Apenas algunas semanas atrás, en este mismo espacio,
comentábamos que, más allá de los adversarios políticos objetivos y externos
que tendría el Frente de todos (FdT) era de prever que el mayor inconveniente
estaría dentro del espacio. En aquel momento augurábamos que las tensiones
podían mantenerse sosegadas en la medida en que el gobierno de Alberto pudiera
encauzar económicamente al país de modo tal de poder revalidar en 2021 el triunfo
de 2019. Dado que esa condición no es fácil de cumplir en tanto la herencia
recibida es casi condenatoria, había buenas razones para estar preocupados.
También en aquel momento aventurábamos que el gobierno de Alberto trataría de
impulsar una agenda en línea con lo que se suele llamar “ampliación de derechos
civiles” gracias a proyectos como el de legalización del aborto bajo la
suposición de que la base de sustentación estrictamente peronista no alcanza y
que hace falta apoyarse en el electorado progresista urbano, de clase media,
con estudios universitarios, es decir, en aquel espectro que suele dominar
últimamente cierto sentido común en el debate público.
Este giro socialdemócrata estaba ya presente en el gobierno
de CFK, de modo tal que no es estrictamente adjudicable a Alberto, y se
sostiene también en un cálculo electoral de dudosa justificación, máxime cuando
un tema como el del aborto es probable que genere una grieta transversal, pero
indagar en este aspecto es algo que haremos cuando lo oportunidad lo amerite.
Lo cierto es que a dos meses de asumido el gobierno, buena
parte de lo que suponíamos se ha confirmado, si bien hay algunos agravantes que
era imposible imaginar.
Nos referimos a la sensación de parálisis existente, una
suerte de gobierno entre paréntesis a la espera de la renegocicación de la
deuda. Porque es verdad que no hay presupuesto posible ni planificación alguna
si no sabemos cuánto debemos destinar al pago de la deuda pero pareciera que el
motor del gobierno está apagado y solo se encenderá una vez que, a fines de
marzo, y ojalá así sea, tengamos, entre las manos, el resultado de la
negociación. Esa parálisis tiene aspectos positivos porque paralizó también la
inflación en tanto congeló la nafta, los servicios, los transportes, etc. Pero
también congeló las paritarias y cada vez que se habla de la desindexación de
la economía se hace referencia a desindexar los sueldos y las jubilaciones.
La situación es más preocupante cuando entendemos que a
diferencia de otros gobiernos, el actual ha padecido un desgaste injusto
producto de prácticamente haber sellado la elección en agosto de 2019. Y estos
primeros dos meses han sido abundantes en gestos simbólicos pero no han sido
audaces en intentar transformaciones estructurales de peso. Las líneas
generales están claras, esto es, atender la urgencia de los que menos tienen,
para lo cual se impulsó la tarjeta alimentaria, el bono para jubilados que
cobren la mínima, etc., pero no mucho más que eso. Si tomamos en cuenta los
primeros cien días de Macri, y cito de memoria, para esa fecha ya se había
barrido con la ley de medios, se eliminaba el denominado “cepo” pagando todos
los dólares que se exigían, se nombraban por decreto dos jueces de la Corte, y comenzaba
una cacería moral, social y judicial sin precedentes en la historia
democrática. Comparado con estos primeros sesenta días de gobierno de Alberto,
la diferencia es abrumadora y resulta chocante observar cómo quienes deberían
al menos responder alguna pregunta de la justicia, se encuentran vacacionando
en Punta del Este o destinos exóticos. Una vez más, nadie exige sobrepasar los
límites republicanos e intervenir en el poder judicial tal como hizo el
gobierno anterior y menos aún estoy dando a entender que el tan temido
Ministerio de la Venganza pueda haber devenido Ministerio de la Impunidad, pero
el Estado como un todo, con todas sus instituciones, algunas dependientes del
gobierno y otras no, tiene herramientas para investigar lo que ocurrió y tiene
la gran oportunidad de hacerlo sin fraguar pruebas y sin crear estructuras
mafiosas. Ojalá se pueda avanzar en ese sentido.
Y ya que hablamos de cacerías, caben unas líneas para un
conflicto que el actual gobierno no preveía o al menos no imaginaba en esta magnitud
y con esta celeridad: el de la existencia de presos políticos. Aquí hay razones
atendibles de todas las partes porque resulta injusto hacer responsable al
actual gobierno y pedir una intervención directa porque chocaría con límites legales
pero, sobre todo, porque tendría un importante costo político. No obstante, en
paralelo, se da una situación curiosísima: ministros del gobierno contradicen
al presidente y afirman que efectivamente existen presos políticos. La
situación es curiosa porque esos ministros estarían admitiendo que forman parte
de un gobierno que tiene presos políticos pero al mismo tiempo no renuncian a
su cargo. Se trata, evidentemente, de una situación muy particular y de difícil
solución si bien entiendo que ninguno de los presos exige indulto sino un
juicio justo cuyo veredicto puedan esperar en libertad. En lo personal, creo
que ninguna causa es igual a otra y habría que evaluar caso por caso porque no
es lo mismo el caso de Amado Boudou que el de José López, pero cada vez son más
las pruebas que muestran que en causas como la del exvicepresidente y la de
otros referentes del gobierno anterior, hubo un entramado mafioso entre
sectores del poder judicial, un conjunto de periodistas y el gobierno de Macri.
Llamémoslo “detenciones arbitrarias”, “presos políticos”, “dios” o “energía”
pero lo cierto es que hay gente que está injustamente presa y está injustamente
presa por pertenecer al espacio político del actual gobierno.
Siguiendo con las internas, en su momento decíamos que iba a
haber un conflicto en el área de seguridad. Lo más preocupante no es que esto
ya se haya explicitado sino que recién empieza.
El conflicto que parece estar demorado es el del gobierno con
los movimientos sociales en tanto se los ha incluido, con recursos, a la
estructura del Estado pero se tratará de un vínculo siempre en tensión y no
parece una relación fácil de manejar en tiempos de escasez.
En cuanto a la interna que impulsa Clarín y sus repetidoras,
esto es, la que habría entre el cristinismo y el albertismo, entiendo que es
algo bastante más complejo. Es que el albertismo como tal todavía no existe,
Massa está en silencio tejiendo un entramado de poder inteligente, hay figuras
en cargos ejecutivos a distinto nivel que no atienden los teléfonos y se
encierran en el microclima de técnicos y aduladores y hay sectores del
peronismo que no son ni albertistas ni cristinistas y que han quedado desplazados
(no precisamente porque esos lugares hayan sido ocupados por virtuosos seres de
luz). Estos sectores, a los que se suman ciudadanos de a pie que tampoco exponen
su incomodidad públicamente porque con buen tino reconocen que el gobierno
recién asume, juzgan que en estos dos meses el gobierno ha sido mucho más tibio
de lo que se esperaba y que quizás por ello no despierta la épica de antaño.
Esta crítica viene de sectores cristinistas pero también de sectores peronistas
que no se sienten representados por CFK. Olvidan que la “épica K” no comenzó en
2003 sino recién en 2008, cuando enfrente hubo un adversario identificable y
homogéneo, pero no faltan a la verdad cuando sostienen que, al menos hasta
ahora, en 2020, no existe el mismo fervor que en 2015 para defender al
gobierno.
Y esto es un problema porque se necesitará mucho entusiasmo
para lidiar con una parte de la herencia de Macri que no suele tomarse en
cuenta. Es que a diferencia de lo que suelen decir algunos cínicos de la
oposición, el gobierno de Macri no dejó la vara alta. Más bien, lo que ha
dejado, es la paciencia baja. Demasiado baja.
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