Finalmente, el jueves 3 de mayo, la cámara de diputados sancionó la ley que declara de interés público el autoabastecimiento de los hidrocarburos y expropia el 51% de las acciones de Repsol en YPF. Así, tras 20 años, la empresa vuelve a ser del Estado Argentino y se recupera un puntal para todo tipo de decisión soberana en materia energética y económica. Pero más que hablar de este cambio y su significación, algo que debe entenderse como parte de una transformación que es, ante todo, cultural, quisiera detenerme en los números de la votación tanto de senadores como de diputados. Si bien los apoyos al proyecto del gobierno suscitaron furibundas críticas de los editorialistas de los medios de posición dominante, lo que sugiero como hipótesis es que detrás de la decisión de votar de un modo u otro hay una concepción del Estado y una forma de entender el poder.
Tomaré como muestra la votación en diputados. El proyecto gubernamental obtuvo más del 80% del total de la Cámara, un número envidiable e histórico. Fueron, finalmente, 208 votos compuestos por la totalidad de los representantes del Frente para la Victoria y aliados (conjunto que ya contaba con los votos necesarios para sancionar la ley), a los que se sumaron especialmente el Frente Amplio Progresista que llevó como candidato a presidente en la última elección a Hermes Binner, y la Unión Cívica Radical con Ricardo Alfonsín a la cabeza. Hay quienes afirman que el acompañamiento del FAP y de la UCR estuvo marcado por una lectura de las encuestas que mostraban un amplio apoyo popular a la medida; incluso, plumas como las de Morales Solá descaradamente afirmaron que el apoyo de estos sectores (el cual, insisto, no era necesario para sancionar la ley) fue parte de un “arreglo político” a partir del cual se “pagaría” el gesto con cargos para asesores. Creo que este tipo de elucubraciones son maliciosas y que tanto el FAP como la UCR, a contramano de lo que años anteriores habían hecho frente a leyes clave y que tenían, también, fuerte apoyo en la ciudadanía, votaron en base a sus principios. Para justificar esto basta recordar la tradición estatalista del socialismo y el hecho de que haya sido Hipólito Yrigoyen, en el sexto año de su mandato, el que haya fundado YPF.
Ahora bien, aun cuando haya sido una expresión minoritaria, hubo diputados que votaron en contra (32), se abstuvieron (5) y se ausentaron (11). En el primer grupo estuvieron principalmente los diputados del peronismo federal liderados por el duhaldista Eduardo Amadeo, y los representantes del PRO bajo el mando del conservador Federico Pinedo. En el segundo grupo aparecieron principalmente los diputados de la Coalición Cívica con Elisa Carrió a la cabeza, un partido que supo cosechar importante cantidad de votos pero que hoy, tras obtener el 1,8% en las últimas elecciones tiene sólo carácter testimonial. Por último, entre los que se ausentaron está un grupo que responde al radical Oscar Aguad, apodado “el milico”. Sin embargo, tal decisión preanuncia su decisión de salirse del partido y acercarse, tras varios coqueteos, a un ecosistema que le es más afín, el del PRO.
Pero como anticipaba anteriormente, creo que pueden hacerse lecturas de estas votaciones que van bastante más allá de la coyuntura, los reagrupamientos y los pases de partido.
Tal interpretación estará centrada en los sectores de la oposición, aquellos que resultan al día de hoy, una verdadera incógnita de cara al futuro. Sin embargo, en esta votación quizás se comience a plasmar un indicio del modo en que han decidió enfrentar al kirchnerismo.
Por un lado, que el FAP y la UCR hayan votado a favor de la expropiación, más allá de obedecer a sus principios, demuestra que existe, al menos de manera incipiente, una voluntad de poder. Es decir, se trata de dos grupos que pretenden ser gobierno, que son potencialmente capaces de serlo y que, en tanto tal, obran con la responsabilidad propia de aquellos que al saberse posibles ocupantes del ejecutivo, reconocen la necesidad de apoyar políticas de Estado como éstas. Sólo el tiempo dirá si esta conducta se mantiene o si se vuelve a la agenda marcada por las corporaciones.
Ahora bien, ¿cómo explicar el accionar del PRO? Por un lado habría que decir que la negativa a votar el proyecto es una cuestión de principios más allá del cada vez más zigzagueante mensaje de Mauricio Macri quien en días consecutivos afirmó: a) que se oponía al proyecto; b) que le gustaba el modelo de Petrobras (es decir, el modelo mixto que sigue este proyecto de expropiación de YPF) y c) que si fuese gobierno en 2015 dejaría el 51% de las acciones en manos del Estado porque lo que importa no es si eso está bien o mal sino que haya coherencia.
Probablemente hayan sido estos mensajes esquizoides los que hicieron que la bancada PRO y el residuo de PJ Federal (que acabará sumándose al macrismo o intentará plegarse con algún brazo de derecha que se separe del propio kirchnerismo de cara a 2015), se autodeterminen y decidan ir directamente contra el proyecto. ¿Pero se puede decir algo más sobre esto o se trataría simplemente de una cuestión de principios? Ambas cosas. Sin duda, la decisión de oponerse obedece a esa tradición neoliberal de la cual estos hombres no reniegan, pero hay algo más. Se trata de la voluntad de poder. La sensación que tengo, entonces, es que a pesar de ocupar hace 5 años la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo no se concibe como poder no porque considere que no sea capaz de ganar en 2015. Todo lo contrario. Se tienen muchísima fe y serán muchos los apoyos que conseguirá para tal fin, pero lo que está de fondo es que el alcanzar el poder ejecutivo nacional para el macrismo no es sinónimo de poder pues en el fondo el PRO considera que el poder ya no se encuentra en el Estado. Ser presidente en 2015 será para Macri, un ascenso gerencial, una posibilidad de hacer mejores negocios pero no la toma del poder porque éste yace en las corporaciones económicas. Por eso el voto del PRO y las plumas editorialistas apuntan al oposicionismo burdo. Porque lo que importa es el caos en sí, la pérdida de credibilidad del Estado y la política, y que se abra ese espacio para que la seguridad jurídica y el mercado armonicen los conflictos, es decir, para que las corporaciones tengan la vía libre.
Distinto, entonces, parece el caso del FAP y la UCR que parecen creer que, aun discrepando con el gobierno en la mayoría de sus decisiones, entienden que la que debe gobernar es la política. Ojalá entiendan, entonces, que la apuesta al caos y el oposicionismo caprichoso, debilita al gobierno pero no redunda en la recepción de nuevos apoyos a sus propuestas. Más bien lo que hace es reivindicar una ya trillada antipolítica que a pesar de los cambios culturales sigue siempre allí acechando. En esta línea, ojalá la decisión sobre YPF inaugure las bases de un único acuerdo básico. Tal acuerdo debería consistir en una simple y fundacional premisa, esto es, gane quien gane en 2015, las decisiones las debe seguir tomando la política.
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