Hay una cosa que parece saber el
gobierno de Milei: su principal adversario es el tiempo. Ni siquiera tendrá los
famosos 100 días de enamoramiento que posee toda nueva administración. El shock
supone velocidad, no darle tiempo a la sociedad.
Salvando las distancias, lo
ocurrido en estas eternas dos semanas de nuevo gobierno retrotrae a los
primeros tiempos del macrismo, esto es, al modo en que una administración nueva
puede destruir rápidamente lo que llevó años. En aquel momento se pensaba que
la batalla cultural estaba ganada y que el macrismo no podría avanzar más allá.
El castillo se derribó en semanas. Por supuesto que, comparado con esto,
aquellos primeros meses macristas saben casi a socialismo, pero está en
cualquier manual: las malas noticias deben darse lo más rápido posible porque
el tiempo es sinónimo de desgaste. Alberto Fernández tardó 4 años y todavía no
se sabe si lo entendió.
Para no analizar una por una las
medidas del DNU que refleja el plan de liberalización más pretencioso del que
se tenga memoria, lo que podría decirse es que arribamos a la tercera etapa de
la desorganización de la vida que CFK le adjudicaba al modelo macrista.
Efectivamente, si aquella iniciativa neoliberal que nos proponía
emprendedorismo y disfrute de la incertidumbre fue el primer paso de la
descomposición de lo que quedaba del Estado de Bienestar, la inflación de dos
dígitos mensual que dejó el gobierno de Alberto Fernández fue el escalón
necesario para el asalto final. Pandemia mediante, los que no tenían mejor idea
que responder “más Estado” cuando el Estado no funciona, y poseían como única
prenda de unidad el hecho de “que no gobierne la derecha”, empeoraron buena
parte del legado macrista y le emputecieron la vida a la gente con parches,
reglamentaciones delirantes y prohibiciones cruzadas en diversos ámbitos.
Abonaron así la caricatura del Estado poniendo un pie en la cabeza de la gente
y lo hicieron con tanta inclusión que casi nos incluyeron a todos allí debajo.
Llegados a esta instancia,
entonces, cabe decir que un modelo económico agotado, con los máximos
referentes anclados en la Argentina del 2015, y una militancia desnortada que
se abraza a la agenda identitaria de la progresía universitaria, dejó la mesa
servida para la versión más radical que ni en sueños podía imaginarse alguien
apenas un año atrás.
Dicho esto, caben algunas
preguntas. La primera es: ¿pensábamos que sería diferente? Quizás en este punto
los más sorprendidos sean sus propios votantes, pues, recordemos, no fueron
pocos los que votaron a Milei suponiendo que, finalmente, no podría llevar
adelante sus reformas más radicales. Es lo que aquí llamábamos una suerte de “elogio
de la impotencia”; un candidato cuya mayor virtud era su presunta falta de
fortaleza para hacer daño.
Otra pregunta que ya la hicimos
acá y que seguimos considerando central: el contrato electoral. ¿Cree el
gobierno que el mandato de sus votantes es una desregulación como la propuesta
en el DNU? Insisto en que el interrogante es clave porque de allí se sigue un
curso de acción u otro. A juzgar por la radicalidad de las iniciativas, Milei
considera que el votante medio lo apoyará, pero me permito ser escéptico al
respecto. Por otra parte, claro está, zonzos no son y, si las fuerzas del cielo
no acompañan, mejor tener a la policía, aunque más no sea en un show orwelliano
de amedrentamientos y afrentas simbólicas donde más que el derecho a circular,
lo que parecía jugarse era una competencia adolescente de medición de miembros
viriles. Y todo un 20 de diciembre: primero como tragedia, luego como farsa.
Dicho esto, la pregunta más
general que corresponde tras estos primeros días de gobierno es: ¿son provocadores,
dogmáticos, inexpertos o gente nacida y criada en un laboratorio? Las
posibilidades no son excluyentes pero un anuncio de ese calibre en una fecha
tan significativa, sin dudas, debería incluirse en, al menos, la categoría de
“provocación”. Asimismo, y aquí podemos mencionar la última pregunta: ¿creen
que un DNU semejante puede ser aceptado sin más y que miles de personas saldrán
a la calle a defenderlo contra el eventual freno que pudiera imponer la “casta”
legislativa y judicial?
Ojalá la respuesta sea negativa
porque si no hablaría de un gobierno que está fuera de la realidad. En este
sentido, el mejor escenario posible sería el de un presidente que, sabiéndose
débil, sobreactúa y va siempre por la propuesta de máxima para luego sentarse y
negociar lo que pueda. Ojalá, sinceramente, sea este el caso, porque estaríamos
dentro de ciertos parámetros de la racionalidad y la negociación política. Para
muestra bastaría la batería de medidas de Caputo, con una devaluación excesiva
aun a los ojos del mercado. Pasarse para luego regresar y tener margen. Un
clásico.
Si se tratara, entonces, de una
estrategia de negociación, existiría la posibilidad de discutir cada una de las
medidas porque, debemos ser justos también, hay algunas desregulaciones que
podrían ir en el sentido correcto o que, en todo caso, intentan resolver
problemas objetivos.
Dicho de otro modo: la andanada libertaria no es la respuesta a
una Argentina colectivista como Milei, en su delirio dogmático, repite. Sin
embargo, es verdad que el país está atravesado por un exceso de regulaciones y
que allí el aporte del liberalismo económico puede ofrecer respuestas: se puede
intentar mejorar una ley de alquileres que ha destrozado el mercado; abrir las
importaciones para competirle a sectores que, sabiéndose protegidos, se
aprovechan de los precios; encontrar un justo punto medio entre el derecho a
huelga y que los chicos no pierdan tantos días de clases; promover el ingreso
de nuevos actores en las telecomunicaciones y hasta incluso también podría
darse una discusión sobre la política de cielos abiertos. Tampoco parece
improcedente avanzar hacia una política de ayuda social que elimine los
intermediarios o crear condiciones, dentro de la ley, para que la ciudad no
esté atravesada sistemáticamente por cortes que impiden la circulación. Incluso
la desregulación en lo que respecta a la elección de la obra social o las
prepagas puede afectar a los sindicatos, pero le permite al trabajador elegir
la que considere la mejor prestadora de servicios. En este mismo sentido,
dejando de lado la vergonzosa propuesta de flexibilización laboral, es real que
de alguna manera hay que aggiornar las condiciones de contratación porque, en
las actuales condiciones, 5 juicios laborales de abogados caranchos pueden
arruinar una PyMe.
A su vez, como decimos esto, es
necesario advertir que la forma de avanzar en el plan de medidas remite al casi
ya mítico “Exprópiese” chavista. Si aquel se transformó en sinónimo de
discrecionalidad personalista, no entendemos cómo un DNU de esta magnitud
podría interpretarse en otro sentido. Sustituir el “exprópiese” por el
“deróguese” o, peor aún, por el “privatícese”, no supone una diferencia en las
formas. En este sentido, algunos liberales argentinos son los más locos del
mundo: solo son republicanos cuando son opositores.
Lo que viene ahora es la
discusión técnica acerca de la constitucionalidad y el juego político al
interior de un congreso cuando no hace falta ser una eminencia para reconocer
que lo único de necesidad y urgencia que ofrecía el decreto era, salvo algunas
excepciones muy puntales, la teatralidad de la medida.
Por cierto, mientras se sigue
buscando al menos un constitucionalista que considere constitucional este DNU, desearíamos
saber quién ha sostenido económicamente a Federico Sturzenegger y a su equipo
para realizar un trabajo que no se puede hacer de un día para el otro.
¿Trabajaba para Milei, para Patricia Bullrich o para los empresarios que con
nombre y apellido se benefician de las medidas? Con semejante apoyo económico
detrás es más fácil hacerse el picante en TV, especialmente porque no habrá
periodista que le recuerde el modo en que salió eyectado del gobierno cuando la
inflación voló bastante más allá del 10% que él proyectaba para el 2018. Federico
Sturzenegger y Patricia Bullrich, entre otros, son nombres que se repiten en
gobiernos que, con justicia, no son recordados con simpatía. Con ellos la
historia se repite también, pero siempre como tragedia.
Dicho esto, agreguemos una
posibilidad más ya que además de una acción radical en pos de una futura
negociación, el DNU puede ser tomado como una declaración de principios, el
plan que la casta no va a dejar pasar y al cual vamos a recurrir como argumento
cada vez que en el futuro se deba justificar un fracaso: “nosotros teníamos un plan,
pero no nos dejaron avanzar con él”. Es el clásico de los liberales argentinos:
nunca fracasaron. Hubo políticas liberales en muchos gobiernos pero para los
liberales vernáculos nunca fueron lo suficientemente liberales.
El gobierno ha decidido patear el
tablero y alborotar el gallinero. Como se indicó anteriormente, algunas
decisiones del decreto tienen nombre y apellido bastante más allá de Elon Musk,
pero al mismo tiempo afectan intereses cruzados cuya reacción desconocemos. Si
lo han hecho por torpeza y amateurismo o con la pretensión de un mecanismo de
relojería, no lo sabemos, pero, si así fuese, hablaría de una audacia
envidiable. En todo caso, el termómetro volverá a ser la clase media,
rebautizada “la casta media”, aquella que más sufrirá el ajuste. Es que como
sucedió con Macri, salvo los sectores trotskistas, enemigos perfectos y
funcionales del nuevo gobierno, hay buenas razones para imaginar que los
movimientos sociales negociarán con Milei. Pero a la clase media solo pueden
ofrecerle gestos simbólicos mientras le recortan abruptamente el poder
adquisitivo y toda esa estructura del Estado de Bienestar que es un apoyo
económico clave y un bien cultural que forma parte de la identidad de ese
sector de la población. En otras palabras, a los piqueteros troskos los van a
fajar como señal a la clase media pero no porque consideren que ellos son los
que pueden desestabilizar al gobierno.
La última etapa de la
desorganización de la vida ha comenzado después del desastre de quienes decían
intentar organizarla. Sean ustedes bienvenidos.
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