¿Qué culpa tiene el presidencialismo? (publicado el 4/9/14 en Veintitrés)

¿Qué evaluación podemos hacer a 20 años de haberse sancionado la Constitución vigente? ¿Ha sido un paso adelante tal reforma? ¿Hay una gran distancia entre el espíritu de la “ley de leyes” y las interpretaciones posteriores? Las preguntas pueden continuar infinitamente y son solo algunas de las que han partido los comentaristas en las últimas semanas.

Lo cierto es que aquella reforma estuvo lejos de surgir de la voluntad popular, más allá de que buena parte de la ciudadanía quería volver a votar a Menem y para ello necesitaba que se habilite la posibilidad de una reelección. Pero el texto estuvo condicionado por un acuerdo entre los dos grandes partidos mayoritarios siendo la inclusión del tercer senador, el senador por la minoría, uno de los artilugios para perpetuar un bipartidismo que gracias a acuerdos entre cúpulas profundizaba la enorme crisis de representatividad de la clase política.

En aquella coyuntura, el PJ, controlado por el menemismo, había amenazado con llamar a una consulta popular para que la reforma y la reelección recibieran apoyo, algo que, como se decía anteriormente, se daba por descontado. A tal punto esa amenaza fue efectiva que la UCR, liderada por Alfonsín, interpretó que era mejor negociar la reforma e intentar incidir en puntos clave que en algunos casos obedecían a razones de conveniencia electoral y, en otros, a los principios de la tradición socialdemócrata en la que siempre se mantuvo la línea radical liderada por Alfonsín. 

Más específicamente, el radicalismo se sabía fuerte, electoralmente hablando, en la Ciudad, y por ello presionó para que se declarase la autonomía de Buenos Aires lo cual implicaba, entre otras cosas, que sean los habitantes de la ciudad quienes eligiesen su propio Jefe de gobierno y se acabe la insólita situación de un territorio que albergaba 3 millones de personas y tenía un intendente puesto a dedo por el Poder Ejecutivo nacional. En cuanto a las transformaciones vinculadas a la tradición socialdemócrata, se trató de avanzar hacia un modelo semipresidencialista o de moderación del hiperpresidencialismo, con, por ejemplo, la figura del Jefe de Gabinete o la aparición del Consejo de la Magistratura, creaciones que buscaban atenuar la prepotencia del Ejecutivo. En esta misma línea se incluyeron figuras para profundizar los contrapesos y el equilibrio entre los poderes como el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación. Si bien sería injusto pasar por alto el paso adelante que significó el reconocimiento de garantías como el hábeas corpus, el hábeas data y los recursos de amparo, y el hecho de haberle dado rango constitucional a los tratados Internacionales, quisiera detenerme en el intento de moderar el presidencialismo, pues ¿era el presidencialismo el problema de la Argentina?

El énfasis puesto en los mecanismos de protección de los derechos individuales se comprende perfectamente por tratarse de una Constitución que aparecía apenas 11 años después del fin de la dictadura más sangrienta de la historia. ¿Pero por qué tanto énfasis en el presidencialismo como problema? La pregunta es válida para todo Latinoamérica por una operación conceptual bastante perversa: la suposición de que el hiperpresidencialismo era el culpable de las rupturas del orden institucional que se habían suscitado una y otra vez a lo largo del siglo XX.

Es más, se instaló que el modelo parlamentario era más evolucionado, más acorde a sociedades modernas no atravesadas por líderes populares y caudillistas que pueden llegar al poder indistintamente a través de los votos o de la fuerza.   

¿Pero los golpes militares se dieron por el presidencialismo o porque había presidentes que decidieron seguir políticas que desafiaban los intereses de la facción dominante? ¿A los militares  latinoamericanos y a los civiles cómplices apoyados por Estados Unidos les molestaba el presidencialismo o que se avance con políticas económicas que contradecían el proyecto de país que los favorecía a costa de las grandes mayorías?

Es curioso porque incluso las dos grandes construcciones constitucionales de la Argentina, la de 1853 inspirada en Alberdi y la de 1949 impulsada especialmente por Sampay, eran fuertemente presidencialistas. Bien podía esperarse ello de una Constitución “peronista” pero es más extraño en una Constitución liberal. Sin embargo, era tal el sesgo presidencialista de una Constitución como la de 1853, pensada para un país que necesitaba, según palabras de Alberdi, “reyes con nombre de presidente”, que el propio Sampay dejó bien en claro que el gran problema de aquella  Constitución liberal estaba en el terreno de la dogmática y no en la parte orgánica. Dicho de otro modo, el gran déficit del liberalismo decimonónico de Alberdi estaba en la lista de los derechos pues allí solo se incluían los civiles y los políticos (a medias). Sin embargo, lo referido a la organización del Estado, indicaba Sampay, debía mantenerse. Justamente porque Alberdi, a pesar de ser un liberal en lo económico, entendía que las constituciones son hijas de su tiempo y de su espacio, es decir, deben estar vinculadas a la idiosincrasia del pueblo. Por ello discutía con Sarmiento cuando éste quería trasplantar acríticamente la constitución norteamericana a estas tierras. Alberdi entendía que la estructuración administrativa que se había impuesto en la época del virreinato no se podía deshacer de un día para el otro, y que se necesitaba un Poder Ejecutivo fuerte. Sí, el liberal Alberdi pedía un Ejecutivo fuerte y también decía que no podía construirse un país con un Estado incapaz de recaudar fuertes sumas a través de los impuestos.

Ahora bien, en la actualidad hay otra pequeña trampa conceptual que esgrimen los socialdemócratas críticos de la construcción política que vienen llevando adelante los gobiernos populares de la región. Pues se llama todo el tiempo a generar los espacios para aumentar la participación en nombre de la democracia deliberativa bajo la suposición de que un Ejecutivo fuerte iría en detrimento de la participación. Sin embargo, los ejemplos de reformas constitucionales recientes muestran que un presidencialismo fuerte es perfectamente compatible con el fomento de la participación. Sin ir más lejos, la reforma constitucional venezolana instituye la reelección indefinida al tiempo que incluye la posibilidad de un referéndum revocatorio y  diversos mecanismos de participación como los plebiscitos. Y lo más interesante: el presidente más fuerte, Chávez, estando en el poder, llamó a un plebiscito para lograr la reelección y perdió (en una ocasión), del mismo modo que la oposición logró llamar a un referendo revocatorio contra Chávez y la ciudadanía, en las urnas, le dijo No a la revocatoria.

Retomando lo dicho algunas líneas atrás, si el presidencialismo no era ni es el principal problema de la Argentina, ¿cuál sería el principal desafío que tenemos por delante? Por citar dos ejemplos al azar, en la reforma constitucional de Colombia, en 1991, el desafío tenía que ver con la necesidad de encarar la problemática de un país partido, atravesado por la lucha contra el narcotráfico y el conflicto con la guerrilla. Asimismo, más cercanos en el tiempo, la reforma en Bolivia, refrendada en 2009, debía encarar el problema del racismo.

Claro que se me dirá que en la Argentina hay varios problemas y que es difícil subsumirlos a todos debajo de uno. Estoy de acuerdo con esa apreciación. Sin embargo quizás pueda tomarse el desafío de la desigualdad como objetivo general para incluir allí el desequilibrio todavía existente entre distintas clases sociales y entre las regiones de nuestro país. Si estamos de acuerdo en este punto que expongo a manera de hipótesis, recuerde que fue un modelo económico detrás de un proyecto de país para minorías el que generó tal situación. No fue el populismo. Tampoco el presidencialismo.