Clarín ante el 7D (publicada el 13/9/12 en Veintitrés)

Desde que la Corte Suprema, tras algunos amagues y ambigüedades, le puso límite a la cautelar introducida por el grupo Clarín en lo referente a la llamada “cláusula de adecuación” de la Ley de servicios audiovisual, el 7 de diciembre (7D) se ha transformado en una fecha fetiche, especialmente para los que creemos que el espíritu desconcentrador de la ley no se podrá plasmar hasta que este grupo no se adecue a la normativa. Esto, claro está, no significa desconocer los problemas de implementación que está teniendo la ley en lo referente a cuestiones técnicas y económicas. Tampoco pasa por alto el lento proceso de cambio cultural que supondrá que las miradas alternativas que se expresarán en programas de radio y televisión novedosos sean elegidas por el público y de ese modo transformarse en destino de pauta privada. Simplemente se trata de afirmar que mientras el grupo dominante y hegemónico no se adecue, no se podrá hablar estrictamente de cumplimiento de la ley.

Ahora bien, dejando de lado esta breve introducción, la pregunta que muchos nos hacemos es qué sucederá ese 7D. Frente a ese interrogante hay diferentes tipos de respuestas y la primera que surge es la jurídica pues están quienes afirman que existiría un espacio pasible de interpretación en la determinación de la Corte. Concretamente el interrogante gira en torno a si el 7D de 2012 es el día en que Clarín debe desprenderse de buena parte de sus más de 300 señales o es simplemente el primer día en el que empieza a correr la cláusula de adecuación de la ley que imponía un año para desinvertir. Según esta última interpretación, obviamente la elegida por el Grupo Clarín, el 7D, pero de 2013, sería la fecha límite para el desprendimiento.

Los abogados tienen mucha más imaginación que este escriba y no se puede descontar la complicidad de algunos jueces, pero déjeme señalar que la interpretación de Clarín es, al menos, contraintuitiva. En otras palabras, si lo que está en juego es una cláusula que indica que es obligatorio desprenderse de varias señales en el plazo de un año y se logra una medida cautelar que ya lleva tres años de vigencia, tal medida se ha transformado solapadamente en un veredicto. En otras palabras, una medida cautelar, esto es, una medida de no innovar, ha beneficiado ya a uno de los litigantes además de haber perjudicado a sus competidores para quienes ya existe la obligación de desinvertir. En este sentido, resultaría insólito que, habiéndose ya beneficiado al Grupo, la justicia entienda que “se arranca desde cero” y que Clarín recién deberá desinvertir a fines de 2013.  

Pero dejando de lado la cuestión técnico-jurídica está la respuesta política y sobre ella me voy a detener. En este sentido, podemos volver a preguntar qué sucederá el 7D de 2012 y sobre este punto puede haber varias alternativas. La primera: Clarín se rinde. El 7D se juntan los mismos que “querían preguntar” con ramos de flores para despedir a un amigo. Bonelli llora ante las cámaras abrazado a Morales Solá mientras cantan el clásico elegíaco de Los Enanitos Verdes “porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más”; Lanata llama a una insurrección de los débiles desde el Palacio Estrugamou mientras una señora de Recoleta se suicida ante la amenaza de transformarse en “cautiva” del “aluvión zoológico” que la llevará al “matadero”. Por último, las redes sociales llaman a poner “Me gusta” en la página “No a la Diktadura, Sí a la Democracia. Peña Susana Viau presente” y Jorge Altamira decide marchar con Chiche Gelblung hasta el monumento de Roca para recordar los buenos momentos en los que eran libres y compartían “champein”.           

Sin embargo, este es un país en el que todo es posible pero hay límites. Así que la posibilidad anterior se puede descartar. Para ser más específicos, todo lo descripto puede ocurrir pero lo que no va a suceder es que Clarín se rinda pues ni siquiera cedió a los obligatorios cambios en las grillas de los canales.

Así que habría una segunda opción que es el paso a la ilegalidad, una suerte de limbo de clandestinidad en la que pudiera hablarse con propiedad de ejercicio del terrorismo mediático. Se trataría de no acatar la ley y de exponer al gobierno al costo político de un desalojo con la fuerza pública. Esta hipótesis, lamentablemente, es la que considero más plausible puesto que hay algunos indicios del preparado del escenario. En particular ha crecido en las últimas semanas la acusación de presunta “chavización” del gobierno kirchnerista más allá de que pocos aclaren cuál es el significado de ese significante y qué acciones del gobierno argentino serían análogas al del gobierno bolivariano. Pero esta falta de precisión, justamente, es la que apunta al centro del asunto pues se trata de trazar un paralelo entre la actitud de Chávez frente a medios como RCTV y Globovisión y la acción de CFK frente a Clarín.                      

 Recuerde que el gobierno de Chávez no renovó la concesión a RCTV en 2007 acusando al canal de participar activamente a favor del golpe de Estado que intentó derrocar al boliviariano en 2002. En este caso, lo que fue una decisión legal (el espacio radioeléctrico es propiedad del Estado y RCTV había recibido en 1987 su concesión por 20 años), fue presentado como un ataque a la libertad de expresión a pesar de que el canal podía elegir seguir transmitiendo por cable o satélite. Como bien indica un informe de David Carracedo en Rebelion.org este tipo de medidas es común en todas partes del mundo y sin embargo no son presentadas como una persecución. De hecho, el autor contabilizó 236 clausuras, revocaciones y no renovaciones de Radio y TV en 21 países del mundo entre los que se encuentra Estados Unidos y algunos de los miembros de la Unión Europea. Algo similar sucede en la actualidad con Globovisión, una cadena privada abiertamente antichavista que ante la imposición de una multa avalada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela denunció persecución ideológica. En esta misma línea, otro canal privado, Venevisión, decía sufrir acoso a pesar de la vergonzosa edición que realizaron de la marcha que enfrentó a militantes chavistas y antichavistas en la previa al golpe ya mencionado de 2002. Para quien no esté al tanto, el editado de imágenes buscaba acusar de las muertes a los chavistas que, efectivamente, estaban armados. Sin embargo, como bien se puede ver en el documental La revolución no será televisada, los chavistas que disparaban no lo hacían contra la muchedumbre antichavista que, de hecho, ya no estaba en el lugar, sino contra los francotiradores que eran parte del plan desestabilizador.      

Lo más asombroso es que este tipo de líneas editoriales que actúan defendiendo intereses particulares pero exigen inmunidad e impunidad amparados en un principio universal como la libre expresión, se replica en todo el mundo. Recuérdese cómo el líbelo acusatorio que derivó en la farsesca puesta en escena del juicio político a Fernando Lugo en Paraguay no hacía más que basarse en versiones periodísticas de la prensa vernácula. Sobre esa “base probatoria”, se justificó un golpe de Estado. La misma línea siguen los diarios del “primer mundo”. Por citar un ejemplo que menciona Andrés Izarra en la Agencia Bolivariana de Noticias, entre el 15/1/08 y el 15/3/08 el diario Español El País publicó 142 artículos sobre Venezuela, lo que da un promedio 2,4 por día. De estas publicaciones, 5 fueron editoriales (es decir, un editorial cada 12 días) y 21 fueron artículos de opinión en los que sobresalía una marcada línea antichavista.

Para finalizar, entonces, el 7D en Argentina es una fecha límite no porque existan dudas acerca de la determinación que tomará el Grupo Clarín. La decisión ya está tomada: cuando las instancias judiciales no alcancen, pasará a la estricta ilegalidad y movilizará todos sus resortes en el país y en el extranjero para presentar como un ataque a la prensa independiente lo que no es más que la obligación del Estado de hacer cumplir una ley con amplio apoyo tanto en las cámaras que la sancionaron como en la sociedad civil.