A lo largo de toda la campaña para la elección de Jefe de gobierno porteño y legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los puntos salientes de la agenda era la necesidad de derogar la ley Cafiero y hacer que la policía pase a manos de la Ciudad. Se decía, seguramente con razón, que una ciudad, para ser efectivamente autónoma, tiene que disponer un poder de policía propio. Todos los candidatos exigían al gobierno nacional este traspaso (incluso el candidato del gobierno nacional, Daniel Filmus) y hasta el jefe de gobierno en ejercicio, Jorge Telerman, había propuesto un referéndum no vinculante a realizarse el mismo día del ballotage.
Creo estar en condiciones de afirmar que no existía ni existe un clamor popular de la ciudadanía a favor del traspaso de la policía. Sin embargo, todos los gobiernos que habían gobernado la ciudad, es decir, tanto de De la Rúa como Ibarra, habían hecho, con mayor o menor énfasis, está reivindicación. Ibarra llegó incluso a crear una suerte de órgano paralelo llamado “Guardia Urbana” que nunca tuvo en claro cuáles eran ni sus atribuciones ni sus límites. Así la Guardia Urbana fue sólo un conjunto de muchachos voluntariosos que se paraban en las esquinas del centro de la ciudad para sugerirle a la gente que cruce por la senda peatonal.
Pero tras años de desaires y evasivas de los gobiernos nacionales respecto a las exigencias de los Jefes de gobierno de la Ciudad, Kirchner asumió durante la campaña y refrendó algunos días después en una reunión con un Macri ya electo, la decisión política de otorgarle la policía a la Ciudad. Claro está que resta definir un detalle no menor, esto es, ¿se traslada la policía con o sin el presupuesto? El PRO cree que constitucionalmente lo correcto sería el traspaso de la policía con el presupuesto pero representantes de las provincias argentinas (especialmente los oficialistas) no están dispuestos a ello ya que afirman que de este modo éstas estarían subsidiando un gasto que es de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, estos episodios desvían la atención hacia la que, considero, es una pregunta anterior que se debe hacer. Esta es: ¿para qué sirve que la policía pase a manos de la Ciudad? Está claro que el requerimiento tiene que ver con la autonomía y con la idea de que ésta es al menos insuficiente si el poder coercitivo se encuentra comandado por el gobierno nacional sea del partido que sea. Pero más allá de esta atendible razón, ¿debemos suponer que cuando, de repente, la policía con o sin presupuesto, pase a manos de la ciudad, se transformará en una buena policía? ¿Disminuirán los delitos? ¿Será una policía menos corrupta? En síntesis, ¿el problema de la policía es jurisdiccional? Honestamente creo que no y quizás, esta vez, el sentido común y el escepticismo de la gente haya acertado al suponer que difícilmente las cosas cambien porque la policía federal pase a llamarse “De la ciudad”. En este sentido, si Macri decide llamar a un plebiscito como forma de presión o convocar una marcha, como ha amenazado, creo que el resultado va a ser como mínimo la apatía y el desinterés.
Pero el hecho de hablar en términos jurisdiccionales y plantear la pregunta acerca de qué tipos de cambio pueden darse en la policía, nos deja abierto el camino para tematizar el vínculo entre el derecho y la política.
Tomaré un ejemplo para ganar en claridad: en los últimos años una de las frases más repetida por la clase política es “las leyes ya están, sólo hay que hacerlas respetar”. Generalmente es un eslogan de candidatos de derecha pero podemos hacerlo extensivo a la gran mayoría de la clase política. Tanto se ha generalizado esta idea que incluso candidatos a legisladores la repiten y la hacen eje de campaña desconociendo que si así fuese no tendría sentido votarlos porque no habría razón para formar parte de un cuerpo legislativo con dotes divinos que ya ha sancionado “todas las leyes necesarias”.
Seguramente hay leyes que están y otras que se irán creando conforme las necesidades de la ciudadanía. De cumplir las leyes que ya están se ocupan los jueces tomando decisiones que nunca se encuentran desvinculadas del poder político de una u otra forma. Con esta afirmación no quiero decir que el sistema judicial argentino está cooptado por el gobierno de Kirchner sino que hay un elemento inherente a las decisiones judiciales en cualquier sistema jurídico del mundo vinculado a la moral y a la política. De este modo las leyes están pero algunos jueces las interpretan según su canon de moralidad (pensemos cuando un juez impidió que una retrasada mental violada se hiciera un aborto); y las leyes están pero la decisión política del gobierno de turno las impulsa o las archiva en un cajón (pensemos en la decisión de este gobierno de avanzar contra la ley de punto final y contra el indulto)
Existe una vasta bibliografía académica que da cuenta de este debate pero por lo pronto diremos que parece difícil defender una postura estrictamente positivista que desvincule absolutamente al derecho de la moral y la política.
Sobre este punto quiero detenerme porque uno de los políticos que más ha repetido la frase “las leyes ya están, sólo hay que hacerlas respetar” es el futuro secretario de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el macrista Eugenio Burzaco. Éste no se cansó de repetir esta frase ante la insistencia de periodistas que necesitaban saber qué iba a hacer el gobierno frente a los piqueteros. “¿Qué va a hacer el gobierno de la Ciudad frente los piqueteros?”, preguntaban los incisivos periodistas. “Respetar la ley existente” repetía Burzaco.
La pregunta que yo haría entonces es ¿cuál de las leyes existentes se va a respetar? ¿La que garantiza a los ciudadanos el libre tránsito o la que garantiza el derecho a la protesta y la manifestación?
Una vez que reconozcamos que la respuesta a este tipo de preguntas excede los límites del Derecho, y se resuelve también desde la moral pero, especialmente, desde el poder político, podemos encontrar alguna buena razón para discutir cuán beneficioso será y cuáles serán las consecuencias que traerá el traslado de la policía a la Ciudad.
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