales contra las empresas de servicios privatizadas devolviendo al Estado alguna de ellas. Sin embargo, resta discutir una política global que, por ejemplo, nos diga qué hacer con los recursos energéticos que hoy no se encuentran en manos del Estado argentino. Salvo sectores de izquierda, son pocos los que hacen hincapié en este punto.
La lista de tema puede seguir pero temo aburrir. Como se ve, el pacto de la Moncloa argentino supone no sólo un gobierno abierto al diálogo y una oposición no mezquina. Eso es importante pero no resulta tan relevante como el problema de fondo que es: cuál va a ser el contenido del pacto? En otras palabras, ¿es posible que la agenda del pacto sea progresista y que una vez asentados los pasos importantes en la política de derechos humanos, la relación con los organismos de crédito, el sistema jubilatorio, el modelo de crecimiento del país y los avances en el área salud, pongamos sobre la mesa, la redistribución de la riqueza, el sistema de subsidios, la participación de los trabajadores en la ganancia empresarial y las privatizaciones de áreas estratégicas? ¿O sólo vamos a pactar acerca de los grandes “temas” argentinos, esto es, la edad de imputabilidad, el INDEC, el recorte del gasto público y la prohibición de la obesidad y el uso de botox para las candidatas mujeres?
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