Primero a relevar (publicado el 26/7/13 en Veintitrés)

A días de la realización de las primarias abiertas obligatorias, podría decirse que la campaña no se ha caracterizado por transitar los carriles de las propuestas o la promesa de grandes proyectos. Digamos que no hay alica-alicate pero abundan los guiños cancheros de la política onda positiva new age. Con todo, los discursos han oscilado, más bien, entre un oficialismo que promete seguir avanzando en una línea previsible y una oposición que desea presentarse como límite. Yendo a propuestas más o menos concretas, podría mencionarse la del candidato por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde, retomando la iniciativa en torno a gravar la renta financiera o la de Carrió y Solanas volviendo a reivindicar la bandera de un 82% móvil para los jubilados aunque sin explicar demasiado de dónde prevendrían los fondos para que esta conquista pueda mantenerse en el tiempo. No hay mucho más que eso salvo algunas propuestas minoritarias de izquierda que concretizan el “honestismo” carrio-solanista en slogans y propuestas contra la dirigencia política, a saber: “que un político gane lo mismo que una maestra” o “que los políticos se atiendan en hospitales públicos y lleven a sus hijos a escuelas públicas”. Pero dejando de lado la pregunta acerca de cómo podrían beneficiar a la sociedad estas propuestas cuyo objeto es la clase política, quisiera posarme en una agenda bastante más oculta y compleja. Me refiero a la de la problemática de la tierra en la Argentina. Encarar esto sin caer en los romanticismos del trosko-ecologismo y sin seguir la línea del progresismo capitalino (que abriga con fervor las causas antiextractivistas de algunas comunidades indígenas haciendo activismo de red social con Blackberrys y baterías de litio), será el motivo de estas líneas.

 Los datos que daré a continuación provienen del monumental trabajo realizado por la socióloga Karina Bidaseca y su grupo del IDAES-UNSAM. Se trata de un relevamiento de los problemas de tierra de los agricultores familiares a lo largo de todo el territorio y que ha sido visibilizado gracias a una publicación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tal estudio alcanzó estado público unos días antes de lo que fue la publicación de los datos de otro relevamiento sensible: aquel que se vincula con la cantidad de tierras en manos extranjeras cuyo diagnóstico se hizo imprescindible para la correcta aplicabilidad de la ley que en 2011 puso límite a la extranjerización.

Como se indicaba algunas líneas atrás, el estudio apunta a los agricultores familiares y por tales se entiende un conjunto heterogéneo de productores y familias que intervienen de forma directa en la producción y que en la gran mayoría de los casos no contratan a empleados externos al grupo familiar. El hecho del vínculo familiar que en algunos casos se relaciona con una concepción comunitaria de la tierra permite que se incluyan en esta clasificación a las comunidades indígenas.

Ahora bien, ¿qué es un “problema de tierra”? Se trata de aquellos que aquejan a grupos de agricultores de las zonas rurales o periurbanos y que están asociados a la precariedad en la tenencia (falta de títulos, problemas para el acceso, sucesiones indivisas, etc.) y a los conflictos por desalojos sea por la vía judicial o, simplemente, de hecho.

 El primer dato que sorprende es que hay implicadas 63.843 familias y que en conflicto se encuentran 9.293.234 hectáreas. Sí, leyó bien. Son muchas. De éstas, el 28,2% se hallan en el NOA, el 21,1% en Patagonia, el 19,8% en el NEA, el 19,1% en el Centro y el 11,7% en Cuyo. Si se divide por provincias, las que llevan la delantera en los conflictos son Salta (1.673.308 hectáreas), San Juan (1.236.709 hectáreas) y Mendoza (1.225.805 hectáreas).

 Los que más problemas tienen son los tenedores, esto es, aquellos que acceden materialmente a la tierra pero reconocen en otro el derecho de propiedad (87,4% de los casos). Asimismo, si nos posamos en la condición de propiedad de la tierra en disputa se observa que el 49% de los problemas se encuentra en tierras de dominio privado, el 34% en tierras de dominio fiscal y el 17 en propiedades mixtas (públicas y privadas).

 En cuanto a la duración de los conflictos, los que sobresalen son los que llevan entre 1 y 9 años (43,1%), entre 10 y 19 (20,9%), entre 20 y 29 (13,7%) y más de 40 años (13,4%). En cuanto a las razones que originan los conflictos, el estudio ofrece una serie de categorías ilustrativas. En primer lugar se encuentra la inexistencia de títulos (18,25%) y luego por debajo del 9% encontramos, entre muchas otras, la usurpación, el pedido de reconocimiento indígena, el fraude y la falta de información.

 El informe avanza exhaustivamente sobre otros aspectos que por razones de espacio no puedo explicitar. Sin embargo, los que quieran acceder directamente al mismo pueden hacerlo a través de la página web http://www.proinder.gov.ar/

 Para finalizar, algunas reflexiones personales que se siguen del informe. En primer lugar, la vertiginosa transformación que ha sufrido el agro desde la década de los 70 sumada a la explosión del precio de los commodities ha reconfigurado el mapa de la tierra profundizando la desigualdad. Hoy existen grandes poseedores, en buena parte extranjeros, y muchas de las familias que trabajaban la tierra han sido despojadas y desmembradas o se han transformado en arrendatarios con una importante cuota de precariedad. En segundo lugar, la importancia del negocio ha hecho, además, que se susciten una enorme cantidad de conflictos entre aquellos que aparecen con un título de propiedad y aquellos que, quizás durante generaciones, vienen ocupando y trabajando ese territorio.

 Por último, cabe hacer una mirada más macro y repensar la matriz económica y demográfica de la Argentina. Según datos del subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, sólo el 5% de la población argentina es población rural, radiografía que muestra enormes diferencias con el resto de Latinoamérica y que puede explicarse no sólo por la particularidad de la ocupación originaria de nuestro territorio sino por las políticas que ya durante el siglo XIX repartieron las tierras entre unas pocas manos.       

Si bien puede llevar décadas, no parece descabellado plantear la posibilidad de un rediseño poblacional que descentralice y diversifique productivamente al país con énfasis en los pequeños y medianos productores sin que esto vaya en detrimento del aumento de la producción. Esto permitiría, además, generar incentivos para evitar el desarraigo de los jóvenes y la pérdida de los valores específicos de cada una de las comunidades, lo cual ayudaría a resolver la problemática del hacinamiento y la precariedad laboral de las grandes urbes al tiempo que sería un aporte enorme para garantizar una soberanía alimentaria clave en el contexto del mundo que se viene. El Estado ha tomado nota y tiene el diagnóstico hecho para poder avanzar en alguno de estos caminos. No alcanza pero no crean que es poco.