Chau cadena (publicado el 26/7/12 en Veintitrés)

En los últimos días, a raíz de cierta recurrencia en la utilización de la cadena nacional por parte de la presidenta CFK, comenzaron a erigirse voces críticas que denunciaron un abuso de este tipo de práctica comunicacional. Tal acusación quedó plasmada en la decisión de la diputada del PRO Laura Alonso de presentar un proyecto por el cual se busca derogar el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. De avanzar, este proyecto conllevaría la supresión de la cadena nacional.

 En este contexto, el diario El país de España, publicó este último lunes una nota titulada “Chávez, Correa y Fernández, líderes en el uso de propaganda televisiva”. Dejando de lado el sesgo que hace que el periodista firmante, Francisco Peregil, confunda una “cadena nacional” con la “propaganda televisiva”, pueden repasarse algunos datos curiosos. Por ejemplo, una ONG antichavista promueve, desde su dirección de Twitter @cadenometro, un repudio a la utilización de la cadena nacional por parte del presidente venezolano. Lo hace de manera ingeniosa a través de un contador que lleva día por día la cantidad de horas que Chávez la ha utilizado  para dirigirse a la ciudadanía. Así, muestra que del 13 de enero al 18 de julio de 2012 el bolivariano estuvo 66 horas y 32 minutos utilizando ese recurso. El único que puede acercarse a esta marca es Rafael Correa. Según el informe que Peregil recoge de Marcos Rodas, cara visible de una Fundación llamada Ethos que, con sede en México, promueve una agenda neoliberal, desde enero de 2007 al 15 de mayo de 2011, Correa utilizó 1025 veces la cadena nacional sumando en total alrededor de 151 horas en ese lapso.

 Frente a estos números, ubicar a CFK al lado de estos mandatarios parece, sin duda, una decisión editorial con clara intencionalidad política, algo que se sigue de los indicadores que el propio periodista de El País da. Allí se afirma que CFK utilizó la cadena nacional 11 veces en los últimos 8 meses, lo que da un promedio cercano a 1 cada 22 días aproximadamente. Tal número es alto comparado con los presidentes argentinos anteriores y con el resto de los presidentes de Latinoamérica (si bien el colombiano Santos con 16 intervenciones en 2 años es el que más se le acerca), pero ínfimo al lado de los presidentes antes mencionados. Con todo hay que reconocer que existen países latinoamericanos donde los medios no tienen obligación de transmitir los mensajes presidenciales. Esto que para algunos es la panacea tiene sus bemoles pues los gobiernos acaban utilizando dineros públicos para comprar espacios de publicidad en canales privados. En otras palabras, al no existir una obligación de retransmisión y, por lo tanto, tener que pagar por ello, el deber de comunicar que tienen los gobiernos acaba resultando una erogación para todos los ciudadanos en beneficio de los empresarios dueños de los medios.   

 Sin embargo, lo importante no es la cantidad de horas ni la discusión acerca de la discrecionalidad pues es imposible determinar objetivamente cuándo se está cometiendo un abuso en los tiempos de utilización y cuándo se está frente a una “situación grave, excepcional o de trascendencia institucional” que, como indica la ley, amerite el uso de la cadena. Más interesante sería, en cambio, dirigir una primera pregunta apuntando a los fundamentos de aquellos que de algún modo u otro se oponen a la utilización del recurso de la cadena nacional. La primera opción sería, entonces, volver al ya mencionado proyecto de Laura Alonso pues es de esperar que una propuesta con pretensiones de erigirse en ley sea el resultado de una investigación y un desarrollo sesudo acompañado de opiniones de investigadores y asesores. Pero dejando al lector la valoración de lo que indicaré a continuación, los principales fundamentos para eliminar la cadena nacional son: que en la era de internet se ha transformado en una pieza de museo y que su utilización puede derivar en una limitación a la libertad de expresión. Sobre este último punto y, como diría Jack Palance, “Aunque usted no lo crea”, el proyecto de ley elevado por esta diputada de la nación indica que la cadena nacional podría ser utilizada por la presidenta contra el programa de Jorge Lanata en Canal 13. Lo dice así: “Ni que hablar si la Presidenta decidiera recurrir sistemáticamente al uso de la cadena nacional todos los domingos a las 23hs para evitar que la ciudadanía acceda al programa televisivo periodístico de mayor rating y que, aparentemente más incomoda al gobierno con sus investigaciones”. Que una diputada nacional entienda que es posible que la discrecionalidad del uso de la cadena puede llevar a que CFK aparezca todos los domingos a las 23hs para evitar que la gente de a pie vea a Lanata, me exime de cualquier comentario. Más interesante, lo cual no es mucho mérito, claro, es la primera fundamentación, aquella que indica que la revolución comunicacional hace que la cadena nacional sea obsoleta en tanto los gobiernos pueden utilizar otros recursos para comunicar. Tiene razón Alonso, tanto que su argumento se le vuelve en contra. En otras palabras, ante la pluralidad de canales de expresión, las cadenas nacionales no tienen la potencia que tuvieron otrora, esto es, cuando no existía ni televisión por cable con decenas de canales con programación autónoma e internacional, ni Internet. Hoy, quien por alguna razón no desee escuchar los discursos de la presidenta tiene un sinnúmero de alternativas.                 

 Pero vayamos a una segunda pregunta más interesante: ¿por qué existe la tendencia, en algunos gobiernos latinoamericanos, de recurrir a las cadenas nacionales? Hay, sin dudas, razones específicas, idiosincrásicas y subjetivas en cada uno de aquellos líderes pero lo que comparten es una disputa feroz con los medios de comunicación dominantes. Está claro que tener a las corporaciones mediáticas en contra no conduce necesariamente a la utilización discrecional de la cadena nacional pero obviar ese contexto sería ingenuo o intencional. En otras palabras, el recurso de un diálogo directo sin intermediaciones entre el líder y los ciudadanos no puede reducirse a las características presuntamente caudillescas y populistas de la tradición presidencialista latinoamericana. Se trata de figuras con fuerte carisma pero en el marco de un enfrentamiento sin tregua con monopolios u oligopolios comunicacionales tamizadores y distorsionadores de la información.

 Así, más allá de usos posiblemente exagerados como el de Chávez, lo que está en juego aquí es el rol del periodista como intermediario. Ese lugar está siendo socavado no sólo por el modo en que algunos gobiernos latinoamericanos, como nunca antes, se han ocupado de señalar con nombre y apellido, a los operadores y a los intereses a los que responden determinados periodistas sino que, a su vez, está siendo degradado, en paralelo, por el avance fenomenal de las redes sociales que hacen que cualquier individuo público pueda comunicar lo que desea, como quiera y en el lugar donde esté. En muchos casos, a su vez, estos referentes están abiertos al intercambio con aquellos seguidores “sin pedigrí” que mantienen un vínculo franco de igual a igual.      

 Es por eso que la crisis de representatividad sigue afectando a los partidos políticos pero se ha extendido dramáticamente hasta aquellos comunicadores que en los años 90 se erigían como portavoces de la sociedad civil. En este sentido, el “chau cadena” que distintos referentes promueven para oír menos a los presidentes electos por el voto popular, se transforma, sin proponérselo, en una síntesis que deja ver que en los tiempos actuales de crisis y puesta en tela de juicio del rol de los medios, el vínculo entre hombres públicos y ciudadanía ya no está atravesado por aquello que verdaderamente nos encadena, esto es, las cadenas de mediación, nunca neutrales, de los periodistas y los poderes dominantes de la comunicación.