Hoy les quiero hablar de un
fenómeno que denominaré “la sociedad de la denuncia”. A priori parece
vincularse con la creciente politización de la justicia pero tiene que ver más
con la lógica periodística que con la judicial, independientemente de que
algunas denuncias, efectivamente, lleguen a la justicia. Porque en la sociedad
de la denuncia, lo que decida el poder judicial será aceptado solo en la medida
en que confirme la denuncia y avale el prejuicio. Así, si confirma lo que ha
sentenciado la opinión pública (por fuera de la justicia, claro), mejor. Y si
no lo confirma o si no lo hace con la premura pretendida, la acusaremos de
cómplice.
Nadie toma nota que los tiempos
de la justicia son mucho más lentos que los de la denuncia y la difamación que
ésta conlleva, justamente, en cuanto se deben tomar los recaudos suficientes
para que no se vulneren derechos. Porque sin defender la exasperante lentitud
de buena parte de la justicia argentina, lo cierto es que existen tiempos
procesales naturales y deseables incompatibles con la ansiedad de los portales
de los diarios o el bullyng de las tormentas de mierda en Twitter con trolls,
hashtags y memes.
Las razones psicológicas acerca de
por qué una denuncia es más atractiva que una no denuncia, son insondables,
pero seguramente en tiempos donde se cree más inteligente el que sospecha, jugarán
allí una épica de la lucha contra una pretendida impunidad de algún poderoso, la
búsqueda de un sentido (para vidas que no lo encuentran fácilmente), la
presunta virtud detectivesca del desentrañar una trama oculta y, sobre todo,
una moral, además de la enorme incapacidad de toda la sociedad para resolver
los conflictos a través del diálogo y el acuerdo. Elisa Carrió es un emblema de
la sociedad de la denuncia y si bien sus errores y operaciones han sido mucho
mayores que sus aciertos, como lo que importa es la denuncia, viene siendo una
referente política en base a extorsiones, no solo contra sus adversarios
políticos sino hacia dentro de su propio frente. Asimismo, la diputada es el
emblema de la moralización de la política, algo enormemente nocivo para la
construcción republicana porque establece que las diferencias entre facciones
no son políticas sino entre “buenos” y “malos” tal como se buscó instalar tras
el fallido intento de expulsar de la cámara de diputados a Julio De Vido.
Este factor moral apoya lo que se
indicaba al principio, esto es, que la sociedad de la denuncia está más
vinculada a una lógica periodística que a una judicial, pues, de hecho, la
denuncia está estrechamente ligada al sentimiento moral preferido de la prensa
de hoy: la indignación. Es más, nótese que si bien es posible indignarse por
distintas cosas, en general se utiliza ese término solo cuando se trata de la
política. Lo que indigna a los indignados, entonces, es la política.
Pero además, la denuncia es
inherente a la lógica del periodismo actual en la medida en que periodistas de
distintas líneas editoriales llaman a que “hagas tu denuncia” y muchas veces
prestan el micrófono sin siquiera haber chequeado la información ni consultado
a la parte afectada. Es que justamente, la parte afectada no interesa porque lo
que interesa es que alguien denuncie algo.
En este tipo de sociedad la mera
denuncia tiene el valor de verdad de una sentencia, máxime si se hace sobre
determinados sujetos cuyo rol o identificación en la sociedad ya supone una
imputación. Porque ser pobre se ha transformado en una imputación, como ser
trabajador del Estado se ha transformado en una imputación y como ser
kirchnerista se ha transformado en una imputación (la lista sigue pero estoy
tratando de ser políticamente correcto y no ofender al progresismo biempensante).
Con la figura de la imputación
por el hecho de ser identificado con alguno de los sectores estigmatizados, se
da una situación curiosa que es la inversión de la carga de la prueba. Esto
significa que el denunciado es culpable por ser denunciado y, en todo caso,
debe demostrar que es inocente, aunque, probablemente, nadie le creerá. ¿Por
qué? Porque es la prensa y la condena pública la que reemplaza a la justicia
con el agravante que decíamos al principio, esto es, un poder judicial que solo
es reivindicado si confirma el objeto de la denuncia pero que es denostado si
va a contramano de la valoración pública a pesar de que el espíritu del derecho
es justamente su carácter contramayoritario.
Y aquí no se trata de defender a
nadie en particular pues ejemplos hay para todos los gustos. En el terreno de
la política, a Amado Boudou se le iniciaron unas 70 causas. En ninguna tiene
hasta ahora una sentencia firme y 60 de ellas fueron desestimadas. Esto quiere
decir que objetivamente, al día de hoy, es inocente, y sin embargo, un gran
porcentaje de los argentinos lo considera culpable de algo aunque muy bien no
se sepa todavía de qué. Algo similar sucede con De Vido, en el sentido de que
no tiene al día de hoy sentencias en su contra y, sin embargo, asistimos a un
espectáculo insólito en el que los legisladores, en plena campaña, dan
vergüenza ajena recurriendo a una supuesta inhabilidad moral decretada por
mayorías circunstanciales en horario prime
time. Digo que hay para todos los gustos porque si De Vido no puede formar
parte del Congreso, no se entiende cómo Macri pudo llegar a la Casa Rosada a
pesar de haber asumido procesado, es decir, en la misma situación judicial que
De Vido. Macri luego fue absuelto, como puede ser absuelto alguno de los
mencionados y como puede ser absuelto cualquier persona que sea denunciada por
algo. Porque la consecuencia de una denuncia, es bueno recordarlo, aun en una
sociedad de la denuncia donde la moral reemplaza a la política, debería poder ser
un castigo pero también una absolución.
El daño que están haciendo los grandes medios va a ser difícil de revertir a corto plazo mientras la denuncia siga siendo sinónimo de condena social. Excelente nota !
ResponderEliminarAbrazo!!
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