Periodistas (publicado el 27/11/12 en Diario Registrado)

La insólita denuncia realizada por el Grupo Clarín contra los periodistas Roberto Caballero, Javier Vicente, Orlando Barone, Sandra Russo, Nora Veiras y Edgardo Mocca, ha recibido un amplio e inusitado rechazo desde buena parte de la ciudadanía incluyendo referentes del propio grupo y periodistas cuya ideología se encuentra en las antípodas de los acusados. Así Jorge Rial, Nelson Castro, Ernesto Tenenbaum, Samuel Gelblung y María O Donnell, entre otros, se manifestaron en contra de semejante despropósito. No fue el caso de Jorge Lanata a pesar de que sus compañeros de programa, Luciana Geuna y Gustavo Gravia, interpelaron con buen tino la inconsistencia del abogado que buscó defender la denuncia.

Lamentablemente, camino similar al del primer director de Página 12 siguió el periodista de espectáculos que opina de política, Pablo Sirvén, quien, antes de rechazar la denuncia de Clarín, utilizó twitter para dar mensajes como los siguientes: “Pagni, procesado por mails q ni distribuyó ni usó (y foquitas aplaudiendo). ¡No lloren más! #doblediscurso”; “No me alegra la demanda contra Caballero ni tpc la del adn hijos Noble q terminó en nada y nadie se disculpó”; “hechos concretos: quisieron incriminar a Morales Solá en lesa humanidad x cubrir c/otros periodistas nota en Tucumán. Y las foquitas,chochas”; “¡qué hipócritas! Si la demanda hubiese sido presentada por un multimedio oficialista contra un periodista hegemónico aplaudirían como focas”.

Más allá de la extraña obsesión cuasi fetichista por esos simpáticos animalitos que son las focas, Sirvén sigue una lógica sobre la que me quiero detener. Me refiero a que busca equiparar el ataque a la libertad de expresión perpetrado por el Grupo Clarín contra periodistas afines al gobierno que sólo opinaron, con casos infinitamente más graves y, en parte, con buenas pruebas, en los que se ven involucrados periodistas del diario La Nación y hasta la misma Ernestina Herrera de Noble. Lo que esto deja entrever es la defensa corporativa de los periodistas en tanto tales y lo que se supone es que cualquier tipo de denuncia contra un periodista se transformaría en un ataque a la libertad de expresión. De esta manera, una denuncia de incitación a la violencia colectiva y coacción agravada por dichos que jamás podrían encuadrarse en esas figuras, es equiparada con una causa por delito de lesa humanidad (que se dilató 10 años y en la que se ha probado que la adopción es irregular, sólo que no se sabe aún quiénes son los padres) y con una causa que tiene procesados a ex miembros de la SIDE y a periodistas como Carlos Pagni y Roberto García, por espionaje. En la lógica Sirvén, la libertad de expresión del periodista parece justificar una libertad de apropiación de bebés y una libertad de espionaje.

Ahora bien, desde la misma perspectiva de defensa corporativista de los periodistas pero arribando a la conclusión contraria, el siempre crispado periodista antikirchnerista de La Nación, Mariano Obarrio, defendía la denuncia de Clarín con este fundamento balbuceado a través de twitter: “Si periodistasK dan al juez detalles d golpismo d Clarin, ganamos democracia. Si no pueden, son provocadores y manipuladores, NO periodistas”.

Como se puede observar, parece subyacer a esta afirmación que si no fuesen periodistas bien les cabría la figura de incitación a la violencia colectiva y coacción agravada. Dicho de otra manera, esta lógica que atravesó muchos de los mensajes de las redes sociales supone que como no se trataba de periodistas sino de “militantes” o “propagandistas oficialistas”, la prisión parece una buena opción. No importa lo que dicen. Sólo importa cómo se los categoriza: si son periodistas están inmunizados. Si son militantes, no.

Dicho esto, quiero dedicar las últimas líneas a un olvido en el que han incurrido todos: los que están del bando de los acusadores y los que estamos del bando de los acusados. Me refiero a que la denuncia también recayó sobre políticos que ocupan diferentes espacios en el oficialismo pero ningún periodista ni ninguna institución progresista se encargó de visualizarlos. Me refiero a los casos de Martín Sabbatella, Juan Cabandié, Carlos Zanini y Edgardo Depetri. Pareciera así que los políticos no tienen derecho a opinar a pesar de que, al igual que los periodistas antes mencionados, ninguno de ellos incitó a nada ni coaccionó a nadie. Pero nadie se ocupó de ellos porque son políticos. Es una pena pero así es la vida: a algunos nos toca ser periodistas y a otros les toca tener la mácula del resto de los mortales.