A partir de una feroz represión policial que derivó en una crisis política que se llevó consigo al Ministro de Gobierno, tomó visibilidad un conflicto al interior de la base de sustentación del proceso liderado por Evo Morales. El detonante fue el proyecto gubernamental de crear una carretera que atraviese el Parque Nacional Isiboro Sécure, el cual posee más de 1.000.000 de hectáreas y donde habitan entre 5000 y 10000 indígenas de etnias minoritarias como los Moxeños, los Yuracarés y los Chimanes.
Si bien, como pocas veces se estila, hemos sido testigos del pedido público de perdón por parte del Presidente, la marcha de estas comunidades indígenas hasta el Palacio Quemado promete ser la chispa sobre la cual se erigirán todo tipo de interpretaciones y probablemente sea la excusa para que actuales defensores de la campaña del desierto le brinden ditirambos a la pachamama.
Pero para poder entender algo de lo que sucede en Bolivia bien vale acercar algunos datos. Por ejemplo, el último censo de 2001 arrojó que en el país existen no menos de 30 idiomas y/o dialectos regionales. Sin embargo, dentro de esta diversidad hay dos culturas que sobresalen, la aymara y la quechua, que juntas son la lengua materna del 37% de los ciudadanos que viven dentro del Estado Boliviano. Asimismo, hay que agregar que el 54% de la población se identifica con algún pueblo originario.
Si bien los datos no hablan por sí solos es presumible entender la debilidad institucional que atravesó toda la historia de un Estado monolingüe castellano gobernado por una elite blanca y minoritaria cuyos valores iban por carriles completamente ajenos a los del resto de la población.
Ahora bien, tras el triunfo de Evo Morales, esto es, con la llegada al poder por primera vez en la historia de un sindicalista aymara, han abundado las interpretaciones simplificadoras: para la derecha, se trata del avance de la barbarie y del imperio cholo-narco; desde la izquierda romántica neo-hippie y vegetariana, en cambio, se lo piensa como el triunfo de una cosmovisión del mundo solidaria y precapitalista que devolvería al Hombre a su espacio de armonía con la naturaleza.
Ambas interpretaciones son simplificadoras y, por sobre todo, piensan al proceso boliviano como atravesado por identidades y sujetos políticos homogéneos y claramente reconocibles. Es a partir de esta interpretación que los escribas a distancia encuentran en este conflicto el comienzo de las internas que disolvería el granítico bloque indígena que sustenta a Morales.
Sin embargo, las grandes transformaciones llevadas adelante por el gobierno de Evo, nunca estuvieron exentas de críticas desde el interior de su propia base de sustentación, lo cual, aunque es casi una obviedad, sucede en cualquier movimiento político. Y para entender parte de esta problemática bien cabe indagar en los grandes cambios institucionales que son fundamentados por un académico de prestigio como lo es el Vicepresidente Álvaro García Linera.
El pensamiento de García Linera está lejos tanto del intelectual romántico como del que consume exclusivamente recetarios foráneos, y es desde los numerosos trabajos que ha publicado que puede comprenderse mejor el diseño que llevó adelante la reforma constitucional que declaró al Estado Boliviano como plurinacional.
Ahora bien, ¿qué significa que un Estado es plurinacional? Evidentemente, tal denominación choca con el modo en que se constituyeron los Estados nacionales a lo largo del siglo XIX. La cuestión es más o menos simple: el Estado entendido como organización jurídica abstracta generalmente ha coincidido con aquello que llamamos identidad nacional esto es, el conjunto de valores, tradiciones, simpatías e idioma que un colectivo posee. De aquí que muchas veces haya confusiones y se considere que Estado y nación son sinónimos. Sin embargo, el fin de la guerra fría con la lógica de los dos polos de poder definidos por la variable económica, ha derivado en la emergencia de nuevas identidades definidas culturalmente, en impresionantes flujos migratorios y, en algunos casos, en la rediagramación de las fronteras políticas.
Esto, que suele conocerse como el fenómeno del multiculturalismo, permite comprender mejor la posibilidad de Estados compuestos por diversas nacionalidades (Canadá, Bélgica entre otros) o naciones sin Estados (por ejemplo, el caso de los judíos hasta 1948).
Ahora bien, el reconocimiento por parte del Estado de las diversas culturas que habitan en él, si no es mero maquillaje, deriva en leyes que instituyen algún grado de autonomía a estas comunidades, y es aquí donde se plantea lo que en la jerga más técnica se conoce como la problemática del pluralismo jurídico. En otras palabras, si se le da autonomía a una comunidad esto significaría que bajo el territorio en cuestión la ley que rige es la propia y ahí es cuando surge la pregunta acerca de qué sucede si esa ley contradice la del Estado central. Casi intuitivamente, o al menos desde los grandes teóricos de la filosofía del derecho como Kelsen, no parece posible que bajo un mismo Estado convivan dos regímenes jurídicos distintos. Pero, simplificando un poco, es el problema de la tensión que se da, por ejemplo, en toda organización federal pues si las provincias fuesen completamente autónomas se transformarían en un Estado aparte y dado que no lo son, bien cabe preguntarse en qué sentido se las considera autónomas.
En el caso puntual del conflicto en Bolivia, comunidades ancestrales minoritarias exigen que se respete su autonomía sobre esos territorios, lo cual se enfrenta con la también razonable necesidad del Estado central de salvaguardar los recursos naturales de la explotación salvaje de las grandes corporaciones, de generar la infraestructura que ayude a abaratar costos de transporte, y de unir zonas que se encuentran aisladas con el consecuente riesgo para la calidad de vida de los que allí habitan.
Ahora bien, por otra parte, usted podrá preguntarse si el reconocimiento de autonomías al menos parciales, finalmente no resulta coadyuvante al proceso, iniciado en los 90 en toda Latinoamérica, de descentralización en unidades pequeñas cuya razón, en nombre de la efectividad, era el debilitamiento de los Estados centrales. Máxime cuando parece haber pruebas suficientes de la presión de la Embajada norteamericana y de varias ONGs del primer mundo para que estas comunidades en conflicto negocien la extracción de minerales directamente con multinacionales extranjeras sin ninguna interferencia del Estado central.
Pero con el afán de diferenciarse, justamente, García Linera trata de distinguir entre las autonomías y la municipalización propia de la lógica “noventista”, pues estas últimas favorecerían una suerte de atomización que en nombre del respeto a la diferencia acaba creando una balcanización, esto es, pequeños grupos que gobernando la comarca se eximen de la disputa por el control total del poder político y pierden fuerza de negociación.
El difícil equilibrio estará entonces en una ingeniería que pueda hacer frente a las reivindicaciones de las comunidades que buscan una autonomía no secesionista y un Estado central fuerte que deba prevalecer aun cuando sus intereses, muchas veces, choquen con los de esas comunidades. Tal tensión no se puede resolver teóricamente y habrá que inmiscuirse en la práctica, en la coyuntura y en la relación de fuerzas. Siempre, claro está, tomando en cuenta que este tipo de crisis muestra que los procesos políticos de la actualidad son de una complejidad que raramente es captada y que al mismo tiempo tales procesos pueden ser positivos a pesar de incluir dentro intereses heterogéneos, cargar con rémoras del pasado y cometer errores. Suponer que las transformaciones que se dan en Latinoamérica pueden ser puestas en tela de juicio por las contradicciones al interior de los movimientos que la llevan adelante, es cosa de puristas y guardianes morales, ángeles que, con el dedito acusador fácil, son capaces de intentar deslegitimar procesos que lamentablemente no están exentos de tener sus Insfrán, sus Soria, sus Schoklender y una represión desmedida a un grupo de indios que se queja por la construcción de una ruta.
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